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La cadena trágica: 133 vidas perdidas por informar en México

Los siguientes son los 9 obituarios de los periodistas asesinados en México en 2019, parte de lo 133 registrados en la línea de tiempo entre 2000 y 2020.

SinEmbargo MX democracia Abierta
22 July 2020

Diferentes en sus condiciones, estas son las biografías de seres comprometidos con el periodismo en una época en que este país se convirtió en un campo de batalla. Los callaron, pero no lograron acabar con su legado. Este memorial pretende honrarlos para siempre. Para ver la totalidad de los 133 obituarios, haga click aquí.


Distintas, brillantes en sus causas, reinas de sus propias letras, las siguientes vidas son solo 10 de las de 133 periodistas asesinados en México de 2000 a 2020. Son las que corresponden al año 2019.

Sus muertes son incomparables pues cada una ocurrió con los signos de enemigos diferentes, en zonas diferentes y en años diferentes. Pero son similares porque las protagonizaron seres que tomaron las riendas de nobles metas reporteriles.

La precariedad de sus condiciones jamás impidió sus viajes a la marginada sierra o a los bajos mundos de la mafia. Muchas veces se convirtieron en emprendedores con tal de tener un medio para publicar o presentar noticias ante un micrófono. Otras, combinaron el periodismo con otros oficios para reunir un ingreso digno. Al irse, dejaron pendientes coberturas de política, narcotráfico, robo de dinero público, pobreza, despojo de la tierra de pueblos originarios, así como la ruina de playas, bosques y selvas.

En diciembre de 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) concentró su Gobierno en una política de seguridad nacional. En menos de diez días, con indicadores presurosos y endebles, logró justificar que era necesaria una guerra en contra de los grupos delincuenciales.

Pronto, pasó de los papeles al terreno. Después, negó que lo suyo fuera “una guerra”. Pero para entonces, era demasiado tarde. México se había convertido en un campo de batalla. La violencia -terca en los años anteriores- arreció con un carácter obstinado y se mantuvo hasta la siguiente administración, la de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Las vidas se hicieron añicos. Los anhelos estaban perdidos. El negocio del narcotráfico se ramificó con un crecimiento sin precedentes. Y reportear -ir a tocar el alma de los protagonistas para conocer su experiencia y contarla- se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Así fue como los asesinatos de los comunicadores se multiplicaron al infinito. Las historias propias de reporteros, fotoperiodistas y camarógrafos se integraron al monstruo de mil caras de la contabilidad de víctimas mortales.

Pero algunos se diluyeron en el tiempo. Buscar los rastros de un periodista muerto hace dos décadas lleva a sepulcros cubiertos de misterios. A los asesinatos, las autoridades no les dieron seguimiento, las familias se mudaron a otro lugar y los compañeros no desean hablar de algunos casos en particular.

En la República mexicana, 11 entidades cuentan con leyes que crearon mecanismos de protección; dos tienen vínculos con el Mecanismo Federal de Protección generado en la Secretaría de Gobernación. Al mismo tiempo, 11 estados tienen iniciativas sin aprobar y las restantes siete entidades no tienen propuestas de legislación. A siete periodistas de nada les sirvió. Igualmente cayeron asesinados.

Con todo, estos son los relatos de sus vidas y la forma en la que dejaron este mundo. Ninguno de estos textos reproduce escenas post mortem porque el objetivo al abordar sus biografías fue armar su memoria. Su bella memoria concluida con injusticia.

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Tres hombres son declarados culpables por el asesinato del periodista Rafael Murúa en BCS

Rafael Murúa Manríquez

20 de enero de 2019
Línea de trabajo: Radio Comunitaria

2019 arrancó triste. El periodista Rafael Murúa Manríquez, fundador y director de la primera radio comunitaria de Baja California Sur, Radio Kashana, fue asesinado y su cuerpo encontrado en el municipio de Mulegé, en el norte de la entidad. Fue el primer comunicador ultimado del año.

Tenía 34 años de edad. Dejó tres hijos.

Los últimos años los vivió amenazado. Primero por grupos del crimen organizado y después por funcionarios del Gobierno. El 14 de noviembre Rafa publicó un post, en su cuenta de Facebook, que decía: “En cincuenta y dos días de gobierno de Felipe Prado (presidente municipal de Mulegé) he vivido más agresiones y abuso de autoridad que en los seis años anteriores, desde que ejerzo el periodismo en mi ciudad natal, Santa Rosalía… Por primera vez el expresarme sobre un tema de política causó agresiones a mi persona, familia, y patrimonio”.

La desaparición del periodista quien también era miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias [AMARC], había sido denunciada 24 horas antes.

Artículo 19 (organización internacional que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información) y la AMARC capítulo México, documentaron que la última vez que se supo del periodista fue a las 20:00 del sábado 19 de enero.

Así lo contó un familiar, cuyo nombre se mantiene anónimo hasta ahora por cuestiones de seguridad. “Rafael me llamó para preguntar si todo estaba bien. No supe más hasta que a las 2:00 horas (del día siguiente) recibí la visita de una persona (cuyo nombre también se omite por seguridad) que supuestamente estaba con Rafael y quien me informó que se lo habían llevado”.

La persona que informó a la familia contó que vio por última vez a Murúa cuando bajó del automóvil del periodista para entrar por unos momentos en un edificio. Al salir, vio las puertas abiertas y el motor encendido, mientras un sujeto huía del lugar.

La Fiscalía General de Baja California Sur no cuenta con avances del asesinato de Rafael.

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Samir Flores Soberanes

20 de febrero de 2019
Línea de trabajo: Cobertura de la defensa de la tierra

Fue asesinado a balazos en el amanecer del 20 de febrero de 2019, afuera de su domicilio, en Amilcingo, Morelos. Testigos del luctuoso hecho relataron que los agresores huyeron en dos automóviles.

Samir fue un indígena náhuatl, nacido ahí mismo, en Amilcingo. Fundó la Radio Comunitaria de ese mismo municipio en la frecuencia 100.7 FM, en la cual conducía un programa.

Tenía 36 años de edad.

Cuando lo mataron, faltaban tres días para la consulta organizada por el Gobierno federal sobre la puesta en operación de una central termoeléctrica, que se efectuó el 23 y 24 de febrero. Se opuso a la construcción de la termoeléctrica de La Huexca, en Cuautla, incluida en el Proyecto Integral Morelos (PIM), un plan de infraestructuras del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que además, tiene programado un gasoducto y un acueducto. A cargo de la Comisión Federal de Electricidad [CFE], participan tres empresas españolas: Abengoa, Elecnor y Enagas. Desde la radio, Samir se erigió como el líder opositor más notorio a esta central.

Fue Técnico en Informática, rotulista, músico y herrero. Además, cursó un semestre de Derecho. Del PIM se enteró cuando asistió a una reunión con productores orgánicos en Jantetelco, a donde también fueron algunos poblanos. Ahí escuchó sobre el tema y lo hizo suyo, ya no lo soltó.

Su estación de radio y su liderazgo nacieron en el patio

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Santiago Barroso Alfaro

15 de marzo de 2019
Línea de trabajo: Cobertura de narcotráfico

Quienes lo mataron, tocaron a su puerta. El periodista les abrió, sin reparos. Tuvo tres heridas por arma de fuego, una a la altura de la clavícula izquierda y dos en el abdomen.

Tenía 47 años de edad.

Se convirtió en la quinta víctima mortal entre los comunicadores bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Santiago conducía el programa de radio San Luis Hoy en 91.1 FM Río Digital, era director del portal de noticias Red 653 y colaborador del semanario Contraseña. El primer programa de radio que condujo fue en la estación Radio Gallo. También, como periodista, hizo bastante uso de la red social Facebook. Ahí difundía su columna “Sin compromisos”. Uno de sus últimos textos refería los nombres de una serie de personajes de San Luis Río Colorado vinculados con la actividad criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Su dinámica reporteril es reconocida por sus colegas del estado de Sonora. “No importaba cuántas horas había qué esperar, ni cuántas veces había que regresar a una oficina o a un punto de la ciudad para buscar a la fuente informativa, pero el objetivo tenía que cumplirse: confirmar un dato sobre temas tan escabrosos como el narcotráfico y las narcotienditas”, describió en un perfil póstumo, el periodista Jesús Manuel Angulo.

Santiago egresó de la Facultad de Ciencias Humanas (1989-1993), perteneciente a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Entre 1999 y 2005, trabajó para el diario La Crónica de Baja California, en donde primero fue reportero y después corresponsal en San Luis Río Colorado. En esos años publicó varios reportajes sobre hombres renombrados en el narcotráfico, como Ignacio Coronel, Manuel Garibay Espinoza o Eduardo Barraza “El Pony”.

El 23 de diciembre de 2014, Santiago refirió en una columna el caso de Manuel Garibay Espinoza, presunto narcotraficante, quien había sido detenido en Mexicali, Baja California, en junio de 2014. Después de pasar casi cuatro años en la cárcel, fue liberado sin proceso penal, a pesar de que se le acusaba de ser el autor intelectual del asesinato del excomandante José Antonio Pineda Rodríguez, en marzo de 2002.

Siete días después, agentes de la Fiscalía General de Justicia en Sonora detuvieron a un sospechoso del crimen, un trabajador del Ayuntamiento. A esas alturas, el organismo informó que el principal móvil era una relación extramarital. La esposa del sospechoso habría tenido un romance con el periodista asesinado. Con ello, se descartó por completo un delito en contra de la libertad de expresión. Las diligencias procesales siguen con esa línea de investigación.

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Telésforo Santiago Enríquez

2 de mayo de 2019
Línea de trabajo: Cobertura de narcotráfico

Fue emboscado y asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca, cuando iba en su automóvil rumbo a la radiodifusora comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM La Voz Zapoteca, de la que fue fundador, director y desde la cual, luchaba por el rescate de la lengua indígena. También, realizaba análisis y crítica en contra de los gobiernos locales.

Tenía 48 años de edad.

Además de periodista fue maestro y pertenecía a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Con su asesinato, ocurrido la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se convirtió en el tercer trabajador de una radio comunitaria y cuarto periodista asesinado de 2019. Fue el sexto comunicador muerto a mano armada en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pocas horas después de conocerse el homicidio, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se comprometió a hallar a los culpables.

La radiodifusora publicó en su página de Facebook: “Quienes conformamos el equipo de Estéreo Cafetal, estamos consternados e indignados por el cobarde asesinato de nuestro director, compañero y amigo, Profesor Telésforo Santiago, quien fue un gran ejemplo de lucha y trabajo a favor de su gente”.

En varias ocasiones se postuló como candidato a Presidente Municipal.

San Agustín Loxicha es uno de los 570 municipios de Oaxaca, en una sierra golpeada por la pobreza y los conflictos sociales. Ahí se preparó el Ejército Popular Revolucionario, un grupo guerrillero surgido en los noventa. De 1996 a la fecha, el Estado realizó 250 detenciones, de las cuales 200 ocurrieron bajo tortura. La falta de atención gubernamental dio paso a la Organización de Pueblos Indígenas Zapotectos (OPIZ) y también a otros grupos clandestinos.

Telésforo realizaba análisis y ejercía crítica hacia los Gobiernos. Había recibido amenazas de muerte en febrero.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca tomó el caso; pero hasta ahora no hay resultados.

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Norma Sarabia Garduza

11 de junio de 2019
Línea de trabajo: Cobertura policiaca

Fue asesinada en la puerta de su casa, en Himanguillo, por dos hombres que le dispararon y huyeron en un vehículo.

Tenía 46 años de edad.

Era madre de un niño de 13 años con desarrollo intelectual diferente, que con la muerte de Norma se quedó sin protección.

Los sábados, se quitaba el traje de reportera y se iba a la Universidad Popular de la Chontalpa, Tabasco, donde estaba por licenciarse en psicología. Quería ser docente una vez que obtuviera el título. Tras el asesinato, el diario Tabasco Hoy, de la familia Cantón Zetina, emitió un posicionamiento en el que condenó el crimen y aseguró que Norma pertenecía a sus filas y que ahí había hecho una carrera de dos décadas.

Pero, en una carta pública que difundió en Facebook, su hermana Maty, lo negó. Expuso también que la empresa jamás se acercó a la familia, ni siquiera para darle el pésame. Norma le entregaba también a Diario Presente. Antes, se desempeñó como secretaria de la escuela primaria Ramón Herrera, ubicada en Villa Chontalpa, Huimanguillo. De familia con pocos recursos económicos, Norma trabajó de adolescente en la venta de comida en un puesto ambulante. Así ayudó a su mamá, María Inés Garduza y sus seis hermanos.

En periodismo, lo que quería era especializarse en la cobertura de la fuente policiaca. Siempre se resistió a dar el paso a la cobertura política o a cualquier otra fuente.

En 2014, Norma acudió a la Fiscalía para delitos contra periodistas en Tabasco, y denunció a Héctor Tapia Ortiz y Martín Leopoldo García de la Vega, director y subdirector de la policía de Huimanguillo. Había recibido amenazas desde enero de 2019, cuando dio cobertura a un supuesto secuestro donde había policías involucrados.

Según consta en la denuncia, estos dos elementos la acusaron de delitos de extorsión, y también difundieron mensajes en la localidad de que sería “levantada”. La denuncia quedó registrada en la averiguación previa PGR/TAB/CAR-II/121/2014. Ni la denuncia de las amenazas ni la de su asesinato han presentado avances.

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Lugar del asesinato del periodista Rogelio Barragán en Morelos. SinEmbargo.mx

Rogelio Barragán Pérez

30 de julio de 2019
Línea de trabajo: Cobertura policiaca

Fue secuestrado durante 24 horas y asesinado. Su cuerpo fue abandonado en el maletero de su propio automóvil, Volkswagen Jetta color gris, en el municipio de Zacatepec, Morelos, donde vivía su madre y una hermana. Presentaba evidencias de tortura.

Su madre lo identificó y fue ella quien lo recibió sin vida. Rogelio no tenía esposa ni hijos y una de las líneas de investigación que suscitó su crimen, según la Fiscalía General de Guerrero, fue el romance con una mujer que vivía en Zacatepec.

Rogelio Barragán fue director del portal de noticias Guerrero al Instante, en Chilpancingo, medio que confirmó su muerte. El periodista hacía sus propias entregas para la sección judicial y la policiaca. Con la partida de su principal impulsor, el sitio se mantiene en pie, pero cada vez con más firmas anónimas y con un tono de cautela en sus productos informativos.

Rogelio tenía 47 años de edad y se convirtió en el décimo periodista asesinado en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, el de la llamada cuarta transformación.

Rogelio trabajaba como periodista desde hace más de una década en la región. Colaboró con medios como Ecos de Guerrero y Agencia Informativa de Guerrero.

Tras esta muerte, que consolidó a México como el país donde se cometían más asesinatos de periodistas en el mundo, la organización internacional Reporteros sin Fronteras informó que Rogelio había decidido dejar de firmar sus artículos por motivos de seguridad, lo que hacían otros colegas del mismo medio.

Uno de los colaboradores de Guerrero al Instante dio a conocer que dos días antes de ser asesinado, el periodista solicitó ayuda al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal. Les dijo que había recibido amenazas de muerte y necesitaba salir de Chilpancingo. Lo envolvieron en trámites burocráticos. Le requirieron una solicitud de ayuda, que narrara una exposición de los hechos y que luego, se comunicarían con él para indicarle si su solicitud había sido aceptada.

Rogelio no alcanzó a conocer la respuesta.

Su asesinato integra un expediente en la Fiscalía General de Guerrero. Dos líneas de investigación disputan el protagonismo: un móvil pasional y la amenaza por su condición de periodista. La Fiscalía incluso tiene identificada a una mujer como autora material del homicidio, pero no ha logrado nada.

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Édgar Alberto Nava López

2 de agosto de 2019
Línea de trabajo: Cobertura policiaca

En el restaurante Casa Arcadia, recibió un balazo que lo mató de inmediato. Regresaba de la playa, donde hizo un recorrido con un grupo de niños, como parte de un programa de actividades para vacacionistas. Su cuerpo quedó tendido entre las mesas del sitio. Nava López administraba la página de Facebook, La Verdad de Zihuatanejo desde hacía cinco años y era el director de Actividades Comerciales Industriales y Espectáculos Públicos del ayuntamiento de Zihuatanejo.

Édgar Alberto Nava López encarnaba el binomio de funcionario público y periodista al mismo tiempo, algo que ocurre en la región sur de México con frecuencia. La precariedad es una característica de los informadores mexicanos y se agrava más en las regiones semirurales del país. La región donde reporteaba Édgar Alberto es la misma donde en 2014, desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Superior Raúl Isidro Burgos, evento que dio la vuelta al mundo porque, hasta la fecha, no ha sido esclarecido.

La Verdad de Zihuatanejo se encargaba de difundir noticias sobre el gobierno municipal, así como nota roja. Se difundía, sobre todo, a través de las redes sociales.

Su muerte fue comunicada a través de Twitter y Facebook por la organización Periodistas Desplazados y Agredidos AC. Publicó el rostro de Édgar Alberto, al lado de su credencial de periodista de Prensa.

Como funcionario, entre las labores que debía ejercer estaba la expedición de permisos para centros nocturnos.

La familia de Édgar Alberto pidió protección a través del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, pero trató de no aparecer mucho en medios después de que enterrara al periodista. El organismo pidió, tanto a las autoridades locales como nacionales, medidas cautelares, así como ofrecer toda la asistencia de ley en su calidad de víctimas “ante la incesante violencia que reina en el país, donde ser periodista es más peligroso que ser delincuente”.

Pero este hermetismo cubrió al caso de silencio, como ocurre con otras muertes de periodistas en México. La Fiscalía General de Guerrero asumió el caso. No ha presentado ni un solo avance.

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Jorge Celestino Ruiz Vázquez

2 de agosto de 2019
Línea de trabajo: Cobertura policiaca

Fue asesinado a tiros dentro de su propio hogar, en Actopan, Bocanita.

Veracruz, entidad que en los años pasados se distinguió por su violencia y la muerte de sus periodistas, perdió en 2019 a uno de sus comunicadores más antiguos. Fue el primer comunicador víctima mortal de la Administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador y que lo llevó a la Presidencia.

Trabajaba para El Gráfico de Xalapa y con su reporteo se empeñó en revelar los actos de corrupción de la Alcaldía de Actopan. Con 30 años de trayectoria y casi 60 años de edad, se desempeñó en varios medios veracruzanos. Conocía bien los problemas de su región. Sus vecinos lo recuerdan porque ayudó a parar la construcción de una granja de pollos a la que el pueblo de La Bocanita se oponía.

Su último año lo vivió entre balazos dirigidos a su carro y roturas a los cristales, según las denuncias que presentó en la Fiscalía General de Veracruz [FGV]. Tras su muerte, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, indicó en una conferencia de prensa que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se negó a brindarle protección.

Pero la SSP respondió de inmediato en un comunicado enviado a los medios. Sostuvo que le brindó vigilancia al periodista mediante recorridos alrededor de su residencia. Reveló que conoció solicitudes oficiales de parte de la Fiscalía que documentaban delitos en agravio del periodista por parte del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez. Y estableció: “Por respeto al periodista y su familia, esta será la última vez que la dependencia aborde el caso. La SSP no se prestará más a las actuaciones mediáticas de la FGE, que utiliza temas sensibles con fines políticos”.

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, escribió en su cuenta de Twitter:

“Condenamos el cobarde asesinato del corresponsal de un medio local, Jorge Ruiz. Daremos con los responsables; su asesinato no quedará impune. Desde hace horas seguimos en el operativo coordinado para lograr la captura de los culpables”.

En noviembre, la FGV detuvo a una persona dentro del proceso penal 379/2019; pero aún no se le dicta sentencia. De la autoría intelectual, nada se sabe. La familia prefiere no tomar notoriedad.

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Nevith Condés Jaramillo

24 de agosto de 2019
Líneas de trabajo: Cobertura policiaca

Su cuerpo fue hallado una mañana en la comunidad de Cerro de Cacalotepec, en el Estado de México, con al menos cien lesiones de un objeto punzocortante; cuatro de gravedad.

Condés Jaramillo se convirtió en el cuarto comunicador mexicano asesinado en agosto y el décimo en lo que iba de 2019, de acuerdo con la Organización no Gubernamental, Artículo 19. Esta muerte brindó el mensaje de que la violencia no ha cesado en México para los comunicadores mexicanos y que su pesadilla se ha prolongado hasta este punto, cuando por primera vez gobierna un hombre emanado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

Condés Jaramillo tenía 42 años de edad.

Vivía en Tejupilco, un municipio de más de 70 mil habitantes en el sur del Estado de México. Le sobrevive su mamá, María Lourdes. Estaba soltero y vivía solo.

Su labor periodística se concentraba en coberturas en la Tierra Caliente, integrada por varias comunidades de los estados de Guerrero, Michoacán y México, azotada por la violencia en los últimos años. Los temas han sido el narcotráfico y el despojo de los recursos naturales.

A través de El Observatorio del Sur -una página de Facebook que él mismo creó-, el periodista fue uno de los primeros en informar del desplome de un helicóptero en el municipio de Sultepec, tras el tiroteo que se desató por la persecución de un integrante del cartel de “La Familia Michoacana” por parte de la Policía estatal, en junio. Condés Jaramillo también escribió sobre extorsiones policiales, fallas en la prestación de servicios públicos y otras denuncias ciudadanas.

En su despedida, los habitantes de Tejupilco le rindieron un homenaje y reconocieron una cobertura brillante en temas sociales.

Cinco días después del asesinato, el Fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó que hay tres líneas de investigación sobre el homicidio del periodista mexiquense. Una es personal y la otra está relacionada con su actividad de comunicador.


Este artículo forma parte de un proyecto de investigación colaborativo entre SinEmbargo.MX y democraciaAbierta, que cuenta con el apoyo de Justice for Journalists Foundation.

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