Envejecer en Venezuela puede convertirse en una tragedia. En un país sumergido en una emergencia humanitaria compleja, las personas de la tercera edad sufren por todos los frentes. Corren el riesgo de morir por hambre o por enfermedades tratables, debido a que las pensiones y los salarios precarios no permiten acceder a alimentos y medicinas adecuados o suficientes. Pertenecer a la población LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y queer) les vuelve doblemente vulnerables, pues las leyes y las políticas públicas les han excluido.
Julio vive en un limbo legal
Para Julio vivir en un país donde nada cambia ha sido una larga carrera de incertidumbre. A sus 66 años dice que hoy es menos lo que le afecta, pero aún así indica que la población LGBTIQ+ se cohibe de hacer denuncias por temor a sufrir alguna discriminación por parte de las instituciones del Estado.
Julio Nuño recuerda las redadas policiales de la época en que era joven. Ser gay podía costarle una noche en un calabozo, frases discriminatorias o incluso desatar la saña de alguien hasta llegar a ser capaz de ejecutar una violación correctiva. “Eran agresivas y los policías muy homofóbicos”, dice. Cuarenta años después siente que esto ha mejorado y que la sociedad en Venezuela es más tolerante con las personas LGBTIQ+. Pero en materia legal los avances son pocos, algo que resuena como un eco en su cabeza y le reafirma que está en un limbo.
