El expresidente Inacio Lula da Silva. Foto: Ricardo Stuckert en Facebook Lula.

Después de más de dos años de golpe, la salida democrática no acaba de aclararse en Brasil. Los poderes fácticos que lo organizaron, sin candidato ganador y habiendo fracasado absolutamente en superar la crisis y reactivar la economía, aun dudan si golpear la puerta de los cuarteles para continuarlo por medios aún más anti democráticos. 

Este año, en octubre, debería haber elecciones. Luiz Inácio Lula da Silva, en la cárcel desde hace casi 3 meses, condenado en un proceso sin pruebas, sigue ganando las encuestas.

En los resultados del último sondeo de opinión del IBOPE, publicado el 28 de junio, y que confirma la tendencia de todas las encuestas realizadas desde hace casi un año, Lula tiene alrededor del 33% de la intención de voto.

Como siempre, tiene más del doble que su inmediato seguidor, el ex militar de extrema derecha, Jair Bolsonaro, que alcanza el 15%; en tercer lugar está Marina Silva (REDE), de centro derecha, con el 7%.

La crisis y la salida

Brasil sobrelleva 4 años de una crisis que comenzó siendo económica, pero que ahora es también política y social. Sin crecimiento hace casi 4 años, con un desempleo que pasó del 3% en 2014 al 17% actual, volvió al mapa del hambre de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Además, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística  (IBGE), la pobreza aumentó 11% el año pasado, y por primera vez en la historia del país el número de trabajadores informales (37%) supera al de aquellos con todos los beneficios de ley. También la desigualdad comenzó a aumentar de nuevo y el índice de Gini creció.

Ninguna de las medidas ha conseguido sacar al país de la crisis, la falta de crecimiento económico no beneficia tampoco a los golpistas que no han logrado el incremento en la tasa de ganancias esperado.

Se han anunciado nuevas movilizaciones alrededor de evitar la venta de Eletrobras, al momento detenida por una decisión de un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski que dictaminó que se requiere autorización del Legislativo para esta privatización total.

Si bien, el Partido del Golpe ha conseguido implementar casi todas las políticas que tenía como objetivo, dejar al pueblo prácticamente sin garantía alguna de derechos y hacer retroceder al país entre 40 y 80 años, según el área; aún no consigue tres temas de peso: la reforma de las pensiones, frenada por sucesivas movilizaciones y una huelga nacional masiva hace un año; la privatización de Eletrobras (ya es empresa de economía mixta) y la venta de partes de la Petrobras.

Las protestas, si bien no con una intensidad muy alta, han continuado. Por más de 10 días en mayo, los camioneros, especialmente los autónomos, casi paralizaron el país. Exigían el fin de los constantes aumentos (16 veces desde el golpe) del precio del diésel, pero casi no dijeron nada del gas para cocinar, ni de la gasolina, que son los que afectan directamente a la mayoría de la población.

Con la bombona de gas de 13 kg a $20 en un país donde el salario mínimo es de $ 250,00, un millón de hogares volvió a cocinar con leña o alcohol. 

Inmediatamente después, los trabajadores petroleros también hicieron huelga por un día contra la gestión de Petrobras: por los precios locales ligados a los precios internacionales, las refinerías funcionando al 70% de su capacidad a la par que se importan derivados y hay anuncios de privatización de partes de la compañía.

La previsión inicial era tres días de huelga, pero una multa diaria de 500.000 dólares detuvo la medida, como enésimo ejemplo del uso político del Poder Judicial.

El presidente de la Petrobras tuvo que renunciar, pero la política de precios de los combustibles, ligados al precio internacional, sigue vigente, aunque su aplicación haya sido suspendida por dos meses. Los camioneros, cuyas demandas finalmente no fueron realmente satisfechas, podrían hacer una nueva paralización.

Se han anunciado nuevas movilizaciones para evitar la privatización de Eletrobras, en este momento paralizada por una decisión de un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que dictaminó que se requiere autorización del Legislativo para esta privatización total. Tambié se realizaron otras marchas, pero esta vez en apoyo a la posibilidad de que Lula da Silva sea candidato presidencial.

La Operación Lava Jato

A comienzos de junio, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann; su marido, Paulo Bernardo Silva, que fue ministro de los gobiernos petistas; y el empresario Ernesto Kugler fueron declarados inocentes de las acusaciones sin pruebas hechas por un delator sobre su supuesto involucramiento en una caja B de financiamiento ilícito de campañas electorales.

Un nuevo recurso de apelación de la defensa de Lula que iba a ser valorado el 26 de junio, al final no lo fue. La misma Segunda Sala debía decidir sobre la legalidad de la condena del ex presidente y de su sentencia actual.

La Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) conformado por los magistrados: Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli y Gilmar Mendes, liberó a José Dirceu de Oliveira, varias veces ministro de Lula, preso y sentenciado en segunda instancia (en proceso de apelación) en el marco de la Operación Lava Jato.

Esta decisión es la que hizo pensar a algunos que Lula, también sentenciado en segunda instancia y preso en proceso de apelación, podría ser liberado.

Son las primeras señales de mínimo cambio de rumbo del Partido de la Justicia formado por la Policía Federal, el Ministerio Público y la Justicia Federal que, utilizando la Operación Lava Jato, aplica lawfare para neutralizar y deshacerse de los opositores políticos. Los procesados y sentenciados son, en su inmensa mayoría, del Partido de los Trabajadores.

Poquísimos de otros partidos, con pruebas contundentes de corrupción – el mismo presidente golpista, buena parte del Congreso, Aecio Neves, senador y ex candidato a presidente, varios ex ministros de Michel Temer y un largo etcétera – han sido procesados, y mucho menos sentenciados.

Sin embargo, un nuevo recurso de apelación de la defensa de Lula que iba a valorado el 26 de junio, al final no lo fue. La misma Segunda Sala debía decidir sobre la legalidad de la condena del ex presidente y de su sentencia actual.

La defensa sostiene que el juez Sergio Moro no era competente para juzgar el caso, que el juicio no fue imparcial y que su detención en segunda instancia, antes de agotar todos los recursos de apelación, es ilegal.

Los recursos no fueron tratados por la Segunda Sala. Su presidente, Edson Fachin, calculó que perdía, como sucedió con el caso de Dirceu, y los envió, añadiendo un pedido de impedimento de la candidatura de Lula, para ser tratados por el pleno del Tribunal.

El futuro

En este momento, conforme las leyes brasileñas, Lula, aun preso, podría ser candidato. Su candidatura podría ser impugnada solo post-inscripción, posible hasta el 15 de agosto, y por la duración de los procesos en el Supremo Tribunal Electoral, no habría tiempo para eliminarlo de la papeleta hasta la fecha de las elecciones.

Ahora, cabe la posibilidad de que el Tribunal apruebe el recurso de Fachin y prohíba la candidatura de Lula. Cabe la posibilidad de una negociación política para que Lula sea liberado y pueda, no solo participar y ganar, sino posesionarse. Podría suceder también que sea liberado y que pierda las elecciones. 

Caso de no poder participar, Lula designaría un sucesor, pero resulta difícil estimar si podría ganar simplemente por el hecho de ser ungido por el ex presidente. Han sonado nombres como el de Fernando Hadad, ex alcalde de Sao Paulo, o la misma Gleisi Hoffmann. Se dice también que, para evitar un nuevo procesamiento injusto en la Lava Jato, el nombre se mantendrá en secreto hasta el último momento posible.

La posición de la izquierda y de los movimientos populares es de apoyo a la candidatura de Lula, bajo la bandera de que elecciones sin Lula serían un fraude. Podría también haber un fraude con él participando.

Ciro Gomes, que ha pasado por 7 partidos políticos en su carrera, de la izquierda al centroderecha, negocia un lugar en el centroizquierda como la única fuerza capaz de ganarle a Jair Bolsonaro en ausencia de Lula.

El ala política del Partido del Golpe, que incluye también a los medios de comunicación hegemónicos, especialmente la Red Globo, no tiene candidato definido, y ninguno de los nombres que han probado a la fecha alcanza más del 8% de la intención de voto. 

El ala política del Partido del Golpem que incluye también a los medios de comunicación hegemónicos, especialmente la Red Globo, no tiene candidato definido, y ninguno de los nombres que han probado a la fecha, Geraldo Alckmin y Henrique de Campos Meirelles, alcanza más del 8% de la intención de voto. 

Sin un candidato fuerte en la izquierda, Bolsonaro, con sus posiciones ultraderechistas y atentatorias contra los derechos humanos de las personas pobres, negras, Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT), campesinos y pobres podría ser útil para asustar a los votantes medianamente democráticos e inclinar la balanza a favor del candidato de la derecha, sea éste cual fuere.

Hay que anotar, además, que las dificultades para hallar el candidato presidencial que sufre el Partido del Golpe, exitoso políticamente desde el impeachment de Dilma Rousseff hasta las elecciones municipales de octubre de 2016, en las que logró amplia mayoría, tienen que ver con el hecho de que está ahora dividido.

La delación del empresario Joesley Batista en mayo de 2017, que incriminó a Temer y otros, fue uno de los puntos clave que provocaron la fractura del bloque.

Frente a la incertidumbre de poder ganar, la sombra de un golpe militar no se ha alejado del todo. Pese a que el contexto internacional no es favorable, el golpe de 2016 se hizo porque la burguesía no quería esperar hasta ganar las elecciones este año.

Ahora también tienen prisa por acabar de aplicar todas las medidas que planearon, completar la sumisión del país al mercado financiero internacional, y acabar de establecer las políticas neoliberales como forma de gestión gubernamental única.

Está en juego la soberanía de Brasil, está en juego la defensa de los recursos naturales en manos del Estado y su uso para el bienestar del pueblo.

La venta de Eletrobras, junto con la privatización de parte de Petrobras sería, con certeza, para quien los compre al precio ínfimo al que se están vendiendo (10% de su valor real), uno de los mejores negocios del mundo.

En el caso de la primera, muchas de las hidroeléctricas más grandes ya tienen las deudas amortizadas, y, por tanto, las ganancias serían astronómicas y privadas; y ya no se usarían más para programas sociales, que fue lo que se hizo durante la mayor parte de la década petista.

Está en juego la democracia también, y las elecciones son la única vía democrática para terminar con el golpe que comenzó en abril de 2016 y que no ha traído más que profundización de crisis y sufrimiento para el pueblo brasileño.

Este artículo fue originalmente publicado por La Línea de Fuego y se puede leer aquí