Amnistía Internacional ha estado trabajando en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) durante casi 15 años, pero nuestra llegada relativamente tardía a este campo ha sido parte del problema para establecer a los DESC como derechos humanos “reales”. Muchas personas siguen identificando los derechos humanos con los derechos civiles y políticos sobre los que ha trabajado tradicionalmente la organización, como las prohibiciones contra la tortura, la pena de muerte o las detenciones arbitrarias.

Este problema se agravó porque cuando Amnistía adoptó los DESC como uno de sus nuevos temas de interés, lo hizo junto con muchas otras áreas de trabajo en curso, y no hubo recursos nuevos considerables disponibles. Hasta la fecha, el trabajo de Amnistía en el ámbito de los DESC se ha centrado principalmente en la exigencia de que se respeten y protejan estos derechos, sin discriminación. Sin embargo, los planes estratégicos de Amnistía a partir de 2016 tienen el objetivo de dedicar más atención a temas de distribución de recursos, particularmente a exigir el cumplimiento de los DESC. Una de las áreas se refiere a los obstáculos al acceso a los servicios esenciales, como la falta de viviendas asequibles, o la falta de acceso gratuito a los servicios de salud sexual y reproductiva vitales esenciales, incluidas la anticoncepción de emergencia y la atención médica después de una violación; también analizaremos los efectos de la privatización en los servicios públicos.

Amnesty International activists participate in a march against poverty in Madrid, Spain. Amnesty’s strategic plans for 2016 onwards aim to devote more attention to issues of resource distribution.

Hay varias vías por las que Amnistía podría contribuir de manera significativa a fortalecer su trabajo sobre el cumplimiento de los DESC y, al hacerlo, establecer un vínculo más directo con las preocupaciones de justicia social. En primer lugar, podría identificar situaciones en las que es evidente que el gobierno no ha abordado las necesidades de los grupos desfavorecidos en sus planes y en la práctica; por ejemplo, al no brindar cuidados paliativos para las personas con enfermedades que no se pueden tratar.

En segundo lugar, podría exponer cómo al distribuir los servicios no se da prioridad a las necesidades de los grupos desfavorecidos, como cuando una cantidad desproporcionada de los fondos públicos se destina a las áreas más ricas de una ciudad.

En tercer lugar, podría evaluar si un gobierno ha establecido un plan para realizar progresivamente los DESC, calcular sus costos y demostrar un análisis sobre posibles fuentes de financiación.

En cuarto lugar, Amnistía podría pedir a un gobierno que demuestre que los retrocesos en cuestión del cumplimiento de los DESC fueron algo inevitable, y que utilizó e intentó movilizar plenamente los recursos disponibles.

En quinto lugar, y relacionado con el cuarto punto, Amnistía podría cuestionar la conducta de un gobierno al examinar si ha tomado medidas razonables para hacer frente a un incumplimiento específico de derechos. Por ejemplo, ¿asignó el gobierno tierras públicas para viviendas asequibles y, donde existen, se respetan esas asignaciones?

En sexto lugar, Amnistía podría evaluar si un país ha movilizado de manera adecuada los recursos para servicios públicos mediante la comparación con sus homólogos. Por ejemplo, se podría evaluar qué porcentaje del PIB de un país se grava, y cómo se comparan los gastos per cápita en servicios públicos con los de Estados similares. Este tipo de análisis, por sí mismo, no demuestra una violación de derechos humanos. Sin embargo, podría hacer recaer en un gobierno la responsabilidad de demostrar por qué asigna menos recursos que los países similares.

Los métodos descritos anteriormente se enfocarían en cambios concretos y específicos, justificados con base en la realización de derechos específicos en vez de la ideología. Los métodos descritos anteriormente se enfocarían en cambios concretos y específicos, justificados con base en la realización de derechos específicos en vez de la ideología, y que en principio son congruentes tanto con el ala izquierda como con la derecha (o al menos la centro izquierda y la centro derecha) del espectro político.

Para realizar esta clase de trabajo, Amnistía tendrá que invertir tiempo para llevar a cabo análisis políticos y jurídicos detallados a fin de poder realizar una evaluación crítica de las reformas gubernamentales y, de manera crucial, ocupar un lugar en la mesa de formulación de políticas si se le ofrece.

Es posible que algunos grupos tradicionales de apoyo se sientan decepcionados con el enfoque de Amnistía en cuestiones de justicia social, pero esto dependerá de la medida en que el trabajo de Amnistía sobre los DESC presente argumentos sólidos con base en el derecho. Las campañas deben referirse a los términos y el análisis de derechos humanos; tenemos que ser cautelosos con el uso de la terminología política. Por ejemplo, es diferente si nos referimos a las personas cuyos derechos humanos concretos están siendo violados, en vez de a “los desposeídos”.

A la inversa, ¿puede Amnistía satisfacer a una base más amplia de activistas de justicia social? Hay dos grupos que podrían apreciar el enfoque de Amnistía en los desfavorecidos, pero que tal vez no consideren que Amnistía aborda sus inquietudes más profundas.

El primero consiste en quienes se enfocan en formas más amplias de desigualdad dentro de la sociedad y en la distribución de la riqueza. Amnistía se opondría a tales formas de desigualdad solo cuando implicaran discriminación o cuando fuera evidente que dicha desigualdad conduce a la denegación de los DESC, incluidos los casos en los que un Estado no proporciona el financiamiento adecuado para servicios públicos o asistencia social a través de los impuestos, y cuando no se están aumentando de manera progresiva los niveles de disfrute de los DESC. Por lo general, Amnistía haría una revisión crítica de las políticas gubernamentales en lugar de proponer niveles específicos de imposición de impuestos o políticas fiscales. Además, Amnistía normalmente se concentraría en los sectores más marginados de la sociedad, en vez de abordar la distribución de recursos entre las clases media y alta o cuestiones de equidad entre países.

Un segundo grupo al que puede parecerle demasiado cauteloso este enfoque está conformado por las personas que se oponen fundamentalmente a que el sector privado esté más involucrado en la vida económica. En consonancia con las normas de derechos humanos, Amnistía se opondría a la privatización de los servicios públicos solo en situaciones que no cuenten con garantías suficientes para proteger los DESC.

Las agrupaciones de derechos humanos tienden a reaccionar con más lentitud que otros grupos ante temas nuevos y emergentes, ya que necesitan desarrollar suficiente evidencia para respaldar sus aseveraciones. Sin embargo, a medida que mejoren en este tipo de labores, estarán en una mejor posición para responder a desafíos nuevos, como una medida de austeridad recién anunciada o una nueva política fiscal, con base en las evidencias de otras situaciones.

Los dos grupos mencionados anteriormente podrían descubrir que los objetivos de Amnistía coinciden con al menos parte de su agenda, y esto podría conducir a una colaboración útil e importante. Por ejemplo, los grupos que se oponen a la privatización de los servicios de agua, como el Council of Canadians (Consejo de Canadienses), han ocupado, junto con Amnistía, un lugar en la vanguardia del activismo para que se reconozca el derecho al agua, aunque Amnistía no se ha aliado con ellos en las luchas contra la privatización.

Ha llegado el momento de que Amnistía profundice su participación en cuestiones de justicia social, sobre la base de su trabajo existente. Sin embargo, el trabajo de Amnistía se ha centrado y en general se centrará en los derechos de los sectores más marginados de la sociedad, en lugar de en la distribución global de la riqueza o en la oposición al sector privado. En ese sentido, Amnistía podría resultar atractiva para algunos de los grupos que exigen justicia social, aunque no para todos.

Este ensayo representa las opiniones personales de los autores y no representa necesariamente las opiniones de todos los colegas de Amnistía.

Esta es una versión más breve de un artículo que apareció por primera vez en Can human rights bring social justice? (¿Pueden los derechos humanos conseguir la justicia social?), publicado por el proyecto de Estudios Estratégicos de Amnistía Internacional, Holanda.