Oración de un grupo de evangélicos en Guatemala, en el 2014. Foto: Flickr/amslerPIX. CC BY-NC 2.0. Some rights reserved.

La primera propuesta legislativa de los grupos evangelistas en Guatemala puede legalizar la homofobia, amenazar con cárcel a las mujeres que han tenido abortos naturales y permitir la persecución criminal a los activistas por el derecho al aborto.

El Proyecto 5272, presentado para “proteger la vida y la familia”, “es la primera propuesta esbozada por las Iglesias evangélicas de Guatemala” declaró su redactor, Elvis Molina, un abogado y pastor de la Iglesia Cristiana Visión de Fe.

Fue introducida en el Congreso el año pasado como iniciativa popular con el apoyo de 30.000 firmas y fue inmediatamente respaldada por 22 legisladores, encabezados por Aníbal Rojas, miembro del partido evangelista VIVA (Visión con Valores).

El proyecto de ley fue entonces aprobado por un comité constitucional en el Congreso y ratificado en dos de las sesiones de la cámara legislativa. Está ahora a un solo voto del plenario de entrar en la legislación oficial.

“El Congreso tiene otros compromisos más apremiantes… como el de aprobar la ley de los presupuestos para 2019”, declaró Rojas a 50.50 el pasado otoño. Pero ahora parece que el proyecto podría someterse a votación el mes que viene. Rojas afirmó que se incluiría en enero en la agenda de la Cámara.

Sin embargo, la legisladora Sandra Morán celebró la postergación de la votación final como una victoria. La feminista y activista describe el proyecto de ley como una amenaza a los movimientos progresistas y a su propio programa legislativo.

“Hemos estado luchando por convencer a los legisladores de que esta es una ley perversa de terribles consecuencias para las mujeres, las niñas y la comunidad LGTBI” explicó Morán a 50.50.

Morán, primera mujer feminista y abiertamente lesbiana en ganar un escaño en el Congreso, anunció en 2017 los planes para legislar los crímenes de odio, la identidad sexual, las uniones civiles entre personas del mismo sexo y los derechos al aborto de las niñas y adolescentes que hayan sido violadas.

Fue entonces, declaró Morán, cuando los grupos evangelistas “se apresuraron a introducir el [proyecto] 5272, organizaron un enorme grupo de presión público y me llevaron ante los tribunales”.

Presentaron tres casos legales contra ella, en los que la acusaban de promover los abortos para las niñas de nueve a catorce años de edad. Dos de esos casos fueron rechazados por el Tribunal Supremo el año pasado. Uno continúa abierto.

Morán afirmó que “hubo un movimiento nacional” contra su programa progresista. Molina, el diseñador de la propuesta conservadora de “vida y familia”, cuenta una historia similar.

“Nos anticipamos a las iniciativas de Morán, organizamos dos mítines y todo tipo de actividades sociales y políticas antes de presentar nuestro proyecto de ley”, afirmó, el cual “protegerá nuestro país así como la fe cristiana que profesa el 90 % de nuestra gente”.

Los evangelistas en Guatemala apuntan contra la “ideología de género” : contra los activistas por los derechos de las mujeres y los movimientos LGTBI, los cuales, dicen, amenazan la “familia tradicional".

Con su proyecto, los evangelistas en Guatemala apuntan contra lo que los religiosos conservadores llaman internacionalmente “ideología de género” (los activistas por los derechos de las mujeres y los movimientos LGTBI, los cuales, dicen, amenazan la “familia tradicional”).

“Promueven esa idea de que la sexualidad de las personas y la familia tradicional son construcciones sociales obsoletas”, dijo Molina, y describió la idea como “una tendencia filosófica posmoderna que pretende invadir nuestro país y modificar los valores fundamentales de nuestra cultura”.

El proyecto de ley de los evangelistas establecería penas de dos a cuatro años de prisión para las mujeres declaradas culpables de lo que el proyecto denomina “aborto culposo” (cuando se produce un aborto natural por negligencia o comportamiento imprudente, a manos de un médico o de una tercera persona).

Bajo esta disposición, cualquier mujer que haya tenido un aborto natural puede ser obligada “a demostrar en los tribunales que no se ha debido a una negligencia”, advirtió Aprofam, prestador sin ánimo de lucro de servicios de salud sexual y reproductiva.

Molina explicó a 50.50 que los abortos naturales no serían criminalizados pero que “los abortos culposos [a día de hoy] quedan sin castigo”, de manera que el proyecto de ley permitiría “al menos investigarlos”.

El Proyecto 5272 también endurece las penas existentes sobre el aborto, con sentencias de cinco a diez años de prisión, e introduce más obstáculos a la terminación legal del embarazo.

En la actualidad el aborto en Guatemala es legal solo cuando la vida de la mujer está en riesgo, pero las estimaciones no oficiales sugieren que en el país se dan 65.000 abortos al año.

Los activistas que pongan en cuestión este régimen prohibicionista podrían también recibir sentencias de seis a diez años de prisión y multas bajo la nueva ofensa de “promover el aborto”.

El borrador de ley también prohíbe explícitamente las uniones de hecho (que actualmente no están reconocidas ante los tribunales en Guatemala) y los matrimonios entre personas del mismo sexo, y en efecto legaliza la homofobia al estipular que “ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género”.

El derecho de los individuos a la libertad de conciencia, dice el proyecto, conlleva que no deben “estar obligados a aceptar como normales las conductas y las prácticas no heterosexuales”.

Esta disposición “simplemente protege nuestro derecho a la objeción de conciencia… pues la ideología de género pretende etiquetar como discriminatoria cualquier manifestación que la refute”, dice Molina, quien da ejemplo predicando en la iglesia contra la homosexualidad.

El borrador de ley va más allá y prohíbe a las entidades educativas, tanto públicas como privadas, “promover políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género” (lo que incluye “el enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o incompatibles con las características genéticas y biológicas del ser humano”).

Si se llega a aprobar, esta legislación requerirá también que el Gobierno de la nación y sus representantes diplomáticos sigan sus directrices como la posición oficial de Guatemala en estos asuntos ante la ONU y las demás organizaciones internacionales.

“Estamos evitando que Guatemala se implique en ningún acuerdo sobre identidad sexual” declaró Molina en referencia a los acuerdos tratados en la Organización de los Estados Americanos, que se ocupa de toda forma de discriminación e intolerancia.

Molina quiere que esta ley evite que el país entre a negociar cualquier tipo de acuerdo que, una vez en vigor, Guatemala deba acatar.

El Proyecto 5272 es el primer borrador de ley ideado por el Movimiento Evangélico Nacional de Acción Pastoral (Menap).

Esta coalición incluye a pastores de 33 organizaciones, cada una representando a decenas o cientos de Iglesias a lo largo de Guatemala. Uno de los miembros, la Iglesia del Príncipe de la Paz, representa a más de 1.400 congregaciones.

Menap es una organización que ofrece apoyo legal a Iglesias y pastores. Litiga ante los tribunales en casos de impuestos, asuntos civiles, municipales, criminales y de medioambiente. También defiende a los pastores en dificultades legales y aboga por los intereses de la Alianza Evangélica de Guatemala.

Molina explicó a 50.50 que Menap está fundada por sus miembros. La coalición tiene también lazos con grupos internacionales, incluyendo la Christian and Missionary Alliance (Alianza Cristiana y Misionera) fundada en Estados Unidos y ahora con sede en Brasil.

El presidente de Menap, Marco Antonio Rodríguez, ejerce también de representante de la Christian and Missionary Alliance en Guatemala.

Rodríguez declaró que Menap tiene el “apoyo absoluto” de la alianza, incluyendo entre otras cosas “el edificio para sus oficinas, mobiliario y equipos, secretario, conserje y cocinero, el pago de la electricidad, el agua y los servicios de telefonía, la comida, etcétera”.

Morán, la legisladora y activista, introdujo en 2016 una propuesta de ley para proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual, el abuso y la explotación, con medidas que incluían el derecho al aborto en los casos de violación.

19 personas de la comunidad LGTBI fueron asesinadas en los seis meses que van de mayo a noviembre de 2018, incluyendo ocho mujeres transexuales.

En los seis primeros meses del 2018 más de 50.000 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años quedaron embarazadas, 6.000 de ellas tenían entre 10 y 15 años, según un informe de el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR).

OSAR advierte que cada año miles de mujeres jóvenes y niñas son violadas y no reciben atención médica urgente para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. De hecho sucede más bien lo opuesto, se ven a menudo “obligadas a dar a luz” y frecuentemente son dadas en matrimonio a sus violadores.

Molina admitió que “si una niña es violada, eso es un crimen”. Pero, continuó, “no podemos resolver un crimen con otro crimen”, refiriéndose al aborto.

Morán, cuyo programa progresista quedó destruido tras las exitosas campañas contrapuestas por los evangelistas, advirtió que no va a ser difícil que el borrador de la propuesta de ley de estos consiga los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso.

“Es una amenaza”, dijo a 50.50. Aunque la ley, si es aprobada, pueda ser cuestionada por el Tribunal Constitucional, Morán la describió como una “terrible” evidencia de cómo “el pensamiento religioso está cada vez más encastrado en las instituciones públicas”.

“Creímos que la propuesta estaba tan mal hecha que no podía ser aprobada, pero ahora estamos cada vez más preocupados”, añadió Carlos Romero Prieto, secretario ejecutivo de la Red Nacional de la Diversidad Sexual y VIH (REDNADS).

"La ley afectaría a nuestra organización y legitimaría la intolerancia”, advirtió, en un país en el que la violencia forma ya parte de las vidas de muchas personas de la comunidad LGTBI.

Según REDNADS, 19 personas de la comunidad LGTBI fueron asesinadas en los seis meses que van de mayo a noviembre de este año, incluyendo ocho mujeres transexuales.

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Traducción de Gala Sicart-Olavide, miembro del Programa de Voluntariado de democraciaAbierta