Detrás de una fila de bolsas de basura, puesta en la grama para imitar cadáveres de médicos y enfermeros, se habían congregado unos 15 jóvenes a las afueras del Hospital Universitario de Caracas. Varios de ellos eran estudiantes de medicina y odontología, y conocían a algunos de los 430 profesionales de la salud que hasta aquel momento habían muerto de Covid-19, en principio debido a la falta de equipos de protección personal en los distintos rincones del país. Jesús Mendoza, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, se quejaba de cómo Nicolás Maduro había prometido comprar 10 millones de vacunas, aunque solo 2.7 millones han llegado hasta ahora.
Dos guardias nacionales se acercaron a decirle al grupo que no estaba permitido protestar cerca del hospital aunque, según Mendoza, ambos admitieron que les preocupaba la situación sanitaria. Los muchachos decidieron quedarse, pero al rato aparecieron seis miembros de un colectivo – lo que en Venezuela se conoce como un grupo de civiles armados que suelen intimidar y atacar disidentes, o como el brazo paramilitar del Partido Socialista Unido. No iban visiblemente armados, pero empujaron e insultaron al grupo hasta dispersar la protesta.
“El estudiante que convocas a una protesta tiene miedo porque este hospital es una institución de la universidad que está manejada por milicianos (componente de las Fuerzas Armadas creado por el Partido Socialista) que son parte del sistema comunal que quiere implantar el chavismo, y dominado por los colectivos, que se supone que protegen instituciones públicas”, dice Mendoza. “Pero esta vez, en el marco de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, cruzaron una línea”.
