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Norah Padilla, recicladora de residuos urbanos en Bogotá, y la conquista democrática de derechos

Una vez conquistado un derecho, es necesario construir la institucionalidad que lo haga perdurable, lo convierta en oportunidades para todos y lo proteja de los abusos de los poderosos. English Português

Carlos March
2 March 2016
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Traperos recolectando basura. Wikimedia Commons. Some rights reserved.

Norah Padilla encarna la diferencia entre una mujer dura de nacimiento y una mujer endurecida por la vida. Vivenció todos los males que puede deparar la pobreza extrema y ello sirvió para templar su humanidad. Sufrió las penosas carencias de la indigencia y eso profundizó su inteligencia. Padeció las más injustas inequidades y eso la convirtió en una luchadora por el estado de derecho. Norah es una de las principales referentes latinoamericanas de los recicladores urbanos.

Su lucha comenzó hace años, en Bogotá, donde organizó a un grupo de recicladores para que reclamaran por su derecho a ser reconocidos como prestadores de un servicio público como es el reciclaje de residuos urbanos. En 2012 la Corte Constitucional colombiana, a partir de un recurso de amparo presentado por los recicladores, obligó al gobierno nacional a establecer las normas para que los recicladores organizados en cooperativas pudieran participar de los procesos de licitación del sistema de recolección de residuos domiciliarios.

A partir de ese reconocimiento, Norah tuvo que adecuar su estrategia de reclamar por un derecho, a tener que incidir sobre la normativa que lo convertiría en realidad. Para ello, convocó a diversos actores que podían aportarle saberes para lograr una reglamentación adecuada y métodos para alcanzar la incidencia que contrapesara los poderosos intereses del sector empresarial.

Finalmente, una vez sancionada la norma, debió adaptar nuevamente la estrategia para que el derecho reconocido pudiera ser ejercido, buscando las alianzas y recursos necesarios para convertir a las frágiles cooperativas en prestadoras de un servicio público eficiente y competitivo. De esta manera, luchando por sus derechos, Norah, que reciclaba residuos para sobrevivir a la indignidad, se recicló a sí misma para revivir la dignidad humana.

Del derecho reconocido al derecho ejercido

El punto de mayor debilidad de todo proceso de reconocimiento de derechos que involucra como protagonistas a los sectores vulnerables de la sociedad se produce cuando se reconoce el derecho vulnerado. Ese es el punto de inflexión: aquél que reclamaba como excluido pasa automáticamente a tener que asumir el rol de sujeto de derecho.

Al mismo tiempo, el proceso diseñado para reclamar e interpelar a un tercero, tiene que mutar para generar propuestas que hagan factible que el derecho reconocido pueda pasar a ejercerse. La manera en que se pase de la reclamación de un derecho al ejercicio de ese mismo derecho es clave para la consolidación de su ejercicio.

La paradoja que se plantea es la siguiente: una de las formas de neutralizar un derecho reclamado es reconocerlo. En otras palabras, el sujeto vulnerable que no logre generar el poder necesario para exigirle al Estado que facilite las condiciones para poder ejercer el derecho reconocido y que, al mismo tiempo, no consiga desarrollar su propia capacidad para afrontar el ejercicio de ese derecho, terminará convertido en rehén del derecho alcanzado.

1) De la etapa de lucha heroica a la etapa institucional

Para que los sectores vulnerables lleven adelante una etapa de lucha heroica por los derechos, se requieren al menos tres condiciones: 1) líderes personalistas capaces de comunicar, movilizar y convencer; 2) gestas sociales que movilicen emociones colectivas; 3) relatos victimistas, que visibilicen y legitimen el personalismo y la gesta.

Cuando un derecho es finalmente reconocido, deben mantenerse los incentivos de la etapa de lucha heroica. Pero es vital construir una base institucional, porque el derecho reclamado desde el activismo y la emocionalidad requiere un fundamento mucho más sólido que la siempre vulnerable capacidad de luchar de las personas.

La capacidad de pasar de la etapa de la lucha heroica desde la marginalidad a una etapa de institucionalización de aquello que deberá ser reconocido por la sociedad para que exista legitimidad de origen en el ejercicio del derecho conquistado, dependerá de la transición. Es decir, transitar de una etapa basada en las personas, a otra de diseño organizativo del espacio que debe crear las condiciones para hacer efectivo el ejercicio del derecho y llevar a cabo las acciones que ese derecho requiere.

2) De víctima a líder

La persona o el grupo vulnerable dejan de ser víctimas cuando adquieren la capacidad (empowerment) de luchar por su propia calidad de vida e incidir en la calidad de vida colectiva. Pasa de ser “objeto de asistencia” a ser “sujeto de derecho”. Y aunque no debe olvidarse el aprendizaje que implica el haber sido víctima, deben adquirirse capacidades de liderazgo.

Existen tres razones fundamentales para desprenderse del ropaje de víctima y colocarse la vestimenta de líder: 1) La víctima no agradece, exige; 2) La víctima no razona, se emociona; 3) La víctima no lidera, moviliza.

Es necesario agradecer a quien colabora con los procesos de reconocimiento de derechos, porque agradecer a los que se comportan justamente incentiva a otros a hacerlo, y porque el que ayudó una vez, puede seguir ayudando. Es necesario liderar desde la racionalidad, pues ello permite utilizar la emocionalidad no para emocionarse, sino para emocionar. Y hay que comprender que a veces uno puede optar por representar el papel de víctima pero jamás el de líder.

El liderazgo es una cualidad que conceden los liderados, y esto significa que liderar es interpretar a dónde quiere ir el conjunto. El líder tiene el deber de encarnar la visión colectiva y no enceguecerse en cumplir la misión personal. El líder eleva y vincula. El desafío es dejar de actuar desde la posición de víctima compadecida para convertirse en líder validado.

3) De la acumulación a la distribución

Los movimientos sociales que parten de la vulnerabilidad necesitan mostrar su fuerza para hacerse visibles en el lugar que les es negado. Se justifica, por tanto, la estrategia de acumulación de poder por parte de quien es víctima de la negación del derecho a ocupar un espacio y desempeñar un rol. Pero así como el reconocimiento de dicho derecho obliga a pasar del estatus de víctima a líder, para construir el liderazgo se precisa mutar de la acumulación de poder a la distribución de libertades.

Para incidir en las condiciones que han de permitir ejercer el derecho conquistado, el líder debe ocuparse de crear, en el grupo al que pertenece, las capacidades necesarias para incidir en las decisiones. Ello se logra cuando el espacio del líder se convierte en el lugar al que todos pueden acceder: “Todos subimos un escalón en el momento en que el último de nosotros subió el escalón”.

La soledad no es propia del liderazgo y la concentración de capacidades es la negación de la evolución colectiva. La concentración de poder impide la construcción del poder difuso, un poder que no es propio pero que se administra al servicio de los objetivos colectivos y no puede neutralizarse porque no puede concretarse. A los efectos de la incidencia pública, cuanto más difuso es el poder, más concreto es el impacto. Por ello, quienes lideran no deben acumular poder, sino distribuir capacidades y oportunidades.

4) Del lumpen al servidor público

Si queremos avanzar en la comprensión del argumento, es preciso el esfuerzo de abandonar las hipocresías sociales y las paqueterías conceptuales y asumir la descarnada mirada que tiene la sociedad sobre quienes habitan el terreno de la exclusión.

La sociedad moderna suele edulcorar sus atrocidades con una retórica a la vez cínica y ambigua. A aquellos a los que denomina pobres desde el punto de vista de la carencia de riqueza, vulnerables desde el punto de vista social, excluidos desde el punto de vista político y peligrosos desde el punto de vista clasista, se les puede definir con una palabra que, al ser negada por la sociedad, los condena irremediablemente a perpetuidad: lúmpenes. Esta es la definición que la sociedad esconde debajo de la alfombra del eufemismo.

Lumpen es la palabra con la que se designa a todo grupo social formado por personas social y económicamente marginadas en ambientes urbanos. Karl Marx empleó el término Lumpen para designar al estrato social que vive en condiciones muy precarias. La categoría social reservada para el lumpen es la de mendigo: es decir, aquél que tiene que mendigar para acceder a oportunidades y que no constituye una clase social.

Nuestras sociedades generan lúmpenes y ello no habla mal de las personas que padecen tal condición, sino que habla mal de la sociedad que los somete a esa condición y luego los niega. Por ejemplo, cuando una población no separa sus residuos en origen y condena a los recicladores a tener que revolver las bolsas de basura, queda demostrado que no son los sectores vulnerables los que se colocan en situación de pobreza, sino que es la sociedad acomodada quien los ubica en situación de lumpenaje. Al lumpen se le niega identidad como clase y dignidad como persona. Habitamos sociedades incapaces de construir un proyecto colectivo exitoso para garantizar la dignidad de los que fracasan individualmente.

La base para que el lumpen deje de serlo, se construye desde el reconocimiento de los derechos que se le niegan y vulneran. En el plano individual, el derecho a acceder a oportunidades; en el plano colectivo, el derecho a constituirse como clase social. El derecho reconocido es el fundamento para la construcción del rol social del lumpen. Al afirmarse como sujeto de derecho, el lumpen ve garantizados sus derechos individuales hasta ese momento negados y adquiere la capacidad de luchar por las condiciones que le permitan ejercerlos. Es el caso de los cooperativistas, es el caso de los trabajadores que recuperan empresas, es el caso de los recicladores que se integran a los sistemas de recolección de residuos urbanos.

5) De la comodidad de la reivindicación al desafío de la propuesta

El derecho que ganan con su lucha los sectores vulnerables no puede instalarlos en la zona de confort de haberlo alcanzado o en la comodidad de las acciones aprendidas. La actitud que sirvió para alcanzar el objetivo, el saber hacer que ya se asimiló y la estrategia incorporada que sirvió para alcanzar el reconocimiento del derecho, así como sus ejecutores y aliados, deben ser revisados y analizados en función del nuevo escenario.

A partir de allí, debe diseñarse un nuevo plan de acción que se adecúe a la mutación que exige pasar de la reclamación o reivindicación a la propuesta. No se pueden construir las condiciones para el ejercicio de los derechos desde la misma lógica, actitud, estrategia y acciones que dieron visibilidad y llevaron a alcanzar el derecho reclamado.

Tampoco tienen por qué ser obligatoriamente los mismos protagonistas y aliados los que tengan que ocupar posiciones parecidas o repetir idénticas alianzas. La fuerza que sirvió para convertir la necesidad en reivindicación y la reivindicación en derecho no es necesariamente efectiva para: 1) obtener la masa crítica necesaria para alcanzar las condiciones para ejercer el derecho, y ya no reclamarlo; 2) institucionalizar dichas condiciones para anclarlas a largo plazo, y ya no reclamarle a la instituciones el reconocimiento del derecho, y 3) alinear los intereses de los propios protagonistas para llevar a cabo una negociación que logre acuerdos para el ejercicio del derecho, y ya no articular emociones y reclamaciones en función de un derecho vulnerado.

La meta alcanzada no debe ser entendida como el techo que ampare a los protagonistas, sino como el piso de una nueva etapa de incidencia pública que exigirá nuevos desafíos: propuestas y ya mucho menos protestas. Del mismo modo que la legitimidad social de origen depende de la capacidad del actor vulnerable para institucionalizar a su organización, de su competencia para ejercer el derecho reconocido en el espacio colectivo depende la legitimidad social de su gestión.

6) De la reclamación del derecho al planteamiento de condiciones

Atender una necesidad expresada en reclamación y convertir esa reclamación en derecho: esto es lo que se tiene que agradecer, porque el hecho de agradecer en un gesto estratégicamente altruista. Quien ganó su derecho asume que su lucha se ha convertido en logro, reconoce que ese otro se ha convertido en aliado, motiva a los que se mantienen indiferentes y que también son potencialmente aliados, y demuestra a otros en similares circunstancias que el Estado o el privado que ignora necesidades también es capaz de modificar su actitud y restablecer derechos. El agradecimiento del logro no vale por su referencia al pasado, sino por las condiciones que crea para el futuro: un futuro posible.

El paso siguiente a todo proceso que llega al reconocimiento del derecho es la lucha por la construcción de lo que vendrá. Frente al derecho proclamado, toca en algunos momentos exigir y en todo momento negociar las condiciones para que ese derecho pueda ejercerse.

Al mismo tiempo que se consagra un derecho, se abre el espacio de las obligaciones. Los sectores vulnerables protagonistas tienen dos desafíos: 1) construir una propuesta técnicamente consistente y políticamente viable, sobre la base de información y conocimiento, para que quien deba establecer las condiciones para el ejercicio efectivo de ese derecho cuente con todos los insumos necesarios para garantizarlo; 2) definir un plan para ello que garantice que estas condiciones se conviertan, a nivel del Estado, en normativas, resoluciones, pliegos licitatorios y políticas públicas y, en el marco del mercado y las cadenas de valor, en contratos bajo la lógica ganar-ganar.

7) De la ética al poder

La discusión de las agendas sociales que plantean los sectores vulnerables la protagonizan quienes ejercen el poder en términos de ética, entendida como la expresión abstracta de deseos de quienes no tienen acceso a una oportunidad. El desafío consiste en instalar esa discusión de la agenda social, que ya viene precedida por el proceso de reconocimiento de derechos, por el espacio de poder tangible que le corresponde al actor hasta ese momento vulnerado. No se trata aquí de reclamar un poder que debe ser concedido, sino que se trata de lograr acceder al poder que se deriva del derecho reconocido.

De la capacidad que se tenga para ganar este espacio de poder dependerá la capacidad de ejercer el derecho, pues lo que garantiza un derecho es el acceso al poder: es decir, a la oportunidad de definir las reglas de juego.

8) De lo social a lo económico

Los sectores vulnerables deben imponer la siguiente lógica: un derecho reconocido se convierte en derecho efectivo cuando se garantizan los recursos para su pleno ejercicio. El contexto que genera vulnerabilidad es aquel que separa el capital social del capital económico, el que limita a los vulnerables al plano de la agenda social y otorga a los representantes del Estado y del sector de la economía formalizada el privilegio de acceder y administrar el capital económico.

El capital social incluye al capital económico y no hay otra discusión posible sobre las condiciones para que un derecho sea ejercido que negociar presupuestos, recursos, acceso a financiación y condiciones de inversión; es decir: toda la necesaria arquitectura financiera, pública o privada, para que el derecho reconocido desde la vulnerabilidad sea ejercido y protegido desde la institucionalidad que da acceso al dinero.

Los sectores vulnerables tienen que adquirir habilidades para ejercer el derecho ganado en el terreno de la economía, pues no hay nada más económico que una necesidad social.

9) De la informalidad a la institucionalidad

La pobreza estructural no radica en la falta de acceso a la economía sino que se concentra en la inaccesibilidad a las oportunidades que ofrece el capital social estructurado y registrado. Una de las formas de negar ese acceso es sometiendo a una parte de la sociedad a la informalidad.

Por ello, el reconocimiento del derecho negado es un primer paso para que la condición de informalidad pueda anclar en la institucionalidad, arquitectura social que garantiza que un individuo o grupo de personas pueda desarrollarse en un marco de estado de derecho y ser protegido desde la seguridad jurídica.

Es necesario construir para ese derecho la institucionalidad que lo haga perdurable en el tiempo, que lo convierta en oportunidades para todos y que lo proteja de los abusos de los poderosos.

10) De lo local a lo regional

Tratándose Latinoamérica de la región más desigual del planeta, las brechas entre quienes más poseen y quienes menos tienen son reflejo de una profunda ineficiencia del estado para equilibrar las capacidades de acumulación por parte de una pequeña porción de habitantes en relación a las limitaciones que tienen vastos sectores de la sociedad para generar riqueza.

Por ello, cuando un actor social reconoce un derecho reclamado por los sectores vulnerables, resulta una obligación vital registrar ese proceso y contagiarlo al resto de los países de la región. No existe capacidad de transformar cada una de las naciones, si no se transforman los patrones y las lógicas que rigen la construcción de Latinoamérica.

Modificar las condiciones regionales de exclusión social depende en buena medida de que los sectores excluidos puedan diseminar regionalmente sus logros en materia de derechos conquistados. Ello exige construir capacidades de incidencia en el plano regional a través de espacios colectivos con poder para impulsar agendas comunes y articular liderazgos y, al mismo tiempo, requiere la construcción de iniciativas regionales comunes en los aliados de los sectores vulnerables, que acompañan sus luchas y conquistas.

Este decálogo persigue el objetivo de que los actores de una sociedad que viven en la vulnerabilidad plena, no sólo puedan conquistar los derechos que les son negados, sino que también puedan ejercerlos en plenitud. El caso de Norah en Bogotá demuestra que es posible.

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