Las desigualdades basadas en género y raza tienen raíces profundas en la construcción de la historia de Brasil. Durante la esclavitud, las mujeres negras desempeñaron un papel fundamental dentro de los modelos de producción que explotaban el trabajo obligatorio. Con la abolición de la esclavitud, entraron en el mercado de trabajo informal en labores de apoyo familiar en la mayoría de los casos ejerciendo funciones de lavandería, cocina y cuidado de los niños entre otras actividades en puestos de trabajo que se suelen dar en modelos de contratación informal que no reconocen derechos laborales o condiciones de trabajo dignas.

En este escenario de racismo estructural, desprotegidas de políticas públicas dirigidas a la igualdad de oportunidades de acceso a la educación y de ingreso al mercado laboral, las mujeres negras se convirtieron en pilares del trabajo doméstico. A finales de la década de 1990, con más de 100 años de la Ley Áurea, por la cual se abolió la esclavitud en Brasil, el trabajo doméstico informal es aún una constante, especialmente para las mujeres negras quienes constituyen el segmento mas grande de las empleadas domésticas en el país.

Según el retrato de las desigualdades de género y raza, en 1996, sólo el 18,7% de las empleadas domésticas negras tenían contrato firmado a pesar de representar la mayoría de las trabajadoras de la industria. Fue en esa época, el 2 de marzo de 1997, que Simone Diniz, una mujer negra de 19 años que buscaba una oportunidad de trabajo, encontró en los clasificados del diario Folha de São Paulo una vacante como empleada doméstica. Sin embargo, había un problema: la oportunidad requería que la candidata fuera de "preferencia blanca" (sic).

Simone contactó al empleador postulándose para el puesto y después de que le preguntaran sobre el color de su piel fue informada de que no cumplía con los criterios necesarios. "Dije que estaba interesada en el puesto y al enterarse de que soy negra me rechazó, alegando que el color de la piel era un criterio importante en la selección de los solicitantes de empleo”.

El caso se comunicó a la oficina de investigaciones sobre crímenes raciales, donde se inició una investigación policial. A pesar de las pruebas irrefutables, el Ministerio Público del Estado de São Paulo pidió que se cerrara la investigación, alegando que el caso no constituía un delito de racismo. Este argumento fue aceptado por el Poder Judicial y aún hoy en día el caso permanece impune en la justicia brasileña.

Brasil, como Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Así, después de nueve años de procedimientos legales, en octubre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó el Informe Final sobre el caso Simone André Diniz. En este informe, la CIDH reconoce la responsabilidad internacional del Estado brasileño por no haber castigado el crimen de racismo sufrido por Simone André Diniz, y considera que se han violado los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Brasil es el primer país del continente americano en recibir una condena en esta categoría.

El caso de Simone André Diniz representa un patrón recurrente de invisibilidad del racismo en las relaciones cotidianas, y de omisión del Estado brasileño. La Comisión ya ha juzgado que a toda víctima de una violación de los derechos humanos se le debe garantizar una investigación diligente e imparcial y, si hay indicios de autoría del delito, se debe iniciar la acción pertinente para que el juez competente, en el marco de un proceso justo, determine o no, la ocurrencia del delito. Dicho procedimiento se debe llevar a cabo con cada delito que se ponga en conocimiento de la autoridad pública. ¿Por qué fue diferente en el caso de Simone?

El caso es emblemático por señalar las diferentes formas en que el racismo estructural e institucional se perpetúa y mantiene a través de la invisibilidad social y la negación de los derechos de las empleadas domésticas, aspectos que se han expresado con mayor fuerza en estos tiempos de la pandemia. En muchos estados, el empleo doméstico ha considerado, por ley, un servicio esencial que obligaba a las empleadas domésticas, en su mayoría mujeres negras, a trabajar para no perder sus empleos, a riesgo de contaminarse, morir o contaminar a sus familiares. El caso de Simone es un ejemplo de la lógica racista, sexista y clasista que rige las relaciones laborales internas en Brasil y de la impunidad que prevalece en la mayoría de esos casos cuando se producen violaciones flagrantes de los derechos humanos.