La serie openMovements invita a politólogos líderes en sus campos de investigación para compartir sus resultados y sus perspectivas sobre luchas sociales contemporáneas.

La movilización legal por el derecho al aborto, o el uso del derecho y las cortes por parte de actoras feministas en su lucha por la legalización del aborto, es reciente en América Latina.

Su desarrollo es parte del giro hacia el derecho y el campo legal por parte de algunos sectores de los movimientos sociales en la región, que ha tenido lugar a partir de las transiciones a la democracia en los años 1980s, y de los procesos de reformas constitucionales y judiciales que se desarrollaron en la mayoría de los países de la región especialmente a partir de los años 1990s.

Estas reformas expandieron las oportunidades legales para los actores sociales, a través de la creación o empoderamiento de las Cortes Constitucionales, la incorporación de nuevos derechos fundamentales y nuevos instrumentos legales para su defensa.

Así, en el marco de un nuevo contexto institucional, y contando con nuevas herramientas para la defensa de los derechos, sectores de izquierda y actores progresistas para quienes los sistemas jurídicos y legales habían sido históricamente instrumentos de opresión, comenzaron a reconsiderar el Estado de derecho democrático, y a evaluar la arena legal como una posible vía para sus demandas de cambio social. Estos procesos han implicado cambios en las estrategias, los discursos y las estructuras organizativas de los actores de la sociedad civil a fin de poder llevar adelante nuevas formas de acción colectiva, incluyendo en particular la movilización legal y el litigio estratégico.

El movimiento por el derecho al aborto en América Latina es parte del desarrollo del feminismo de la segunda ola en la región, especialmente a partir de los procesos de democratización.

A la vez que compartía con la izquierda en general su histórica desconfianza hacia el poder judicial, el movimiento feminista tenía dificultades específicas para apelar a un sistema que tenía razones para considerar como un campo de dominación masculina.

La estructura patriarcal de las normas, la hegemonía masculina en el sistema judicial, así como la falta de perspectiva de género en las facultades de Derecho y la escasez de recursos para la movilización legal, tenían un fuerte impacto en los sistemas legales a lo largo del continente, y en la relación del feminismo con esos sistemas.  

La serie de cambios institucionales y sociales que se dieron desde los procesos de democratización, han producido cambios, en distintos grados, en estos factores.

La escasez de recursos organizacionales, o la falta de una estructura de apoyo para la movilización legal, se debía en parte a la falta de interacción entre las actoras feministas y las organizaciones de derechos humanos, que tenían una presencia fuerte en la región, y que históricamente no habían incluido una perspectiva de género en sus propuestas y acciones.

América Latina continúa siendo una región con algunas de las leyes sobre aborto más restrictivas en el mundo, y las campañas feministas siguen reclamando la legalización del aborto como “una deuda de la democracia”. 

Esto se debía, por lo menos en parte, a que, en América Latina, las organizaciones de derechos humanos estuvieron originalmente ligadas a los sectores progresistas de la Iglesia Católica, cuyo rol crucial en la lucha contra la represión política y por la justicia social no incluía el reclamo por las injusticias de género. Esta falta de interacción ha comenzado a cambiar en años recientes, y actualmente existen contactos entre ambos campos de activismo legal.

El movimiento feminista recurrió primero a sus modos de movilización y a las vías institucionales más familiares, es decir, a la movilización política y al lobby legislativo, para reclamar la legalización del aborto.

Sin embargo, los persistentes obstáculos para cambiar el marco normativo a través del proceso político llevaron a algunos sectores dentro del movimiento en la región a desplazar parte de sus acciones a la movilización legal y a las instituciones judiciales.  

América Latina continúa siendo una región con algunas de las leyes sobre aborto más restrictivas en el mundo, y las campañas feministas siguen reclamando la legalización del aborto como “una deuda de la democracia”.

Sin embargo, a partir de mediados de la década de 2000, se han producido reformas significativas en este campo, y los reclamos feministas en este sentido han encontrado eco en las Cortes Constitucionales, que por primera vez han reconocido la constitucionalidad de reclamos legales por la liberalización de las normas sobre aborto.

En 2006, la Corte Constitucional de Colombia estableció que el aborto era legal en casos de violación, riesgo para la vida o la salud de las mujeres y malformación fetal incompatible con la vida. En 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México legalizó el aborto a demanda de la mujer durante las primeras doce semanas de embarazo, y después de un proceso de deliberación pública sin precedentes, en 2018 la Suprema Corte declaró constitucional la reforma. En 2012, el Supremo Tribunal Federal de Brasil legalizó el aborto en casos de anencefalia.

Ese mismo año, la Corte Suprema argentina estableció que la excepción por violación, introducida en 1921, cubre todos los casos de violación. También en 2012, el Congreso uruguayo legalizó el aborto durante el primer trimestre. En 2017, el Congreso en Chile estableció excepciones a la criminalización total del aborto, basadas en riesgo para la vida de la mujer, casos de violación y graves malformaciones fetales, y la Corte Constitucional declaró constitucional la reforma.

Ese año, el Congreso de Bolivia estableció un amplio rango de circunstancias bajo las cuales el aborto es legal, expandiendo de este modo el marco de excepciones que existían a la criminalización del aborto en ese país. En todos estos procesos de reforma, la movilización feminista fue un factor crucial.

Este artículo analiza la reciente interacción de las organizaciones feministas con las instituciones legales en torno a los reclamos por la liberalización del aborto, con foco en el impacto que han tenido esos procesos en los recursos organizativos y en los marcos discursivos de las actoras sociales feministas en cuatro países: México, Colombia, Brasil and Argentina.

Las organizaciones feministas fueron actoras cruciales en el proceso legislativo que condujo a la legalización del aborto en la Ciudad de México, así como en el debate público y la defensa legal de la constitucionalidad del aborto ante la Suprema Corte.

En el caso de Brasil, una organización feminista presentó la demanda que condujo a la decisión del Supremo Tribunal Federal de legalizar el aborto en casos de anencefalia. En Colombia, la decisión de la Corte Constitucional que liberalizó el marco legal del aborto tuvo origen la demanda legal por parte de una organización feminista.

En el caso argentino, el trabajo realizado por el movimiento feminista, así como por activistas legales por el derecho al aborto fueron decisivas para el desarrollo del caso que motivó la decisión de la Corte Suprema que liberalizó la interpretación de la excepción basada en casos de violación. 

Nuevos recursos y estructuras de apoyo para la movilización legal feminista

Al inicio de sus procesos de movilización legal, y ante la falta de sus propios recursos o estructuras de apoyo para la movilización legal, y en su búsqueda de romper con su histórico aislamiento del campo jurídico y del litigio estratégico, las actoras feministas en estos cuatro países desarrollaron distintos tipos de estrategias para la construcción de recursos organizativos.

Uno de los modelos fue la búsqueda de aliados en la profesión legal. Ésta fue la estrategia inicial de las principales organizaciones que lideraron las estrategias legales por el derecho al aborto en México (GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, creado en 1991) y en Brasil (ANIS, Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, fundado en 1999). Estas organizaciones contactaron a abogados con reconocida experiencia en el campo del litigio de interés público.

Colombia es el único caso en el que se creó una organización específicamente orientada a desarrollar litigio estratégico en el campo del derecho al aborto ante la Corte Constitucional.

Estos abogados tradujeron las demandas feministas en argumentos legales, aunque las principales concepciones y posiciones que estuvieron en la base de las estrategias legales en ambos casos provinieron de las actoras feministas. De manera notable, tanto GIRE como ANIS eran coordinadas por las reconocidas antropólogas Marta Lamas y Debora Diniz, respectivamente, quienes han sido actoras decisivas en la formulación de estrategias legales para la defensa del derecho al aborto en sus países.

Luego de esa etapa inicial, ambas organizaciones han desarrollado sus propios recursos para la movilización legal, han formado e incorporado a jóvenes abogadas feministas, y actualmente son actoras legales fundamentales tanto en el campo feminista como en el área de litigio de interés público en sus respectivos países.

El otro modelo, desarrollado principalmente en Colombia, fue la creación de una organización orientada al litigio estratégico (Women’s Link, capítulo colombiano, creada en 2005), y que no provenía del movimiento feminista. Colombia es el único caso en el que se creó una organización específicamente orientada a desarrollar litigio estratégico en el campo del derecho al aborto ante la Corte Constitucional.

Posteriormente, las acciones legales de esta organización, así como el trabajo de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, han sido fundamentales para la implementación efectiva de la decisión de la Corte Constitucional de 2006.

Por su parte, en la Argentina, se crearon diversas organizaciones ligadas a la defensa legal de los derechos de las mujeres, incluido el aborto (entre ellas, Católicas por el Derecho a Decidir, establecida en la Argentina en 1987; ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, creado en 2003; la Alianza Nacional de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, creada en 2012).

Aunque el movimiento, liderado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (creada en 2005, y formada por más de 300 organizaciones), no se ha focalizado en el litigio estratégico ante las cortes del país, ciertamente ha sido crucial para el cambio del discurso público y el debate legal sobre el aborto, y ha contribuido de este modo a crear las condiciones para la decisión de la Corte Suprema en 2012.  

Finalmente, en los cuatro países que se analizan, como parte del desarrollo de una nueva estructura de apoyo para la movilización legal feminista, ha habido una aproximación entre organizaciones feministas y organizaciones de derechos humanos, en parte debido a los requerimientos de las instituciones financiadoras, y por supuesto como resultado de la prominencia creciente de los reclamos y la movilización feministas a lo largo de la región.

Nuevos discursos y marcos culturales para la defensa del derecho al aborto

Con respecto a sus estrategias discursivas, o el modo de enmarcar la cuestión del derecho al aborto, los cuatro países analizados muestran una tendencia emergente en algunos sectores del movimiento feminista: en su búsqueda por lograr avances en el campo legal, algunos sectores del movimiento han moderado sus discursos y reclamos.

Desde los años 1970s, el encuadre discursivo del derecho al aborto en América Latina había estado basado en argumentos sobre salud pública y justicia social, así como en un discurso radical sobre el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo.

Los actores religiosos en América Latina, usando el marco de los derechos humanos, también han sido capaces de bloquear el avance de reformas mas amplias con respecto al aborto.

Más recientemente (desde los años 1990s en México, y en los otros países principalmente desde mediados de los años 2000s), la decisión de dar un encuadre legal al reclamo por el derecho al aborto ha tenido un impacto significativo sobre los marcos discursivos feministas. Sin abandonar los argumentos y discursos previos, el desarrollo de movilización legal ha implicado una moderación de las demandas, y la incorporación de nuevos marcos discursivos sobre el derecho al aborto, que ha tomado distintas formas en cada país.

Este proceso ha implicado la aceptación de estrategias gradualistas, así como de propuestas de reforma basadas en un marco de trimestres, y argumentos legales que implican el balance entre los derechos de la mujer y la protección (gradual) de la vida intrauterina.

Estas estrategias reflejan una transformación del discurso radical basado en un reclamo absoluto por el derecho de la mujer a controlar su cuerpo, en una perspectiva que articula una serie de derechos constitucionales y de derechos humanos, y que reconoce la presencia del contra-movimiento en el campo de las disputas legales en torno al aborto.

En efecto, los actores religiosos conservadores en América Latina también han usado el marco de los derechos humanos para su defensa del derecho a la vida del embrión, y han sido capaces de bloquear el avance de reclamos por reformas más amplias con respecto al derecho al aborto, que las realizadas hasta ahora.

Esto ha sido posible dada la influencia de las instituciones religiosas sobre la esfera política en la mayoría de los países de la región.

Los procesos de transformación discursiva llevados adelante por actoras feministas confirman la teoría desarrollada por Reva Siegel, quien sostiene que los movimientos que intentan influir en el cambio legal generalmente encuadran sus demandas particularistas en un discurso que apela a valores públicos y a concepciones constitucionales compartidas, y que, en ese proceso, los movimientos moderan sus reclamos y su retórica, especialmente cuando deben confrontar las demandas de un contra-movimiento.

El proceso de transformación del discurso sobre el aborto realizado en México ha sido el más notable en este sentido. Desde los años 1990s, GIRE trabajó bajo la premisa de que la campaña por el derecho al aborto debía asentarse sobre un argumento legal. En su proceso de movilización legal, esta organización y sus aliadas (en particular, la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, creada en 2000) llevaron adelante un cambio significativo en los marcos culturales feministas sobre el derecho al aborto.

Como parte de ese proceso, la estrategia liderada por GIRE asumió que, al encuadrar el tema del aborto en términos constitucionales, iban a enfrentarse con la demanda del contra-movimiento sobre el derecho a la vida. En efecto, uno de los aspectos más interesantes de ese proceso fue el involucramiento de este sector del feminismo con la discusión acerca del desarrollo y el valor de la vida prenatal.

Este desarrollo ha sido único en la región, y posiblemente en el mundo. A través de un discurso polifacético, basado en argumentos filosóficos, bioéticos y legales, sostuvieron que la controversia en torno al aborto no era un juego de suma cero, y que, en su lucha por la legalización del aborto durante el primer trimestre, su enemigo no era el derecho a la vida.

Sin embargo, su atención a las demandas del contra-movimiento no implicó una caracterización del aborto como una decisión traumática, ni de las mujeres como víctimas del aborto, lo cual podría haber conducido a la propuesta de medidas tales como los periodos de espera y consejería.

En cambio, en términos de propuestas de reforma, conceptualizaron la importancia de un marco de trimestres y de un balance entre derechos y bienes constitucionalmente protegidos, así como la necesidad de regular la objeción de conciencia. Este desarrollo ha sido notable, dado que, en otros contextos, el feminismo, y el campo progresista en general, han sido renuentes a discutir cuestiones morales sustantivas planteadas por el campo conservador en torno al comienzo de la vida y a la personalidad del nasciturus.

Finalmente, como parte de sus estrategias discursivas, durante la última década los movimientos por el derecho al aborto en estos países han re-nombrado y re-categorizado el tema del aborto, a fin de mitigar las reacciones negativas que provoca su estigmatización por parte de sectores conservadores.

En Brasil, la demanda legal presentada por ANIS (que motivó la decisión del Supremo Tribunal Federal en 2012) desarrolló un interesante argumento legal en torno a la idea de que la interrupción del embarazo en casos de anencefalia no debía ser considerada como aborto, sino como “anticipación terapéutica del parto”.

En México, tanto las feministas y sus aliados, como la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, adoptaron el término “interrupción legal del embarazo”, y sostuvieron que cuando se llevaba a cabo durante las primeras doce semanas, no debía considerarse como aborto. En Colombia, las activistas legales feministas lo designaron como “interrupción voluntaria del embarazo”, y en la Argentina, el proyecto de reforma legislativa llevado adelante por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto también lo denomina de ese modo.