Una mujer sostiene una bandera de Colombia a contraluz Foto: Nueva Sociedad. Todos los derechos reservados.

El próximo 17 de junio se realizará en Colombia la segunda vuelta de elección presidencial para el período 2018-2022. Tras los resultados de la primera vuelta, los candidatos en disputa son Gustavo Petro -en representación de la Colombia Humana, una coalición de fuerzas democráticas y progresistas-, e Iván Duque -por el Centro Democrático, partido de derecha dura, liderado por el expresidente (2002-2010) Álvaro Uribe Vélez. 

Por diversos factores, esta es una elección atípica: es la primera después de la negociación del acuerdo para poner fin al conflicto armado con la insurgencia de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC (hoy convertidas en partido político bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común)- firmado en 2016. También es la primera oportunidad en la que un candidato progresista llega vivo y aspira a ganar la contienda en la segunda vuelta electoral.

En junio de 2018 se juega más que una elección presidencial en Colombia. Por primera vez, las élites, tanto urbanas como rurales, enfrentan dificultades para controlar y direccionar los resultados de la elección. Cabe señalar, además, que en 1948 el candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán, cuyo programa de gobierno popular contaba con el respaldo de la mayoría de la población, fue asesinado por las élites, dando inicio al período conocido como La Violencia, y posteriormente al Frente Nacional (acuerdo bipartidista para la repartición sucesiva del poder gubernamental). Fue en ese período cuando surgieron las FARC. Asimismo hay que recordar que hubo políticos asesinados posteriormente a Gaitán, como consecuencia de su intento por enfrentar democráticamente en elecciones a la derecha colombiana: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo.

En 2018, el embrujo autoritario con el que Álvaro Uribe gobernó entre 2002 y 2010, que continuó reinando con un discurso en apariencia diferente, en el gobierno Santos, y que ha mantenido el apoyo de un porcentaje importante de la población, intenta volver a imponerse en las urnas. Al mismo tiempo, por primera vez, parece existir un consenso amplio de rechazo a las formas y a las propuestas de esa tendencia.

En la primera vuelta de la elección, realizada el 27 de mayo, no sólo se redujo la abstención al 46,62% frente al 59,93% registrado 4 años antes , también se expresó el apoyo de las/os votantes a candidatos que representaban una propuesta diferente a las que plantearon el Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical, agrupaciones de las que una amplia lista de sus integrantes han sido detenidos y condenados por corrupción y vínculos con el paramilitarismo. El apoyo de más del 50% de los votos a candidatos distintos a dichas opciones refleja un cambio de perspectiva en un país donde el clientelismo y la falta de lectura histórica han caracterizado los procesos electorales.

Ahora, para una mayor comprensión del escenario nacional es necesario mencionar algunos elementos de las propuestas programáticas de los dos candidatos, indicando las visiones de país que se encuentran en disputa.

La cuestión agraria

El acceso a la tierra constituye uno de los problemas históricos que ha dado lugar al conflicto social y armado en Colombia. Se trata, por lo tanto, de un elemento fundamental en cualquier propuesta de país y en la representación de los intereses generales o de grupos particulares.

Las posiciones de los dos candidatos se plantean como contrapuestas: por un lado, desde el Centro Democrático se propone la profundización del extractivismo (minero energético y agroindustrial) como base de la generación de ingreso nacional, apoyado en dos pilares: 1) una estructura de la propiedad de la tierra concentrada en manos de terratenientes históricos y de quienes la acapararon a través del desplazamiento forzado durante los primeros años del siglo XXI y 2) el rol protagónico del capital transnacional, como inversor, exportador y comprador del patrimonio natural extraído, dando continuidad a la denominada política de Seguridad Inversionista, desarrollada por Álvaro Uribe Vélez en sus dos mandatos y continuada por Juan Manuel Santos en los 8 años siguientes.

Por otro lado, la Colombia Humana propone gravar las tierras fértiles improductivas, a partir de criterios definidos por un catastro rural modernizado, con el fin de incentivar una mayor productividad de la tierra que, a su vez, genere condiciones laborales dignas para el campesinado colombiano. En esta propuesta, el Estado desempeña un rol central en la garantía del acceso a la tierra para los pequeños propietarios y en la promoción de un proceso de industrialización paulatina. El candidato Gustavo Petro plantea que la agroindustria tendría un lugar central en esta cadena, con el campesinado como protagonista.

Frente a estas propuestas divergentes en un tema central del conflicto social y armado, es interesante analizar las respuestas que se presentaron en la primera vuelta de la elección presidencial. Si bien aún no existen datos consolidados que permitan comparar las tendencias rurales y urbanas y las generalizaciones suelen pasar por alto elementos importantes, al observar algunos departamentos y municipios mayoritariamente rurales o territorios víctimas del conflicto armado, se puede ver que en los 9 departamentos en los que ganó Gustavo Petro, hubo un alto impacto del conflicto en los últimos años y, al mismo tiempo, se construyó un tejido social que buscó responder desde propuestas organizativas populares. En los restantes 23 departamentos, la victoria en primera vuelta fue para Iván Duque, estos departamentos incluyen regiones en las que hubo presencia activa de las FARC, así como algunas en las que aún existe predominante presencia paramilitar.

La cuestión ambiental

Creciente importancia en el debate adquiere que por primera vez la cuestión ambiental aparece ligada a una perspectiva de economía política. Los conflictos socio ambientales generados por el modelo de desarrollo dependiente de la agroindustria, la explotación de minerales, petróleo y carbón, así como la generación de energía para alimentar ese modelo, son cada vez más visibles en el contexto nacional: el deterioro de los suelos, fuentes de agua y la contaminación de los territorios ligados a la extracción minera han sido denunciados repetidamente, los efectos en la salud de las poblaciones, particularmente niñas y niños que mueren por desnutrición en zonas de extracción de carbón escandalizan a la población, y los asesinatos de luchadoras/es por la defensa del territorio continúan aumentando (32 en Colombia en 2017, según Global Witness).

La transición desde ese modelo explotador de la vida y los territorios hacia una economía productiva esencialmente agrícola es la propuesta de la Colombia Humana. La continuidad de la muerte a través de la profundización de la economía extractivista, a la que se suma la intención de promover el fracking, es la visión que ha defendido el Centro Democrático. El apoyo de los partidos tradicionales y los principales gremios económicos a esta propuesta evidencia que son precisamente los grandes intereses económicos los que se cuestionan en la disputa actual.

El voto en blanco podría constituir un respaldo mudo de las propuestas del derechista Centro Democrático.

La definición de la cuestión ambiental presenta distintas aristas en Colombia. Podría afirmarse que, salvando diferencias ideológicas internas, el ambientalismo radical, en el que también se ubican los pueblos que luchan por la dignificación de su vida frente al modelo de despojo, se ha sumado al proyecto político de la Colombia Humana. Por el contrario, el ambientalismo que defiende soluciones de mercado y se basa en una retórica de conservación de la vida, como un concepto abstracto e individual, desconectado de los territorios y del campo popular, ha optado por apoyar el voto en blanco. En la coyuntura actual, el voto en blanco podría constituir un respaldo mudo de las propuestas del Centro Democrático, desde una postura aparentemente crítica de la polarización en la que se ha sumido el país.

Otras tendencias, autodenominadas de izquierda, que no se reclaman como ambientalistas pero reivindican representar intereses populares, también han optado por apoyar el voto en blanco, profundizando las visiones individualistas que se benefician de una perspectiva eterna de oposición.

Continuidad de la guerra o concepciones de paz en disputa

Tras el proceso de negociación y la firma del acuerdo con las FARC, se manifestaron distintas concepciones de paz: pax neoliberal contra la paz con justicia social. También se hizo evidente el interés de ciertos sectores en perpetuar el modelo militar y paramilitar. La campaña por el NO en el plebiscito para ratificar el acuerdo se basó en el uso de noticias falsas y en la manipulación a través de un refuerzo del conservadurismo, con instrumentos falaces como la llamada ideología de género.

Es esta disputa la que se ha ubicado en el centro del debate público y la que plantea los mayores desafíos a la sociedad colombiana: la continuidad de una historia de guerra y eliminación física de propuestas que se alejan del modelo económico y social dominante, o la posibilidad de construir desde el ejercicio de la participación popular, en la que se reconoce la diversidad de actores sociales y sus intereses. 

En este debate electoral y después de la desmovilización de las FARC, la polarización se ha reconfigurado en comparación con el debate de 2016. Quienes entonces defendieron una pax neoliberal se han sumado a la candidatura de la ultraderecha a pesar de sus afirmaciones en contra del acuerdo. Afirmaciones que fueron acomodándose para congraciarse con el electorado: desde “hacer trizas el acuerdo” hasta “modificaciones sustanciales”.

Es altamente preocupante que, con la victoria del Centro Democrático, Colombia se avoque nuevamente a una violencia como la vivida durante los años 80 y 90, cuando el partido político de izquierda Unión Patriótica fue eliminado físicamente con el asesinato de más de 5.000 de sus integrantes. Existe temor a que esto se repita, ahora contra los ex combatientes de las FARC. También a que el uribismo sea de nuevo, como en los años de la seguridad democrática, cuando la criminalización del movimiento social no tuvo límite, la 'mano oscura' de la que se apoye la oligarquía para no manchar sus apellidos, al tiempo que se extermina cualquier opción de cambio y de pensamiento diverso en el país.

En la otra cara, la propuesta de Gustavo Petro y Angela María Robledo entiende la paz como una construcción de la sociedad, para la cual es indispensable reformar el Estado colombiano en los ejes de la salud, la educación, el sistema pensional, entre otros. Desde una visión que parte de la necesidad de la justicia social para la construcción de paz. A ello se suma el cumplimiento en la implementación de los acuerdos alcanzados con las FARC y la garantía de la aplicación de la Justicia Especial para la Paz.

En un contexto regional en el que los gobiernos de derecha toman el poder, incluso con golpes de Estado, para imponer procesos de restauración conservadora en países donde en los últimos años tuvieron lugar periodos democráticos denominados progresistas, y en un ámbito internacional en el que también se observa crecimiento del apoyo a iniciativas autoritarias de derecha, esta elección adquiere un peso representativo, no sólo para la población colombiana. Adquiere un significado geopolítico que tiene el potencial de reforzar o cambiar el rol que el país suramericano ha jugado históricamente en la Región.

En las miradas contrapuestas de la paz en Colombia está en juego, en última instancia, el continuismo del arrasamiento de los territorios y su militarización con fines de acumulación corporativa trasnacional, o la dignificación de la vida de los pueblos y los bienes comunes.