La policía antidisturbios responde a una protesta en Nairobi, Kenia. Imagen: Tabitha Otwori/SOPA via Zuma Press/PA Images. Todos los derechos reservados.

Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

La policía de Kenia tiene un largo historial de respuesta represiva a las protestas pacíficas. Cuanta con intervenciones de la policía caracterizadas por muertes, el uso indiscriminado de la fuerza, lesiones graves, abuso de armas de fuego, arrestos y detenciones ilegítimas con el pretexto de mantener la ley y el orden. Estas respuestas represivas salieron a raíz de la violencia que siguió al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales en 2007; una comisión de investigación establecida para investigar la violencia destapó que la gestión policial de las manifestaciones había sido "inconsistente en sus disposiciones legales básicas, había puesto en peligro las vidas de los ciudadanos y en muchos casos se caracterizaba por el uso injustificado de la fuerza letal". (Un total de 405 personas murieron por heridas de bala, mientras que 557 resultaron heridas de bala).

Diez años después de aquellos sucesos, la policía de Kenia parece no haber aprendido nada, como lo demuestra su respuesta a las manifestaciones pacíficas organizadas por ciudadanos, la sociedad civil y los partidos políticos en 2016 y 2017. Los estudios de caso que figuran a continuación ilustran cómo la policía de Kenia sigue socavando derechos y libertades a la vez que no se investiga una gama de abusos directamente resultantes de la represión policial de las protestas públicas. 

Violencia policial y represión de la protesta 

Los líderes y simpatizantes de la Coalición para la Reforma y la Democracia hicieron campaña para que la Comisión Electoral Independiente (IEBC, por sus siglas en inglés) se disolviera, y se organizaron manifestaciones pacíficas en diferentes condados en Kenia entre el 25 de abril y el 6 de junio de 2017. Esto ocurrió después de que uno de los diarios informara que algunos funcionarios de la comisión habían recibido, supuestamente, sobornos por valor de millones de chelines kenianos (Ksh) durante la adquisición de materiales electorales.

La mayoría de las protestas comenzaron pacíficamente y en, todos los casos, se tornaron violentas solo después de que la policía, armada con material antidisturbios, munición real, cañones de agua y gas lacrimógeno dispersara a los manifestantes. La fuerza utilizada por los agentes policiales fue la causa de lesiones graves en muchos manifestantes; algunos murieron por heridas de bala. Algunos manifestantes también fueron detenidos ilegalmente por la policía y acusados de participar en una asamblea ilegal en Nairobi. Estos manifestantes fueron liberados más tarde previo pago de fianza de Ksh 100.000 (ca. 1.000 USD). 

Según un informe de la Autoridad de Supervisión Policial Independiente, 24 manifestantes en el condado de Kisumu sufrieron heridas de bala, mientras que cuatro mujeres en el condado de Homa Bay sufrieron heridas de bala. Estos ataques indiscriminados de la policía hirieron a transeúntes inocentes y gente en sus hogares mientras la policía abordaba a manifestantes en las calles. Un niño, Jeremy Otieno Onyango, de seis años, recibió un disparo en la espalda mientras jugaba en el balcón de su casa en Kasule-Manyatta Estate. En otro incidente, un niño de un año de edad resultó gravemente herido después de que un bote de gas lacrimógeno fuera lanzado contra su casa en Migosi Estate, en Kisumu. 

En Nairobi, los partidarios de la oposición se enfrentaron a la policía mientras marchaban hacia la sede central de IEBC en Anniversary Towers, en un intento de obligar a los comisionados a dejar su cargo. Cuando los manifestantes se acercaron a las puertas, la policía disparó gases lacrimógenos contra la multitud, lo que obligó a los manifestantes a correr en busca de refugio, y algunos fueron heridos de gravedad después de ser atropellados por otros manifestantes. En el condado de Kisii, la policía disparó varias veces al aire y persiguió a los manifestantes. Esto sucedió apenas unos minutos después de que los líderes se hubiesen dirigido a los manifestantes en la sede del gobierno del condado. 

Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos han sido los principales blancos de las prácticas policiales represivas durante sus protestas pacíficas contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la corrupción. Desde la independencia en 1963, varios regímenes, incluida la actual administración del Jubileo, se han visto envueltos en serias acusaciones de malversación de fondos públicos. 

En 2016, una serie de escándalos dentro de la administración del Jubileo causaron revuelo público después de que se revelara que miles de millones de chelines supuestamente habían sido saqueados por funcionarios públicos o se habían perdido en transacciones comerciales fallidas. El 3 de noviembre de 2017, la policía disolvió brutalmente una manifestación pacífica de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia y otras organizaciones de la sociedad civil convocada para expresar su indignación pública por la corrupción gubernamental. Vestidos con camisetas rojas y cantando consignas anticorrupción, los manifestantes estaban en Uhuru Park preparándose para embarcarse en una procesión hacia Harambee House. Sin embargo, antes de que salieran de ahí, la policía rodeó todas las entradas al parque y utilizó balas y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Al menos 13 manifestantes fueron detenidos ilegalmente, mientras que otros fueron duramente golpeados mientras huían. 

Uno de los manifestantes declaró que algunos agentes de policía se habían disfrazado de manifestantes para pasar información a sus colegas sobre lo que los manifestantes estaban planeando antes de abandonar el parque. Los periodistas y los defensores de los derechos humanos que han denunciado o documentado violaciones durante protestas como esta son objeto de hostigamiento, intimidación o persecución por parte de la policía.

Las elecciones generales se celebraron en Kenia el 8 de agosto de 2017, y millones de keniatas formaron largas filas para emitir sus votos. Tres días después, la Comisión Electoral Independiente declaró al presidente saliente Uhuru Keniata, como el presidente electo. 

Partidarios de la oposición de la Súper Alianza Nacional (NASA, por sus siglas en inglés) en Mombasa, Kisumu, Siaya, Migori, Homa Bay y Nairobi tomaron las calles poco después, gritando "Uhuru se tiene que ir", tras las acusaciones de que la votación fue manipulada. La policía, armada con equipos antidisturbios y munición real, dispersó la protesta disparando gases lacrimógenos y botes de humo. Los manifestantes respondieron arrojándole piedras a la policía, bloqueando carreteras y quemando llantas. 

Entre el 11 y 12 de agosto de 2017, la policía llevó a cabo operaciones puerta a puerta, golpeando o disparando a hombres en sus casas en Kisumu. Allá donde la policía no pudo entrar, arrojó gases lacrimógenos a las casas, obligaron a los ocupantes a salir, los golpearon duramente y luego los arrestaron con cargos falsos, hubiesen participado o no en las manifestaciones. Al menos diez personas, incluido un bebé de seis meses, murieron. Según los informes, el bebé murió a causa de graves heridas en la cabeza después de que la policía irrumpiera violentamente en la casa y sometiera a todos sus ocupantes a golpes con palos y porras. 

Según un informe de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la policía también se enfrentó con manifestantes en Nairobi los días 12 y 13 de agosto de 2017. En Kawangware, la policía de Mathare, Babadogo, Kibera y Dandora se enfrentó activamente a manifestantes y disolvió reuniones con gases lacrimógeno, gas de pimienta y cañones de agua, porras y munición real, algunas veces disparando al aire pero otras también apuntando directamente a individuos, y disparando al azar contra multitudes y áreas residenciales. Al menos 23 personas supuestamente murieron por disparos de la policía, tres fueron golpeadas hasta la muerte, tres murieron asfixiadas por gases lacrimógenos y gas pimienta y dos fueron pisoteadas hasta morir. 

Un informe publicado por la Unidad Médico Legal Independiente en noviembre de 2017 registró 23 muertes después de las elecciones presidenciales de agosto. Las autopsias de 12 de las víctimas plantearon un caso claro para una investigación independiente sobre el uso de fuerza letal por parte de la policía. En dos casos, la policía había señalado en los formularios P23 utilizados pare estos casos que había disparado para protegerse contra atacantes con machetes; sin embargo, los supuestos atacantes recibieron disparos en la espalda. 

Imagen: Xinhua/John Okoyo/SIPA USA/PA Images. Todos los derechos reservados.

La respuesta de la policía: una completa falta de rendición de cuentas 

Los estudios de caso anteriores indican que la policía usó fuerza excesiva y brutalidad, incluso contra mujeres y personas vulnerables como niños y personas con discapacidades. También sometió a los manifestantes a arrestos arbitrarios y detención ilegal. Esta respuesta represiva ahora está normalizada y parece ser la práctica estatal aceptada sobre cómo gestionar y vigilar las protestas pacíficas en Kenia. 

Sin embargo, a pesar de los múltiples informes realizados por organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, el servicio de policía nacional en Kenia nunca ha reconocido ni asumido la responsabilidad de las muertes a manos de sus oficiales. En cambio, se ha advertido a los manifestantes de más consecuencias graves, mientras que se han descartado los informes condenatorios de las organizaciones de la sociedad civil. La policía también ha negado el uso de fuerza excesiva durante las manifestaciones contra la IEBC, y no se ha responsabilizado a ningún oficial de la flagrante violación de los derechos y libertades fundamentales ocurrida durante las mismas. 

Un informe reciente publicado por el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía calificó al servicio de policía de Kenia como el tercero peor del mundo. Esta es una acusación contra todo el servicio de policía nacional; el público en general ya no tiene fe en su capacidad de mantener la ley y el orden, a pesar de los numerosos esfuerzos de reformas. Los keniatas continúan sufriendo numerosas violaciones de los derechos humanos como resultado de las despiadadas técnicas empleadas por la policía para dispersar a los manifestantes. Menos de una semana después de la publicación del informe, la policía de Kenia siguió actuando como siempre, ya que dispersó violentamente a los partidarios de la oposición mientras daban la bienvenida al líder de la oposición Raila Odinga que regresaba de un viaje a Estados Unidos. Los noticieros de varios medios de comunicación informaron de varias muertes como consecuencia del uso policial de balas, gas lacrimógeno y bidones de agua para dispersar a los manifestantes. 

¿Cómo abordar las graves violaciones de los derechos humanos en Kenia? 

El derecho a la libertad de expresión y reunión se consideran ampliamente como el marco natural de cualquier sociedad democrática. Estos derechos, consagrados en los artículos 33 y 37 de la Constitución de Kenia y en una serie de instrumentos legales internacionales, han permitido a los ciudadanos expresar públicamente y legalmente sus quejas contra el Estado, exigir cambios y exigir rendición de cuentas al gobierno. El papel de la policía es proporcionar seguridad y mantener la ley y el orden, al mismo tiempo que se garantiza que esto se haga teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y otras libertades fundamentales.

El servicio de policía nacional en Kenia tiene el mandato de cumplir con los estándares constitucionales de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También se guía por las disposiciones consagradas en la Ley de Orden Público, que exige a los organizadores de las protestas públicas que notifiquen a la policía entre 3 y 14 días antes. 

A pesar de estas disposiciones constitucionales y legales, es evidente que los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Kenia están decididos a limitar los derechos y libertades fundamentales a toda costa. Esta práctica represiva no es solo contraria a los logros constitucionales, sino también una violación del derecho internacional. Mientras el secretario del gabinete interior interino prohibía las manifestaciones pacíficas de los partidarios de la oposición antes de las elecciones presidenciales del 26 de octubre, el Tribunal Supremo dictó órdenes temporales que impedían a la policía detener ilegítimamente a manifestantes, una clara demostración y compromiso por parte de los tribunales kenianos por defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Del mismo modo, las personas que aprovechan las protestas pacíficas para cometer actos delictivos y otras violaciones de los derechos humanos deben rendir cuentas ante los tribunales. Los agentes de policía que han estado implicados en violaciones de los derechos humanos cuando se trata de protestas públicas deben rendir cuentas. Esto debería incluir responsabilidad civil y penal a nivel individual y a nivel de responsabilidad de mando. En el mismo sentido, la Comisión del Servicio Nacional de Policía debería adoptar medidas disciplinarias contra los agentes de policía implicados en la comisión de violaciones de los derechos humanos durante la vigilancia de manifestaciones públicas pacíficas.

Pero antes de nada, la policía debe capacitar a todos los oficiales sobre la gestión del orden público y el uso de la fuerza, como se prevé en la disposición sexta de la Ley del Servicio Nacional de Policía. Esto contribuiría en gran medida a garantizar que los oficiales puedan controlar las protestas de una manera que cumpla con los estándares internacionalmente aceptados. La fuerza policial debe establecer una cadena de mando clara para tratar situaciones de control y gestión de multitudes. La prestación de servicios médicos debe hacerse cumplir estrictamente como se establece en la mencionada disposición sexta de la Ley de la Policía Nacional. 

La represión policial de las protestas pacíficas de la policía de Kenia ha llevado a violaciones sistemáticas de los derechos humanos; la policía sigue siendo una grave amenaza para los derechos humanos de libertad de expresión y reunión. El uso de armas de control de multitudes, muchas veces letales, y el uso ilegal de armas de fuego está ahora normalizado y parece ser la forma aceptada de lidiar con el control y la gestión de multitudes. Esto no ha impedido que los organizadores sigan convocando manifestaciones pacíficas para expresar su insatisfacción con asuntos críticos de importancia nacional y pública. Pero los manifestantes pacíficos siguen pagando el precio más alto en su lucha por ejercer libremente sus derechos constitucionales.