Esta inestabilidad política redunda en la actividad del Estado. Un Estado que debería resolver problemas urgentes, como el aumento de número de muertes a manos de sicarios, las extorsiones por parte de bandas como la denominada Tren de Aragua y el incremento de desapariciones de mujeres. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de este año hubo 7.762 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales aparecieron menos de 50%. El periódico La Repúblicareportó que de enero a septiembre hubo 199 asesinatos a manos de sicarios en Lima, mientras que en 2021 la cifra total fue de 219.
El Parlamento ha conseguido obstruir al Ejecutivo y, a la vez, concretar una contrarreforma en temáticas sociales. La oposición parlamentaria tiene en sus filas a militares retirados, como el actual presidente del Congreso, José Daniel Williams Zapata, un general del Ejército que comandó patrullas antisubversivas durante los años de la violencia (1980-2000) y a Martha Moyano, una antigua colaboradora de la lideresa opositora Keiko Fujimori. Ambos están entre los más antiguos promotores de la idea de que en Perú solo hubo terrorismo a manos del grupo maoísta Sendero Luminoso y que las fuerzas del orden fueron pacificadoras y salvadoras de la democracia. Si bien 54% de las víctimas fatales durante el conflicto interno fueron responsabilidad de las acciones terroristas de ese grupo armado, 37% de los muertos y desaparecidos fueron responsabilidad de agentes de seguridad, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
A fines de octubre, el Congreso aprobó una norma para que el Ministerio de Educación implemente un nuevo curso de «historia del terrorismo» sobre «las atrocidades de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) debido al alarmante desconocimiento de los jóvenes sobre su accionar», comentó la parlamentaria fujimorista que propuso el proyecto de ley.
La norma fue aprobada contra a la opinión contraria del Consejo Nacional de Educación, que afirmó que 75% de las víctimas pertenecían a la población más desposeída y que ello evidenció un desprecio de sus vidas por parte de los guerrilleros y de los agentes del Estado. La oposición parlamentaria se ha unido con congresistas de Perú Libre para otras contrarreformas: se votaron normas que desnaturalizan la la educación sexual integral en las escuelas y habilitan a asociaciones de padres de familia ultraconservadores puedan cambiar contenidos en los libros escolares de educación sexual o sobre el período de la violencia.
El otro retroceso que promueve ese sector político es reemplazar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de Ministerio de la Familia. Al estilo de Vox y el bolsonarismo, la alusión a la familia y a los defensores de la patria debilita los derechos humanos y la igualdad de género en el país.
Ni Castillo ni el Congreso tienen claro su destino. Según una reciente encuesta de la consultora Datum, 26% de la población respalda la gestión del presidente, 60% cree que deberían vacarlo o suspenderlo y 37% prefiere que termine su período en 2026. Acerca del Legislativo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de fines de octubre reporta que 81% de consultados lo desaprueba y 56% cree que convocar a elecciones generales sería lo más conveniente para el país.
Esta semana, el Congreso evaluará una denuncia por traición a la patria contra Castillo y su inhabilitación por cinco años, debido a la respuesta que dio en enero a la cadena CNN cuando le preguntaron si cedería mar a Bolivia. El presidente contestó que le consultaría el asunto al pueblo (en referéndum) y como consecuencia un grupo de abogados conservadores -que en 2021 promovían la idea de que hubo fraude electoral- presentaron la denuncia.
El planteamiento es tan débil que incluso diversos parlamentarios y analistas políticos que prefieren que el presidente dimita descalifican la denuncia por su ilegitimidad. El Congreso requiere mayoría simple (65 votos) para aprobarla, pero además tendrá que evaluar los costos políticos que implica forzar la figura de la traición a la patria.
El mes pasado, en los pasillos del Parlamento señalaban que si no lograban 87 adhesiones para la vacancia del jefe de Estado por incapacidad moral permanente, optarían por votar la traición a la patria. Por el momento hay 66 votos a favor de la vacancia. Allí se cuentan los del fujimorismo -la bancada de Fuerza Popular tiene el mayor número de miembros (24) y es la única que no se ha fragmentado- y las de otros grupos políticos de derecha y de ultraderecha, además de congresistas «no agrupados» que abandonaron su bancada.
Dos partidos políticos sin ideología definida, Acción Popular (14) y Alianza para el Progreso (9), suelen votar divididos. Por lo tanto, algunos están a favor de que se vaya Castillo. Seis congresistas de Acción Popular tienen el apodo de «Los niños» por ser «obedientes» a Castillo y suelen votar contra su destitución a cambio de que el Ejecutivo apruebe obras públicas en sus regiones o algún otro tipo de prebenda.
¿Por qué en estos 16 meses de gobierno el Congreso no ha logrado los 87 votos para sacar del cargo al ex sindicalista del magisterio? Una razón es que, aunque débil, se mantiene la alianza del Poder Ejecutivo con Perú Libre, fundado por el autodenominado «marxista-leninista» Vladimir Cerrón.
La actual ministra de Salud, Kelly Portalatino, es congresista de dicho grupo político y su ministerio -al igual que el de Vivienda y el de Transportes- ha parecido en estos meses una agencia de empleos para los allegados de ese partido.
Perú Libre tenía 37 escaños en julio de 2021, pero ahora cuenta con 15 debido a que se desprendieron dos bancadas: el Bloque Magisterial -de diez antiguos docentes, compañeros de Castillo en la huelga del magisterio de 2017- y Perú Democrático, de seis miembros que también votan a favor del presidente. El mandatario cuenta también con algunos votos de Somos Perú, el partido al que pertenece el ministro de Trabajo, uno de sus voceros políticos más fieles.
El presidente, además, suele invitar a parlamentarios sin bancada a viajes para inaugurar pequeñas obras de infraestructura con el fin de hacerlos visibles ante sus electores y, de paso, asegurarse votos. Con el fin de blindarse frente al Congreso, Castillo llegó a nombrar como ministros a representantes de la extrema derecha, pero eso no le sirvió para calmar el ansia del Legislativo de sacarlo del cargo y solo agravó su poco eficiente gestión gubernamental.
*****
Este artículo se publica en el marco de la alianza editorial con Revista Nueva Sociedad. Lea el original aquí.
Comentarios
Animamos a todo el mundo a que haga comentarios, Por favor, consulte las intrucciones de openDemocracy para comentarios