Ahora más que nunca, los mexicanos están aceptando con entusiasmo los derechos humanos, y la Constitución mexicana reconoce que el derecho a la atención de salud es un derecho universal desde hace más de treinta años. Sin embargo, como han hecho evidente los conflictos sobre “Obamacare” en los Estados Unidos, este muy obvio derecho rara vez se acepta sin discusión. México ha reconocido que el gobierno es el responsable de proporcionar un sistema de salud digno y de alta calidad, pero ¿se trata tan solo de un ejemplo más del discurso de derechos humanos sin contenido? Y si no, ¿qué ha hecho realmente el gobierno?

La Comisión de Protección Social en Salud de México (el “Seguro Popular”), creada en 2004, ha sido una política pública fundamental. Podemos evaluar sus avances a lo largo de tres factores: financiamiento, equidad e impactos reales en la atención de salud.

Financiamiento

El financiamiento es un elemento crucial para que el sistema de salud pueda ofrecer servicios oportunos y de alta calidad. Un cambio importante que introdujo el Seguro Popular fue la creación de obligaciones financieras legalmente vinculantes. Como resultado, el presupuesto para la salud en México ya no depende de circunstancias políticas o económicas; en cambio, el gobierno debe, por ley, asignar un presupuesto mínimo a cada miembro que esté registrado en el nuevo Seguro Popular, o en los sistemas de seguridad social más antiguos.

Gracias a esta cantidad fija por persona, los aumentos en el número de personas aseguradas estuvieron acompañados de aumentos similares en los recursos. El alza de financiamiento fue enorme, lo que hizo posible enfrentar la creciente matrícula del Seguro Popular, aumentar la demanda de servicios de salud y garantizar un flujo estable y predecible de fondos para mejorar la infraestructura y las capacidades.

 Aumento de la oferta de servicios del sistema de salud a partir de la implementación del Seguro Popular

Fuente: Quinto Informe de Gobierno, Presidencia de la República, 2011

Equidad social

El Seguro Popular ayudó a reducir esta desigualdad al garantizar una cobertura de salud amplia al aproximada-mente 50 % de mexicanos que no estaban afiliados a los programas de seguro tradicionales. Antes de la llegada del Seguro Popular, la mayoría de los gastos públicos mexicanos para la atención de salud se dirigían a personas con trabajos estables y acceso a los sistemas nacionales de seguridad social tradicionales vinculados con el trabajo. En 2002, dos de cada tres pesos que gastaba el gobierno en la atención de salud iban a esa población ya asegurada.

El Seguro Popular ayudó a reducir esta desigualdad al garantizar una cobertura de salud amplia al aproximadamente 50 % de mexicanos que no estaban afiliados a los programas de seguro tradicionales. Como resultado, ahora el gobierno paga más o menos lo mismo por la atención de salud para todas las personas, independientemente de si pertenecen o no al Seguro Popular. Antes, había una desequilibrada proporción de 2 a 1 a favor de los miembros más privilegiados de los sistemas de atención de salud tradicionales.

Asimismo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chicago (2010) concluyó que el Seguro Popular había reducido las bancarrotas relacionadas con la atención de salud en México en un 16 a 22 %, y el empobrecimiento relacionado con la atención de salud en un 22 a 36 %. Además, la probabilidad de caer en bancarrota se vio reducida en casi todos los estados mexicanos, tanto en zonas urbanas como rurales.

Impacto en la salud pública

Para determinar qué efecto ha tenido el Seguro Popular en la salud de la población registrada, el programa llevó a cabo una evaluación a profundidad con 65 equipos de investigadores y una gran variedad de universidades nacionales e internacionales.

Algunos de los resultados fueron alentadores. El registro en el Seguro Popular aumentó la probabilidad de que las familias visitaran una clínica de salud primaria, algo fundamental para el control, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. El efecto variaba según la clase social, pero en general, el simple hecho de registrarse en el Seguro Social se asoció con un aumento de hasta el 30 % en el número de consultas médicas. Este efecto fue mayor para las mujeres adultas que viven en comunidades urbanas.

"Overall, the mere act of Seguro Popular registration was associated with an increase of up to 30% in the number of doctor visits."

El registro también aumentó la sensación de los miembros del Seguro Popular de tener un mejor estado de salud que sus homólogos de la misma edad y género; para los residentes urbanos, además, redujo la probabilidad de sufrir resfriados, tos, dolores de estómago y enfermedades cardiacas. Mientras tanto, en las zonas rurales, la membresía en el Seguro Popular redujo la probabilidad de faltar al trabajo por problemas de salud.

Algunas enfermedades más complejas también registraron impactos positivos. Por ejemplo, el índice de interrupción de tratamientos (por imposibilidad de pago) para los niños con cáncer disminuyó del 30 al 5 %, y la tasa de supervivencia fue de 70 % en un periodo de tres meses. Además, como se informa en publicaciones médicas, después de la introducción del Seguro Popular, la tasa de supervivencia de la leucemia linfoblástica aguda alcanzó el 80 % en un periodo de 115 meses, cuando los niños recibían el tratamiento adecuado.  

Reflexiones finales

Más de 10 años después de su fundación, el principal desafío del Seguro Popular sigue siendo lograr servicios médicos de más alta calidad y fortalecer sus vínculos con los sistemas de atención de salud mexicanos tradicionales, los cuales dependen de un seguro de salud basado en el empleo para aquellos que cuentan con la fortuna de tener un trabajo estable.

En conjunto, sin embargo, el Seguro Popular ha sido un gran paso adelante en la creación de un sistema universal de atención de salud gratuito, digno y de alta calidad. No ha sido una tarea fácil, y todavía hay importantes desafíos y áreas qué mejorar.

Pero si bien es cierto que aún queda un largo camino por recorrer en cuestión de derechos humanos, México ha realizado avances significativos para satisfacer el derecho de sus ciudadanos al más alto nivel de atención de salud disponible. En el país y en el extranjero, estos logros deben ser reconocidos, apoyados y celebrados.