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Limpieza social en El Salvador

En el país más violento del mundo, la juventud se mata entre ella, el Estado está en pie de guerra, y los asesinatos extrajudiciales siguen en aumento. Esto no puede continuar así. English

Carlos A. Rosales Ana Leonor Morales
22 January 2016
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Miembro de la Mara Salvatrucha. El Salvador. Moisen Saman/Flickr. Some rights reserved.

Dennis Martínez nunca entendió lo que sucedía, ni por qué. El joven de veinte años murió al instante tras recibir un disparo a quema ropa dentro de su humilde vivienda ubicada en la finca de café San Blas, en una zona semi-rural, a unos 20 kilómetros al sur de la capital salvadoreña. Dennis no era pandillero. Al contrario, trabajaba en la finca como tenedor de libros y servía fervorosamente en un tabernáculo bautista de la localidad. Dennis era, según su madre, “el hijo soñado de cualquier mamá.”

Según lo que periodistas investigativos han logrado recabar de fotografías de la escena del crimen, informes forenses y testimonios de testigos, incluyendo a su propia madre, Dennis recibió una bala en la parte de atrás de su cabeza, luego de que un comando policial fuertemente armado allanara la finca, poco después de la media noche del 26 de marzo de 2015. La policía había sido alertada de la presencia de un pequeño grupo de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que había buscado refugio en la finca en días previos, huyendo de las redadas policiales en sus propias comunidades.

Esa noche, la policía salvadoreña masacró a 8 jóvenes, incluyendo a Dennis y a Sonia Guerrero, una adolescente de 16 años, quien, según los periodistas que cubrieron la noticia, tampoco era marera. Sonia estaba allí porque sostenía una relación amorosa con uno de los seis mareros que fueron acribillados aquella noche. El informe forense estableció que una sola herida de bala al interior de su boca le destruyó la parte alta de la columna vertebral mientras yacía de rodillas.

La noticia de la matanza—publicada en el diario digital El Faro—puso en relieve lo que algunos observadores sostienen es ahora una práctica común en El Salvador. Varios reportajes de prensa y algunos activistas de derechos humanos aseveran que las fuerzas de seguridad pública están tomando la ley en sus manos y realizando operativos policiales con una mentalidad de “no tomar prisioneros” contra las maras cuya violencia y actos criminales han puesto de rodillas a ese nación centroamericana.

El recrudecimiento de la violencia: jóvenes matando jóvenes

La violencia en El Salvador alcanzó niveles sin precedentes en el 2015. Los 481 asesinatos reportados en marzo—cuando ocurrió la masacre de San Blas—marcó un nivel de derramamiento de sangre no visto desde el final de los 12 años del conflicto armado que enlutó a aquel país (1980-1992). Empero, la tenebrosa cifra de marzo fue posteriormente—e increíblemente—sobrepasada  en mayo (622), en junio (677) y en agosto (907). Según los datos disponibles de fin de año, 6,670 personas murieron violentamente en El Salvador durante el año pasado, un incremento de casi el 70% respecto al año anterior.

Estos niveles de barbarie han convertido a El Salvador en el país más violento del mundo.  Su tasa de homicidio actual de 103 muertos por cada 100,000 habitantes—según cifras recabadas por InSight Crime—ha superado la del vecino Honduras que hasta hace poco ostentaba tan tétrica distinción. Según el gobierno, el alto número de muertes violentas se debe al incremento en los enfrentamientos entre maras rivales, MS-13 y Barrio 18 (M-18), así como entre éstas y las fuerzas de seguridad públicas. Se estima que en El Salvador hay alrededor de 70 mil mareros.

Mientras el Estado confronta las maras, los agentes policiales se han convertido en blancos directos en este ciclo demencial de violencia. Después de que el gobierno anunciara una ofensiva contra las maras a principios de 2015, los líderes de las mismas replicaron amenazando a miembros de la corporación policial y de las fuerzas armadas, quienes, por ley, juegan un rol de apoyo en tareas policiales. Durante 2015, 59 agentes de la policía fueron asesinados, lo que representa un incremento del 55% comparado con 2014. De igual forma, 16 soldados también fueron asesinados en 2015 en ataques perpetrados por las maras.

Con el objetivo de intensificar su lucha contra las maras, el gobierno también flexibilizó las normas de enfrentamiento (rules of engagement) para la policía y el ejército facilitándoles así utilizar su armamento de manera más libre para “defenderse” de las maras. Esto desencadenó una guerra total por medio de la cual, jóvenes salvadoreños—tanto policías y soldados, por un lado, como pandilleros, por el otro—se matan diariamente entre sí. En los primeros siete meses del 2015, el país fue escenario de 150 enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad pública y las maras que resultaron en la muerte de numerosos presuntos pandilleros.

La cobertura mediática y la información de fin de año divulgada por gobierno también revelan un incremento en “homicidios múltiples” que se definen como casos en los que hay dos o más víctimas mortales. Entre el 2012 y 2014, el país fue escenario de 94 masacres reportadas. Solo en el 2015, hubo 106 homicidios múltiples—como la masacre de San Blas—que resultaron en alrededor de 400 víctimas mortales. 

Varias declaraciones a los medios por parte de testigos insisten en que en muchos casos, grupos de hombres fuertemente armados y vestidos de oscuro, como se visten los policías, llevando mazos entraron a la fuerza a las casas sacando a sus víctimas para matarles en la calle o dentro de sus mismas viviendas. Voceros del gobierno han negado realizar, promover o aplaudir este tipo de prácticas.

La evidencia anecdótica sugiere que la ciudadanía apoya esta aparente campaña del gobierno de exterminio de miembros de maras. Los medios de comunicación tradicionales dan cuenta con entusiasmo de las cifras diarias de pandilleros que han sido “eliminados” por la fuerza pública aunque muchos de los incidentes reportados en las noticias den indicios de que se ha tratado de violencia indiscriminada por parte de la policía o por grupos armados paralelos.

El Salvador después de la tregua

El agravamiento de la violencia en El Salvador vino después del derrumbe de una tregua negociada entre maras rivales en el 2012. Dicho pacto produjo una baja dramática en la tasa de homicidios de un 40%. La tregua, que fue también facilitada de manera secreta por actores gubernamentales, duró alrededor de dos años. La misma sin embargo se convirtió en un enconado tema de campaña durante la reñida contienda presidencial de 2014. A medida que la tregua se desmoronaba, el número de víctimas violentas comenzaba a crecer de nuevo.

Los líderes de las pandillas y los promotores de la tregua le han exigido al gobierno actual reactivar la tregua de 2012 y revertir las leyes anti-pandillas y demás medidas de seguridad. Por ello, la violencia generada por las maras—incluyendo la campaña de asesinato de policías y otros actores del Estado—es vista como parte de un esfuerzo para presionar al gobierno a entablar una nueva negociación. De igual forma, un boicot de cuatro días al transporte público ordenado por las maras a finales de julio de 2015 que paralizó al país entero demostró la capacidad operacional y la autoridad de las pandillas.

Sin embargo, hasta ahora, el gobierno se ha negado a participar en algún tipo de negociación argumentando que una nueva tregua, aparte de ser políticamente impopular, requeriría que el gobierno aceptara demandas excesivas por parte de las pandillas. En efecto, varios analistas sostienen que la tregua de 2012 incluyó demasiadas concesiones por parte del gobierno, incluyendo un reconocimiento tácito de la autoridad territorial de las pandillas sobre algunos de los municipios donde operan. Como tal, cuando la tregua empezó a colapsar, las maras comenzaron a demostrar que eran más grandes, más fuertes, con mayor presencia territorial y más violentas.

De allí que la política del gobierno a la fecha se ha limitado simplemente a desplegar más policías y personal del ejército en áreas con fuerte presencia de las pandillas. Esto ha sido acompañado a la vez por un proceso que ha buscado eliminar obstáculos legales facilitando así que las fuerzas de seguridad puedan hacerle frente a las pandillas con mayor libertad.

El Estado en estado de guerra

A pesar de las altas expectativas de que el gobierno actual—que tomó posesión en junio de 2014, tras un muy disputado proceso electoral—sería capaz de actuar de manera más efectiva contra el crimen y la violencia, la percepción pública apunta a una enorme decepción ciudadana por la evidente falta de ideas y estrategias de cómo hacer frente a la crisis. A través de las redes sociales, la población expresa su frustración ante la ineptitud de gobiernos consecutivos en la lucha contra los criminales. Además, los sondeos de opinión continúan señalando a la inseguridad como el desafío más apremiante que enfrenta el país.

A partir de esfuerzos aparentemente coordinados, en agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que las maras y aquellos vinculados a ellas serían calificados como “terroristas.” La sentencia de la corte anula varias demandas de inconstitucionalidad que habían sido presentadas contra la Asamblea Legislativa luego que los parlamentarios aprobaran leyes en el mismo sentido en 2006. Poco después, el ministerio público emitió 300 órdenes de detención contra mareros acusados de “actos terroristas.”

Con esa decisión, la corte además allanó el camino para que el sistema de justicia actúe contra la MS-13, la M-18 y sobre otras pandillas que intenten usurparle al Estado poderes que le competen únicamente a éste. Ese nuevo estatus de las maras como grupos terroristas le permite al gobierno combatir a las pandillas de una manera más eficiente y con mejores herramientas legales.

La CSJ—que define el terrorismo como una violencia organizada y sistemática—también dio al congreso seis meses para adecuar el código penal a fin de prolongar a 60 años de prisión las sentencias para aquellos condenados de cometer actos terroristas. Por su parte, la Asamblea Legislativa también agilizó la aprobación de leyes que extienden los años de prisión a pandilleros culpables de asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad.

En diciembre de 2015, el Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), David Morales, presentó los resultados de un estudio sobre abusos presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad del Estado apuntalando un aumento en arbitrariedades cometidas por la policía. El estudio revela que entre junio de 2014 y mayo de 2015, la PDDH recibió 2,202 denuncias de violaciones a los derechos humanos. De ellas, 92% fueron contra la policía, el ejército, y otras instituciones del Estado responsables de combatir el crimen.

La mayoría de las denuncias se refieren a maltratos, intimidación y a detenciones, registros y arrestos arbitrarios. Morales también destacó que algunas de las presuntas faltas fueron más graves, incluyendo “casos de muertes arbitrarias, situaciones que pueden ser consideradas como tortura y…posibles ejecuciones extra-judiciales en escenarios de enfrentamientos armados entre policías y [presuntos] criminales.”

Morales también había declarado en el 2014 que investigadores de la PDDH habían identificado al menos 10 casos de homicidios con fuertes indicios de operativos perpetrados por escuadrones de la muerte. En cada caso, las víctimas habían sido miembros de pandillas y los victimarios iban vestidos con ropa negra y portaban rifles de asalto.

Limpieza Social y muertes extrajudiciales

Desde 2014, activistas de derechos humanos han denunciado que escuadrones de la muerte con posibles vínculos con la policía han estado implementando una campaña de “limpieza social” en contra de pandillas y presuntos miembros de maras. Estas denuncias sugieren que las fuerzas de seguridad podrían haber retomado una práctica lamentable del pasado del país para lidiar con la agitación política.

Esta nación Centroamericana tiene una larga y amarga historia relacionada con escuadrones de la muerte. Durante el conflicto armado interno, el país desarrolló una reputación notoria de muertes extra-judiciales, torturas, desapariciones y escuadrones de la muerte paramilitares que asesinaron decenas de miles de personas.

Después de la guerra, surgió una nueva generación de escuadrones de la muerte que puso en la mira a pandillas, políticos, defensores de los derechos humanos y funcionarios judiciales.  El más famoso de estos escuadrones de la muerte fue Sombra Negra que estuvo activa desde principios a mediados de los 90, pero que ha resurgido esporádicamente en la última década. En 2014, los medios de comunicación reportaron la aparición de grafiti de la Sombra Negra en varias comunidades, así como también la apertura de una página web anti-maras de la Sombra Negra (Escuadrón Alpha SN) y una cuenta de Facebook con casi 14 mil seguidores.

Del mismo modo, una cuenta de Facebook llamada Héroe Azul El Salvador (haciendo referencia a los uniformes azules de la PNC), creada aparentemente por la policía y/o simpatizantes de la policía, constantemente actualiza y celebra la “eliminación” de pandilleros. El sitio, que cuenta con 185 mil seguidores, a su vez sube sangrientas fotografías de los cuerpos sin vida de presuntos miembros de pandillas que muestran claramente heridas de bala en la cabeza o en la espalda.

¿Una luz al final del túnel?

La evidente ineptitud del Estado para lidiar con el fenómeno criminal en El Salvador ha obligado al gobierno a recurrir a medidas extra-legales para enfrentar los serios desafíos en seguridad ciudadana. En un intento desesperado por mostrar resultados a una población frustrada, hay evidencias muy claras y bien documentadas de que el Estado y otros actores sociales están realizado campañas de limpieza social y cometiendo terribles violaciones de derechos humanos que están acabando con la vida de muchos jóvenes inocentes.

Además del incremento de la violencia, los medios de comunicación han reportado que el ejército se ha visto forzado a separar de sus filas a un alto número de soldados sospechosos de afiliación a pandillas. Esto parece estar sucediendo dado el creciente rol del ejército en tareas policiales. Pero este es también un proceso que ya afectó a la corporación policial que ya ha hecho depuraciones periódicas de presuntos pandilleros que han infiltrado la institución.

Un estudio reciente del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Georgetown examina la reciente evolución de las pandillas en El Salvador. El estudio analiza si las pandillas han podido transformarse en organizaciones más complejas, capaces de articular una voz política, mantener un alcance internacional y confrontar efectivamente al Estado.

El informe concluye que tras el derrumbe de la tregua las pandillas no han logrado alcanzar un proceso de “maduración colectiva” que los convirtiera en actores más sofisticados. Sin embargo, el hecho sigue siendo que estas empresas criminales han mostrado enorme una resiliencia y una gran habilidad para ejercer presión al Estado y producir niveles alarmantes de violencia en la sociedad.

La actual situación en El Salvador (y en otros países de Centroamérica) simplemente no puede continuar así. Más y mejores esfuerzos deben llevarse a cabo para cambiar de forma dramática las condiciones actuales. De la misma manera, se necesitan más recursos disponibles para concebir e implementar políticas públicas que funcionen y que incluyan fuertes componentes de prevención de la violencia y de fortalecimiento y aplicación de la ley.

Tanto el Estado salvadoreño como la comunidad internacional deben trabajar de forma coordinada para reunir los recursos y el expertise técnico necesarios para comenzar a poner un alto a la situación actual. En particular, Estados Unidos tiene lo que Guillermo Céspedes—ex Vice Alcalde de Los Ángeles—llamó una “deuda moral,” ya que ambas pandillas, la MS-13 y la M-18, se originaron en dicho país; además del rol que EEUU jugó agravando la inseguridad en el istmo al deportar miles de criminales peligrosos durante los años 90 que exportaron a la región la cultura de pandillas prevaleciente en El Salvador de hoy.

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