Activistas marchan por la carretera Francisco Fajardo, durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 10 de mayo de 2017. VWPics / SIPA USA / PA Images. Todos los derechos reservados.
En octubre de 2016, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció, sin justificación legal, el aplazamiento de las elecciones regionales. Declaró que las elecciones se celebrarían a finales del primer semestre de 2017, a pesar de que la Constitución requería que se celebraran en diciembre de 2016. Además, suspendió ilegalmente el proceso de organizar un referéndum revocatorio presidencial, un derecho recogido en el la Constitución del país, basándose en sentencias de tribunales regionales que no tienen jurisdicción en asuntos electorales.
A lo largo de los primeros cuatro meses de este año, hemos presenciado serios reveses democráticos, como lo ha sido la decisión inconstitucional de la Corte Suprema de Justicia del 29 de marzo de disolver el Congreso, actualmente liderado por la oposición, en una decisión que debió ser revocada por la fuerte reacción nacional e internacional. También hemos asistido con extrema preocupación a la muerte de al menos 57 personas en el contexto de la represión de manifestaciones callejeras (cifra actualizada a 25 de mayo de 2017).
