De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), las mujeres de las zonas rurales representaban toda una cuarta parte de la población mundial en el año 2000. Sin embargo, a pesar de ser tantas, enfrentan muchas barreras adicionales a la protección y satisfacción de sus derechos en comparación con sus homólogas de las zonas urbanas.
Consideremos el caso de Colombia. El país tiene políticas públicas y leyes bastante fuertes para promover la igualdad de género. Además de varias leyes que prohíben la discriminación de género y la violencia contra las mujeres, en 2012 el gobierno anunció una nueva política nacional sobre la equidad de género (Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres), con estrategias de implementación. ¿Pero qué han logrado estas leyes y políticas que promueven los derechos de las mujeres para la mujer promedio de bajos ingresos de las zonas rurales? En Huila y Cauca, los estados agrícolas que visité durante los últimos meses, la respuesta que escuché fue que prácticamente nada.
Esto nos lleva a plantear una estimulante pregunta: ¿podrían los gobiernos tener un mayor impacto para ayudar a las mujeres si avanzaran los derechos sociales y económicos de los pobres en las zonas rurales en vez de pasar años desarrollando políticas públicas específicas para los derechos de la mujer? Algunas pruebas anecdóticas de Colombia apoyan el argumento de que priorizar los derechos sociales y económicos de los pobres en las zonas rurales de hecho podría contribuir más a fomentar la agenda más amplia de los derechos de la mujer.
