México se enfrenta a una crisis de derechos humanos grave. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, entre otras violaciones, se producen en un contexto de impunidad prácticamente absoluta. En un periodo de cuatro años, las fiscalías lograron apenas 35 condenas a nivel nacional en un universo de más de 82 mil investigaciones por desaparición forzada en México. Es decir, una tasa de condenas del 0,04%. Cada día, en promedio, se descubren en México dos fosas comunes repletas de cadáveres sin identificar.

Así mismo, los niveles de violencia reportados en las ejecuciones son asombrosos: durante los primeros cuatro meses de 2021, fueron asesinadas en promedio 97 personas diariamente. Aunque los datos disponibles no distinguen los homicidios de las ejecuciones extrajudiciales, la investigación académica ha identificado sistemáticamente un “índice de letalidad” inusualmente alto asociado a las acciones de las fuerzas armadas en México. Además, la práctica sistemática de tortura, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y abusos contra los defensores de derechos humanos en México continúan en niveles preocupantes; muchos de ellos van en aumento. A pesar de la gravedad de la crisis de derechos humanos en México, los niveles de impunidad alcanzan el 99%.

Sostenemos que la impunidad no puede explicarse únicamente por la falta de capacidad o las limitaciones presupuestarias. En un informe publicado hace poco, a través de la documentación y el análisis detallado de once casos ejemplares de violaciones brutales a derechos entre 2008 y 2019 en seis estados de México, identificamos mecanismos de impunidad activa para demostrar que la impunidad en casos de violaciones graves resulta de intereses estructurales que manipulan la aplicación de la ley. En otras palabras, la impunidad en estos casos no es accidental, aleatoria o involuntaria. Por el contrario, la impunidad es el resultado de una cadena de acciones realizadas con el propósito expreso de socavar las investigaciones.

Entre estos mecanismos de impunidad activa se encuentran: i) la alteración de la escena del crimen y la adición de pruebas falsas; ii) la negativa oficial a aceptar las denuncias de las víctimas o a iniciar investigaciones; iii) la intimidación y las amenazas a las víctimas; iv) las amenazas a los familiares de los testigos, incluso mediante la presentación de cargos falsos contra ellos o las propias víctimas; y v) la negativa a investigar en los casos en los que están implicadas las fuerzas armadas o las figuras narcopolíticas.

Algunos ejemplos ayudan a ilustrar la dinámica de la impunidad activa. En los asesinatos de 42 civiles en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, las autoridades alteraron la escena del crimen y fabricaron pruebas para apoyar la falsa narrativa de que las fuerzas militares habían actuado en defensa propia. Tres mujeres que presenciaron la masacre fueron torturadas y amenazadas con violencia sexual si se negaban a retractarse de sus declaraciones. Se emplearon deliberadamente mecanismos similares de impunidad activa para alterar la escena del crimen o intimidar a los testigos en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, y en el asesinato de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua.

Los casos documentados en el informe llevan a la misma conclusión: la impunidad en México no se explica sólo por la falta de capacidad del Estado, sino que es el resultado de una compleja estructura de intereses que trabajan activamente para sostener esta impunidad.

Para abordar esta cuestión, y en reconocimiento del alto nivel de las autoridades que se han beneficiado de esta estructura corrupta de intereses, nosotros —como otros expertos y activistas que nos anteceden— proponemos la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en México. Experiencias similares en la región, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) en México, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES) en El Salvador, presentan modelos útiles, con elementos positivos y negativos, para la creación e implementación de una comisión internacional

Para que una comisión internacional funcione con éxito, debe haber i) una fase de negociación sólida con un importante apoyo social y político interno; ii) un tratado internacional de creación del organismo, que requiera la aprobación del Congreso; iii) mecanismos que garanticen la independencia y autonomía de la comisión; iv) un esquema de financiación internacional que no dependa de las instituciones nacionales; v) un procedimiento de selección que priorice la capacidad técnica, la independencia y la experiencia de sus miembros y vi) que se le otorgue a la comisión las facultades necesarias para cumplir con su mandato, incluida la capacidad de recomendar cambios legislativos para fortalecer la justicia, iniciar procedimientos penales o facilitar asistencia técnica a la fiscalía, y la capacidad de alcanzar acuerdos complementarios con las autoridades domésticas.

Al diseñar y recomendar reformas jurídicas e institucionales, iniciar procedimientos penales por iniciativa propia y prestar apoyo técnico a las autoridades nacionales, una Comisión Internacional contra la Impunidad haría avanzar la justicia en casos concretos. Y lo que es más importante, dicha comisión promovería un cambio más amplio al desestabilizar los intereses criminales arraigados, lo cual ejercería así una presión indirecta sobre el sistema de justicia ordinario de México. Esto, a su vez, serviría para erosionar el complejo conjunto de prácticas e intereses que apoyan la impunidad activa.

Para empezar a abordar la crisis de derechos humanos que afronta México, debemos aceptar la impunidad. Es activa, no pasiva. Podría ser útil tener más investigadores, más fiscales y más jueces, pero esto no permitirá que México rompiera el ciclo mortal de la impunidad. La ausencia de responsabilidad penal individual y del correspondiente castigo para los autores poderosos establece y refuerza un contexto institucional en el que el crimen y las violaciones de los derechos humanos se reproducen con una resistencia mínima, lo que prácticamente garantiza su reproducción sistemática.

A pesar de los obstáculos políticos inevitables, vale la pena luchar por una comisión internacional. Puede que sea la única alternativa viable para romper el ciclo de impunidad apoyado y alimentado por los agentes del Estado a todos los niveles en México.

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Este artículo apareció previamente en OpenGlobalRights. Lea el original aquí