El enfrentamiento sin pausa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo peruanos, que comenzó en 2016 y se ha acentuado desde que asumió la presidencia el maestro rural Pedro Castillo, se acrecienta cada vez más. Los poderes del Estado se encuentran ocupados en su propia disputa y, como consecuencia, desatienden las situaciones acuciantes que vive buena parte de la población.

El malestar por la situación socioeconómica peruana se percibe y crece en la mayoría de las regiones del país. Durante las última semanas, los damnificados por un grave derrame de petróleo han realizado nuevas manifestaciones frente a las oficinas de Repsol, del presidente del Consejo de Ministros y de la sede del Poder Legislativo.

Al mismo tiempo, las mujeres de las llamadas «ollas comunes» marcharon al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para exigir presupuesto para 2023. A esta situación se suma la contrarreforma conservadora en educación y derechos sociales que ha impuesto la oposición parlamentaria a Castillo. Esa oposición es asesorada por los más experimentados ex-congresistas del fujimorismo.

Lo cierto es que Perú acabó noqueado por la pandemia y todavía no logra levantar cabeza. Es, de hecho, el país del mundo con más muertes por covid-19 registradas por millón de habitantes. Pero la crisis no termina allí: en 2020 la pobreza alcanzó a 30% de la población -aunque bajó a 25% el año pasado- y en 2021 el empleo informal ascendió a 78%.

Aunque al inicio del gobierno de Castillo, el entonces ministro de Salud Hernando Zevallos propuso la integración de los servicios estatales —fragmentados y precarios, cosa que aprovecha la sanidad privada para tener más clientes—, el funcionario solo duró seis meses en el cargo. Los siguientes nombrados a la cabeza de ese ministerio clave en estos tiempos han sido producto de las cuotas de Perú Libre, el partido por el que Castillo fue candidato y al que terminó renunciando.

Los dos siguientes ministros de salud usaron el Estado para hacer negocios, no para resolver los problemas de atención en los establecimientos. Castillo, que llegó a la presidencia ofreciendo una Asamblea Constituyente para declarar la salud y la educación sean derechos fundamentales, no avanzó en ello debido a los candados que colocó el Congreso y al rechazo de la elite económica y mediática a una nueva Constitución: la consideran un retroceso y una vía hacia el «comunismo». 

Resulta evidente que, en sus 15 meses de gobierno, Castillo ha estado asediado por la oposición política, en un proceso muy conocido en Perú. Ante la persistencia de los ataques, quienes lideran el país son incapaces de gestionar el aparato estatal por las presiones que imponen sus opositores en el Congreso.

Desde 2021, Castillo enfrenta, además, graves denuncias por corrupción que se han traducido en seis investigaciones fiscales por adjudicación de contratos de obras públicas que favorecían a familiares y amigos con el fin de cobrar sobornos, por tráfico de influencias en los ascensos militares y por encubrimiento y obstrucción a la justicia. El mandatario peruano tiene tres abogados, pero algunos ministros actúan como un pararrayos cada vez que aparece un nuevo indicio de ilegalidad en la prensa de Lima.

El ex-ministro de Transportes Juan Silva y un sobrino de Castillo involucrado en la trama de licitaciones amañadas están prófugos desde mayo, y una cuñada del presidente estuvo en prisión casi dos meses mientras transcurría la investigación preliminar para evitar que desaparecieran evidencias -como ya había ocurrido con otros investigados-.

En esa maraña política, el Estado luce inoperante para las decenas de miles de afectados por los mencionados derrames de petróleo -en la costa de Lima y en comunidades indígenas de la Amazonía- causados por la empresa Repsol y la estatal PetroPerú, respectivamente. Los damnificados de enero son principalmente pescadores artesanales y microcomerciantes de balnearios y restaurantes, la mayoría de ellos informales. Los trabajadores ligados a esos rubros no han podido volver a sus puestos de trabajo.

En la selva los derrames más graves empezaron en 2014 en una infraestructura de 50 años de antigüedad: el oleoducto norperuano. Entre septiembre y octubre hubo cuatro nuevos derrames en comunidades indígenas de las regiones Loreto y Amazonas: el crudo contamina el agua de los ríos y lagunas que usan para preparar alimentos o asearse, a la vez que impide la pesca que es su fuente de proteínas y de trabajo.

«Es una práctica permanente de los gobiernos no cumplir: el Estado debería ser el garante de los derechos de las personas. No nos parece prioritario unirnos para sacar a un gobernante, sino que el Estado ponga un sistema de salud intercultural para los pueblos afectados por los derrames. No somos mendigos, vivimos con metales pesados en el organismo porque el agua está contaminada», comentó la semana pasada a la prensa extranjera el jefe indígena Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el desarrollo y conservación de San Pablo de Tipishca.

La salud de la etnia kukama-kukamiria está en peligro desde los derrames de más de 2.000 barriles de petróleo en las comunidades de San Pedro y Cuninico. Otros perjudicados por la ingobernabilidad son los pequeños agricultores. La escasez de los fertilizantes debido a la guerra en Ucrania fue alertada por productores y especialistas en 2021.

El gobierno ofreció importar el producto para entregarlo a un precio justo a los agricultores. Sin embargo, tres procesos de compra internacional fueron anulados por problemas administrativos y ahora hay una cuarta convocatoria.

El gobierno de Castillo ha tenido siete ministros de Interior en 15 meses, a la vez que decenas de cambios en áreas clave. Algunos de estos cambios en el gabinete se debieron a las presiones de la oposición, pero también a que en su afán de no ser destituido -mediante la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente-, Castillo colocó a personas que le aseguraran votos en el Congreso. La oposición necesita 87 votos para destituirlo y los dos primeros intentos no prosperaron.

Esta inestabilidad política redunda en la actividad del Estado. Un Estado que debería resolver problemas urgentes, como el aumento de número de muertes a manos de sicarios, las extorsiones por parte de bandas como la denominada Tren de Aragua y el incremento de desapariciones de mujeres. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de este año hubo 7.762 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales aparecieron menos de 50%. El periódico La Repúblicareportó que de enero a septiembre hubo 199 asesinatos a manos de sicarios en Lima, mientras que en 2021 la cifra total fue de 219.

El Parlamento ha conseguido obstruir al Ejecutivo y, a la vez, concretar una contrarreforma en temáticas sociales. La oposición parlamentaria tiene en sus filas a militares retirados, como el actual presidente del Congreso, José Daniel Williams Zapata, un general del Ejército que comandó patrullas antisubversivas durante los años de la violencia (1980-2000) y a Martha Moyano, una antigua colaboradora de la lideresa opositora Keiko Fujimori. Ambos están entre los más antiguos promotores de la idea de que en Perú solo hubo terrorismo a manos del grupo maoísta Sendero Luminoso y que las fuerzas del orden fueron pacificadoras y salvadoras de la democracia. Si bien 54% de las víctimas fatales durante el conflicto interno fueron responsabilidad de las acciones terroristas de ese grupo armado, 37% de los muertos y desaparecidos fueron responsabilidad de agentes de seguridad, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

A fines de octubre, el Congreso aprobó una norma para que el Ministerio de Educación implemente un nuevo curso de «historia del terrorismo» sobre «las atrocidades de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) debido al alarmante desconocimiento de los jóvenes sobre su accionar», comentó la parlamentaria fujimorista que propuso el proyecto de ley.

La norma fue aprobada contra a la opinión contraria del Consejo Nacional de Educación, que afirmó que 75% de las víctimas pertenecían a la población más desposeída y que ello evidenció un desprecio de sus vidas por parte de los guerrilleros y de los agentes del Estado. La oposición parlamentaria se ha unido con congresistas de Perú Libre para otras contrarreformas: se votaron normas que desnaturalizan la la educación sexual integral en las escuelas y habilitan a asociaciones de padres de familia ultraconservadores puedan cambiar contenidos en los libros escolares de educación sexual o sobre el período de la violencia.

El otro retroceso que promueve ese sector político es reemplazar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de Ministerio de la Familia. Al estilo de Vox y el bolsonarismo, la alusión a la familia y a los defensores de la patria debilita los derechos humanos y la igualdad de género en el país.

Ni Castillo ni el Congreso tienen claro su destino. Según una reciente encuesta de la consultora Datum, 26% de la población respalda la gestión del presidente, 60% cree que deberían vacarlo o suspenderlo y 37% prefiere que termine su período en 2026. Acerca del Legislativo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de fines de octubre reporta que 81% de consultados lo desaprueba y 56% cree que convocar a elecciones generales sería lo más conveniente para el país.

Esta semana, el Congreso evaluará una denuncia por traición a la patria contra Castillo y su inhabilitación por cinco años, debido a la respuesta que dio en enero a la cadena CNN cuando le preguntaron si cedería mar a Bolivia. El presidente contestó que le consultaría el asunto al pueblo (en referéndum) y como consecuencia un grupo de abogados conservadores -que en 2021 promovían la idea de que hubo fraude electoral- presentaron la denuncia.

El planteamiento es tan débil que incluso diversos parlamentarios y analistas políticos que prefieren que el presidente dimita descalifican la denuncia por su ilegitimidad. El Congreso requiere mayoría simple (65 votos) para aprobarla, pero además tendrá que evaluar los costos políticos que implica forzar la figura de la traición a la patria.

El mes pasado, en los pasillos del Parlamento señalaban que si no lograban 87 adhesiones para la vacancia del jefe de Estado por incapacidad moral permanente, optarían por votar la traición a la patria. Por el momento hay 66 votos a favor de la vacancia. Allí se cuentan los del fujimorismo -la bancada de Fuerza Popular tiene el mayor número de miembros (24) y es la única que no se ha fragmentado- y las de otros grupos políticos de derecha y de ultraderecha, además de congresistas «no agrupados» que abandonaron su bancada.

Dos partidos políticos sin ideología definida, Acción Popular (14) y Alianza para el Progreso (9), suelen votar divididos. Por lo tanto, algunos están a favor de que se vaya Castillo. Seis congresistas de Acción Popular tienen el apodo de «Los niños» por ser «obedientes» a Castillo y suelen votar contra su destitución a cambio de que el Ejecutivo apruebe obras públicas en sus regiones o algún otro tipo de prebenda.

¿Por qué en estos 16 meses de gobierno el Congreso no ha logrado los 87 votos para sacar del cargo al ex sindicalista del magisterio? Una razón es que, aunque débil, se mantiene la alianza del Poder Ejecutivo con Perú Libre, fundado por el autodenominado «marxista-leninista» Vladimir Cerrón.

La actual ministra de Salud, Kelly Portalatino, es congresista de dicho grupo político y su ministerio -al igual que el de Vivienda y el de Transportes- ha parecido en estos meses una agencia de empleos para los allegados de ese partido.

Perú Libre tenía 37 escaños en julio de 2021, pero ahora cuenta con 15 debido a que se desprendieron dos bancadas: el Bloque Magisterial -de diez antiguos docentes, compañeros de Castillo en la huelga del magisterio de 2017- y Perú Democrático, de seis miembros que también votan a favor del presidente. El mandatario cuenta también con algunos votos de Somos Perú, el partido al que pertenece el ministro de Trabajo, uno de sus voceros políticos más fieles.

El presidente, además, suele invitar a parlamentarios sin bancada a viajes para inaugurar pequeñas obras de infraestructura con el fin de hacerlos visibles ante sus electores y, de paso, asegurarse votos. Con el fin de blindarse frente al Congreso, Castillo llegó a nombrar como ministros a representantes de la extrema derecha, pero eso no le sirvió para calmar el ansia del Legislativo de sacarlo del cargo y solo agravó su poco eficiente gestión gubernamental. 

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Este artículo se publica en el marco de la alianza editorial con Revista Nueva Sociedad. Lea el original aquí.