Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, durante una protesta en Ciudad de México. 26 de diciembre 2015. AP Photo/Marco Ugarte. Todos los derechos reservados.

Ante la profunda crisis de legitimidad que enfrenta México, deben surgir voces críticas.  La llegada de Trump al otro lado de la frontera debe acelerar la consciencia de la urgencia de afrontar los cambios necesarios en el país, que celebrará elecciones presidenciales en 2018, en medio de una gran incertidumbre. La serie México en la encrucijada busca dar voz a estas visiones críticas.

La situación de derechos humanos en México se ha deteriorado de manera notable. La guerra contra el narcotráfico ha tenido un efecto decisivo en el aumento de la violencia originada por los grupos criminales, pero también de los crímenes cometidos por fuerzas estatales. A pesar del reconocimiento que el gobierno mexicano ha hecho de esta situación y de las medidas que se han tomado para enfrentarla, la realidad nos muestra que las violaciones de derechos humanos y la falta de respuesta adecuada por parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, siguen siendo la regla y no la excepción.

Este es el contexto en el que, la noche del 26 de septiembre de 2014, se produjo la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Aunque éste no era ni el primero ni el último caso de personas desaparecidas en México, el número de desaparecidos, su calidad de estudiantes, el involucramiento de fuerzas estatales de distintos niveles y la persistencia de los familiares de las víctimas hicieron de este caso un parteaguas que desencadenó la indignación ciudadana nacional e internacional.

En el marco de las medidas cautelares que se tramitaban ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este caso, y producto de un acuerdo entre esta institución, el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que recibió el encargo de realizar una verificación técnica de las acciones adoptadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los estudiantes, no sólo respecto de su localización, sino también del agotamiento de las líneas de investigación, así como de la atención y reparación a las víctimas.

El GIEI fue una experiencia inédita de colaboración Estado - CIDH y de monitoreo de un caso en tiempo real. Integrado por cinco expertos internacionales, el GIEI nos demostró que es posible investigar este tipo de atrocidades tratando a las víctimas con respeto y consideración. Sus hallazgos sobre el caso - plasmados en dos informes - fueron fundamentales, pero posiblemente el legado más importante fue la radiografía que realizó del sistema de justicia penal mexicano y las recomendaciones que hizo para mejorarlo.

Un complemento perfecto del trabajo realizado por el GIEI, fue el informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, publicado el año pasado por la Open Society Justice Initiative (OSJI) y cinco organizaciones de la sociedad civil mexicana. Este informe realiza un riguroso análisis de los crímenes cometidos en el país durante la última década y establece la existencia de fundamentos razonables para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tanto por actores estatales como no estatales, que deben ser debidamente investigados y juzgados.

Este informe también incluye una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores, destacando la propuesta de crear un mecanismo internacional de investigación de crímenes atroces y grandes casos de corrupción en México.

El diagnóstico es claro: el sistema judicial mexicano tiene la enorme responsabilidad de dar una respuesta adecuada al legado de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última década. Si las condiciones actuales no lo permiten, es necesario pensar creativamente y no descartar el apoyo internacional, tal como ocurrió en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

La falta de voluntad política podría ser confrontada por un poder judicial decidido a afrontar con seriedad los desafíos que la situación actual en México les plantea. La historia de América Latina tiene muchos ejemplos de este tipo. Ha llegado el momento del poder judicial mexicano.

Con el objetivo de contribuir a esta reflexión, pero también para ayudar a entender mejor la situación del país en el resto del continente, la Fundación para el Debido Proceso acaba de publicar una edición especial de la revista AportesDPLF, dedicada a la situación actual de derechos humanos en México.

En estos momentos, es clave proporcionar elementos de análisis que hagan avanzar los argumentos en pro de los derechos y de una justicia digna de un país democrático, que sin embargo vive lastrado por unos gravísimos niveles de violencia e impunidad, sin precedentes en cualquier democracia moderna.