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Para empoderar a las mujeres, hay que dar prioridad a sus derechos sociales y económicos

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¿Qué podemos aprender sobre la conexión entre la igualdad de género y los derechos socioeconómicas a partir de las comunidades que cosechan café en Colombia? Una contribución al debate de openGlobalRights sobre los derechos económicos y sociales. English

Barb MacLaren
22 May 2015

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO, por sus siglas en inglés), las mujeres de las zonas rurales representaban toda una cuarta parte de la población mundial en el año 2000. Sin embargo, a pesar de ser tantas, enfrentan muchas barreras adicionales a la protección y satisfacción de sus derechos en comparación con sus homólogas de las zonas urbanas.

Consideremos el caso de Colombia. El país tiene políticas públicas y leyes bastante fuertes para promover la igualdad de género. Además de varias leyes que prohíben la discriminación de género y la violencia contra las mujeres, en 2012 el gobierno anunció una nueva política nacional sobre la equidad de género (Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres), con estrategias de implementación. ¿Pero qué han logrado estas leyes y políticas que promueven los derechos de las mujeres para la mujer promedio de bajos ingresos de las zonas rurales? En Huila y Cauca, los estados agrícolas que visité durante los últimos meses, la respuesta que escuché fue que prácticamente nada.

Esto nos lleva a plantear una estimulante pregunta: ¿podrían los gobiernos tener un mayor impacto para ayudar a las mujeres si avanzaran los derechos sociales y económicos de los pobres en las zonas rurales en vez de pasar años desarrollando políticas públicas específicas para los derechos de la mujer? Algunas pruebas anecdóticas de Colombia apoyan el argumento de que priorizar los derechos sociales y económicos de los pobres en las zonas rurales de hecho podría contribuir más a fomentar la agenda más amplia de los derechos de la mujer.

En Colombia, la integración de las mujeres al mercado laboral rural asalariado se ve seriamente obstaculizada por el hecho de que las familias de pequeños agricultores constituyen la unidad de producción predominante del país. En el sector cafetero, por ejemplo, la cosecha promedio de un productor colombiano es de menos de cinco hectáreas cuadradas y a menudo se les paga a los trabajadores permanentes hasta que se vende la cosecha. En este contexto, los gobiernos casi solamente pueden apoyar el empoderamiento de la mujer al ayudar a apoyar los ingresos de las familias en conjunto. La formalización de la fuerza de trabajo rural y la promoción de agendas de trabajo digno tienen que ser el núcleo de este esfuerzo. Mientras esperamos a que estas agendas ganen terreno, algunas oportunidades clave para la satisfacción de los derechos económicos en Colombia son: una expansión del crédito y vínculos mejores y más directos a los compradores en los mercados de materias primas nacionales e internacionales, por un lado, equilibrados con programas gubernamentales para apoyar a los que se quedan en los márgenes (como las jefas de familia y las familias desplazadas a las que afecta el conflicto armado), por el otro lado.

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Flickr/CIAT (Some rights reserved)

A female farm hand carries coffee beans in the Cauca department of Colombia.


Las productoras de café involucradas en mi investigación en Colombia tenían un menor nivel educativo, en promedio, que sus maridos y parejas de hecho. Realizar inversiones en capacitación y educación dirigidas a las mujeres en las comunidades rurales no solamente generaría el potencial para obtener mejores ingresos (ya que las mujeres tendrían más probabilidades de poder pagar servicios de guardería), sino que la inversión también produciría muchos impactos secundarios benéficos para las familias (como un aumento en el estatus de la mujer dentro de la familia relacionado con sus logros educativos).

Muchas de las mujeres que encontré durante mi trabajo de campo en las comunidades cafeteras solían percibir su bienestar como ligado directamente al de sus hijos. Consecuentemente, muchas habían recibido servicios de extensión (capacitación para mejorar el rendimiento de los cultivos) o capacitación técnica de algún tipo, pero no completaron las capacitaciones porque los horarios de los cursos interferían con sus obligaciones familiares. Como recomienda el informe de la FAO Las mujeres en la agricultura de 2011, garantizar que los servicios de extensión en las comunidades agrícolas no sean discriminatorios ayudaría a aumentar las tasas de terminación de la capacitación entre las mujeres. Ciertamente, esto va de la mano de la necesidad de ampliar los servicios de guardería en Colombia; otro derecho social (aunque tal vez no articulado) que beneficiaría desproporcionadamente a las mujeres.

Tenemos que promover los derechos de las mujeres y luchar contra la discriminación en todas sus formas, así como promover los derechos económicos y sociales de todos. Las agricultoras encuestadas en mi proyecto valoraban menos su salud que la de los hombres de sus familias y tenían menos probabilidades de buscar asistencia médica que sus esposos. Solamente si se cuenta con mejores resultados educativos para las niñas (para alentar a las mujeres a buscar ayuda) e ingresos rurales más altos (para que se distribuyan de manera más equitativa entre los miembros de la familia), comenzarán a cambiar las normas sociales como estas. Por ejemplo, en nuestros talleres de campo, se identificó a los embarazos adolescentes como un desafío común, a cuya reducción seguramente contribuiría que las niñas tuvieran tasas más altas de finalización de la educación secundaria superior. Tampoco estaría mal contar con atención médica más accesible en las zonas rurales. Colombia tiene uno de los índices de mortalidad materna más altos en América Latina, de 83 muertes por cada 100,000 nacimientos.

En realidad, tenemos que activar las dos estrategias en conjunto. Es decir, tenemos que promover los derechos de las mujeres y luchar contra la discriminación en todas sus formas, así como promover los derechos económicos y sociales de todos. Los gobiernos, incluido el de Colombia, tendrían mejores resultados si implementaran enfoques integrales (en varios niveles) para abordar los asuntos de género. Con la creación de una comisión presidencial (la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de Género) para implementar la política nacional de equidad de género, Colombia inició dicho esfuerzo; ahora tiene que cumplir su promesa. Lamentablemente, el presidente Juan Manuel Santos dejó la política de equidad en segundo plano después de su reelección del año pasado, y dejó a cargo al viceministro con un personal extremadamente reducido.

Mientras tanto, las mujeres que producen mi taza de café colombiano importado favorito siguen preguntándose si podrán pagar las renovaciones que tanto necesitan sus casas. Tal vez el próximo año.

El proyecto de investigación mencionado, “Achieving Gender Equality in Colombia: A Fresh look at the Coffee Export Sector” (Lograr la igualdad de género en Colombia: Una mirada fresca al sector exportador de café), fue financiado por el gobierno de Canadá en 2014 y 2015.

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