El Covid-19 cambió el mundo. El virus no sólo impactó la salud, también golpeó la forma en que vivimos, producimos y nos relacionamos social, económica y políticamente; a su vez, profundizó la exclusión y representó un retroceso en las luchas por sus derechos para muchas poblaciones. En este contexto, no es de extrañar que las tensiones, frustraciones y falta de legitimidad de instituciones y actores políticos, en la gran mayoría de los países de la región, encontrara su punto máximo de ebullición.
Aunque no podríamos decir que esta crisis de confianza institucional llegó con la pandemia, según la OCDE, el 64% de las personas que habitan en América Latina no confiaban en sus instituciones y más de la mitad (54%) no creía que fuera necesario pagar impuestos. La encuesta de Latinobarómetro en 2018 nos reveló un panorama aún más desolador: el 79%de las personas decían creer que se gobierna para unos cuantos poderosos en su propio beneficio y, en consecuencia, sólo el 24% de la población consultada se consideraba satisfecha con la democracia.
¿Y qué nos queda cuando ya no se cree ni en la democracia? es la pregunta que nos hacemos a diario desde las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a reconstruirla y fortalecerla. Nos queda la necesidad de generar un nuevo contrato social, de actualizar esas cláusulas, términos y condiciones para buscar entre las cenizas la tan anhelada estabilidad.
