Activistas marchan por la carretera Francisco Fajardo, durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 10 de mayo de 2017. VWPics / SIPA USA / PA Images. Todos los derechos reservados.

En octubre de 2016, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció, sin justificación legal, el aplazamiento de las elecciones regionales. Declaró que las elecciones se celebrarían a finales del primer semestre de 2017, a pesar de que la Constitución requería que se celebraran en diciembre de 2016. Además, suspendió ilegalmente el proceso de organizar un referéndum revocatorio presidencial, un derecho recogido en el la Constitución del país, basándose en sentencias de tribunales regionales que no tienen jurisdicción en asuntos electorales.

A lo largo de los primeros cuatro meses de este año, hemos presenciado serios reveses democráticos, como lo ha sido la decisión inconstitucional de la Corte Suprema de Justicia del 29 de marzo de disolver el Congreso, actualmente liderado por la oposición, en una decisión que debió ser revocada por la fuerte reacción nacional e internacional. También hemos asistido con extrema preocupación a la muerte de al menos 57 personas en el contexto de la represión de manifestaciones callejeras (cifra actualizada a 25 de mayo de 2017).

A lo largo de los primeros cuatro meses de este año, hemos presenciado serios reveses democráticos.

El 1º de mayo, el presidente Nicolás Maduro convocó una Asamblea Constituyente, cuyos miembros serán elegidos por ciertos sectores de la sociedad, y no por una votación universal. Las organizaciones venezolanas de derechos humanos expusieron la irregularidad que supone el convocar de esta manera a la Asamblea, y pidieron el rechazo a los procesos constituyentes convocados en tiempos de alta tensión política. Denunciaron que tal proceso amenazaba los procedimientos de reforma y las garantías de derechos humanos contenidos en la Constitución, e ignoraba el principio de prevalencia de los derechos.

Las organizaciones venezolanas de derechos humanos expusieron la irregularidad que supone el convocar de esta manera a la Asamblea, y pidieron el rechazo a los procesos constituyentes convocados en tiempos de alta tensión política.

El gobierno de Maduro hace frente a un creciente aislamiento en la escena internacional y regional desde su retirada de la Organización de Estados Americanos (OEA). Vale la pena recordar que en 2013 Venezuela rechazó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto órgano de protección de derechos de la región.

El gobierno de Maduro hace frente a un creciente aislamiento en la escena internacional y regional desde su retirada de la Organización de Estados Americanos.

Organizaciones de derechos humanos de Venezuela y otros países han expresado su preocupación por la creciente militarización de la sociedad. Recientemente condenaron la aprobación de un decreto para implementar el Plan Zamora, también llamado "Plan Estratégico Civil-Militar Especial". "Este anuncio constituye la consolidación de la militarización de la actuación policial ante las manifestaciones y en la seguridad urbana, junto al uso de grupos de civiles armados y de policías con la mentalidad militar para combatir al enemigo interno, lo que se sitúa completamente fuera de la doctrina de seguridad nacional", dicen grupos como Provea, que tienen una larga historia en la defensa de los derechos en Venezuela.

En los primeros días de su implementación, el Plan Zamora fue ejecutado con total desprecio por los principios del uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Esto generó nuevos obstáculos al ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. El uso indiscriminado y potencialmente letal de gases tóxicos aumentó, así como el número de detenidos y, lamentablemente, la cantidad de personas muertas.

Es esencial que el gobierno venezolano se comprometa a garantizar el pleno ejercicio del derecho a protestar, y a someterse estrictamente a las normas nacionales e internacionales sobre el uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Es urgente poner fin al Plan Zamora, derogar el Estado de Excepción y Emergencia Económica y respetar plenamente la Constitución.

En este contexto, la programación inmediata de las elecciones pendientes para los gobernadores representaría un paso importante para el país. El gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho de todos los venezolanos a participar en las elecciones, sin discriminación alguna. Además, el gobierno debe abandonar sus planes para convocar ilegalmente a una Asamblea Constituyente, debe dejar de impedir que el Congreso funcione plenamente, y debe publicar un calendario para las elecciones regionales, municipales y nacionales que respete el plazo establecido en la Constitución y que garantice el derecho de participación de todos los venezolanos , tanto en su calidad de votantes como de candidatos.

Instamos a la comunidad internacional y regional a trabajar juntos para que esto ocurra lo antes posible.

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Juana Kweitel, Conectas Derechos Humanos, Brasil

César Rodríguez Garavito, Dejusticia, Colombia

Matt Clausen, WOLA, Estados Unidos