Recientemente, me detuve frente a la construcción de otra gigantesca represa en el río Kanhar en Dudhi Tehsil, en el distrito Sonebhadra de Uttar Pradesh, en la India. Estaba parada entre el río y el bosque, el desarrollo y los derechos, la conservación y la pérdida, la protesta y la disciplina. Mientras escribía una versión inicial de este artículo en abril de 2015, me llegaron noticias de Kanhar diciendo que la policía había abierto fuego contra los locales que protestaban por la construcción de la presa, lo que dejó a un líder tribal herido de bala y otros ocho con lesiones graves. Eso fue solo el comienzo. Más tarde, se sofocaron más protestas pacíficas mediante los arrestos de los activistas Roma Malik y Sukalo Gond. Queda claro que la construcción de esta presa es ilegal, pero la resistencia a ella se convirtió en un esfuerzo peligrosamente ilegítimo debido a la supresión de los derechos, lo que aumenta la posibilidad de violencia. 

La presa que se está construyendo proporcionará agua de riego para las industrias del área aledaña, la cual está fuertemente industrializada, a la vez que sumergirá más de cuatro mil hectáreas de tierras en los estados de Uttar Pradesh, Chattisgarh y Jharkhand. La población afectada en este caso es principalmente adivasi (indígena), dalit y de las comunidades que dependen del bosque; muchos consideran que sus pérdidas son un costo aceptable del desarrollo económico.

Esta es la narrativa costo-beneficio que se escucha constantemente en distintos países mientras emprenden proyectos de desarrollo e infraestructura. Sin embargo, la India tiene un marco jurídico progresista que realmente protege los derechos de estas comunidades y da legitimidad a sus luchas, incluso ante la presión de muchos de los actores económicos del país para que se realicen reformas enfocadas hacia el crecimiento. Pero el gobierno actual está tratando de cambiar drásticamente la legislación ambiental y sobre la adquisición de tierras. Kanhar es uno de los lugares en los que se lleva a cabo esta disputa, y es emblemático del conflicto que se agudiza en muchas partes del país.

Key leaders in the sit in of the Save Kanahar Valley Campaign

El gobierno tiene la intención de cambiar el marco jurídico existente, alegando que el proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales y la nueva ley de adquisición de tierras de 2013 (una ley que exige evaluaciones del impacto social y el consentimiento de las familias afectadas) han frenado el crecimiento económico. Mientras que el gobierno considera que las regulaciones existentes son obstáculos para el crecimiento, personas como las afectadas en Kanhar perciben las reformas propuestas como una dilución de sus derechos sobre la tierra y los recursos.

Estos focos de tensión, en donde se enfrentan los intereses de manera que los conflictos son inevitables, se pueden ver por todo el país, desde la minería hasta otras industrias extractivas. Aquí, la ley se convierte en un sitio crítico para la discusión y el compromiso. Resulta especialmente importante que la ley vigente cuente con la capacidad de dar cabida a las negociaciones de manera que permitan la expresión de los derechos y las cuestiones de justicia. 

Sin embargo, las enmiendas legislativas propuestas reducirían el espacio dentro de las leyes ambientales y la ley de adquisición de tierras que hace posible una conversación democrática entre ambas partes. Las propuestas buscan cambiar el marco jurídico de las autorizaciones ambientales, aplicando la doctrina de la “máxima buena fe”, es decir, que se confiaría en que los empresarios declaren la naturaleza y la magnitud de los daños que causaría la industria al medio ambiente. 

Las leyes relacionadas con el medio ambiente y la tierra son un producto de las luchas sociales y políticas que dieron forma a la creación jurídica y política de la India. El proponente del proyecto estaría obligado a revelar todos los hechos relacionados con la propuesta en una declaración jurada; en caso de tergiversación o supresión de hechos, se impondrían sanciones severas y después se llevaría a cabo un proceso penal. Sin embargo, en el proceso de autorización actual, las comunidades afectadas cuentan con múltiples vías, como la audiencia pública inicial y la presentación del informe sobre manejo ambiental, para cuestionar los efectos del proyecto propuesto. Las enmiendas solamente ofrecerían una vía para este cuestionamiento, en caso de tergiversación. Esto permitiría que los intereses industriales estuvieran bien representados, mientras que la misma industria sería la responsable de negociar los intereses de las comunidades afectadas. El principio de “máxima buena fe” funcionaría como un proceso de auto-certificación en el que las industrias determinarían la naturaleza y la magnitud de los efectos, y esta sería la base para obtener la autorización. Claramente, esta es una manera de apropiarse del espacio democrático del que disponen hoy en día las comunidades para expresar su resistencia en el ámbito legal. Cuando se implementan restricciones como estas, es inevitable que la resistencia comience a operar fuera del alcance de la ley. 

La propuesta de enmiendas a la ordenanza sobre la tierra promete tener efectos similares. Estas enmiendas buscan eliminar la necesidad de obtener el consentimiento para adquisición de tierras, ya sea para proyectos públicos o para asociaciones público-privadas. También están diseñadas para eliminar las disposiciones sobre la evaluación de impacto social, que se incorporaron a la Ley de Adquisición, Rehabilitación y Reasentamiento de Tierras de 2013 tras muchos esfuerzos del movimiento popular a favor del reconocimiento de los derechos de la tierra. Las enmiendas a la progresista Ley de Derechos Forestales también diluyen las disposiciones sobre el consentimiento por parte de una asamblea del pueblo en casos de proyectos lineares, como carreteras o vías férreas. 

Las enmiendas propuestas están demoliendo sistemáticamente los espacios legales en los que la gente podía expresar sus luchas a través de los derechos, y los están sustituyendo con un marco donde la resistencia no tiene cabida dentro de la ley. Conforme la resistencia empiece a funcionar fuera del contexto legal, los conflictos violentos serán más probables. Las leyes relacionadas con el medio ambiente y la tierra son un producto de las luchas sociales y políticas que dieron forma a la creación jurídica y política de la India, y su modificación representará una amenaza para estos cimientos. Es alentador que las enmiendas propuestas por el Comité de Alto Nivel fueran rechazadas por una comisión permanente parlamentaria sobre la ciencia y la tecnología, pero parece probable que el espacio legislativo siga siendo una fuente de conflicto.

A medida que el nuevo gobierno negocia la imperiosa necesidad del progreso económico, está cambiando el papel de la ley como un espacio para la defensa de los derechos y la negociación de conflictos. Conforme aumentan las disputas sobre el medio ambiente a lo largo de la India, aún está por ver qué efectos tendrán estas leyes sobre las comunidades y cómo darán forma a las luchas por venir. 

Se publicó una versión de este artículo originalmente aquí en el blog Relatos Anfibios de Dejusticia.