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Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

Perú se ha convertido en el país de mayor atracción para la inversión minera en América Latina, según un reciente estudio de Frase Institute que valora aspectos geológicos, ambiente político y regulación favorable. El crecimiento de inversiones ha desatado tensiones en territorios de comunidades indígenas, instalando un poder privado con capacidad de influenciar en decisiones estatales y ejercer violencia sobre las tierras, el medio ambiente y los defensores indígenas. Recientemente, el sur andino del país ha sido escenario de un intenso conflicto a raíz de las operaciones de una de las minas de cobre más grandes del mundo: Las Bambas.

Las Bambas: minería a cielo abierto

Las Bambas inició su producción comercial en 2016, llegando a esta etapa de explotación de cobre y molibdeno tras doce años de haberse realizado la licitación pública internacional. El año 2004 ganó la licitación la empresa suiza Xstrata, en 2011 obtiene la aprobación estatal de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en 2013 es adquirida por Glencore Internacional y en 2014 es vendida al consorcio MMG Limited, liderado por capitales chinos.

Se calcula una producción superior a 2 millones de toneladas de cobre concentrado en sus primeros cinco años de explotación, con impacto directo en comunidades de las provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac) y un circuito minero que se extiende hacia las provincias altoandinas de Cusco. A pesar de que el proyecto instala tres tajos abiertos, ningún permiso estatal se ha otorgado con previa consulta a las comunidades indígenas afectadas. La situación de pobreza e indiferencia estatal condujeron a las comunidades a intentos de negociación y tensiones con las empresas mineras.

Modificaciones sucesivas del EIA han desatado un enfrentamiento que evidencia cómo el poder minero se con la vulneración de derechos humanos mediante la represión y criminalización de la movilización de las comunidades.

Las razones de las protestas comunales

Entre 2013 y 2015 se produjeron seis modificaciones al EIA aprobadas por autoridades estatales a favor de Las Bambas, con serios cuestionamientos debido a la falta de participación y consulta a las comunidades afectadas. El 25 de setiembre de 2015, diversas organizaciones campesinas y comunidades afectadas realizaron un paro en protesta por cambios irregulares del EIA. Desde entonces sus exigencias de garantías ambientales en sus territorios no cesan.

Los impactos de polvo, ruido y vibraciones vienen afectando a las comunidades, sin medidas efectivas de prevención, mitigación ni remediación.

Uno de los principales cambios es la reubicación de una planta de molibdeno y una planta de filtros a Cotabambas, a pesar de que inicialmente su construcción estaba prevista en la provincia cusqueña de Espinar.  Asimismo, se ha desestimado la construcción de un mineroducto de 206 kilómetros para el traslado de la producción mineral, que ahora se realiza en transporte abierto por una carretera sin asfaltado con una circulación diaria aproximada de 250 camiones de Cotabambas a Chumbivilcas y Espinar. Los impactos de polvo, ruido y vibraciones vienen afectando a las comunidades, sin medidas efectivas de prevención, mitigación ni remediación.

La respuesta estatal a los paros y movilizaciones, en coincidencia con los intereses empresariales, ha sido la represión policial, el uso indebido del estado de emergencia, la criminalización de la protesta y una mesa de diálogo que les niega a las comunidades el derecho a decidir en su territorio.  

Virginia Pinares, presidenta del Comité de Lucha de las comunidades de Cotabambas, ha denunciado públicamente:

"Los cambios principales dijeron que son auxiliares. Plantas principales han trasladado hacia Las Bambas. Nosotros no estamos informados, sin consultar al pueblo se ha trasladado. Hemos exigido que desde el primer momento nos informen los impactos del traslado de las plantas, pero no nos ha escuchado el Estado peruano, tampoco representantes de la Región de Apurímac ni del Congreso (...) Ahora no quieren que participe la mayoría de organizaciones, sino tres personas por distrito, a varias organizaciones nos preocupa el medio ambiente; estamos planteando un seguro ambiental y el convenio marco" (13 de septiembre de 2016, TV Perú Noticias).

Efectivamente, las modificaciones técnicas que elevan la vulnerabilidad ambiental se han realizado a espaldas de los pueblos afectados, aplicando un nuevo mecanismo legal simplificado denominado Informe Técnico Sustentario (ITS). El ITS está previsto para modificar componentes auxiliares o ampliar proyectos con escaso impacto ambiental en un plazo de 15 días, obviamente sin participación ciudadana ni consulta indígena.

Represión letal

A partir de las protestas de 2015, el Gobierno de Ollanta Humala ordenó la intervención policial que produjo la muerte de ,tres campesinos de Cotabambas: Exaltación Huamaní, Alberto Chahuallo, Alberto Cárdenas; murieron como consecuencia de impactos de balas policiales durante el desalojo de comuneros que bloqueaban el campamento minero. La represión policial contra nuevas acciones de defensa comunal, bajo el actual Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski terminó con la vida del comunero Quintino Cereceda, también durante la acción policial contra la toma de una carretera. En ambos momentos críticos, el uso arbitrario de la fuerza policial ha causado numerosos heridos de distinta gravedad, tanto entre manifestantes como entre efectivos policiales.

La represión ha agravado el impacto del conflicto, pero las investigaciones fiscales no han llegado a identificar a los agentes de la fuerza pública responsables de las muertes, mientras que el Gobierno defiende la acción policial e insiste en que actuó frente a inminentes delitos. La ausencia de reparación ha conducido a las familias de los campesinos muertos a aceptar un fondo humanitario “no compensatorio” con dinero de la empresa MMG y el Gobierno Regional equivalente a un sueldo mínimo mensual (aproximadamente 265 dólares) solo previsto para 24 meses a favor de las viudas de las víctimas. Esta donación  que se presenta como humanitaria, contrasta con la solicitud de reparación civil de 177 mil dólares que la empresa pretende cobrarle a los comuneros denunciados por los actos de protesta.

Privatización de las fuerzas policiales

El Ministerio del Interior ha admitido que la Policía Nacional presta servicios privados de seguridad, protección, custodia y otros servicios a Las Bambas, en los territorios de Apurímac y Cusco. Estos servicios se iniciaron con un convenio firmado en 2012 y renovado constantemente, el convenio acuerda una retribución económica de 100 o 110 soles diarios a cada agente policial y apoyo logístico empresarial a la labor policial, asimismo pacta el uso de la fuerza en casos excepcionales y establece cláusula de confidencialidad sobre toda información a la que tenga acceso la policía en la empresa.

La doble función policial público – privada en las zonas de conflicto no solo altera gravemente su rol, sino también crea un interés económico que distorsiona su labor de resguardo del orden público, aún cuando no se encuentre en horario de servicios privados. Esta inversión de roles tiene consecuencias graves. Según han verificado organismos de derechos humanos, 17 personas detenidas durante las protestas de setiembre de 2015 fueron privadas de su libertad  más allá del límite legal de 24 horas en el propio campamento minero.

El testimonio de Francisco Huanca, integrante del Frente de Defensa de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Cotabambas, revela que aún cuando se dispuso traslados de emergencia en helicóptero los heridos fueron rezagados:

"Durante el conflicto de 2015 hubo heridos y muertos, los policías prefirieron llevan en helicóptero a las personas que habían interceptado e incriminado antes que a los heridos. Mis dos paisanos han muerto camino a la ciudad de Cusco. Nosotros cuestionamos: ¿el Estado está de parte de nosotros o de la empresa?" (13 de octubre de 2017, Testimonio en VI Congreso Peruano de Derechos Humanos) 

Estado de emergencia permanente

Una medida continua contra la movilización comunal es la intervención militar. Tras el paro campesino de 2015, el Gobierno ordenó la intervención de las fuerzas armadas en apoyo a la Policía Nacional en dos ocasiones y declaró estado de emergencia durante 30 días en cinco provincias del sur andino, muchas de ellas no habían sido escenario de los enfrentamientos,  pero en cinco provincias quedaron suspendidos los derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito.

A partir de protestas en febrero y agosto de 2017, el Gobierno ha emitido nuevos decretos de estado de emergencia con las mismas restricciones en Cotabambas. Estas protestas exigían el cumplimiento de promesas de la empresa en la comunidad de Challhuahuacho y la indemnización por el uso de la carretera en el distrito de Mara. En agosto de 2017, sin mediar protestas ni peligros a la seguridad, se ha reactivado la declaratoria de Estado de emergencia y se renueva cada 30 días. Una demanda de habeas corpus presentada por organizaciones de derechos humanos, líderes comunales, mujeres campesinas y jóvenes de Challhuahuacho busca revertir esta modalidad preventiva y continuada de estado de emergencia, totalmente injustificada. 

Criminalización de defensores indígenas

A raíz del conflicto, el Estado y la empresa MMG han promovido la imputación de delitos a 50 comuneros y pobladores Cotabambas y Grau que defienden sus derechos colectivos. Las investigaciones fiscales comprenden los supuestos delitos de daño agravado, usurpación, entorpecimiento de transporte, disturbios, asociación ilícita para delinquir, coacción, robo agravado y tenencia ilegal de explosivos.

La empresa MMG ha sido muy activa en promover la persecución penal contra los defensores comunales

La empresa MMG ha sido muy activa en promover la persecución penal contra los defensores comunales: presentaron denuncias contra comuneros y argumentaron que forman parte de una organización criminal por tener abogados comunes, asimismo, solicitaron el pago de 177 mil dólares como reparación, dinero que supuestamente los comuneros deben pagarle.

La defensa legal de los defensores, ejercida por las asociaciones FEDEPAZ, APRODEH y DHSF ha llamado la atención sobre las vulneraciones a la libertad personal y al uso del idioma propio. Pues además de las detenciones policiales, los comuneros Edwar Brandon y Javier Mamani fueron sometidos a prisión preventiva durante más de seis; mientras que Asunto Huamaní, quechuahablante, fue interrogado en idioma español, sin intérprete.

Eliana Galindo, abogada de APRODEH, manifiesta su preocupación por las dificultades del caso:

"Es difícil que los pobladores asistan a declarar como testigos de los hechos, al constatar la indebida criminalización que existe temen que la Fiscalía los someta a investigación solo por haber participado en acciones de protesta. También es una dificultad que las autoridades a cargo de la investigación no han garantizado la presencia de intérpretes, se trata de un población cuyo idioma originario y predominante es el quechua. Ambos problemas perjudican el derecho de defensa, mientras que la empresa cuenta con un equipo numeroso de abogados dedicado a promover las denuncias”  (17 de noviembre de 2017, Entrevista personal)

Sin duda, la articulación de intereses empresariales y estatales en la criminalización de la resistencia de las comunidades locales, profundiza la desventaja de poder y el despojo de garantías de derechos de los pueblos afectados por la gran minería. 

El derecho a decidir

Las tensiones en los territorios afectados por la mina Las Bambas evidencian una disputa mayor. A los pueblos y comunidades se les niega el derecho a decidir la viabilidad de megaproyectos extractivos e, incluso, a decidir las propias condiciones ambientales y sociales en las que deben operar proyectos aceptados en el marco de su autonomía.

Según la información del proyecto Munden, el 40% del territorio peruano está concesionado a las industrias extractivas. En las provincias de influencia directa de Las Bambas la tendencia es mayor: 89% del territorio de Cotabambas y 72% del territorio de Grau están concesionados a la minería, sin información, participación ni consulta a los pueblos afectados.

Se ha configurando un escenario de ejercicio de poder empresarial que impone la supremacía de sus intereses comerciales sobre los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. Nuevamente, se trata del derecho a decidir un modelo de vida en nuestros territorios.