Los debates sobre la doctrina R2P y su aplicación –o su ausencia– a Siria se están intensificando, aunque parecería que no están logrando consenso ni claridad. Hay algunas conjeturas cuestionables inherentes a estos debates: que ciertamente la comunidad internacional ha estado en una búsqueda genuina de maneras efectivas para proteger a las personas de atrocidades y crímenes desmesurados; y que los responsables principales en el Consejo de Seguridad –representados por los cinco estados con derecho al veto– ciertamente pueden lograr el liderazgo moral y político para aplicar R2P de una manera efectiva y objetiva, sin tener en consideración sus propios intereses geopolíticos y estratégicos.

Luego de haber investigado las perspectivas referidas a R2P en la región árabe, he encontrado aquí que el asunto no se debate menos amargamente ni que las opiniones están menos divididas, aunque los matices son diferentes. La cuestión que yace en el centro del asunto es si puede ser o no posible que la moral prevalezca sobre la política en un mundo marcado por la doble moral y un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no democrático. La mayoría de los actores de la sociedad civil en la región dirían que no es posible, aunque activistas árabes de derechos humanos todavía se aferran al principio de la universalidad de los derechos humanos y exigen que también debería prevalecer en esta región.

Desde la década de los 90, ha habido conflictos armados en al menos nueve de los 22 países miembros de la Liga de Estados Árabes, varios de los cuales involucraron la imposición de sanciones e intervenciones militares extranjeras. Los actores de la sociedad civil de la región han exigido protección para los civiles en Palestina, Darfur, Argelia, Irak, Libia y ahora en Siria, y más también en conflictos en Bosnia, Kosovo y Chechenia, donde los civiles musulmanes fueron atacados. Hasta los gobiernos árabes, por lo general acérrimos partidarios de la soberanía absoluta, a veces apoyan la doctrina R2P donde las vidas de árabes y musulmanes están comprendidas, y a veces también en otros lugares.

Sin embargo, cuando se trata de toma de decisiones a nivel internacional, los llamados a la protección rápidamente sucumben al miedo, la sospecha y, a veces, a la vociferante objeción a una intervención extranjera. No se puede exagerar la profunda división entre el Oriente árabe y musulmán y Occidente; y se ha profundizado en un hondo abismo en la última década. Avivada por una profunda desconfianza hacia las motivaciones e intereses de las grandes potencias, y exacerbada por la experiencia diaria, esta división colorea y permite ver las perspectivas y reacciones en la región. El rol de los Estados Unidos es visto con particular sospecha, dadas sus políticas hacia la región en las últimas décadas. No es solamente el endémico conflicto palestino-israelí y el desenfrenado apoyo de los Estados Unidos a Israel, sino también la invasión desastrosa de los Estados Unidos a Irak, no autorizada por Naciones Unidas. Además, las acciones tomadas por los Estados Unidos en la guerra contra el terror – en Guantánamo, las rendiciones extraordinarias, las muertes causadas por aviones no tripulados en Afganistán, Paquistán y Yemen– son tremendamente desacreditadas.

Con respecto a los territorios palestinos ocupados, las prácticas israelíes han sido ampliamente condenadas por sus violaciones del derecho humanitario, incluidas las graves infracciones a la Cuarta Convención de Ginebra. Aun así, los persistentes llamados a la protección y proyectos de resoluciones son bloqueados o vetados por los Estados Unidos. La Operación Plomo Fundido, lanzada por Israel contra Gaza en diciembre de 2008, mató a alrededor de 1,400 palestinos, incluyendo a más de 300 niños y causó gran destrucción. Aunque el Consejo de Derechos Humanos estableció una misión de alto nivel para establecer los hechos que documentó casos claros de crímenes de guerra (ver el informe Goldstone), los Estados Unidos intentó desacreditar el informe y bloqueó todas las acciones referidas a sus hallazgos. De manera similar, no se tomó ninguna acción cuando los bombardeos israelíes del verano de 2006 destruyeron la mayoría de los puentes del Líbano y barrios civiles completos en Beirut y murieron 1,200 libaneses. 

Entre la gente de la región no pasa desapercibido que las prácticas israelíes de derechos humanos generalmente no están en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque se debaten con frecuencia en el Consejo de Derechos Humanos. La condena de la Corte Penal Internacional de Omar Al-Bashir de Sudán por haber bombardeado a su propia gente en Darfur es para muchos, incluyendo académicos y comentaristas árabes, solamente otro ejemplo de la falta de equidad en los procedimientos internacionales y estadounidenses con respecto a la región, aunque no tienen más respeto por Al-Bashir del que tenían por Saddam Hussein o Muammar Gadafi. En la región, solamente los activistas y organizaciones de derechos humanos acogieron la condena como una “indicación importante en el camino hacia la justicia por los pueblos del mundo árabe”.

El resultado es que R2P en la región árabe se debate de manera polémica, como en otras partes, pero con un molesto resentimiento, como el que dejaron miles de cortaduras con papel causadas por los volúmenes producidos por debates y discusiones dentro y en torno a las Naciones Unidas, y con poca o ninguna acción tomada. Tal vez, como Gareth Evans sugiere, un debate completo que sopese la acción en Siria a la luz de criterios vinculados a la doctrina R2P ( en cuanto a la seriedad del daño, el motivo de protección,  el último recurso, la proporcionalidad y el balance de las consecuencias) ayudaría a garantizar la adecuada aplicación de R2P. Pero, ¿responde esto a las urgentes necesidades de protección de las muchas víctimas en la región, más recientemente en Siria? Tal vez también, como David Petrasek establece, poner atención únicamente a las intervenciones militares sea en parte la razón de la parálisis de la R2P. Pero la experiencia de aplicación de otras medidas en la región árabe, como sanciones, también sugiere que se no podrá garantizar la protección de civiles. Las sanciones casi nunca han funcionado para generar un cambio en la política o la práctica. Más de una década de sanciones impuestas a Irak puede haber debilitado al régimen, pero no ha logrado que cambie su curso, y ha llevado a mucho sufrimiento por parte de los civiles.

Los debates referidos a la R2P persistirán, y a menudo llevarán a una falta de acción, en la medida que cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tengan derecho al veto. En pocas oportunidades –como Libia en 2011– se llegó a un cierto consenso, pero aun ahí eso se disolvió rápidamente. Agregar más miembros con derecho al veto, como sugirieron algunos, solamente agravaría el problema de encontrar un consenso para la acción. Si embargo, si se retirara el derecho al veto o no se usara en el caso de una crisis humanitaria, la acción sería posible, pues se basaria en un voto  mayoritario. En ese caso, aunque no tuviera el apoyo de una o más de las grandes potencias, la decisión de usar fuerza militar seguiría requiriendo que los estados ofrecieran voluntariamente ejércitos y material para el esfuerzo de ponerlo en marcha. Podríamos entonces empezar a hablar de toma de decisiones basadas en la ley y con sentido democrático en el único foro autorizado para tomar esas decisiones –las Naciones Unidas.

Mientras tanto, tristemente el debate seguirá y las víctimas seguirán esperando.