México se enfrenta a una crisis de derechos humanos grave. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, entre otras violaciones, se producen en un contexto de impunidad prácticamente absoluta. En un periodo de cuatro años, las fiscalías lograron apenas 35 condenas a nivel nacional en un universo de más de 82 mil investigaciones por desaparición forzada en México. Es decir, una tasa de condenas del 0,04%. Cada día, en promedio, se descubren en México dos fosas comunes repletas de cadáveres sin identificar.
Así mismo, los niveles de violencia reportados en las ejecuciones son asombrosos: durante los primeros cuatro meses de 2021, fueron asesinadas en promedio 97 personas diariamente. Aunque los datos disponibles no distinguen los homicidios de las ejecuciones extrajudiciales, la investigación académica ha identificado sistemáticamente un “índice de letalidad” inusualmente alto asociado a las acciones de las fuerzas armadas en México. Además, la práctica sistemática de tortura, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y abusos contra los defensores de derechos humanos en México continúan en niveles preocupantes; muchos de ellos van en aumento. A pesar de la gravedad de la crisis de derechos humanos en México, los niveles de impunidad alcanzan el 99%.
Sostenemos que la impunidad no puede explicarse únicamente por la falta de capacidad o las limitaciones presupuestarias. En un informe publicado hace poco, a través de la documentación y el análisis detallado de once casos ejemplares de violaciones brutales a derechos entre 2008 y 2019 en seis estados de México, identificamos mecanismos de impunidad activa para demostrar que la impunidad en casos de violaciones graves resulta de intereses estructurales que manipulan la aplicación de la ley. En otras palabras, la impunidad en estos casos no es accidental, aleatoria o involuntaria. Por el contrario, la impunidad es el resultado de una cadena de acciones realizadas con el propósito expreso de socavar las investigaciones.
