México se enfrenta a una crisis de derechos humanos grave. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, entre otras violaciones, se producen en un contexto de impunidad prácticamente absoluta. En un periodo de cuatro años, las fiscalías lograron apenas 35 condenas a nivel nacional en un universo de más de 82 mil investigaciones por desaparición forzada en México. Es decir, una tasa de condenas del 0,04%. Cada día, en promedio, se descubren en México dos fosas comunes repletas de cadáveres sin identificar.
Así mismo, los niveles de violencia reportados en las ejecuciones son asombrosos: durante los primeros cuatro meses de 2021, fueron asesinadas en promedio 97 personas diariamente. Aunque los datos disponibles no distinguen los homicidios de las ejecuciones extrajudiciales, la investigación académica ha identificado sistemáticamente un “índice de letalidad” inusualmente alto asociado a las acciones de las fuerzas armadas en México. Además, la práctica sistemática de tortura, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios y abusos contra los defensores de derechos humanos en México continúan en niveles preocupantes; muchos de ellos van en aumento. A pesar de la gravedad de la crisis de derechos humanos en México, los niveles de impunidad alcanzan el 99%.
Sostenemos que la impunidad no puede explicarse únicamente por la falta de capacidad o las limitaciones presupuestarias. En un informe publicado hace poco, a través de la documentación y el análisis detallado de once casos ejemplares de violaciones brutales a derechos entre 2008 y 2019 en seis estados de México, identificamos mecanismos de impunidad activa para demostrar que la impunidad en casos de violaciones graves resulta de intereses estructurales que manipulan la aplicación de la ley. En otras palabras, la impunidad en estos casos no es accidental, aleatoria o involuntaria. Por el contrario, la impunidad es el resultado de una cadena de acciones realizadas con el propósito expreso de socavar las investigaciones.
Entre estos mecanismos de impunidad activa se encuentran: i) la alteración de la escena del crimen y la adición de pruebas falsas; ii) la negativa oficial a aceptar las denuncias de las víctimas o a iniciar investigaciones; iii) la intimidación y las amenazas a las víctimas; iv) las amenazas a los familiares de los testigos, incluso mediante la presentación de cargos falsos contra ellos o las propias víctimas; y v) la negativa a investigar en los casos en los que están implicadas las fuerzas armadas o las figuras narcopolíticas.
Algunos ejemplos ayudan a ilustrar la dinámica de la impunidad activa. En los asesinatos de 42 civiles en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, las autoridades alteraron la escena del crimen y fabricaron pruebas para apoyar la falsa narrativa de que las fuerzas militares habían actuado en defensa propia. Tres mujeres que presenciaron la masacre fueron torturadas y amenazadas con violencia sexual si se negaban a retractarse de sus declaraciones. Se emplearon deliberadamente mecanismos similares de impunidad activa para alterar la escena del crimen o intimidar a los testigos en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, y en el asesinato de la periodista Miroslava Breach en Chihuahua.
Los casos documentados en el informe llevan a la misma conclusión: la impunidad en México no se explica sólo por la falta de capacidad del Estado, sino que es el resultado de una compleja estructura de intereses que trabajan activamente para sostener esta impunidad.
Comentarios
Animamos a todo el mundo a que haga comentarios, Por favor, consulte las intrucciones de openDemocracy para comentarios