Ahora más que nunca, los mexicanos están aceptando con entusiasmo los derechos humanos, y la Constitución mexicana reconoce que el derecho a la atención de salud es un derecho universal desde hace más de treinta años. Sin embargo, como han hecho evidente los conflictos sobre “Obamacare” en los Estados Unidos, este muy obvio derecho rara vez se acepta sin discusión. México ha reconocido que el gobierno es el responsable de proporcionar un sistema de salud digno y de alta calidad, pero ¿se trata tan solo de un ejemplo más del discurso de derechos humanos sin contenido? Y si no, ¿qué ha hecho realmente el gobierno?
La Comisión de Protección Social en Salud de México (el “Seguro Popular”), creada en 2004, ha sido una política pública fundamental. Podemos evaluar sus avances a lo largo de tres factores: financiamiento, equidad e impactos reales en la atención de salud.
Financiamiento
El financiamiento es un elemento crucial para que el sistema de salud pueda ofrecer servicios oportunos y de alta calidad. Un cambio importante que introdujo el Seguro Popular fue la creación de obligaciones financieras legalmente vinculantes. Como resultado, el presupuesto para la salud en México ya no depende de circunstancias políticas o económicas; en cambio, el gobierno debe, por ley, asignar un presupuesto mínimo a cada miembro que esté registrado en el nuevo Seguro Popular, o en los sistemas de seguridad social más antiguos.
