El enfrentamiento sin pausa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo peruanos, que comenzó en 2016 y se ha acentuado desde que asumió la presidencia el maestro rural Pedro Castillo, se acrecienta cada vez más. Los poderes del Estado se encuentran ocupados en su propia disputa y, como consecuencia, desatienden las situaciones acuciantes que vive buena parte de la población.
El malestar por la situación socioeconómica peruana se percibe y crece en la mayoría de las regiones del país. Durante las última semanas, los damnificados por un grave derrame de petróleo han realizado nuevas manifestaciones frente a las oficinas de Repsol, del presidente del Consejo de Ministros y de la sede del Poder Legislativo.
Al mismo tiempo, las mujeres de las llamadas «ollas comunes» marcharon al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para exigir presupuesto para 2023. A esta situación se suma la contrarreforma conservadora en educación y derechos sociales que ha impuesto la oposición parlamentaria a Castillo. Esa oposición es asesorada por los más experimentados ex-congresistas del fujimorismo.
