Carla lleva 22 años en EUA, trabaja en Nueva York, donde es una más del millón de personas migrantes indocumentadas que residen en la “gran manzana”. Tuve la oportunidad de platicar con ella hace unos días, mientras me servía un café con aroma a cocoa horas antes de participar en un diálogo informal entre organizaciones y gobiernos con miras al Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (DAN).

Carla lleva 22 años en EUA, trabaja en Nueva York, donde es una más del millón de personas migrantes indocumentadas que residen en la “gran manzana”. Tuve la oportunidad de platicar con ella hace unos días, mientras me servía un café con aroma a cocoa horas antes de participar en un diálogo informal entre organizaciones y gobiernos con miras al Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (DAN). En ese espacio la sociedad civil global le está exigiendo a los Estados que de dicho evento resulte un plan de acción quinquenal que permita dar cuenta de cómo se avanza en cuatro temas “marco”: 1) Movilidad y derechos laborales, 2) Derechos humanos y protección, 3) Desarrollo humano y diáspora y 4) gobernanza de la migración y alianzas.

Debido a la dificultad a que una agenda de esta naturaleza sea resultado del Segundo Diálogo, el gobierno federal mexicano está impulsando un documento resolutivo con una visión progresista que permita, por fin, dejar claro que cuando se habla de migración y desarrollo se tiene que incluir una visión de derechos humanos. Así lo proponen el Colectivo PND-migración, la Red Internacional de Migración y Desarrollo y otras redes en las Américas, Europa, África y Asia.

México comienza a dar pasos para convertirse en un actor con responsabilidad global, como lo mandata el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; comienza a dar visos, como lo menciona Carlos Heredia, de querer abrir el camino para proteger a las y los migrantes en el mundo. Sin embargo, para hacerlo debe empezar en y desde casa. No se puede ser responsable globalmente si no se protegen los derechos de las personas, familias y comunidades migrantes mexicanas en el exterior y extranjeras en México.

La responsabilidad pasa por un ejercicio concienzudo de coherencia: no se puede impulsar una visión progresista en espacios multilaterales o regionales cuando de forma paralela el gobierno promueve operativos de detención a migrantes, hostiga a personas defensoras de sus derechos e invade albergues de niños migrantes sin razón ni orden judicial alguna. Hacerlo, además de contradictorio es brutalmente cínico.

¿Cómo entonces avanzamos para que esa visión progresista se vea reflejada en la cotidianidad de las personas, familias y comunidades migrantes? La respuesta pasa por una combinación de factores. Se necesitan por lo menos de seis elementos:

1. Voluntad política para impulsar una política migratoria de Estado pionera en principios y con miras a largo plazo.
2. Generar cambios a nivel nacional, estadual y municipal a través de programas públicos cuyos indicadores sean construidos desde una óptica de derechos y no desde una visión tecnocrática, como lo son ahora.
3. Incorporar explícitamente una visión de derechos humanos en el presupuesto público.
4. Generar mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas accesibles y asequibles en los programas públicos migratorios.
5. Institucionalizar la participación ciudadana de personas, familias y comunidades migrantes en todo el ciclo de la política pública.
6. Reconocer los esfuerzos colectivos que se han venido generando desde la sociedad civil migrante y organizada e incluir nuestras propuestas en las políticas públicas.

La única forma de avanzar es de manera paralela, escalonada y articulada. El Colectivo PND-migración –una coalición que integra a 80 redes y organizaciones que trabajan en México, EUA y algunos países de Centroamérica– en días recientes generó una Agenda Programática Presupuestaria Transnacional. Dicha agenda incluye propuestas de objetivos, estrategias, indicadores y metas que deberían ser incluidos en los programas sectoriales, programas especiales y planes anuales de trabajo de la administración pública federal; así como en los planes estatales de desarrollo y demás instrumentos de política pública. Los indicadores fueron construidos con base en los enfoques de inclusión, desarrollo integral y seguridad humana.

Nunca un grupo tan amplio de redes y organizaciones había generado propuestas tan innovadoras, realistas y específicas. Estas fueron presentadas por primera vez el 9 de agosto durante un diálogo interactivo con representantes de 20 dependencias de la administración pública, diputados federales y agencias de Naciones Unidas. Las propuestas finamente construidas y detalladas fueron bautizadas como “oro molido para el gobierno” por una servidora pública durante el intercambio.

Ahora corresponde al gobierno abrir los espacios que permitan posicionar las propuestas. El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, que está por sesionar por segunda ocasión en agosto de 2013, es uno de los espacios claves. El Consejo Consultivo de política migratoria de la Secretaría de Gobernación, que aún no ha sesionado, es otro. Sin embargo no son los únicos; el Colectivo se ha pronunciado por mecanismos de consulta constantes para la construcción de políticas que sean amplios en términos de inclusión de actores y que permitan profundidad en el debate. Lo mismo para construir la postura con miras al DAN que se llevará a cabo en octubre de 2013. Así podremos ir avanzando, coherentemente, en la generación de cambios que se vean reflejados en el bienestar de Carla, las personas, familias y comunidades migrantes extranjeras y mexicanas.