La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) admitió el caso del asesinato del defensor de los derechos campesinos, Gabriel Sales Pimenta, marcando una victoria para la lucha por la vida de dos defensores de los derechos humanos en Brasil.

La Corte Interamericana recibió el caso el día 4 de diciembre, tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de responsabilizar al Estado brasileño por violaciones de derechos en su investigación de la muerte de Gabriel Pimenta en 1982. En 2006, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Brasil presentaron a la Comisión el caso del asesinato de Gabriel Pimenta.

En un país donde cada vez son más los defensores y defensoras de los derechos humanos amenazados y asesinados, es prioritario emprender acciones judiciales nacionales e internacionales para cambiar esta realidad.

Gabriel Pimenta tuvo un papel clave en la representación de los trabajadores rurales de Marabá. Abogado popular del Sindicato de Trabajadores Rurales de Marabá y defensor en la región de Pau Seco en juicios contra terratenientes, recibió varias amenazas en los meses que antecedieron su asesinato.

Gabriel Pimenta habría denunciado las amenazas recibidas a las autoridades en Belém, capital del estado de Pará, donde habría solicitado protección del Estado personalmente en tres ocasiones. La ayuda nunca llegó, y el 18 de julio de 1982, Gabriel recibió un disparo a quemarropa en una vía pública y murió.

En su informe de fondo, la Comisión concluyó que el Estado brasileño es responsable por la violación de los derechos a la vida, la justicia y el derecho de asociación consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los derechos a la integridad personal, a garantías judiciales y protección judicial establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la Comisión recomendó al Estado que otorgue una reparación integral a los familiares, que lleve a cabo y concluya una investigación de manera diligente y eficaz y que tome medidas de no repetición, entre otras.

Sin embargo, durante una reunión del 30 de septiembre de este año entre el CEJIL y representantes del Estado brasileño sobre el cumplimiento de las recomendaciones, quedó claro que no hubo avances.

Consideramos que la remisión del caso de la Comisión a la Corte IDH es una gran oportunidad para fortalecer y reconocer los derechos de los campesinos y la defensa de la tierra, especialmente en este momento en que la amenaza de la crisis ambiental viene exigiendo cambios estructurales en el uso de la tierra y los recursos naturales.

Conmemoramos la admisión del caso en la Corte IDH y esperamos que el fallo en el caso ayude a transformar la horrible situación de amenaza bajo la cual los defensores de los derechos humanos protegen sus comunidades.

Gabriel Pimenta no sólo fue un defensor de los derechos humanos – fue un defensor de los campesinos y de la lucha campesina por el derecho a la tierra. Gabriel Pimenta fue un abogado popular que actuó en defensa de los campesinos criminalizados por el Estado, por luchar por la tierra.

La muerte de Gabriel Pimenta representa un patrón de violación del más fundamental de los derechos, que es el derecho a la vida. En la mayoría de los casos relacionados con los defensores de los derechos humanos, si no en todos, hay una falta de investigación por parte de los organismos estatales y la impunidad es desenfrenada.

Las investigaciones de los delitos en contra los defensores de los derechos humanos deberían ser prioritarias. porque esos delitos tienen un efecto aterrador: cada vez que muere un defensor de los derechos humanos, el delito crea un temor generalizado que caracteriza la lucha por los derechos humanos como una actividad de alto riesgo para la vida.