Mapiripán. Foto tomada del Centro Nacional de Memoria Histórica.Este artículo es producto de la alianza entre ¡Pacifista! y democracia Abierta. Lea el contenido original aquí. 

Del martes 15 de julio al domingo 20 de julio de 1997, la población de Maripipán sufrió uno de los peores episodios en la historia de este municipio que colinda con el departamento del Guaviare. Cinco días en los que el fragor de la violencia se sintió en cada parte del municipio del Meta. Sin piedad, con frialdad, 100 hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), vestidos con indumentaria del Ejército Nacional, descuartizaron y desmembraron varios cuerpos con machetes y cuchillos. Algunos hablan de 27, otros de 49 personas asesinadas y de un número indeterminado de desaparecidos que, posiblemente, fueron ejecutados y botados al Río Guaviare, donde el agua los arrastró al olvido.

La ‘operación’ buscaba debilitar a los frentes 7 y 44 de las FARC, que desde la década de los 80 habían logrado mantener el orden ejerciendo un control social en la región. ‘Los Buitragueños’ fueron los encargados de realizar la labor de inteligencia en el sector para ubicar e identificar a los supuestos colaboradores de la guerrilla.

“Guerrillero, desértate y te respetaremos la vida”.

De esa manera, el 12 de julio, tres días antes de iniciar la masacre, varios integrantes de las AUC llegaron de manera simultánea al aeropuerto de San José de Guaviare. Dicha operación fue dirigida por el entonces comandante de las AUC, Salvatore Mancuso. Según varias investigaciones, ese sábado 12 de julio llegaron dos aviones, entre ellos uno ruso con capacidad para transportar tropas, con varios paramilitares provenientes de las zonas de Necoclí y Apartadó, en la subregión del Urabá Antioqueño, donde se unen los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Mapiripán ya había sido ‘advertido’ a través de grafitis por los ‘paras’: “Guerrillero, desértate y te respetaremos la vida”.

Aunque no son versiones oficiales, parece que las causas de la llegada de los paramilitares a Mapiripán no solo tenía que ver con el interés económico y militar del lugar, pues el municipio era considerado un sitio estratégico para el narcotráfico debido a las rutas de acceso y de escape. En sí, parece que el interés de los hombres de Mancuso era el de aniquilar a miembros y colaboradores de las FARC que, aparentemente, llevaban a cabo una conferencia guerrillera respaldada por los pobladores de la región. Dada la atmósfera de duda ante el número de personas que en verdad fueron cómplices de la guerrilla, las AUC empezaron a irrumpir en varios establecimientos y hogares en búsqueda de posibles sospechosos.

En el municipio, el servicio de la luz era prestado hasta las 10 de la noche, pero durante los días de la masacre, los paras se encargaron de cortar el servicio a las 8 para iniciar sus labores de cacería. Varios testigos cuentan que escuchaban los gritos de sufrimiento y de dolor por la tortura. Más de 100 personas escaparon de su tierra por temor a nuevos ataques. El pueblo quedó desolado. Mapiripán se convirtió por esos días en un lugar en medio de la selva donde la historia había dejado una nueva mancha de sangre y una nueva tragedia que formaría parte de la memoria de la guerra. De nuevo el ejército, la guerrilla y el paramilitarismo se encargaban de sembrar el pánico y el sentimiento de pérdida en una tierra fértil para la violencia.

El abogado que por ese entonces era el único símbolo de justicia, Leonardo Iván Cortes –en medio de hostigamiento– realizó el preceptivo proceso del levantamiento e identificación de los cuerpos. Él habla de dos ataques y de más de 40 cuerpos que suman las masacres de Mapiripán y de la estación de policía de La Cooperativa. Por su labor como juez y por su denuncia de la negligencia del coronel Hernán Orozco al no enviar de manera inmediata al Ejército para controlar la situación, Cortés fue amenazado de muerte y tuvo que exiliarse para proteger su vida y la de su familia. Evidentemente, su testimonio no solo comprometía al grupo de Autodefensas sino también a la imagen de la Fuerza Pública en aquel momento.

¿En qué van las investigaciones? En un principio, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentaron una petición, el 6 de octubre de 1999, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República de Colombia, en la que se sustenta en 40 puntos que la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, tuvo participación directa e indirecta del Ejército Nacional. A esta petición siguió la sentencia de la CIDH del 15 de septiembre de 2005, llamada Masacre de Mapiripán vs Colombia. En ella, la Comisión condena al Estado por información suministrada que habla de la complicidad de altos mandos del Ejército con los grupos ilegales. En esta sentencia se exige al Estado identificar a las víctimas y a los familiares para su correspondiente reparación y, así mismo, se exige rapidez para determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales.

Mapiripán, como muchos otros episodios del conflicto armado en estos 50 años, está rodeado de dudas que quedarán para la eternidad.

Tras varias investigaciones, se comprobó la influencia de Salvatore Mancuso y de Carlos Castaño. Ambos prepararon al grupo encargado de tomar Mapiripán, pues sabían de la importancia que tenía el sector como uno de los lugares donde más se cultivaban drogas ilícitas  y, además, porque supuestamente era una oportunidad de atacar en conjunto a un buen número de integrantes y “colaboradores” de la guerrilla, que tanta presencia tenía en los llanos orientales. En el caso del Ejército, hubo condenas contra los coroneles (r) Hernán Orozco y Lino Sánchez. También fue condenado a 37 años el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, por su responsabilidad y complicidad en la llegada de los paramilitares al Meta, así como por sus posibles nexos con los cabecillas de las AUC y por la falta de respuesta en los cinco días de violencia que azotaron a Mapiripán. No obstante, al general Uscátegui le otorgaron la libertad condicional en mayo pasado dada su posibilidad de acogerse al marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estos 20 años también estuvieron marcados por los casos de “falsas víctimas” de la masacre, que no solo generó condenas de 8 años y 10 meses de prisión a los 12 judicializados por el caso, sino que también puso en duda el prestigio de organizaciones como el Colectivo de Abogados, que también resultó involucrado debido a la defensa de una de ellas. En estos casos, les fue otorgada la correspondiente reparación, pero luego se corroboró que si bien algunos de sus familiares estaban muertos, habían fallecido por razones ajenas a la masacre.

Mapiripán, como muchos otros episodios del conflicto armado en estos 50 años, está rodeado de dudas que quedarán para la eternidad. Las principales son si hubo más involucrados o si, en realidad, el número de víctimas mortales supera las 27 o las 49. Lo que sí parece quedar claro hasta ahora es que el caso de esta localidad del Meta fue uno de los grandes hitos que evidenció la colaboración que recibieron los ‘paras’ por parte de la Fuerza Pública en medio del conflicto.