Envejecer en Venezuela puede convertirse en una tragedia. En un país sumergido en una emergencia humanitaria compleja, las personas de la tercera edad sufren por todos los frentes. Corren el riesgo de morir por hambre o por enfermedades tratables, debido a que las pensiones y los salarios precarios no permiten acceder a alimentos y medicinas adecuados o suficientes. Pertenecer a la población LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y queer) les vuelve doblemente vulnerables, pues las leyes y las políticas públicas les han excluido.

Julio vive en un limbo legal

Para Julio vivir en un país donde nada cambia ha sido una larga carrera de incertidumbre. A sus 66 años dice que hoy es menos lo que le afecta, pero aún así indica que la población LGBTIQ+ se cohibe de hacer denuncias por temor a sufrir alguna discriminación por parte de las instituciones del Estado.

Julio Nuño recuerda las redadas policiales de la época en que era joven. Ser gay podía costarle una noche en un calabozo, frases discriminatorias o incluso desatar la saña de alguien hasta llegar a ser capaz de ejecutar una violación correctiva. “Eran agresivas y los policías muy homofóbicos”, dice. Cuarenta años después siente que esto ha mejorado y que la sociedad en Venezuela es más tolerante con las personas LGBTIQ+. Pero en materia legal los avances son pocos, algo que resuena como un eco en su cabeza y le reafirma que está en un limbo.

Nada ha logrado turbar la elocuencia de Julio. Se considera “un parrandero” y es capaz de recordar con detalle esos días en los que se iba de fiesta. Pero no todas las noches fueron rosa, algunas terminaban con violencia, violencia que a Julio le tocó experimentar en carne propia, cuando apenas tenía 20 años. El único “delito” fue estar esa noche en una fiesta junto a un amigo y ser homosexual.

Las peticiones ante el Parlamento venezolano para discutir un Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario siguen sin ser escuchadas desde enero de 2014, cuando la Asociación Civil Venezuela Igualitaria y otras 47 organizaciones que defienden los derechos de la población LGBTIQ+ hicieron la solicitud. Ni el matrimonio igualitario, ni una ley específica contra la discriminación de personas LGBTIQ+, tampoco una ley de identidad de género han sido discutidas por los poderes públicos.

El Estado les ha excluido, pero además, en aquellas jurisdicciones donde existen instrumentos para proteger a esta población tampoco se cumplen, lo que ha derivado en que las personas LGBTIQ+ desconfíen del sistema de justicia, eviten hacer denuncias por considerar que no serán tomadas en serio o para evitar ser revictimizadas.

“La policía ha mejorado muchísimo. (..)En mi época era terrible que te llevaran preso en las redadas, también llamadas noches rosas. Hoy la sociedad está mucho mejor, más receptiva, más tolerante, más abierta. Lo reconozco, ya no hay tanto rechazo. Pero a nivel legal siempre tienes ese temor, la incertidumbre, estás en un limbo. Vivir en un país sin derechos es como estar siempre en un limbo legal”, dice Julio.

Las personas LGBTIQ+ constantemente se enfrentan a prejuicios o ataques. El informe Situación de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en Venezuela, elaborado por Unión Afirmativa en 2020, recoge que según datos de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) desde enero de 2009 hasta agosto de 2017 unas 192 personas LGBTI+ fueron víctimas de violencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género y un total de 109 personas fueron asesinadas.

Julio tiene razones para desconfiar de funcionarios. A los 20 años, mientras estaba de fiesta con un amigo en Los Caracas, una playa ubicada a hora y media de la capital, dos policías se llevaron a cada uno en una moto, a un terreno baldío. Que ambos jóvenes estuvieran en bikini desató la saña de los funcionarios. Julio cuenta que el policía metropolitano lo agredió sexualmente y aunque trató de evitar el ataque este sujeto era más fuerte que él físicamente. Fue hace tanto que lo cuenta con serenidad y casi no le da importancia, pero a los 20, cuando lo único que quieres es pasarla bien y eres tan joven el evento se convierte en algo que no olvidas ni siquiera después de 40 años.

Para Julio la agresión se trató de una violación correctiva, que es perpetrada contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Su finalidad es obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual o acorde con una determinada visión normativa de la identidad de género. Entonces no denunció, no habían las condiciones para hacerlo y cuatro décadas más tarde tampoco las hay. Es por ello que la población LGBTI+ no solo reclama derechos fundamentales como estadísticas oficiales que den cuenta de cuántas personas son víctimas de este tipo de violencia en el país.

Para la defensora de derechos humanos y coordinadora de Unión Afirmativa, Quiteria Franco, la falta de estadísticas oficiales en el país es una violación de derechos humanos, que le impide a las mismas instituciones del Estado y al resto de las organizaciones civiles planificar políticas públicas en torno a esta población.

“El hecho de que de manera generalizada el Estado no publique información desde 2013, ya es una violación de derechos humanos. Si no conoces las necesidades de la gente no puedes planificar, entonces planificas con base a capacidades, pero planificar con base a capacidades es muy diferente a hacerlo con base a necesidades”, dice.

La falta de cifras oficiales ha hecho que las organizaciones no gubernamentales lleven registros independientes. Muchas de ellas contabilizan los crímenes de odio a través de las noticias que salen reseñadas en la prensa, pero a menudo la falta de perspectiva de derechos humanos y de género sobre temas LGBTIQ+ hace que mantener un registro sea aún más difícil, pues las noticias se quedan solo con la minuta policial, donde muchas veces no se reconoce la identidad de las personas trans o no se indaga en las causas del ataque.

Julio actualmente vive una situación de acoso por parte de unos vecinos, en su residencia en Caracas, pero prefiere no denunciar porque está seguro de que su caso no será tomado en cuenta. Julio siente que no hay nada que hacer porque los asuntos legales de una persona homosexual no le importan al Estado. Para defensores de derechos humanos entre la población LGBTIQ+ existe una percepción generalizada de no contar con derechos, en parte porque las instituciones no son eficientes en la recepción de los casos.

Los pocos instrumentos que hay no se cumplen

Así como Julio a veces experimenta acoso por parte de sus vecinos, la discriminación también surge en sitios públicos. En septiembre de este año el activista Danny Toro de la organización País Narrado y su novio fueron expulsados de un restaurante ubicado en Chacao. “Acabo de vivir un hecho de discriminación en Vera Pizza. Me acaban de decir que no puedo bailar con mi novio porque es un ambiente familiar, porque según ellos es un acto asqueroso”, escribió Toro en Twitter. Rápidamente el tweet se volvió viral y encontró indignación por parte de unos y apoyo al local por parte de otros.

Chacao es el único municipio del país que cuenta con una ordenanza que expresamente prohíbe la discriminación. Se aprobó el 9 de agosto de 2016 por el Concejo Municipal de Chacao y sanciona “cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objeto o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos”. Pero en la práctica no se cumple.

La ordenanza de Chacao dice claramente que los establecimientos deben tener un cartel que diga -prohibido todo tipo de discriminación-, pero ni siquiera las instituciones de Chacao lo tienen.

Con la pandemia los problemas empeoraron

Para la coordinadora de Unión Afirmativa, Quiteria Franco, antes de la pandemia ya había una situación de negación de derechos. La emergencia humanitaria compleja que vive el país desde 2015 ha duplicado las cargas para las personas, en especial para quienes son vulnerables. En los últimos años esta población ha tenido que lidiar con la escasez de alimentos, la escasez de antirretrovirales o de hormonas para personas que están en proceso de transición.

Unión Afirmativa señala que durante la pandemia recibieron casos como el de dos adolescentes que fueron encerradas en su casa y no podían ver a sus novias porque sus padres se lo impedían. También el caso de un joven de Yaracuy quien pedía ayuda porque en su casa los padres eran evangélicos y lo tenían encerrado y lo golpeaban por ser gay.

Entre las múltiples necesidades que tienen las personas LGBTIQ+ está la de refugios seguros. El Centro LGBTI, una iniciativa de Movimiento Somos, abrió en mayo de 2021 en el estado Mérida, desde el comienzo reciben solicitudes de personas que necesitaban un lugar donde pasar la noche. Hasta agosto del año pasado el centro recibía al mes entre 8 y 12 solicitudes de este tipo porque en la calle o en sus hogares corrían peligro por su orientación sexual o su identidad de género.

Julio, por ejemplo, lleva tres años esperando obtener una pensión, a pesar de que cuenta con la edad e hizo los trámites correspondientes, pero su solicitud sigue a la espera. El hombre de 66 años, trabaja como artesano por cuenta propia desde el año 97, pero la crisis económica ha hecho que comprar bisutería o pinturas no sea una prioridad. “Llevo tres años pidiendo una pensión y todavía no me la han dado, teniendo la edad, teniendo todo. No tengo ningún tipo de pensión, ningún tipo de ingreso que venga del Estado, absolutamente nada, cuando debería tenerlo”, apunta.

Vivir en un país donde las cosas cambian a un ritmo demasiado lento ha sido para Julio una larga carrera de incertidumbre. A sus 66 años dice que hoy es menos lo que le afecta y también son menos los acosos o comentarios peyorativos que puedan lanzarle en la calle por ser homosexual, pero aún así indica que la población LGBTIQ+ se cohibe de hacer denuncias por temor a sufrir alguna discriminación o falta de seriedad a sus reclamos.