En octubre de 2021, la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia histórica para mejorar la protección a las víctimas de la trata de personas. La decisión se centra en fortalecer el sistema de identificación y asistencia a víctimas de trata, con énfasis en la situación de personas venezolanas que corren un mayor riesgo de ser víctimas de la trata en el contexto de la migración masiva a Colombia y otros países de América Latina.

El caso fue litigado por Women's Link Worldwide, una ONG legal internacional que trabaja en lograr la plena garantía de los derechos de las mujeres y las niñas y que ha trabajado por la protección de los derechos de mujeres víctimas de trata en Europa y Colombia, particularmente, de aquellas migrantes que se encuentran en mayor riesgo de sufrir esta vulneración de derechos humanos en contextos de movilidad humana.

La trata de personas y la migración masiva desde Venezuela

Desde 2015, Colombia ha sido un importante país receptor de millones de personas migrantes y refugiadas venezolanas, que huyen de las crisis económicas, políticas y sociales en su país de origen. Cada vez más se ha prestado atención a las vulnerabilidades específicas y de género que enfrentan las mujeres y las niñas en sus viajes migratorios y en los espacios donde se asientan.

Entre estas vulnerabilidades se encuentra la trata de personas. Una reciente investigación realizada por Border Lab y el periódico La Opinión destaca que los departamentos colombianos fronterizos con Venezuela son un terreno propicio para el tráfico de personas, debido a los altos niveles de informalidad en estas zonas y al contexto del conflicto armado y crimen organizado actual.

Estos contextos se volvieron aún más frágiles por la pandemia de Covid-19, que hizo que Colombia implementara estrictas cuarentenas nacionales; el acceso de las mujeres a los servicios que responden a los casos de violencia -incluida la trata- se redujo al mismo tiempo que los grupos armados comenzaron a intensificar sus actividades ilegales.

Aunque la trata es una vulneración puede afectar tanto a hombres como a mujeres, en Colombia aproximadamente el 85% de los casos identificados están relacionados con mujeres y niñas. Las mujeres venezolanas son atraídas a Colombia con la promesa de trabajos que les permitirían mantener a sus familias, pero cuando llegan se encuentran en situación de explotación sexual y/o trabajo doméstico forzado.

A pesar de un marco legal que prohíbe y castiga la trata de personas, faltan datos sobre la misma; los datos que existen fluctúan significativamente entre los organismos que los recogen. Así, las víctimas de la trata permanecen en la sombra, sin acceso a la protección que necesitan.

Además, los informes muestran sistemáticamente que, aunque Colombia cuenta con protocolos para proteger a las víctimas, el acceso a la justicia es limitado. Un informe de Women's Link que identificó casos de trata entre 2011 y 2016 afirma que de los 908 casos abiertos, solo 52 recibieron condenas.

El caso de Yolanda

En este complicado contexto, Women's Link identificó el caso de Yolanda, una mujer venezolana víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, representada por Women's Link Worldwide (WLW).

Yolanda fue captada en Venezuela y trasladada a Colombia junto con su compañero y dos de sus hijas, a su llegada a una ciudad fronteriza colombiana se dio cuenta de que había sido engañada, pues la persona que le había ofrecido un trabajo como vendedora de bebidas calientes le informó que tanto ella como una de sus hijas debían prostituirse. Durante el tiempo que permaneció en la casa de uno de sus captores ella y su hija mayor fueron víctimas de violencia y acoso sexual.

Tras escapar, Yolanda acudió a autoridades públicas como la Fiscalía y la Alcaldía local para solicitar medidas de protección y asistencia a víctimas de trata de personas que dispone la ley colombiana.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el delito que había sufrido Yolanda era el de inducción a la prostitución y no el de trata de personas, pese a que en su relato se encontraban indicios claros de que podría haber sido víctima de trata. En consecuencia, el comité municipal de lucha contra la trata de personas de la ciudad en la que se encontraba determinó que Yolanda no podía considerarse víctima de trata y, por lo tanto, no era titular de las medidas de protección y asistencia.

El condicionamiento de la asistencia y protección a Yolanda a la investigación penal y la falta de una identificación basada en indicios, así como las irregularidades en el proceso de asistencia constituyen algunas de las falencias de la política antitrata en Colombia. Pese a que la Corte Constitucional ha señalado que la denuncia penal no es un requisito para activar la ruta de asistencia y protección, entidades públicas encargadas de coordinar dicha ruta como las alcaldías locales o gobernaciones continúan exigiendo requisitos relacionados con la investigación penal, como sucedió en el caso de Yolanda; esta situación se deriva de la concepción generalizada de que el enfoque penal, es decir, la persecución de los perpetradores prevalece sobre el enfoque de derechos humanos al abordar la situación de víctimas de trata.

Con el apoyo de Women’s Link, Yolanda inició una larga lucha judicial para lograr tener acceso a la protección que le correspondía a ella y su familia, después de que varias instancias judiciales negaron sus derechos, dicho proceso llegó hasta la Corte Constitucional que seleccionó el caso a finales de 2019 y dio un fallo definitivo en octubre de 2021, la sentencia T-236 de 2021.

¿Por qué es importante esta sentencia?

La decisión de la Corte tiene un impacto que va más allá del caso específico de Yolanda y su familia. Adopta un enfoque basado en los derechos para exigir al Estado colombiano que realice cambios estructurales con el fin de proteger mejor a las víctimas de la trata.

Es la primera sentencia que aborda los derechos de una mujer migrante víctima de trata y se suma a la serie de decisiones progresivas que ha tomado la Corte colombiana en materia de derechos de personas migrantes en el contexto del éxodo de personas venezolanas por la región.

En primer lugar la sentencia se refiere al contexto de tránsito migratorio, como uno que expone a mujeres al riesgo de ser víctimas de trata, igualmente, la decisión se refiere a la grave situación de personas venezolanas en la región y a las múltiples formas de discriminación de la que son víctimas las mujeres migrantes. En ese sentido, la Corte hace énfasis en la protección reforzada que el Estado debe dar a las mujeres migrantes.

La sentencia obliga al Estado a crear un nuevo protocolo para identificar a las víctimas, a formar mejor a los funcionarios públicos para que identifiquen y apoyen a las víctimas de la trata, y a proteger a las víctimas de la trata identificadas, independientemente de que tengan una causa judicial abierta.

Con esta sentencia se espera que lo que existe "en el papel" se ponga en práctica a la hora de proteger los derechos de las mujeres y las niñas. En particular, dado el contexto del conflicto armado actual, la migración masiva y la vulnerabilidad social y económica en Colombia, esta sentencia puede servir de hoja de ruta para las instituciones nacionales y locales implicadas que se encargan de actuar contra la trata.

Dado que se centra en las vulnerabilidades específicas a las que se enfrentan las personas migrantes venezolanas, también sirve para establecer un modelo para que otros países de la región puedan proteger mejor a las personas extranjeras que son objeto de trata en sus territorios.