Detrás de una fila de bolsas de basura, puesta en la grama para imitar cadáveres de médicos y enfermeros, se habían congregado unos 15 jóvenes a las afueras del Hospital Universitario de Caracas. Varios de ellos eran estudiantes de medicina y odontología, y conocían a algunos de los 430 profesionales de la salud que hasta aquel momento habían muerto de Covid-19, en principio debido a la falta de equipos de protección personal en los distintos rincones del país. Jesús Mendoza, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, se quejaba de cómo Nicolás Maduro había prometido comprar 10 millones de vacunas, aunque solo 2.7 millones han llegado hasta ahora.

Dos guardias nacionales se acercaron a decirle al grupo que no estaba permitido protestar cerca del hospital aunque, según Mendoza, ambos admitieron que les preocupaba la situación sanitaria. Los muchachos decidieron quedarse, pero al rato aparecieron seis miembros de un colectivo – lo que en Venezuela se conoce como un grupo de civiles armados que suelen intimidar y atacar disidentes, o como el brazo paramilitar del Partido Socialista Unido. No iban visiblemente armados, pero empujaron e insultaron al grupo hasta dispersar la protesta.

“El estudiante que convocas a una protesta tiene miedo porque este hospital es una institución de la universidad que está manejada por milicianos (componente de las Fuerzas Armadas creado por el Partido Socialista) que son parte del sistema comunal que quiere implantar el chavismo, y dominado por los colectivos, que se supone que protegen instituciones públicas”, dice Mendoza. “Pero esta vez, en el marco de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, cruzaron una línea”.

Muchos menos muertos, ¿por qué?

A día de hoy, según Médicos Unidos, una ONG, han muerto por coronavirus 614 profesionales de la salud – 22% del total de muertos reportado por el régimen de Maduro. La comunidad médica advierte que la data difundida por funcionarios del gobierno subestima la gravedad de la pandemia debido que la tasa de testeo a nivel nacional es mínima. Colombia realiza entre 25.000 y 35.000 pruebas a diario, mientras que Venezuela hace entre 2,100 y 2,600, según información de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios.

Pese a ello, el impacto real de la pandemia ha inducido menos terror que en otros países de Sudamérica. Las autoridades han confirmado 2.764 muertes – una cifra desproporcionadamente baja al compararse con el saldo de víctimas en países vecinos como Colombia (95.000), Ecuador (21.000) y Perú (187.000).

“Hay un subregistro importante y aparte muchos casos y muertes están mal clasificados, pero tenemos menos casos por cada 100,000 habitantes que países como Colombia, Perú y Chile”, dice el Dr Julio Castro, infectólogo venezolano que asesora a la oposición sobre asuntos de Covid-19. “No hay duda que la magnitud ha sido menor en Venezuela por varias razones”.

El suministro de combustible ha caído drásticamente a nivel nacional, limitando la movilidad de la gran mayoría de los venezolanos. En 2020, el desabastecimiento de gasolina en Caracas obligó a la gente a hacer varias horas de cola para llenar sus tanques. El suministro mejoró a mediados del año pasado, justo antes que la capital sufriese su primera ola pandémica. Castro indica cómo en economías débiles la transmisión es más lenta porque el transporte público no suele ser eficiente, las zonas urbanas pueden estar aisladas entre sí, y la gente pasa menos tiempo en la calle.

“Una forma de controlar la epidemia es limitando el suministro de combustible. No creo que Maduro haya logrado reducir el contagio voluntariamente. El impacto de la pandemia ha sido menor debido a la escasez de gasolina y la hiperinflación, que son condiciones únicas a nivel regional”, dice Castro. “La vida se ha convertido en algo similar a sitios en la África subsahariana. La gente solo va a los supermercados a comprar lo esencial y rara vez va a restaurantes, discotecas o cines, que son el tipo de sitios que generan más transmisión.

“Pero a diferencia de una aldea en África, en Venezuela no puedes esconder los muertos. Las familias aún entierran a sus seres queridos en un cementerio, no en el patio de atrás”, continúa el médico. “Hay gente muriéndose, sí, pero no puedes comparar nuestra situación con Guayaquil el año pasado, por ejemplo, donde la gente se moría en plena calle. O con Chile, donde tuvieron que mandar pacientes en aviones militares a Antofagasta porque los hospitales en Santiago estaban colapsados”.

Al Dr Castro le preocupan los planes de vacunación y testeo de Maduro, que considera centralizados, ineficientes y opacos. El programa de vacunación nacional cuenta con solo dos laboratorios autorizados para analizar pruebas provenientes de todo el país. El gobierno insiste en que ningún otro ente público o privado puede diagnosticar coronavirus, pese a que ambos laboratorios están colapsados y la gente tiene que esperar varios días o hasta semanas por el resultado de una prueba de PCR (de reacción en cadena de polimerasa) o de antígenos.

“Esto no ha cambiado, no le permiten a nadie hacer pruebas”, dijo Castro. “Si tú quieres fortalecer la capacidad de testeo del país, ¿por qué no dejas que las universidades y los centros de salud hagan PCR?”

El Dr Castro ha monitoreado el estado del sistema hospitalario a través del trabajo de la red nacional de Médicos por la Salud, cuyo programa de vigilancia sindrómica descubrió que el saldo de muertos anunciado por el gobierno cada semana excluye a aquellos pacientes que no se hicieron pruebas o cuyos resultados no llegaron a tiempo. Un reporte no publicado del 23 de mayo al cual democraciaAbierta tuvo acceso indica que 6.996 personas habrían muerto de infección respiratoria aguda desde que se reportó el primer caso de Covid-19 en Venezuela. La cifra oficial de muertos por coronavirus era 2.499 en aquel momento.

Castro es miembro de la Mesa Técnica Nacional, un grupo de trabajo conformado por representantes del gobierno y la oposición creado para coordinar la respuesta a la pandemia. Castro representa a la coalición de Juan Guaidó – aún reconocido por más de 50 países como el líder legítimo de Venezuela – la cual tiene acceso a activos del país congelados en el extranjero, incluyendo reservas líquidas en la Reserva Federal de EEUU y reservas de oro equivalentes a más de mil millones de dólares en el Banco de Inglaterra.

La oposición utilizó unos $12m de los activos congelados para la compra de insumos médicos, equipos de protección personal y 340.000 pruebas rápidas de antígenos. El régimen había prometido entregar las pruebas a los hospitales en los 23 estados del país, pero al final decidió enviarlas a laboratorios regionales.

“Los kits de pruebas rápidas que recibimos tenían la capacidad de hacer entre 8,000 y 10,000 pruebas diarias. Pero las mandaron a sitios donde no van los pacientes. La gente con síntomas va a los hospitales”, dice Castro.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó las pruebas de antígenos en noviembre, y para marzo reportó que se habían utilizado 21.583. “Hicieron en tres meses lo que un sistema de salud operando con normalidad hubiese hecho en tres días. La lógica detrás de esto es simple: están tratando de esconder los números de verdad”, concluye Castro.

Vacunación politizada

La Mesa Técnica ha acordado comprar vacunas para seis millones de personas, una operación que costaría unos $120m. El Departamento del Tesoro de EEUU ha descongelado $18m para comprar 1.4m de dosis, y otros $12m para equipos de cadena de frío empleados para preservar las vacunas. En marzo, el régimen de Maduro anunció un pago de $64m a COVAX, el programa de vacunas para países con bajos ingresos. Maduro anunció un segundo pago a la semana siguiente, aunque aún se desconoce el origen de estos fondos. La cuenta de COVAX ha recibido casi$110m a día de hoy.

La llegada del primer lote de COVAX continúa retrasándose mientras que representantes de la oposición en la Mesa Técnica siguen presionando al Ministerio de Salud para que comience a vacunar con la ayuda de instituciones no gubernamentales como escuelas, universidades, clubes deportivos, iglesias y farmacias.

“Nuestro programa de vacunación de niños administra cuatro millones de vacunas cada año. Ahora tenemos que inocular unas 20 millones de personas más”, dice Castro. “El sistema de salud simplemente no es capaz de hacer eso”. El gobierno antes rechazó un plan de Fedecámaras – la federación de gremios empresariales más grande del país – para vacunar a empleados del sector privado y sus familias sin coste alguno. Rectores de universidades y organizaciones religiosas también han pedido al régimen que acepte ayuda logística.

“La pandemia ha paralizado a la Universidad Central de Venezuela por más de un año. Le hemos pedido al gobierno que nos permita vacunar a nuestros profesores, cuya edad promedio está entre 50 y 60 años”, dice Mendoza. “La universidad está dispuesta a vacunar a la gente. Solo necesitamos las vacunas y que Maduro nos dé permiso, simple y sencillo”.

Con la llegada de las vacunas Sputnik V y Sinopharm, el gobierno priorizó a los trabajadores del sector salud, pero también a funcionarios, miembros del Partido Socialista y personal militar. Mendoza advierte que las vacunas ya están en el mercado negro.

“Todo el mundo lo sabe a estas alturas”, dice Mendoza. “Si conoces a la persona indicada te puedes inyectar la Sputnik por $300 o la Sinopharm por $150”.

En abril, el gobierno comenzó a politizar las jornadas de vacunación seleccionando ciudadanos que tienen el Carnet de la Patria, un documento de identidad emitido por el gobierno cuyos titulares tienen acceso a subsidios y programas de alimentos. “El Estado puede utilizar el Carnet de la Patria para elegir quién se puede vacunar y quién no. Ese es el miedo de mucha gente”, dice Mendoza.

El programa de vacunación piloto de una alcaldesa municipal de Caracas requiere que personas de tercera edad sean titulares del carnet. En las últimas semanas ha habido quejas por parte de ciudadanos desalojados de centros de vacunación cuando las dosis se agotan, incluso luego de que el sistema del Carnet de la Patria les notificara que debían vacunarse en aquel día y lugar. El régimen de Maduro ha sido acusado en múltiples ocasiones de utilizar tal sistema para coaccionar civiles en contextos vulnerables.

“Es extremadamente difícil evitar que las vacunas y los insumos se vayan a redes de corrupción si no se implementa un plan de vacunación grande y bien coordinado”, dice Feliciano Reyna, activista de derechos humanos y líder de varias ONG venezolanas.

Respuesta Humanitaria Internacional

En conjunto con OPS y el Fondo Mundial para la Lucha Contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, varias ONG locales han monitoreado la distribución de antiretrovirales en Venezuela desde 2018. El mecanismo requiere que el Ministerio de Salud envíe información – incluyendo presupuestos, cantidades y sitios de recepción de insumos – a OPS y a las Red Venezolana de Gente Positiva.

“Nosotros convencimos al Fondo Global para que implementara este mecanismo en 2018, con la escasez de medicinas para tratar VIH”, dice Reyna. “No es una súper estructura, pero ojalá podamos replicar este modelo para monitorear la distribución de vacunas por COVAX. Pero avanzar con todo esto ha sido muy lento”.

Reyna y otros actores de sociedad civil han presionado al gobierno para obtener un grado de cooperación en distintas áreas. Reyna, algunos de sus colegas del área humanitaria y funcionarios de cancillería habían acordado en noviembre establecer una instancia de trabajo para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU en Venezuela (HRP). Las conversaciones se atascaron en enero, cuando un operativo policial allanó la oficina de la ONG Azul Positivo – un aliado clave de las agencias de la ONU para los refugiados y el VIH/SIDA – llevándose detenidos a seis trabajadores humanitarios.

“Aún estamos esperando a que el gobierno firme la carta de intenciones y podamos crear la instancia, pero eso ya depende de su voluntad”, dice Feliciano. Solo 10 ONG han firmado la carta, de alrededor de 40 que escucharon la propuesta de crear la instancia.

La instancia para la HRP flexibilizaría las regulaciones que existen para la entrega de ayuda humanitaria y facilitaría el acceso a comunidades al sur del país, muchas de las cuales están controladas por pandillas, guerrillas colombianas y tropas militares. Reyna añadió que los grupos armados han aprovechado la pandemia para consolidar su dominio sobre estos territorios y bloquear la entrada de alimentos, medicinas y personal humanitario. Mientras tanto, el régimen continúa utilizando instrumentos legales para perseguir y congelar las cuentas bancarias de ONG y activistas de derechos humanos. Un decreto reciente requiere que las organizaciones de sociedad civil tengan que revelar sus alianzas y fuentes de financiamiento.

“Algunas personas piensan: ‘¿cómo nos podemos sentar y hablar con esta gente, con este gobierno? Eso no va a llegar a nada”, comentó Reyna. “Nosotros sí creemos que hay una obligación de abrir canales de comunicación y acción, pero obviamente vamos a enfrentar muchas críticas y rechazo en el camino. La verdad es que, si no tomamos los pasos necesarios, no vamos a lograr nada”.