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La divergencia entre la opinión pública y las instituciones representativas crece en tiempos de cambio acelerado. La opinión pública vive en la realidad del presente mientras que las instituciones son el reflejo de la realidad del momento en que se celebran las elecciones – y parece como si de eso hiciese mucho. Esta brecha, un fenómeno de fin de mandato relativamente común que afecta a los partidos en el gobierno en todas las democracias liberales, se convierte en un factor de riesgo sistémico cuando se ensancha más allá de límites moderados, alejando la visión del público de la de los principales partidos – en el gobierno o en la oposición. Se vuelve entonces la medida de la desafección ciudadana.

Esto es especialmente cierto en España hoy, donde las preceptivas medidas de austeridad han sido aplicadas con especial dureza por la filial local del Partido Popular Europeo, provocando una situación de emergencia social. Según la Red Europea Contra la Pobreza (European Anti Poverty Network - EAPN), 12.8 millones de ciudadanos españoles (de un total de 47 millones) se enfrentan a la pobreza relativa y a la exclusión social, lo que supone un 27.3 por ciento más que en 2010. Según EUROSTAT (2012), más de uno de cada tres niños españoles (33,8 %) vive en riesgo de pobreza o de exclusión social (UE 28 = 28,0 %). Y según la OCDE, en los últimos siete años la desigualdad ha crecido en España a un ritmo mucho más rápido que en cualquier otro país miembro (incluidos Grecia y Portugal), de modo que España lidera en estos momentos el ranking mundial, detrás solo de Estonia.

Aquí es donde entran en juego Podemos y otros actores políticos nuevos sacudiendo las certezas del bipartidismo establecido y resquebrajando ideas heredadas acerca de la ineluctable la ley del péndulo. Ante esta situación la prospectiva política se ha vuelto un ejercicio aún más complicado que de costumbre, a la vez que una práctica en muy alta demanda. Estamos ante una pasión sin precedentes por las encuestas de opinión.

Éste es sin duda año de encuestas: elecciones anticipadas en Andalucía en marzo, elecciones municipales en todo el país junto a elecciones autonómicas en trece comunidades en mayo, elecciones anticipadas en Cataluña en septiembre y elecciones generales en diciembre a más tardar. Éste es también año de sociólogos, modernos oráculos que gozan en estos momentos de una especie de festejo pre-electoral. Los resultados de los múltiples estudios que están llevando a cabo, pasados por el filtro de los medios de comunicación y muy comentados en las redes sociales, alimentan especulaciones lúdico-manipulativas que los ciudadanos han llegado a aceptar como parte del decorado de su vida cotidiana.

¿Qué dicen las encuestas?

 En España hay varios institutos y organismos independientes (entre ellos: Metroscopia, Sigma-2, Invymark, Celeste-TEL, Simple Lógica/Gallup) dedicados a elaborar encuestas de opinión, generalmente por encargo de grupos mediáticos y de partidos políticos. Los principales periódicos y cadenas de radio y televisión publican regularmente sus propios observatorios, termómetros o barómetros, mientras que los partidos suelen mantener los suyos bajo un manto de discreción, a menos que decidan usarlos estratégicamente como globos-sonda. Pero la referencia más generalmente, aunque no acríticamente, aceptada por todos es la encuesta trimestral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), vinculado al Ministerio de la Presidencia, cuya última edición se publicó el 4 de febrero.

Todas las encuestas cuentan una historia de cambio: ya nada volverá a ser lo mismo. Hasta puede que a partir de ahora las cosas sean completamente distintas. El problema es, sin embargo, que medir la fuerza de la deriva es mucho más difícil cuando se registra una volatilidad sin precedentes de los votantes: los indecisos representan hasta un 20% del electorado y los que manifiestan su intención de abstenerse ascienden a casi el 30%. Estas cifras reflejan no solo el alcance del cuestionamiento y el desencanto entre los votantes, sino también el carácter no concluyente de la proyección de los resultados electorales, más cerca de la hipótesis informada que de un pronóstico fiable.

En estas circunstancias, aunque puede resultar divertida la lectura de los oráculos, el hecho de que las cifras disten mucho de ser concluyentes genera sin duda inquietud y hasta ansiedad en las sedes centrales de los partidos tradicionales, lo que se traduce en ataques a sus competidores con cualquier arma arrojadiza – que es precisamente lo que ocurre en estos momentos.

La primera encuesta de opinión que apuntó a una victoria de Podemos en las próximas elecciones generales fue la de Metroscopia en noviembre de 2014. Esta posición de liderazgo de Podemos ha sido corroborada desde entonces por al menos trece otras encuestas. En el mismo periodo, el Partido Popular en el gobierno ha conseguido llegar primero en diecinueve otras encuestas y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solo en una.

Al Partido Popular, que goza de una mayoría absoluta en las Cortes desde su victoria abrumadora en 2011, consecuencia de la reacción inicial de los votantes ante la crisis de la que se culpó al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se le asignan ahora entre 20 y 27 puntos porcentuales en intención de voto (obtuvo un 44% de los votos en 2011). Aunque quedara en primera posición en las elecciones de diciembre, se vería forzado a buscar uno o dos socios de coalición para formar gobierno, algo a lo que los partidos españoles no están en absoluto acostumbrados. La otra cara de la moneda bipartidista y actualmente principal partido de la oposición, el PSOE, no se está beneficiando de las dificultades de su archirrival y consigue solo entre un 19 y un 23% en intención de voto. El dato relevante aquí es que los dos partidos que han gobernado España durante los últimos treinta años no superan el 50% del voto popular proyectado, lo que significa sin duda el fin del mundo tal como lo conocían. Una de las primeras consecuencias de esta situación es que cualquier tentación que alguien tuviera de intentar una Gran Coalición a la alemana (una opción a la que se oponen tres de cada cuatro votantes) debe ser inmediatamente descartada.

Lo que sobresale con fuerza de las encuestas es que este es el momento de los recién llegados, Podemos y Ciudadanos, que se están revelando como dos poderosos protagonistas emergentes de la escena política española. Ambos crecen a costa de todas las fuerzas políticas existentes (principalmente a costa de los partidos a la izquierda del centro en el caso de Podemos y a costa del partido a la derecha del centro en el caso de Ciudadanos). Cabe señalar, sin embargo, que todas las proyecciones de voto para estos dos nuevos actores políticos adolecen del hecho de que, al carecer de historial editorial, los datos de las encuestas son técnicamente muy difíciles de "cocinar".

Mucho se ha hablado ya del ascenso meteórico de Podemos y de su líder carismático Pablo Iglesias y de su exitosa capacidad de catalizar la indignación de los ciudadanos españoles ante el austericidio, o sea la forma en que se han llevado a cabo las medidas de austeridad por parte del Partido Popular. Podemos cosecha, según las encuestas, entre un 24 y un 31% del voto y se convierte no solo en el principal partido de la izquierda, sino también, posiblemente, en el primer partido del país – una auténtica hazaña, considerando que se fundó el 16 de enero de 2014.

Haciendo campaña por “Un cambio sensato”, Ciudadanos también ha crecido a un ritmo muy rápido, pasando de ser originalmente un partido regional catalán a convertirse en uno de los protagonistas de la escena política española, con más del 18% de los votos según las encuestas más recientes. Es interesante observar que el voto para Ciudadanos, cuyo atractivo se basa en su historial limpio de corrupción y su posición regenerationista, se interpreta como un voto de protesta prudente, que no pone en entredicho al Sistema – una propuesta ideal para votantes desencantados del Partido Popular. Representa en cierto modo el retorno de una opción centrista en la política española, casi treinta años después de que el antecesor del Partido Popular, Alianza Popular (AP) fagocitase a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, el partido que pilotó la transición de la dictadura a la democracia.

A distancia considerable de los cuatro principales partidos se encuentran la rojiverde Izquierda Unida (IU), con alrededor de un 5% del voto, cuyas expectativas electorales se han visto en gran parte drenadas por Podemos; la Unión Progreso y Democracia (UPyD), con cerca del 4% de los votos, muy penalizada por el auge de Ciudadanos; y los partidos nacionalistas de centroderecha catalán y vasco, que han seguido históricamente la estrategia de acudir en ayuda de cualquier partido en el gobierno necesitado de un puñado de votos en el Congreso a cambio de contrapartidas, con un exiguo 3 y 1% del voto respectivamente.

Afrontar la dura realidad

Los votantes españoles van a ser llamados a las urnas en los próximos meses y su voto quizás no guste a Herr Wolfgang Schäuble, el Ministro de Finanzas alemán que se permitió decir que los ciudadanos griegos que dieron la mayoría a Syriza en las últimas elecciones habían votado “irresponsablemente”. Hasta entonces, sin embargo, lo que indican las encuestas de opinión es la volatilidad inédita del electorado en este preciso momento.

Son tiempos de gran incertidumbre. Aunque imprecisas en sus resultados, todas las encuestas describen con rotundidad el distanciamiento del electorado de los partidos tradicionales, a los que los votantes hacen responsables del estado de cosas actual y a los que culpan por su inacción primero y por sus nefastas medidas de austeridad después, además de su connivencia con los poderes económicos que se han beneficiado de la crisis. Lo que se espera en 2015, en definitiva, es la comprobación del derrumbe del sistema bipartidista – o sistemas, ya que lo mismo puede decirse, con matices, del sistema regional y local.

2015 será el año en que se traducirá en escaños la eclosión de los nuevos actores políticos. Se nutren de varias fuentes: de la protesta que el movimiento de los Indignados fue el primero en enarbolar contra lo que consideraba un ataque a los ciudadanos desde el Sistema; de la movilización masiva contra el desmantelamiento del Estado de Bienestar; de la repulsión transversal ante la corrupción, tanto en la esfera pública como empresarial, que ha ido saliendo a la luz a través de una larga cadena de escándalos financieros. Una corrupción que es herencia no deseada de las formas no democráticas de gestionar los asuntos bajo el franquismo y que la muy celebrada Transición de hace treinta y cinco años no sólo no erradicó, sino que asumió y consintió.

España parece encaminarse hacia un sistema de partidos evolucionado, en el que los grandes actores ahora van a ser cuatro y no dos, con el Partido Popular y el Partido Socialista librando una reñida batalla con dos potentes recién llegados, Podemos y Ciudadanos. Se perfila un escenario político extraordinario, el de un parlamento fragmentado en busca de un gobierno de coalición sin precedentes. Volatilidad y fragmentación: poco más puede decirse.

Las cifras contienen un margen de error demasiado amplio como para ser de utilidad más allá de programas de debate en televisión o como munición para las próximas campañas electorales. Pero el efecto combinado de las encuestas de opinión de resultados muy abiertos y la inquietud evidente de los viejos partidos a perder su hegemonía hace que, sin lugar a dudas, la vida en España hoy sea francamente interesante.