El 23 de julio, la fiscal general Consuelo Porras destituyó a Sandoval de su cargo como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), unidad de investigaciones conformada con ayuda internacional y que dirigió las investigaciones por corrupción más sonadas del país. Sandoval salió del país después de la noticia.

En un comunicado dado a conocer por el Ministerio Público, Porras adujo "humillaciones" y "falta de confianza en la relación" como los motivos para la destitución de Sandoval, pero no ofreció mayores detalles.

La reacción no se hizo esperar. El 24 de julio, cientos de manifestantes salieron a las calles en todo el país a demostrar su indignación por la decisión. En la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala y frente al edificio del Ministerio Público, la multitud exhibió pancartas en las que exigían la renuncia de Porras y del presidente Alejandro Giammattei.

También la comunidad internacional manifestó prontamente su preocupación por la destitución. En Estados Unidos, el secretario de estado Antony Blinken escribió en Twitter que: "Apoyamos al pueblo de Guatemala y al fiscal Juan Francisco Sandoval".

Washington había enviado un gran número de señales veladas y directas de su respaldo a Sandoval. En febrero pasado, por ejemplo, Sandoval fue designado Campeón de la Lucha contra la Corrupción por el gobierno de Estados Unidos.

Eso no importó. Según documentos oficiales citados en el Periódico, Sandoval fue destituido por oponerse a la decisión tomada por Porras unos días antes de trasladar un fiscal de la FECI a otra división y poner en su reemplazo a un fiscal acusado de obstrucción de la justicia.

Sandoval no salió inadvertidamente. Poco antes de su despido, ofreció una explosiva conferencia de prensa frente a una sala repleta de periodistas, donde calificó su despido de "ilegal" y acusó a la fiscal general Porras de obstruir las investigaciones de la FECI en múltiples oportunidades.

Esto incluyó una solicitud de los fiscales de la FECI de poner en custodia a la excandidata presidencial y primera dama, Sandra Torres, quien era investigada por presunta financiación electoral ilícita. Porras respondió a los fiscales que estaban "exagerando", según relató Sandoval.

El fiscal también señaló que Porras también intentó obstruir las investigaciones sobre el intento de las mafias políticas de llenar las cortes en Guatemala al ordenar a los fiscales que se abstuvieran de investigar a ciertos personajes, como Néster Vásquez, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad vinculado a las mafias judiciales.

"En este Ministerio Público, lo que no les conviene [a los actores corruptos] se dilata, y lo que les conviene se agiliza", señaló.

Antes de su destitución, Sandoval también había enfrentado numerosas impugnaciones dirigidas a obstruir su labor. Muchas de ellas aprobadas por Porras. En junio, la FECI enfrentó una impugnación que buscaba declarar inconstitucional su mandato.

El reemplazo de Sandoval como jefe de la FECI será Carla Isidra Valenzuela Elías, una experimentada fiscal especializada en técnicas de investigación y confidente de Porras por largo tiempo.

Quizás lo más sorprendente de la destitución de Sandoval es que tardara tanto. En una entrevista con InSight Crime en junio de 2020, Sandoval prácticamente predijo su remoción.

"Hay un ataque sistemático a quienes luchamos contra la impunidad. Ataques al procurador, a esta fiscalía y a los jueces", comentó y añadió que "los mecanismos de Estado para asegurar la impunidad no han hecho más que refinarse".

Rostro visible de la campaña contra la corrupción de alto nivel en Guatemala, Sandoval fue por largo tiempo blanco de los grupos que buscaban hacer fracasar las iniciativas anticorrupción. Su remoción coincide con el acercamiento que parecían estar logrando los investigadores de la FECI a la corrupción en la actual administración del presidente Alejandro Giammattei.

"En los últimos meses, la FECI comenzó a investigar hechos que los hicieron sentir muy incómodos", denunció Sandoval en la conferencia del 23 de julio, y añadió que la decisión de cesarlo fue "algo que se había planeado hacía meses".

Específicamente, se refirió a la resistencia de Porras cuando la FECI mantuvo las investigaciones por posibles nexos entre un decomiso de millones de dólares en efectivo y el exsecretario privado del presidente Giammattei, Giorgio Bruni. Sandoval relató que mantuvo a Porras al margen de algunas partes de esta investigación por temor a que bloqueara los operativos de la FECI.

Según Sandoval, la FECI también detectó encuentros entre el actual presidente Giammattei y ciudadanos rusos —una acusación muy oportuna a la luz de un contrato muy polémico logrado por el gobierno guatemalteco para adquirir vacunas Sputnik, el cual motivó acusaciones de corrupción.

Cualquier investigación, vinculada al presidente Giammattei, quien en junio tildó de sesgado el trabajo de Sandoval, debía ser aprobado por Porras, denunció Sandoval.

El exjefe de la FECI también explicó cómo un reconocido operador político implicado en una variedad de casos de corrupción, Gustavo Alejos, recientemente aceptó ser testigo cooperante y había "rendido testimonio sobre hechos relacionados con funcionarios actuales, miembros del congreso y jueces".

Los posibles perjuicios que podría ocasionar este testimonio también pueden explicar el momento de la decisión de Porras.

Los señalamientos de Sandoval hacen muy improbable que la FECI pueda abrir futuras investigaciones a funcionarios de gobierno activos sin enfrentar nuevas obstrucciones desde el interior del Ministerio Público.

Su remoción también arrojará una sombra sobre otros casos de corrupción abiertos que la FECI adelanta, incluido un caso de gran importancia, que implica al expresidente guatemalteco preso Otto Pérez Molina, quien debe comparecer en juicio a comienzos de 2022.

La reacción contra la destitución de Sandoval no se desliga de otros hechos. La FECI era el último vestigio de la campaña internacional para erradicar la corrupción al interior del gobierno. La manifestación más visible de esta iniciativa fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo judicial que ayudó a conformar la FECI y judicializar estos casos de corrupción durante los 12 años que trabajó en el país. Se cerró en 2019.

Desde entonces, los temores sobre el desmantelamiento sistemático de los mecanismos anticorrupción en Guatemala han ido aumentando gradualmente, especialmente en Estados Unidos. Pero siendo Guatemala un aliado crítico en las iniciativas de Estados Unidos por detener los flujos migratorios y de drogas ilícitas, es incierto si esta preocupación dará paso a una mayor acción o si seguirá limitada a trinos desde la distancia.

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Este artículo fue publicado previamente en InSightCrime. Lea el originalaquí