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Políticas extractivas y silenciamiento de la disidencia en Ecuador

Expertos de la ONU señalan que la práctica del gobierno de Ecuador de silenciar a las ONG que cuestionan sus políticas y programas es una estrategia para asfixiar a la sociedad civil. English

Carlos Zorrilla
16 March 2017
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Rafael Correa, Presidente de Ecuador hablando durante una rueda de presa en Quito. 22 febrero 2017. Xinhua/SIPA USA/PA Images. Todos los derechos reservados.

Cinco expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos emitieron la siguiente declaración en enero de 2017: "Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando éstas discrepan demasiado o desafían la ortodoxia oficial. Esta estrategia de asfixiar a la sociedad civil se ha implementado mediante dos decretos - 16 y 739 - que otorgan a las autoridades la potestad de disolver unilateralmente cualquier tipo de organización."

La gota que colmó el vaso

Este comentario crítico excepcionalmente severo por parte de las Naciones Unidas lo desencadenó el intento del gobierno ecuatoriano, supuestamente progresista, de clausurar la más antigua organización ecologista del país, Acción Ecológica, falsamente acusada de utilizar redes sociales para supuestamente apoyar el uso de tácticas violentas por parte del pueblo indígena shuar contra un proyecto de minería de cobre a gran escala en el sur del país. La revuelta tuvo lugar en diciembre de 2016 y se saldó con la muerte de un agente de policía, crimen que todavía está sin resolver. Los shuar trataban de recuperar parte de sus tierras ancestrales, de las que fueron desalojados con violencia los residentes para instalar las infraestructuras de una compañía minera china. La respuesta del gobierno fue suspender los derechos civiles en toda la provincia de Morona Santiago, que fue donde se registraron los enfrentamientos. Se destacaron miles de policías de élite y personal militar a la región, se registraron hogares y se arrestó a líderes indígenas y campesinos sin orden judicial. En la actualidad se están llevando a cabo rastreos para detener a otras personas vinculadas a la rebelión. Al mismo tiempo, se ha impuesto un apagón informativo, con lo que se hace casi imposible saber qué está sucediendo realmente en territorio shuar. Las noticias que logran, sin embargo, superar los filtros son realmente alarmantes.

Debido al rechazo nacional e internacional del autoritarismo del gobierno y al apoyo a Acción Ecológica, a principios de enero de 2017 el gobierno detuvo la disolución de la organización. Pero las condiciones de asedio en Morona Santiago siguen en pie.

Acción Ecológica, con sede en Quito, no es la única organización medioambiental en la mirilla del gobierno por desafiar sus políticas extractivas. En diciembre de 2013, la Fundación Pachamama fue clausurada por apoyar el rechazo de la población indígena a la apertura de nuevas regiones amazónicas a la exploración petrolera. Los mismos decretos ejecutivos utilizados contra Acción Ecológica se utilizaron contra Pachamama. Lo que tienen en común estas dos ONGs es que apoyan activamente el derecho de las comunidades y los pueblos indígenas a oponerse pacíficamente a los programas de desarrollo petrolero y minero del gobierno que afectan sus tierras y agreden sus derechos. Y este tipo de oposición, susceptible de asustar a los inversores, simplemente no está dispuesto a permitirla un gobierno que en algún momento ha llegado a calificar de terrorista a cualquiera que se oponga al ‘desarrollo’.

Los decretos utilizados para clausurar Acción Ecológica y Pachamama – que la mayoría de los expertos jurídicos considera inconstitucionales - se utilizaron también, con el mismo fin, contra la Unión Nacional de Educadores (UNE), el sindicato de maestros más antiguo y prestigioso de Ecuador. Y también se utilizaron cuando el gobierno, en 2015, acabó fracasando en su intento de clausurar Fundamedios, una ONG dedicada a promover y proteger la libertad de expresión, a la que el ejecutivo acusaba de "difundir presuntamente mensajes con connotaciones políticas".

Cabe preguntarse si hay en el mundo alguna organización que se dedique a promover y proteger el derecho a la libertad de expresión que no difunda información con "connotaciones políticas". Pero aunque resulte difícil de creer, esta es una de las prohibiciones que se incluyen en los decretos presidenciales contra las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a los planes y programas del gobierno. Los decretos, sin embargo, son sólo una de las muchas herramientas de las que se sirven las autoridades en Ecuador para criminalizar la protesta social.

Cuando no han bastado los decretos presidenciales, Correa ha echado mano de los tribunales para silenciar a periodistas e investigadores que han denunciado aspectos poco presentables de su gobierno. El caso más destacado es el del periodista y ex miembro de la Asamblea Nacional Fernando Villavicencio, a quien los tribunales condenaron a pena de cárcel y a pagar una indemnización de $ 141.000 al presidente Correa por supuestas calumnias. No es ninguna coincidencia que el señor Villavicencio sea uno de los críticos más severos y certeros no sólo del gobierno de Correa, sino, específicamente, de su política petrolera. Su libro Ecuador: Made in China ha desvelado los embarazosos acuerdos comerciales de Ecuador con China en relación con preventas de petróleo vinculadas a préstamos de miles de millones de dólares a intereses extravagantes.

 Los decretos, sin embargo, son sólo una de las muchas herramientas de las que se sirven las autoridades en Ecuador para criminalizar la protesta social.

En 2011, Correa demandó a otros dos periodistas por daños morales derivados del contenido de un libro del que son autores, en el que se vincula al presidente con los negocios ilegales de su hermano. Una vez más, los sumisos tribunales ecuatorianos se alinearon con el gobierno y fallaron en contra de los periodistas. Una de las ironías de este caso fue que el propio gobierno había ordenado que se investigara el tema del que informaron los periodistas. Correa también demandó, y ganó, una demanda de cuarenta millones contra varios periodistas y el director del periódico opositor El Universo, que motivó un fuerte clamor internacional. Al final, Correa renunció a su derecho a ser indemnizado, pero no antes de que la demanda y la sentencia tuvieran el efecto deseado: enfriar la disidencia. Uno de los periodistas que fueron declarados culpables en el caso solicitó posteriormente, y consiguió, asilo en los Estados Unidos.

Como en el caso de Acción Ecológica, la presión nacional e internacional logró disuadir al gobierno del cierre de Fundamedios. Pero a Pachamama no se le ha permitido reanudar sus actividades.

DECOIN: otra táctica distinta

Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) es otra de las organizaciones en la mirilla del gobierno por su oposición a los programas de minería. Se trata de una organización medioambiental muy pequeña, que trabaja desde 1995 en la zona de Intag, en los bosques de gran diversidad biológica del noroeste del país. Una de sus principales actividades es la colaboración con los gobiernos locales y las comunidades para proteger los bosques nubosos de la región y las fuentes de agua. Para ello, ha estado trabajando estrechamente con siete gobiernos locales y 35 comunidades para preservar a más de 12.000 hectáreas de bosques en Intag y garantizar el abastecimiento de agua potable de miles de residentes. También decenas de mamíferos, pájaros, plantas y otras especies que se enfrentan a la extinción se benefician de estas reservas forestales gestionadas por las comunidades y gobiernos locales. Pero la mayoría de estas áreas protegidas están ahora en peligro de convertirse en minas a cielo abierto como consecuencia de la agenda extractiva del gobierno.

Aunque no se han utilizado contra DECOIN los decretos denunciados por las Naciones Unidas, el gobierno le ha hecho notar su disgusto a la organización de otras maneras. La táctica en este caso ha consistido en que, en varias ocasiones, el propio Presidente difamase públicamente a la dirección de DECOIN. A finales de 2013 y principios de 2014, en sendas intervenciones televisadas a nivel nacional, el presidente Correa se permitió difundir mentiras y desinformación acerca de varios activistas implicados en el movimiento de resistencia a la minería. De hecho, el presidente me apuntó específicamente a mí. Resulta que soy uno de los miembros fundadores de DECOIN y que informo activamente a una audiencia internacional sobre los eventos relacionados con los proyectos mineros en Intag. Desde el punto de vista del gobierno, mi auténtico crimen ha sido, al parecer, haber redactado un manual para las comunidades afectadas sobre qué hacer cuando las compañías mineras multinacionales aparecen sin anunciarse en la puerta de sus casas. El manual contiene sugerencias de tácticas de defensa pacíficas para uso de las comunidades ante las prácticas erosivas y a menudo destructivas de las corporaciones mineras y sus aliados. Las mentiras de Correa fueron tan flagrantes que Amnistía Internacional publicó un ‘documento de acción urgente’ a nivel mundial destinado a garantizar mi seguridad personal. No era ésta la primera vez que yo  sufría un ataque de los intereses extractivos. A finales de 2006, una empresa minera canadiense trató de que me arrestaran con cargos falsos y a punto estuvo de lograrlo.

Mientras que otras organizaciones a las que el gobierno ecuatoriano toma como blanco son grandes ONGs, de base urbana y relativamente bien financiadas, DECOIN es muy pequeña y nuestro trabajo se limita a una parte de uno de los 221 cantones en que se estructuran las 24 provincias de Ecuador. ¿Por qué, cabe preguntarse, el gobierno se empeña tanto en silenciarnos?

Desde el punto de vista del gobierno, mi auténtico crimen ha sido, al parecer, haber redactado un manual para las comunidades afectadas sobre qué hacer cuando las compañías mineras multinacionales aparecen sin anunciarse en la puerta de sus casas. 

Intag es, precisamente, la zona del país donde el gobierno está decidido a impulsar, a toda costa, grandes proyectos mineros a cielo abierto. Dado su impacto medioambiental, bien conocido, en un ecosistema frágil y de altísima biodiversidad como éste, es obvio que dichos proyectos encuentran fuertes resistencias. Y nosotros, en DECOIN, proclamamos nuestra oposición de manera enfática. También apoyamos activamente los derechos constitucionales que asisten a las comunidades en su oposición a este tipo de explotación a la que dan en llamar ‘desarrollo’ – y que son, en realidad, la encarnación misma de la insostenibilidad.

Según los expertos que realizaron un estudio preliminar de impacto ambiental basado en un pequeño yacimiento de cobre, las operaciones mineras en Intag implicarían la reubicación de al menos cuatro comunidades, la contaminación de ríos y arroyos con metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y cromo, y una "deforestación masiva" que provocaría la desertificación de la zona. Dañarían también una de las áreas protegidas más importantes del mundo desde el punto de vista biológico: la Reserva Ecológica de Cotacachi Cayapas. La deforestación masiva tendría asimismo un impacto letal en las poblaciones de mono araña, en grave peligro de extinción, de oso de anteojos, y de decenas de otros mamíferos, anfibios, aves y plantas. Pero una vez identificados estos impactos, se descubrieron en la región yacimientos de cobre cinco veces mayores a los descubiertos hastala fecha.

¿Por qué, cabe preguntarse, el gobierno se empeña tanto en silenciarnos?

En los últimos doce meses, el gobierno ecuatoriano ha aceptado a trámite cientos de nuevas solicitudes de concesiones mineras, con lo que se expande exponencialmente el área destinada a la industria minera. Dicha expansión se está llevando a cabo sin ninguna consulta previa con los gobiernos locales o las comunidades, en flagrante violación de la constitución del país. Muchas de estas concesiones afectan áreas protegidas, con lo que cabe preguntarse si las empresas saben algo sobre el rediseño de los límites de estas áreas que el resto del país desconoce. Las concesiones cubren, además, la parte alta de la mayor parte de las cuencas hidrográficas del país, en la cordillera andina, e incluyen bosques primarios, tierras agrícolas de primera calidad y cientos de pueblos y ciudades. En este contexto, la represión que sufren los shuar en el sur del Ecuador podría interpretarse como un intento de intimidar y silenciar las innumerables protestas que, indudable e inevitablemente, desafiarán en el futuro esta descontrolada fiebre extractiva.

En la zona de Intag, donde vivo y trabajo, la historia es la misma. Aproximadamente el 85% de la superficie de Intag está siendo invadida por concesiones otorgadas a empresas mineras transnacionales, algunas de ellas de tipo pirata. Actualmente CODELCO, el mayor productor de cobre del mundo, está llevando a cabo trabajos de prospectiva en el interior de los bosques primarios que utilizaban anteriormente las comunidades locales para satisfacer la demanda de turismo ecológico. Y llegan informaciones de que BHP Billington, la compañía minera más grande del mundo, ha expresado interés en unirse a otras empresas para explotar los yacimientos de cobre y molibdeno que se hallan en el subsuelo de este país de las maravillas de la biodiversidad. Considerando la historia de 22 años de resistencia de Intag frente a la minería - que se ha saldado hasta la fecha con expulsión de la región de dos corporaciones mineras transnacionales -, llevar a cabo estos planes de las corporaciones no va a ser un camino de rosas. Y el levantamiento en el sur del país es también, sin duda, motivo de inquietud para las compañías petroleras y mineras. La dura reacción del gobierno silenciando la disidencia en las comunidades e intimidando a las ONGs que apoyan a estas comunidades frente a los intereses mineros, está destinada a calmar su inquietud.

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