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La divergencia entre la opinión pública y las instituciones representativas crece en tiempos de cambio acelerado. La opinión pública vive en la realidad del presente mientras que las instituciones son el reflejo de la realidad del momento en que se celebran las elecciones – y parece como si de eso hiciese mucho. Esta brecha, un fenómeno de fin de mandato relativamente común que afecta a los partidos en el gobierno en todas las democracias liberales, se convierte en un factor de riesgo sistémico cuando se ensancha más allá de límites moderados, alejando la visión del público de la de los principales partidos – en el gobierno o en la oposición. Se vuelve entonces la medida de la desafección ciudadana.
Esto es especialmente cierto en España hoy, donde las preceptivas medidas de austeridad han sido aplicadas con especial dureza por la filial local del Partido Popular Europeo, provocando una situación de emergencia social. Según la Red Europea Contra la Pobreza (European Anti Poverty Network - EAPN), 12.8 millones de ciudadanos españoles (de un total de 47 millones) se enfrentan a la pobreza relativa y a la exclusión social, lo que supone un 27.3 por ciento más que en 2010. Según EUROSTAT (2012), más de uno de cada tres niños españoles (33,8 %) vive en riesgo de pobreza o de exclusión social (UE 28 = 28,0 %). Y según la OCDE, en los últimos siete años la desigualdad ha crecido en España a un ritmo mucho más rápido que en cualquier otro país miembro (incluidos Grecia y Portugal), de modo que España lidera en estos momentos el ranking mundial, detrás solo de Estonia.
