En los últimos 17 años, Magali Salinas ha rehabilitado y devuelto a su hábitat a decenas de monos aulladores, capuchinos y musmuquis, halcones, tortugas y zarigüeyas en Madre de Dios, capital de la biodiversidad y semillero del tráfico ilícito de vida silvestre en el Perú.

“He liberado a más de 50 monos aulladores y la verdad que verlos corriendo hacia la libertad es algo que no tiene precio”, asegura la fundadora del centro de rescate Amazon Shelter que cada semana, de forma voluntaria, recibe a distintos animales con las patas quemadas o las alas fracturadas que las autoridades decomisaron de las redes del tráfico.

En las últimas dos décadas se han incautado por lo menos 102.000 animales silvestres vivos, principalmente anfibios (43.818) y aves (45.849), según los datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Se sospecha que estas especies tenían como destino principal a coleccionistas particulares y zoológicos, tiendas de mascotas, industrias de cuero, pieles y fibras, entre otros.

Por si fuera poco, es un crimen que no se detuvo ni siquiera en la estricta cuarentena que afrontó el país sudamericano por la pandemia de Covid-19. “Como nunca hemos llegado a recibir casi 100 animales y sigo recibiendo”, comenta Salinas con preocupación, ya que ha tenido que sobrepasar el límite de 60 especies en su centro de rescate.

De acuerdo a las autoridades, el tráfico ilícito se ha intensificado en Internet durante la pandemia, no solo en la deep web, sino también en las redes sociales y otras plataformas en línea, donde se pueden encontrar reptiles vivos y partes del cuerpo de especies protegidas e incluso en peligro de extinción. De hecho, las tortugas vivas y sus huevos —en específico la tortuga matamata (Chelus fimbriata)— son las principales especies que se ofertan por estos medios en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, según una investigación de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.

A pesar de las cifras aterradoras, lo cierto es que en los últimos años el Perú viene tomando una postura decidida para combatir el tráfico ilícito de vida silvestre, introduciendo una estrategia nacional y presentando leyes e iniciativas líderes en la región para combatir el comercio ilegal. Sin embargo, los expertos señalan que siguen existiendo muchas lagunas en la aplicación y el cumplimiento de la ley, ya que las autoridades se enfrentan a importantes operaciones del crimen organizado y a redes internacionales.

En contra de un crimen que no cesa

Patricia Torres, experta de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), dijo a Diálogo Chino que en los últimos años el país ha "tomado una posición" contra el tráfico de vida silvestre a nivel nacional y ha promovido procesos para combatirlo a nivel latinoamericano. Sin embargo, dijo Torres, "la inestabilidad impide que haya una política sólida de implementación respecto a lo que queremos hacer frente al tráfico de vida silvestre".

En 2017 el Perú fue uno de los primeros países del mundo en publicar una estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, que ahora debe ser actualizada. A este paso le siguió la Declaración de Lima en 2019, que promovió el mismo país para luchar contra esta actividad ilegal en toda la región bajo 21 compromisos “bastante ambiciosos'', aseguró Rosa Vento, bióloga de la Iniciativa de Especies de la Wildlife Conservation Society (WCS).

No obstante, “al ser básicamente un compromiso de carácter político pero no normativo vinculante, depende mucho de la voluntad de los países para su implementación'', aclaró la especialista.

Al contrario, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sí se trata de un acuerdo internacional vinculante que vela para que esta actividad no sea una amenaza para la supervivencia de animales y plantas silvestres. Sin embargo, como la CITES se ocupa del comercio internacional, es responsabilidad de cada Estado miembro atajar el comercio y el tráfico de especies silvestres dentro de sus fronteras. En las negociaciones y reuniones de la CITES, Perú ha propuesto especies amenazadas por el comercio internacional para su inclusión en el acuerdo, explicó Torres.

En efecto, Perú fue uno de los primeros países que firmó, en 1975, este acuerdo que, por ahora, ampara a unas 5950 especies de animales y 32 800 especies de plantas alrededor del mundo de acuerdo al grado de protección que necesiten.

En la reciente cumbre de la CITES sobre el comercio mundial de especies silvestres, que concluyó en Panamá el mes pasado, Perú presentó dos propuestas de inclusión en el Apéndice II del acuerdo, la lista destinada a las especies que podrían verse amenazadas por el comercio si éste no se regula. Se trata de la rana de cristal (familia Centrolenidae) y la tortuga matamata (Chelus fimbriata) que se comercializan como mascotas exóticas en el extranjero. Los principales destinos de estas últimas son China y Estados Unidos, que juntos abarcan el 85% de las exportaciones desde el año 2010, detalla la propuesta presentada por Perú, Brasil, Colombia y Costa Rica.

Ambas propuestas fueron adoptadas por consenso, lo que significa que a partir de 90 días después de la conclusión de la reunión se requerirán permisos para que estas especies sean comercializadas internacionalmente. Las exportaciones de especies incluidas en el Apéndice II de la CITES requieren permisos que confirmen que los animales o plantas se han obtenido de forma legal y sostenible, con el fin de garantizar que el comercio no pone en peligro la supervivencia de la especie.

Mafias de tráfico de vida silvestre en la mira

Aunque la mayor parte de la vida silvestre traficada se vende a nivel local, se calcula que alrededor del 20% de animales confiscados por las autoridades peruanas tenían destinos internacionales. Según Insight Crime y otras investigaciones, China es de lejos el mayor mercado de las plantas y animales que se extraen por contrabando del Perú, seguido por Estados Unidos.

Un caso emblemático del impacto de China es el del jaguar (Panthera onca). Cuando este felino representativo de América cae en las redes de los traficantes, sus partes —colmillos, piel y huesos— terminan siendo vendidas como joyas o amuletos en el país asiático. Con relación a eso una investigación publicada en la revista Conservation Biology advierte que el comercio ilícito de las partes de este animal va en aumento y es probable que esté vinculado a las inversiones chinas en Centroamérica y Sudamérica.

Detrás del tráfico de las partes del jaguar están las mafias y organizaciones criminales que llegan a vender sus colmillos hasta por 3000 dólares en Asia. Así, por ejemplo, en 2021, las autoridades de Bolivia detuvieron a cinco traficantes de jaguares, que forman parte de una red criminal internacional que opera en Perú, Brasil y Vietnam.

De ahí que desde hace tres años distintas organizaciones en el Perú han venido impulsando que el tráfico ilícito de vida silvestre sea incluido dentro de los delitos de la ley contra el crimen organizado, algo que el Congreso de la República aprobó en noviembre.

Tras idas y venidas, la reciente ley aprobada permitirá investigar a las organizaciones criminales detrás del tráfico de animales terrestres y acuáticos y, sobre todo, que ahora los culpables puedan recibir condenas de entre 11 a 20 años de prisión, en lugar de siete años.

“Esta ley nos pone a la vanguardia de la lucha contra el tráfico ilegal en Latinoamérica, por lo menos, en términos legales”, destacó Carmen Heck, directora de políticas de Oceana. “Casi ningún país de la región tiene leyes que permitan poder perseguir estos delitos como el crimen organizado y las mafias que son”.

La especialista Rosa Vento de la WCS indicó que esta modificación “dará mayores herramientas para la investigación, principalmente, a los operadores de justicia en la etapa de investigación, juzgamiento y sanción”. De esa manera, se podrá pedir el levantamiento del secreto bancario, usar de técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos y tener más tiempo para la investigación preparatoria y prisión preventiva.

“El Perú se está posicionando como un país en el cual la normatividad a nivel penal es la más estricta”, explicó Vento a Diálogo Chino. “Sabemos que en Bolivia recientemente el Senado ha aprobado una propuesta de ley para considerar delito el tráfico de vida silvestre, lo cual también es un avance”, destacó.

Lo pendiente en especies acuáticas en Perú

La modificación a la ley contra el crimen organizado incluye también el tráfico de especies acuáticas, como los tiburones y los caballitos de mar que son los más afectados por este delito. Precisamente, el Perú figura entre los 15 países que más exportaciones de aletas de tiburón tiene hacia China, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sin embargo, actualmente hay dos proyectos de ley propuestos para modificar la ley, y otro para derogarla que cuenta con el apoyo del Ministerio de Producción y de un sector de los pescadores artesanales. A algunos pescadores les preocupa que esta ley pueda criminalizarles por las capturas accesorias, mientras que otros la apoyan.

"Esta ley no está diseñada para criminalizar a los pescadores artesanales, sino al crimen organizado para el tráfico transnacional", dijo Percy Grandez, asesor legal de la SPDA, en una reciente sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del país, que recibió una carta firmada por más de 47.000 ciudadanos solicitando que se respete la ley. "Proponemos que quede muy claro en la ley que se exceptúa la aplicación del agravante por capturas accidentales o fuera de las tallas reglamentadas", agregó.

Este tema es siempre controvertido cuando se trata de proteger las especies acuáticas. Según la legislación peruana, las especies acuáticas se consideran recursos hidrobiológicos, que, según Heck, se ven desde "un enfoque de explotación y no como especies silvestres que deben conservarse y protegerse''.

“Mientras las especies terrestres cuentan con una serie de protecciones, por ejemplo la Lista Roja de Especies Amenazadas [de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza], no existe algo similar para las especies acuáticas. Hay un grave problema de tráfico ilegal de partes de tiburón que pone en riesgo la sostenibilidad del recurso y además afecta a los pescadores”, afirmó Heck, cuya organización, Oceana, fue una de las principales promotoras de la campaña a favor del reciente cambio legislativo.

Según la experta, gran parte de las aletas que el Perú exporta provienen de tiburones capturados en Ecuador, país que prohíbe su pesca deliberada. Cerca del 62% de las aletas que han salido del Perú hacia los mercados asiáticos, entre el 2020 y 2021, vienen desde este país vecino, reveló una reciente investigación de OjoPúblico. “En esa cadena se han detectado una serie de irregularidades y es más claro el peligro de que detrás están organizaciones criminales transnacionales”, precisó Heck.

En la reciente conferencia de la CITES se aprobó la protección de 56 especies de tiburones frente a la depredación indiscriminada, con 88 votos a favor, 29 en contra y 17 abstenciones. Perú fue uno de los países que votó en contra. Aunque la propuesta sólo se refería a 19 especies especialmente amenazadas, dado que las aletas y la carne de tiburón son muy difíciles de identificar, será necesario regular el comercio de familias taxonómicas enteras de estos animales para protegerlas eficazmente.

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Este artículo se publicó previamente en Diálogo Chino. Ver el original aquí