Recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado el propósito de postularse a la reelección. Al hacerlo pide a los votantes de su país otra oportunidad para “terminar el trabajo”. Y pone sobre la mesa una serie de políticas desde las cuales Estados Unidos ha logrado reactivar su economía y avanzar en determinadas políticas sociales.

Más allá de la invasión y la guerra en Ucrania, el escenario internacional, con sus luces y sombras, reclama un nuevo sistema de convivencia con nuevas reglas donde el desarrollo humano y la protección de la biodiversidad estén en el centro de las determinantes.

Con América Latina, en muchos sentidos, es urgente la puesta en marcha de un nuevo pacto continental: en este caso más que trabajo por terminar es trabajo por comenzar.

Con la serenidad que corresponde, cabe decir que la Cumbre de las Américas ratificó dos hechos que llaman a una rectificación mayor: por una parte, una América Latina y Caribe fragmentada y huérfana de coincidencias esenciales para avanzar ante las realidades del siglo XXI; por otra por otra parte, un Estados Unidos sin propuestas mayores desde las cuales impulsar una estrategia hemisférica capaz de construir desde la diversidad.

La responsabilidad de esa carencia está en los dos lados y una agenda, sólida y convocante, reclama acciones de mediano y largo plazo a partir de la realidad vigente. Para ello, es urgente avanzar hacia un diálogo político serio entre Estados Unidos y América Latina, teniendo como columna vertebral un plan de acción de fuerte compromiso en el desarrollo social y el cambio climático, junto a la protección de la biodiversidad.

La primacía de la agenda geopolítica que impulsa globalmente Washington es disfuncional para la región e, incluso, para Estados Unidos pues, en esencia, niega los enormes y profundos retos sociales que por igual atraviesan a América toda.

Hoy los datos son elocuentes. Si la pandemia va quedando atrás, los pueblos de América Latina y el Caribe constatan que la región no logra recuperar la marcha. Nuestros países se han visto expuestos a un inestable escenario diplomático, militar y económico mundial marcado por una conjunción de crisis sucesivas, en particular, por la guerra en Ucrania y sus nocivas consecuencias globales.

Instituciones como la CEPAL así lo muestran con precisión. Hay desaceleración del crecimiento económico, hay una lenta generación de empleo formal mientras el informal se multiplica y se acrecientan las dificultades de avanzar hacia el trabajo decente.

La inflación golpea fuerte en la mayoría de los países, con incremento en el precio de los alimentos y la energía, mientras hay caídas importantes en la inversión. El impacto llega con dureza no sólo a los quintiles más bajos y vulnerables de la población sino también a los sectores medios cada vez más desprotegidos.

Todo ello mientras la crisis climática trae desastres no conocidos en la geografía, la vida cotidiana y en la producción económica.

En este contexto, las instituciones financieras para el desarrollo deben entrar en “modo urgencia” porque si la inacción predomina ella será la sembradora de más inestabilidad en los planos político, material y social.

En nuestra región el quehacer de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, da cuenta de un avance importante en su capitalización y en una mirada de largo plazo. Así lo demostró recién en Denver, Estados Unidos, al presentar sus planes sobre el futuro de la vida en las ciudades de América Latina y el Caribe.

Si continúan las actuales tendencias demográficas, en 25 años más el 86% de la población de la región vivirá en las ciudades. O, en otros términos, nueve de cada diez latinoamericanos residirán en asentamientos urbanos.

Cabe actuar con respuestas ante lo inmediato y también con políticas adecuadas en función del futuro. A este esfuerzo propio de los países latinoamericanos, debiera unirse el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reforzado en su capacidad de responder financieramente ante una apremiante agenda social, económica y ambiental en toda la región.

Para eso es necesaria la recapitalización del BID, unida a la mejora en la eficacia de sus créditos. Sin embargo, el proyecto de ley presentado en marzo de 2021 dando autoridad al representante estadounidense en el BID a votar a favor de esa recapitalización, hasta ahora sigue sin encontrar respaldo de las autoridades de Estados Unidos.

Por ello, valoramos ciertos pronunciamientos recientes que reclaman pasar de la palabra a la acción. El Consejero de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, en un importante discurso donde anunció la nueva estrategia del gobierno--aquella que debiera impulsar Biden si logra su segundo período--señaló el propósito de movilizar billones en inversiones en las economías emergentes, “con soluciones que estos países desarrollen por sí mismos, pero con capital posibilitado por un tipo diferente de diplomacia estadounidense”.

En tal sentido propuso que los bancos multilaterales de desarrollo respondan a los retos contemporáneos y actualicen sus modelos de negocios, “especialmente del Banco Mundial, pero también de los bancos regionales de desarrollo”.

En ese marco, abrirse a la recapitalización del BID sería un paso positivo para demostrar la voluntad de Estados Unidos de tener una nueva política, más amplia y diversa con el resto del continente, sustentado en una mutua madurez propia del siglo XXI.

Hacerlo es inaplazable porque ya no hay espacio para las viejas teorías bajo las cuales se sustentó la relación interamericana en el pasado. La oportunidad de ese diálogo --coherente con los cambios globales-- se ve posible y la voluntad de impulsarlo debe venir desde el sur y el norte de América.

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Suscriben por la Mesa de Reflexión Latinoamericana:

Altmann, Josette. Secretaria General FLACSO. Costa Rica.

Bergamino, Ariel. Ex Vice Ministro de RR.EE. Uruguay

Borda, Sandra. Docente. Universidad de los Andes. Colombia.

Bordón, José Octavio. Presidente CARI. Ex Senador y ex Embajador. Argentina.

Caetano, Gerardo. UDELAR. Montevideo. Uruguay.

Cordera Campos, Rolando. Profesor Emérito. Coordinador. PUED. UNAM. México

De La Puente, Juan. Docente. Universidad San Martín de Porres. Perú.

Fernández, Gustavo. Ex Canciller de Bolivia.

García Sayán, Diego. Ex - Canciller Perú.

García, Enrique. Ex Presidente Corporación Andina de Fomento. Bolivia.

Gaspar, Gabriel. Ex vice Ministro Defensa. Chile.

González, Guadalupe. Docente. Colegio de México

Gutiérrez, Edgar. Ex Canciller de Guatemala.

Hirst, Mónica. Profesora. UTDT. IESP-UERJ. Brasil.

Insulza, José Miguel. Ex Secretario General OEA. Chile.

Jaramillo Sandra. Ex Canciller. Ecuador.

Jarquín, Edmundo. Ex candidato presidencial. Nicaragua.

Lustig, Nora. Profesora. Universidad de Tulane.

Letelier, Juan Pablo. Ex Senador. Chile

Ocampo, José Antonio. Ex Secretario General CEPAL. Ex Ministro Hacienda. Colombia.

Pachano, Simón. Profesor. Investigador. FLACSO. Ecuador.

Paredes, Beatriz. Senadora. México.

Reyes Matta, Fernando. Académico. Universidad Andrés Bello. Chile.

Rico, Víctor, ex Vice Ministro Relaciones Exteriores. Bolivia

Romero, Carlos. Profesor. Universidad Central. Venezuela.

Russell, Roberto. Docente. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina

Somavía, Juan. Ex Director General OIT. Chile.

Tokatlián, Juan Gabriel. Vicerrector. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina

Wagner, Allan. Ex Canciller. Perú.

Marcos Cordeiro. Académico. Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Ignacio Bartesaghi. Académico. Universidad Católica del Uruguay.