A finales de la década de 1970, Daniel H. Levine concluyó que "los venezolanos han logrado uno de los pocos órdenes políticos competitivos estables en América Latina". Pero la democracia no puede darse por sentada: el 6 de diciembre de 2020, y después de una gran decadencia política, Nicolás Maduro, el autoritario presidente venezolano, convocó unas elecciones parlamentarias que han sido consideradas fraudulentas por distintos países.

La decadencia política venezolana ha evolucionado a un ritmo asombroso. Cuando Hugo Chávez -un ex militar y líder autoritario y populista- fue elegido presidente en diciembre de 1998, según V-Dem, Venezuela era un país funcionalmente democrático. A pesar de la creciente crisis política resultante del declive económico, las condiciones aseguraron unas elecciones presidenciales libres y justas.

Pero poco después de su elección, y con una poderosa retórica populista, Chávez transformó a Venezuela en un autoritarismo competitivo. Después de la muerte de Chávez, en 2013, Nicolás Maduro fue elegido presidente en una elección disputada. A pesar del avance del autoritarismo, en diciembre de 2015 la oposición democrática pudo ganar la mayoría absoluta del Congreso venezolano, la Asamblea Nacional.

Se esperaba que las elecciones parlamentarias de 2015 fueran el comienzo de la restauración democrática de Venezuela. Pero como Norris y otros, concluyeron en "El Proyecto de Integridad Electoral (PEI): Elecciones, año 2015", "las conversaciones sobre el 'fin del chavismo' ocultaron el hecho de que, según los expertos del PEI, las elecciones venezolanas tuvieron un mal desempeño en todas las etapas del ciclo electoral, con un índice global del PEI de sólo 42 (media global: 56)".

Lo que sucedió después de la elección demuestra la relevancia de esas advertencias: a través de varios "decretos de emergencia" y decenas de sentencias del Tribunal Supremo -que Maduro controló pocos días después de la elección parlamentaria- se despojó de autoridad a la Asamblea Nacional. Finalmente, en julio de 2017, Maduro organizó una elección fraudulenta de una asamblea paralela. Como señaló Steven Levitsky, este fue el fin de la democracia en Venezuela.

Las débiles instituciones competitivas fueron desmanteladas. En esas circunstancias, la asamblea paralela de Maduro organizó las elecciones presidenciales en mayo de 2018. Después de que Maduro fue proclamado presidente, varios países y organizaciones como la Organización de Estados Americanos repudiaron la elección. Como concluyó el PEI, en esta elección "Venezuela tuvo un desempeño extremadamente pobre en cuanto a la integridad electoral a lo largo de las diversas etapas del ciclo electoral, muy por debajo del promedio mundial en todas las dimensiones".

Este informe incluye el siguiente cuadro, con la sub-dimensión del PEI de las elecciones de 2018:

La evolución del índice de democracia electoral -que mide la competencia electoral por la aprobación del electorado- resumió el colapso de las condiciones de integridad electoral en Venezuela desde la elección de Chávez en 1998:

El repudio de las elecciones presidenciales de 2018 llevó al reconocimiento internacional del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como Presidente interino, hasta que se celebren elecciones libres y justas. Como dijo Miguel Angel Lara "es Guaidó, un líder democrático que pide elecciones libres y justas supervisadas internacionalmente, y no Maduro, un dictador que apenas mantiene una fachada democrática, quien debe ser considerado y reconocido como el presidente de Venezuela". A pesar de este apoyo internacional, Maduro ha conservado el poder, mientras que la fragilidad de Venezuela aumenta dramáticamente.

Considerando las diversas declaraciones internacionales que rechazaron las elecciones de 2018, es posible concluir que cualquier elección celebrada en Venezuela, en las mismas -o peores- condiciones que las elecciones presidenciales de 2018, debería producir el mismo resultado: el repudio internacional y nacional.

En junio de 2020, Nicolás Maduro anunció elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de 2020. En pocas semanas, el Tribunal Supremo adoptó varios fallos que redujeron las ya débiles condiciones de integridad electoral. Siguiendo el informe preparado por IDEA y la Universidad Católica Andrés Bello, estas son las restricciones de principios que se introdujeron:

a) El Tribunal Supremo nombró a los cinco directores de la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, aunque la Constitución establece que sólo la Asamblea Nacional puede nombrar a esos directores a través de audiencias públicas realizadas por organizaciones de la sociedad civil.

b) El Tribunal Supremo anuló las leyes electorales, autorizando al nuevo Consejo Nacional Electoral a promulgar "leyes electorales" (una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional). Además, las nuevas leyes promulgadas por la autoridad electoral fueron sumamente arbitrarias: se aumentó el número de diputados, se suprimió el voto directo de la población indígena y se redujo drásticamente la observación internacional.

c) Finalmente, el Tribunal Supremo intervino tres de los principales partidos políticos de la oposición, creando "juntas ad-hoc" que favorecieron el plan de Maduro. Este es un ejemplo perfecto de la cooptación política de la oposición. Maduro pudo simular la condición de competitividad con una oposición cooptada, mientras que los diputados de la Asamblea Nacional han sido objeto de persecución política, como se concluyó recientemente en el Informe del Consejo de Derechos Humanos de la misión internacional independiente de investigación sobre Venezuela

Según el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, en una declaración de junio de 2020, el deterioro de las condiciones de integridad electoral redujo "el espacio democrático en el país al mínimo y crea obstáculos adicionales para la resolución de la profunda crisis política en Venezuela". Ni la Unión Europea ni la Organización de los Estados Americanos aceptaron la invitación de Maduro para participar como observadores electorales por la falta de condiciones electorales. La oposición democrática, representada en la Asamblea Nacional de 2015, decidió boicotear las elecciones.

Considerando esas razones, las elecciones parlamentarias de 2020 fueron menos competitivas que las elecciones presidenciales amañadas de 2018. Una prueba adicional es la participación: según la información proporcionada por la autoridad electoral, sólo el 30,5% de los votantes participaron en la elección, para un total de 6.251.080 votos. Esta es la participación más baja de las recientes elecciones nacionales celebradas en Venezuela:

No es de extrañar que el 7 de diciembre el Consejo Nacional Electoral anunciara la "victoria" de Nicolás Maduro, reclamando el control electoral de la Asamblea Nacional, cuyo nuevo mandato comenzó el 5 de enero de 2021.

El 7 de diciembre, varios países repudiaron la elección. El Alto Representante de la Unión Europea declaró que "la falta de respeto por el pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten a la UE reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido declaró que "las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela del 6 de diciembre no fueron ni libres ni justas". Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, en una organización oficiosa denominada "Grupo de Lima", llegaron a la conclusión de que "las elecciones para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela el 6 de diciembre, organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad porque se llevaron a cabo sin las garantías mínimas de un proceso democrático, que incluyen la libertad, la seguridad y la transparencia, la integridad de los votos, la participación de todas las fuerzas políticas y la inclusión de la observación internacional".

El Departamento de Estado de EE.UU. también condenó la "farsa" electoral que "no cumplió ningún estándar mínimo de credibilidad". Una declaración similar fue emitida el 4 de diciembre por el miembro de rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. Bob Menéndez (D-N.J.) y el demócrata del Senado Dick Durbin (D-Ill.): "Las elecciones legislativas y presidenciales legítimas que cumplen con los estándares internacionales son el único camino creíble para resolver la prolongada crisis política de Venezuela".

Las elecciones parlamentarias de 2020 son las menos competitivas que se han organizado en Venezuela desde que el país recuperó la democracia en 1958. El resultado es una elección contestada que, en lugar de contribuir a una transición, puede agravar el colapso de Venezuela y la compleja emergencia humanitaria que está desencadenando la segunda peor crisis migratoria del mundo.

Como expliqué en un libro reciente, la compleja transición en Venezuela requiere acuerdos políticos apoyados por la comunidad internacional, dirigidos a restaurar las condiciones básicas de integridad electoral para celebrar elecciones libres y justas.

Pero la integridad electoral sólo puede ser reconstruida si la transición avanza para detener la emergencia humanitaria y la grave violación de los derechos humanos. De lo contrario, Venezuela estará al borde de un gran colapso humanitario.