democraciaAbierta: Investigation

“Este es un gobierno ciego, sordo y mudo”

Éder Jair Sánchez hace parte de la ANUC, la organización campesina más grande del país. Ha dedicado su vida a defender a quienes viven del campo. Este es su testimonio. English

democracia Abierta Juanita Rico
4 September 2020
Éder Jair Sánchez
|
Archivo Personal.

Habla Éder:

Estoy en procesos sociales relacionados con la defensa de los derechos campesinos desde hace 25 años. Soy abogado y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia. Aunque la ANUC se centra en temas campesinos, uno de los temas clave hoy es hacerle seguimiento al Acuerdo de Paz.

Sustitución de cultivos: el punto crítico

Uno de los puntos más complejos y que menos se están cumpliendo del Acuerdo es el cuarto, que es el que habla de la sustitución de cultivos.

Hablar de sustitución de cultivos es todavía hablar de un callejón sin salida. Ahora más que nunca, en medio de la pandemia, el Estado sigue usando diversas estrategias para reducirlos, y mientras tanto miles de campesinos se preguntan cómo entrar a una economía legal que les permita sobrevivir de manera digna.

El punto 4 del Acuerdo tiene el objetivo de dar "Solución al problema de las drogas ilícitas". Para lograrlo, se acordó crear un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que tiene el propósito de superar las condiciones de pobreza de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito y promover la sustitución voluntaria para generar oportunidades productivas y el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, tenía la obligación de crear un paquete de beneficios para los campesinos que se acogieran al pacto voluntario de sustitución.

Cultivo de coca en Colombia.
Cultivo de coca en Colombia | Fotos para periodistas del Pnud en Colombia.

Parte clave de este punto es que se compromete a: promover condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito a través de acuerdos comunitarios para la sustitución, ajustes normativos para el tratamiento penal diferenciado de pequeños cultivadores y aplicación de los programas con prioridad en áreas con mayor densidad de cultivos y Parques Nacionales Naturales.

¿Dónde está el gobierno?

Desde hace más de dos años venimos advirtiendo que con la llegada del gobierno actual la situación del liderazgo social iba a entrar, y entró, en crisis. ¿Por qué?

Por la reorganización de actores ilegales, porque el gobierno Duque ya había tomado la decisión de reiniciar la aspersión con glifosato y las declaraciones del presidente cuando dijo, en reiteradas ocasiones, que iba a hacer "trizas el Acuerdo", lo que nos hizo entender que íbamos a tener que autoprotegernos y pedir garantías.

En el caso del Putumayo ya van más de 15 líderes sociales asesinados en lo corrido del año. La mayoría estaban asociados a temas u organizaciones relacionadas con la sustitución de cultivos de coca. Lo cierto es que muchos, sino todos, han perdido la vida apostándole al Proceso de Paz, que sigue sin cumplirse.

El 2 y el 20 de julio asesinaron a dos líderes. Uno era un indígena de 15 años en Villa Garzón. Lo asesinaron en el marco de una confrontación con la fuerza pública. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que no querían entregar el cuerpo a su familia. Y cuando por fin lo entregaron, estaba uniformado. Creemos que iba a ser víctima de lo que se conoce como falsos positivos.

Nosotros le hemos hecho muchas propuestas al gobierno para mejorar la situación. Pero han hecho oídos sordos. No tenemos eco. Hemos propuesto que haya un protocolo de seguridad colectiva, es decir, que no solo se trate de darles medidas de autoprotección a los líderes, sino a las comunidades.

Pandemia y silencio

Para nosotros, como para muchas comunidades del país, la pandemia cayó con el doble de peso. Por un lado, no tenemos puestos de salud, no tenemos cómo cumplir las normas de bioseguridad. Y por el otro, la pandemia ha sido el vehículo para que se rompan todavía más el Acuerdo.

En medio de la cuarentena hemos visto cómo actores armados ilegales llegan sin ningún protocolo y arrancan la coca cuando pensábamos que en esta época eso no iba a pasar. Esto ha empeorado.

En julio hubo una movilización. En medio del tema de la Covid-19, más de 1.000 campesinos salieron a protestar en Puerto Asís por la forma en que se están erradicando los cultivos.

Cada año se le hace un corte de cuentas al Acuerdo de Paz que, en gran medida, depende del gobierno de turno. A la fecha, la implementación efectiva de lo que se pactó en el Punto 1 no ha avanzado como se esperaba, y los proyectos productivos de sustitución de cultivos se están quedando en el papel.

A esto se suma que las familias que erradicaron voluntariamente quedan en un riesgo social y económico enorme, porque perdieron su fuente de ingresos y los proyectos productivos con apoyo institucional no llegaron. Asimismo, los ajustes para el tratamiento penal diferenciado de pueblos cultivadores no se han tramitado, por lo que siguen siendo hostigados por el Estado y las mafias que azotan las regiones.

A corte de diciembre de 2019, solo el 5% de lo acordado en el Punto 4 del Acuerdo estaba completado.

A esta conclusión llega el cuarto y más reciente informe de implementación hecho por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, comisionado por las partes en el Proceso de Paz para hacerle seguimiento a la puesta en marcha del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc.

El informe muestra que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) “presentó atrasos durante la primera mitad del periodo de estudio. Aunque después de abril del 2019 se lograron algunos avances en cuanto a proyectos de seguridad alimentaria, por ejemplo, no fueron suficientes para reconstruir la confianza perdida por los retrasos”.

También llama la atención el asesinato a líderes sociales por oponerse a la erradicación forzada.

Desprotección y masacres

En este momento la población no tiene protección. En el Putumayo, hemos solicitado una mesa de diálogo departamental, pero no ha sucedido. También hemos pedido que se cumplan las instancias de participación que se crearon con el Acuerdo, pero desde que inició la pandemia en marzo el gobierno no ha convocado ninguna mesa. Nosotros exigimos que se hagan de manera virtual, que no se sigan masacrando más campesinos.

El Putumayo es el tercer departamento con más cultivos de coca, por eso necesitamos esa mesa para dialogar. No podemos seguir con la erradicación forzada. Según nuestros cálculos, hay más de 10.000 campesinos que viven de esos cultivos… ¡10.000! Necesitamos saber cómo se va a sustituir cada cultivo sin que haya confrontaciones.

El problema es que este es un gobierno ciego, sordo y mudo. Mientras tanto nos siguen masacrando, porque son masacres, no homicidios, y nosotros seguimos esperando.


Este testimonio hace parte de la serie "Líderes sociales en peligro" de demoAbierta sobre líderes sociales, sus historias y la realidad que viven en Colombia.

Unete a nuestro boletín ¿Qué pasa con la democracia, la participación y derechos humanos en Latinoamérica? Entérate a través de nuestro boletín semanal. Suscríbeme al boletín.

Comentarios

Animamos a todo el mundo a que haga comentarios, Por favor, consulte las intrucciones de openDemocracy para comentarios
Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData