Fotografía: Nico. Todos los derechos reservados.

La gente de Buenaventura ha dicho, “¡Basta Ya!”. Durante más de dos semanas, comunidades y movimientos sociales en la ciudad portuaria más importante de Colombia se han manifestado a través de un paro civil e indefinido, en respuesta al abandono histórico del gobierno que afecta a la ciudad, cuya población es mayoritariamente afrodescendiente.

El martes 16 de mayo, en el marco de un levantamiento popular de proporciones trascendentales, unas treintena barreras comunitarias surgieron alrededor de la ciudad, bloqueando las rutas claves para el comercio. Las comunidades rurales indígenas y afrodescendientes también bloquearon la carretera principal de Buenaventura, la ruta comercial más importante de Colombia.

Durante más de dos semanas, comunidades y movimientos sociales en la ciudad portuaria más importante de Colombia se han manifestado a través de un paro civil e indefinido.

Como es común con la protesta social en Colombia, el paro provocó una respuesta violenta del gobierno. El viernes 19 de mayo, el Premio Nobel de la Paz, el presidente Juan Manuel Santos, ordenó un ataque militar contra la ciudad a través de una operación por tierra, mar y aire que involucró a miles de unidades policiales, militares y navales. La ciudad fue puesta en estado de emergencia con miles de fuerzas de seguridad imponiendo un toque de queda tras supuestos disturbios. Según las comunidades, los disturbios fueron provocados y posiblemente incluso incitados por la policía.

La resistencia ha aumentado cada día desde ese entonces. Se han organizado marchas multitudinarias en toda la ciudad, desafiando el toque de queda del gobierno. Unas 150.000 personas han marchado hombro a hombro. La gente está cansada y con buena razón: la situación para la población principalmente afrodescendiente de Buenaventura es desoladora.

Cuatro de cada cinco personas en Buenaventura viven con niveles alarmantes de pobreza. Existe una grave falta de acceso a los servicios básicos; La ciudad no tiene un hospital capaz de atender mas allá de la atención primaria básica y miles de niños no pueden asistir a la escuela. La tasa de desempleo es de un asombroso 68%. Agregándole a esto el temor silencioso creado por años de militarización, conflicto armado y violencia paramilitar, en  Buenaventura la vida es una lucha constante.

La gente está cansada y con buena razón: la situación para la población principalmente afrodescendiente de Buenaventura es desoladora.

Hace tres años, tras protestas masivas en la ciudad, el gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió a tomar medidas "concretas" para abordar muchas de estas cuestiones. Sin embargo, estas promesas se han roto y ahora el pueblo de Buenaventura ha tenido suficiente.

Bajo el lema "Vivir con dignidad en nuestro territorio - el pueblo no se rinde", una alianza de más de 100 organizaciones comunitarias y de base se reunió en torno a demandas relacionadas con la salud, la vivienda, el agua potable, el empleo y la conservación del medio ambiente.

Buenaventura es el puerto por el cual se calcula que pasan un 75 por ciento de las importaciones y exportaciones de Colombia, generando enormes beneficios para las corporaciones que hacen allí y una gran parte de los ingresos tributarios del país. La riqueza que atraviesa la ciudad y las instalaciones portuarias de clase mundial hace para un contraste incómodo con las realidades sociales de la ciudad.

Mientras que las negociaciones progresan lentamente, organizaciones de derechos humanos divulgan que cada noche, largas líneas de camiones transportadores sacan mercancías del puerto y son escoltadas fuera de la ciudad por las fuerzas armadas, que a su vez disparan sus armas de fuego y gas lacrimógeno a los puntos de enfoque y en los vecindarios, esparciendo el pánico. En una demostración simbólica de las prioridades del gobierno entre las operaciones portuarias y la población local, el gobierno rechazó la propuesta de los organizadores de una suspensión de 72 horas de la circulación de camiones para que las negociaciones progresaran.

La riqueza que atraviesa la ciudad y las instalaciones portuarias de clase mundial hace para un contraste incómodo con las realidades sociales de la ciudad.

El gobierno está literalmente pasando por encima de la huelga, de las necesidades de la comunidad, su seguridad y su bienestar para seguir respondiendo a las necesidades del mercado global, que tanto interés tienen en Buenaventura, pero no su pueblo. Esta es una realidad bien conocida por las comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia que han tenido que soportar los peores impactos del conflicto armado y social, el cual siempre ha considerado que estas vidas son menos importantes.

Este mundo de extremos enfatiza algunos de los retos profundos que enfrenta el país en su búsqueda de implementar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmado en diciembre de 2016.

A pesar de la militarización total de la ciudad y la amenaza de una mayor represión, los habitantes de Buenaventura han prometido continuar en las calles para exigir sus derechos y poner fin a la discriminación estructural que han enfrentado durante cientos de años.

Es hora de que el gobierno colombiano garantice los derechos humanos de los manifestantes y comience a escuchar las demandas de los colombianos del común en Buenaventura. Es hora de que el presidente Santos abandone la retórica y tome medidas para reparar el daño y abandono histórico en esta importante ciudad. Las vidas negras e indígenas dependen de esto.