En el 2018, el FMI regresó a América Latina prometiendo que sus acuerdos prestatarios serían distintos a los temidos "programas de ajuste estructural" aplicados en el pasado. Detrás de las declaraciones sobre el crecimiento inclusivo y la protección de los más vulnerables se esconden políticas similares a los ajustes estructurales de la era del Consenso de Washington. A pesar de que el programa de Argentina ya ha implosionado ,dejando atrás más pobreza y una economía colapsada, el FMI parece decidido a impulsar su acuerdo con Ecuador.

Las cosas no han sido fáciles para el FMI en Ecuador. Las protestas masivas estallaron después de un intento de imponer aumentos en los precios del combustible como parte del acuerdo con el FMI, protestas que obligaron al gobierno ecuatoriano a retirar las medidas y suspender temporalmente su acuerdo con el FMI. Pero el FMI anunció recientemente que planea reanudar su programa en Ecuador después de que la Asamblea Nacional del país aprobó un proyecto de ley de reforma fiscal.

Sin embargo, el comunicado de prensa del FMI no menciona que el hecho de que el proyecto de ley contiene varias disposiciones que tienen como objetivo debilitar y, esencialmente, hacer que los controles de capital de Ecuador sean ineficaces. En el 2007, Ecuador introdujo una serie de medidas para desalentar la fuga de capitales y evitar los flujos especulativos de capital, al gravar ese año las salidas que no cumplían con los criterios de inversión extranjera directa productiva (IED). Esas medidas han tenido éxito en fortalecer la estabilidad macroeconómica y aumentar los ingresos para el gobierno.

Es importante tener en cuenta que según el proyecto de ley original, las entradas de capital para financiar actividades productivas y permanecer en el país durante al menos un año ya estaban exentas de este impuesto. También especificó que las salidas a una lista de paraísos fiscales no pueden estar exentas de pagar el impuesto.

El nuevo proyecto de ley aprobado por la asamblea ecuatoriana elimina la disposición sobre los paraísos fiscales, acorta el período de espera para que algunas inversiones estén exentas del impuesto y lo retira por completo para los mercados de capitales y valores, así como para las inversiones financieras.

Los cambios a la ley abren la puerta a la especulación financiera de manera eficaz. Además, al eliminar la disposición del paraíso fiscal, la nueva ley permite a los inversores nacionales y extranjeros redirigir su dinero como "IED fantasma" , evitando tanto los impuestos sobre la renta como la salida de capital.

Las medidas incluidas en este proyecto de ley están en contradicción directa con la posición supuestamente en evolución del FMI sobre los controles de capital. Un artículo reciente en el Financial Times elogió la aproximación del FMI hacia los controles de capital, repasando una serie de declaraciones hechas por funcionarios de alto rango del Fondo sobre lo que denominan "gestión del flujo de capital". Estas declaraciones están en línea con la visión institucional del FMI sobre la gestión del flujo de capital publicada en 2012. Esa posición reconoció que la liberalización de la cuenta de capital podría no ser la medida adecuada en todas las circunstancias, alejándose del dogma neoliberal de las cuentas de capital abiertas.

También se afirma en los Artículos de Acuerdo del FMI que los recursos del Fondo no se pueden usar para "favorecer una salida sostenida de capital". Sin embargo, esto es exactamente lo que sucedió en Argentina, donde $ 36.6 mil millones abandonaron el país cuando el FMI desembolsó $ 44.5 mil millones. La fuga de capital sostenida fue sin duda un contribuyente principal al fracaso colosal del último programa argentino del FMI.

Parece natural entonces preguntar en estas circunstancias por qué el FMI está presionando para que se adopten medidas que debiliten los controles de capital existentes actualmente de Ecuador. Dado que el impuesto a las salidas ya no se aplicaba a inversiones productivas a largo plazo, atraer más IED (real) no puede justificar estas medidas. Además de todo esto, las medidas impopulares que exigió el FMI y que alimentaron las protestas masivas a principios de este otoño no se han anulado sino que solo se han pospuesto.

Parece que el FMI se doblará su apuesta por un programa de austeridad en Ecuador, que probablemente resulte en una prolongada recesión y proyecciones de crecimiento que nunca se materializan (una característica común de los programas del FMI). Por lo tanto, no es realista creer que las medidas en la nueva ley de impuestos atraerán masivamente nuevas inversiones productivas. El resultado más probable es un aumento en los flujos de capital volátiles que amenazarán aún más la estabilidad macroeconómica de la economía dolarizada de Ecuador. Incluso en el programa en sí, el FMI reconoce que el entorno actual, que solo ha empeorado desde que se firmó el acuerdo, podría no ser el mejor momento para eliminar el impuesto a las transferencias al extranjero.

No obstante, el FMI afirma que estas medidas están "sentando las bases para un crecimiento sólido y sostenible, al tiempo que protegen a los más vulnerables". Sin embargo, la factura de impuestos no facilita nada por el estilo. Permite a las élites locales sacar su dinero del país sin costo alguno; facilita la evasión de impuestos y la especulación más fácil; e introduce medidas tributarias regresivas, colocando la carga del ajuste en los más vulnerables del Ecuador. Desafortunadamente, en lugar de aprender de sus errores en Argentina, el FMI parece estar repitiéndolos.