Infografía del Feminicidio por edades en México. Fuente: CONACYT. Todos los derechos reservados.

El 31 de diciembre de 2018 cerró con el lamentable ultraje y feminicidio de Camila, una niña de tan solo nueve años. Y el 19 de enero de 2019, Giselle, de once años, fue secuestrada y su cuerpo encontrado una semana después con signos de violencia.

Con una celeridad no siempre vista, se ha detenido al agresor de Camila, pero esto fue gracias a la movilización de la comunidad donde ocurrió el crimen. Los habitantes ubicaron el cuerpo de la pequeña al emprender una búsqueda casi inmediata luego de que sus padres no la localizaban. La hallaron en la vivienda del feminicida.

Si la comunidad no se hubiera movilizado de inmediato, posiblemente el perpetrador habría podido deshacerse del cuerpo y, entre otras tantas posibilidades, probablemente la pequeña hubiera quedado en calidad de desaparecida indefinidamente.

A punto de cerrar el primer mes del año, ya suman 15 feminicidios en un país donde en promedio se arrebata la vida a 9 mujeres al día. El panorama es desolador pero una intervención social y solidaria en conjunto con las instancias correspondientes puede contribuir a un control de daños y eventualmente, a una resolución gradual de la crisis.

¿Qué está pasando en el mundo?

La violencia de género, en sus diferentes expresiones, es una pandemia de nuestros días, que afecta a 1 de cada 3 mujeres durante su vida. Cada vez más, múltiples medios y reportes de organizaciones dan cuenta del incremento de este fenómeno, transformado ya en una crisis global. 

Sin embargo, diferentes sectores sociales impugnan los índices crecientes de violencia hacia las mujeres. Existe cierta insistencia en señalar que no se trata necesariamente de un incremento, sino de una mayor difusión de los casos de violencia gracias al sinnúmero de plataformas en internet que globalizan la información. Tales posturas causan alarma porque son un indicador de que no se dimensiona la crisis en toda su extensión y en todo caso, ¿qué cifras serían lo suficientemente elevadas para sensibilizarnos como sociedad?

Tanto en países del primer mundo como en los clasificados como en vías de desarrollo, la presencia de esta problemática no da tregua, y cuando se piensa que se ha tocado fondo, surgen datos que demuestran que se puede llegar más bajo.

En este sentido, si la violencia y crímenes contra mujeres (y contra cualquier ser humano) son actos condenables y atroces, las agresiones contra niñas son actos indescriptibles en cuanto a la “racionalidad” o motivación que habría detrás de ellos. ¿Qué los explica? ¿cómo se “entienden”? son preguntas cuya respuesta se queda en el terreno de lo especulativo.

150 millones de niñas y 73 millones de niños han sufrido violencia sexual en todo el mundo

Lo que sí entra dentro de los hechos comprobados es que, desafortunadamente, estas manifestaciones de agresión contra niñas se han vuelto recurrentes en diferentes puntos del planeta. A nivel global, unos 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sufrido violencia sexual y es este segmento de la población, junto con millones de mujeres, quienes conforman la mayor parte de víctimas de trata de seres humanos.

¿Qué pasa en México?

En el escenario mexicano, las estadísticas nos dan un deshonroso primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en índices de violencia física, abuso sexual y homicidio de menores de 14 años.

Entre 2015 y 2017 se registraron oficialmente en México 194 feminicidios de niñas. Pero si se contabilizaran los crímenes que no se consideraron como feminicidios la cifra podría ser mucho mayor. Una medición de enero de 2015 a septiembre de 2018 muestra que los feminicidios de menores de 0 a 17 años se incrementaron 60%. De enero a septiembre de 2015 se registraron, por ejemplo, 38 feminicidios de menores y en el mismo periodo de este año la cifra subió a 61, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Diversas organizaciones internacionales, entre ellas, Amnistía Internacional y Naciones Unidas desde el 2014 han insistido al gobierno mexicano que tome las medidas necesarias para abordar la crisis y erradicar la violencia de género que se ejerce con desenfreno.

En el 2012 y aunque el panorama para las mujeres y las niñas siguió siendo adverso, la ONU reconocía a México por “ir ganando terreno para erradicar la inequidad de género”, haciendo referencia a los progresos en el aspecto legislativo. En la región latinoamericana, México ha sido pionero en materia reglamentaria en temas de inequidad con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007.

Sin embargo, esta necesidad de legislar al respecto refleja la incidencia de la desigualdad y las agresiones de género. En julio de 2018 la ONU, con su Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reiteró la recomendación de seguir legislando al respecto.

En este contexto México se ha adherido a muchos tratados internacionales sobre el tema de equidad de género. Desde julio de 2016 el país se sumó la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.

 A la fecha, enero de 2019, el 56% del país (18 de los 32 estados) tiene alerta de violencia de género (AVG).

Pero la producción de leyes adecuadas y la suscripción a tratados no ha garantizado el abatimiento de la crisis. A la fecha, enero de 2019, el 56% del país (18 de los 32 estados) tiene alerta de violencia de género (AVG).

En otras palabras, existe mucha jurisprudencia, aunque también una amplia brecha entre los estatutos y su implementación además de impunidad rampante, omisiones y otras problemáticas serias como la no unificación de criterios y protocolos en los gobiernos estatales, donde cada entidad decide como atender e investigar los casos relacionados con violencia de género.

Un desafío para AMLO

Este es uno de los grandes desafíos para la entrante administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No es una batalla menor y si dimensionamos la crisis en toda su extensión, no es una problemática que pueda resolverse en un sexenio, ni por una sola instancia.

Sin embargo, se pueden sentar bases sólidas encaminadas a remediar la emergencia. El nuevo gobierno ha hecho referencia a proporcionar empleo y capacitación a miles de jóvenes que no han tenido acceso a educación formal o al ámbito laboral. En su estrategia de combate del crimen, refiere como imprescindible dar opciones a miles de jóvenes que hoy se decantan por enrolarse al crimen organizado dentro del cual, además, han desarrollado masculinidades más agresivas.

El gobierno no percibe los altos niveles de violencia y crimen como un mero problema de ley y orden, sino como un aspecto de un modelo económico que deja a muchos individuos marginados y sin mayores opciones.

Tampoco para el caso de la violencia de género se trata simplemente de una cuestión de ley y orden, si no que implica, de igual forma, un proceso educativo en todos los niveles para atajar las mentalidades y conductas misóginas de amplios sectores de la sociedad, tanto hombres como mujeres.

Una necesaria acción política integral

Cuando AMLO llama a las madres a que le ayuden con sus hijos, eso no debería ser  motivo de hilaridad, y no sólo madres sino padres deben involucrarse en la educación de sus hijos e hijas y en un auto-proceso educativo para tomar conciencia de los prejuicios de género y formar a sus hijos lejos de esos atavismos.

Los entornos familiares deberían ser el núcleo en el que se forje una conciencia de equidad y respeto. Y esa pedagogía debe extenderse a todas las esferas, los que nos dedicamos a la academia también tenemos una responsabilidad ineludible para abordar con nuestros estudiantes esta problemática intrincada, para visibilizarla e influir en una transformación gradual de conductas machistas.

Se requiere también de medidas preventivas a través de la educación en la equidad, de moldear mentalidades de amplios sectores que hoy perciben como depreciada la vida de niñas y mujeres.

Si bien es imperativo que los ministerios públicos, peritos, policías y autoridades mejoren sus procedimientos y acoten su actuación con una perspectiva de género y asimismo, que se combata la impunidad con el castigo los agresores, no basta con acciones remediales y punitivas. Se requiere también de medidas preventivas a través de la educación en la equidad, de moldear mentalidades de amplios sectores que hoy perciben como depreciada la vida de niñas y mujeres.

El nuevo gobierno debe hacer de la violencia de género una prioridad, un aspecto primordial en la agenda política y social. Hasta el momento ha mostrado sensibilidad para dimensionar en una perspectiva más profunda problemáticas de diversa índole y ha referido su compromiso en lo referente a la violencia contra niñas y mujeres.

Pero como sociedad se debe contribuir a apuntalar esta agenda, no obstante, empezando por hacer del tema una prioridad para la propia sociedad. Porque no lo ha sido, a pesar de que hay acciones que podemos emprender.

Las medidas realizadas desde el gobierno, las instituciones, la sociedad, los individuos y la familia deben encaminarse hacia un cambio cultural.

Una crianza no violenta y en equidad; convivencia en equidad; campañas de sensibilización; modelos de intervención y apoyo; recopilación y análisis de información sobre agresiones de género; resolución de los casos; impartición de justicia; combate a la impunidad; son algunos aspectos que podrían influir en la transformación del actual paradigma, que desde los diferentes ámbitos vulnera la posibilidad de una vida libre de violencia, tanto de niñas como de mujeres.