En la lucha contra la Covid-19, América Latina presenta un conjunto de importantes desafíos: sistemas de salud con escasa financiación, mercados laborales en gran parte informales, pobreza extrema y vulnerabilidad, y una crisis de desplazamiento humano que ha forzado a casi 5 millones de venezolanos al exilio.
Perú acogía a cerca de un millón de ciudadanos venezolanos cuando el 16 de marzo declaró el estado de emergencia, cerrando las fronteras internacionales e imponiendo el aislamiento social obligatorio. Esta medida se prorrogó cuatro veces, y duró hasta el 30 de junio (el cierre sigue vigente en siete regiones con altas tasas de infección).
Sin duda, el estado de emergencia ha tenido un impacto negativo en la población peruana, y especialmente en todos aquellos que trabajan de manera informal (el sector informal representa más del 70% de la economía del Perú). Sin embargo, la carga que soportan los inmigrantes o refugiados venezolanos es aún más grave debido a sus condiciones laborales informales, su precaria condición jurídica y la falta de redes sociales.
