Es un concepto fácil de entender por su matemática sencilla: garantizar que todo ciudadano reciba un ingreso básico y constante por parte del Estado sin condición alguna permitiría el acceso masivo a los bienes básicos de subsistencia.

En eso consiste, prácticamente, la idea de la Renta Básica Universal (RBU). Su teoría plantea que, de implementarse, cualquier sociedad viviría con mayores niveles de equidad y con índices de pobreza más bajos.

Con ese punto de partida, sobran las razones para comprender que en el mundo haya un auge de este debate, acuciado ahora en gran parte por la contingencia crítica mundial. Países con la situación económica de Colombia no son la excepción, donde algunos sectores abogan por su implementación urgente.

El turno para implementar la RBU le llegó a Colombia, y sin embargo, en muy poco tiempo, esa posibilidad ya fue descartada por el Congreso sin darle una mirada a profundidad.

De acuerdo a cifras oficiales del DANE (Dirección Nacional de Estadística), en el país cerca de 13 millones de personas viven en la pobreza (27% de la población). A esa grave situación de base se han sumado las dificultades que ha presentado –y presentará indefinidamente- la pandemia de la Covid-19. Se estima que en Mayo de 2020 el desempleo pasó del 10% al 21,4% (5.6 millones de personas desempleadas) y se espera que para finales del año la pobreza aumente en 15 puntos.

Por eso, previendo la crisis social que ya despunta, 54 congresistas de 6 partidos políticos elevaron la petición de implementar en Colombia una RBU de emergencia para que 9 millones de hogares (30 millones de personas) reciban un salario mínimo mensual durante tres meses. Ese planteamiento, de vital trascendencia nacional, fue rechazado por el Congreso de la República el pasado 20 de junio. La razón: la Comisión Tercera inició sesión una hora tarde y no tuvo tiempo de votar el Proyecto de Ley cuando ya era hora de dar inicio a la Plenaria del Senado.

“Los partidos de gobierno impidieron que las dos tareas más importantes que debía hacer el Congreso no se hicieran: aprobar la Renta Básica y examinar los decretos de emergencia del gobierno”, dijo el senador Iván Cepeda, promotor del proyecto. Por su parte, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla había dicho al respecto que “en esta emergencia, y por razones operativas, yo no comparto la idea de que los programas existentes (…) se eliminen de tajo y se sustituyan por el esquema de renta básica”.

Es normal que tales contrastes se presenten en esta discusión. Lo que ha sorprendido en Colombia es que no se haya dado el espacio para que se debatiera con las dimensiones que amerita.

La idea de la RBU no es un invento reciente. En rigor, las bases de su teoría pueden rastrearse en planteamientos tan antiguos como los de Utopía de Thomas More (siglo XVI) quien proponía asistencia pública a los sectores más necesitados de la sociedad. Más en práctica, acercamientos reales se vieron con los Estados Benefactores que se presentaron a lo largo del siglo XX en diferentes periodos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

Antecedentes más recientes datan, paradójicamente, en diferentes puntos del globo como Finlandia, Kenia, Brasil y Canadá a finales de noviembre de 2019, cuando nadie imaginaba la llegada abrupta del Coronavirus que terminaría derivando en una pandemia mundial y el cierre de las principales economías del mundo. Esos programas piloto se dieron bajo una lógica elemental: dinamizar la economía con un gasto, dando un ingreso fijo a todos los ciudadanos, lo que sería un gasto comparativamente menor al que implican los programas de subsidio que no cubren a toda la población.

Una de las primeras conclusiones es que, en gran parte, el éxito de una RBU depende de dos factores: el umbral de pobreza y la cantidad de beneficiados. Así, en cálculos, se estima que es más viable en países en desarrollo que en países desarrollados. Por ejemplo, mientras que en India resultaría beneficioso para el Estado entregar anualmente 149 dólares a sus 1387 millones de habitantes, aliviando masivamente niveles de pobreza con cerca del 10% de su PIB, en Estado Unidos se gastarían casi todos los ingresos fiscales si se diera 10 mil dólares anuales a cada adulto, cifra que no alcanza a cubrir el umbral oficial de pobreza. La clave sería, entonces, su distribución.

De implementarse en Colombia lo planteado por los promotores de la RBU, el Estado incurriría en un gasto de 23,7 billones de pesos, que representan 2,3 % del PIB, cubierto por medio de un préstamo del Banco de la República y créditos internacionales a los que ya se están acudiendo. Aunque la cifra suena arriesgada, su beneficio es indiscutible si se tiene en cuenta, por ejemplo, que por cuenta de la corrupción entre 2018 y 2019 el país perdió más de 18 billones de pesos.

Respaldados o no por esas cifras, lo cierto es que algunos países ya se han dado la oportunidad de intentarlo, antes y durante la pandemia. Mientras en España y Estados Unidos acaba de aprobarse con optimismo, los primeros resultados previos de lugares tan disímiles con Kenia y Finlandia coinciden, con diferencias, en que “las personas que reciben los fondos adquieren de repente más voz en su entorno. Pueden decidir qué hacer con su vida”, analizó Olli Kangas, investigador finlandés en la materia.

Si la cuestión es que cada ciudadano, por el hecho de serlo, tenga la posibilidad garantizada de tener la libertad de resolver su vida sin obstáculos, es más que pertinente en una contingencia como la que viven actualmente los países más pobres, donde las dificultades económicas no dan opción: no todos pueden quedarse en casa cumpliendo más o menos cómodamente con la cuarentena.

Se esperaría que con un ingreso asegurado, muchos tengan la posibilidad de hacerlo. Para el caso colombiano, esa posibilidad sólo podrá contemplarse nuevamente después del 20 de julio, cuando inicie un nuevo año legislativo y pueda volver a contemplarse la propuesta.