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Aeropuerto, transparencia y nuevo gobierno en México

Como Presidente, AMLO debe desarrollar políticas reales cuya finalidad sea combatir las estructuras financieras en México que continúan impidiendo la transparencia y facilitan la corrupción. English

el empresario Carlos Slim durante una rueda de prensa sobre la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, en abril de 2010. (Photo by Carlos Tischler/NurPhoto/Sipa USA) PA images. Todos los derechos reservadosLa construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se ha comercializado por el gobierno mexicano como un modelo de transparencia. El proyecto de infraestructura constituye una mejora en la larga historia de México de opacidad y corrupción en el sector público.

El sitio web del gobierno para el aeropuerto tiene secciones enteras dedicadas a la transparencia, incluso la publicación de contratos e información sobre las estructuras de financiamiento. Sin embargo, atrás de este revestimiento perfectamente limpio, hay un tinglado de secretos e información no publicada, lo cual sugiere que todo sigue como es habitual en los proyectos públicos en México. 

Para empezar, la estructura de financiamiento lleva hacia el secretismo, lo cual, a su vez, facilita la corrupción y el mal uso de recursos públicos. Las inversiones se mantienen en fideicomisos – una estructura que se usa en México para administrar los fondos públicos. De los cuatro fideicomisos creados para administrar las inversiones, dos son fideicomisos privados que reciben inversiones privadas formadas de prestamos al gobierno mexicano.

Estos fideicomisos están envueltos en misterio. A diferencia de los fideicomisos públicos, los privados no tienen ninguna obligación de reportar sus actividades, y no tienen mecanismos de rendición de cuentas. Mientras la Auditoría Superior de la Federación puede revisar las cuentas de los fideicomisos públicos, las de los fideicomisos privados son inmunes al escrutinio público. Dado que los fideicomisos privados que administran las inversiones en el aeropuerto contienen, en la práctica, deuda pública, esta falta de transparencia es grave, y está en conflicto con la noción de que la información acerca del uso de los fondos públicos debe ser accesible al público. 

La falta de transparencia alrededor de la construcción del aeropuerto encuentra su mayor representante en el hecho de que el gobierno no haya explicado el incremento de los costos. Originalmente, el costo del proyecto iba a ser alrededor de USD $9.08  billones. Esta cifra ha aumentado, a un ritmo alarmante, a casi USD $ 11.3 billones sin ninguna explicación.

¿Y la excusa del gobierno por no haber publicado los datos sobre los costos mayores? ¡Lo han adivinado! Lo fondos relevantes están administrados por un fideicomiso. El hecho de que dicho fideicomiso sea público, y así sujeto a obligaciones en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas, hace que la falta de información sea aún más preocupante, y demuestra un incumplimiento del marco normativo mexicano1. 

Por aquellos que necesitan ser convencidos de la propensión del gobierno mexicano a hacer mal uso de los fondos públicos, déjenme disipar sus dudas. En 2015, la Auditoría Superior de la Federación reportó más de USD $42 millones de pagos irregulares y no transparentes en el contexto del aeropuerto.

Una vez que la auditoría recibió toda la información relevante, se encontró que algunos de estos pagos eran legítimos. Sin embargo, la auditoría también encontró, entre otros, pagos dobles para el mismo servicio o producto, pagos para servicios jamás realizados, anticipos indebidos a contratistas y falta de comprobación de recursos. 

El otorgamiento de los contratos relacionados con la construcción y operación del aeropuerto también se ha mantenido en secreto. Hasta junio del 2016, el 50% del valor total de los contratos se comprometió a través de la asignación directa sin una licitación pública, lo cual va en contra de los principios de la contratación pública.

La competencia en la contratación pública es esencial para que el Estado pueda asegurar que obtenga el mejor trato en términos de la relación calidad-precio. Este principio se reconoce en la Constitución Mexicana que requiere licitaciones públicas excepto cuando no sean idóneas – es decir cuando esta no asegurará el mejor trato.

Cuando el gobierno decida adjudicar de forma directa, debe justificar su decisión. Se supone que esto debe ser a través de un informe que explica las razones por las cuales la licitación pública no sea idónea, y la manera en que se garantizó las mejores condiciones del contrato por otros medios. El gobierno no ha publicado las justificaciones por el uso de la adjudicación directa en el contexto del aeropuerto. 

El 1 de julio de este mismo año, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda conocido comúnmente como AMLO, ganó de manera aplastante las elecciones para ser el próximo Presidente de México en pos de una campaña durante la cual prometía luchar contra la corrupción.

Se ha opuesto al nuevo aeropuerto, no sólo en términos de los impactos sociales y ambientales, sino también en términos de la corrupción relacionada con el proyecto. Incluso ha dicho que, en el caso de que no se puedan encontrar soluciones para corregir las injusticias vinculadas con el aeropuerto, el proyecto sería cancelado. También, ha planteado la posibilidad de concesionar la construcción del aeropuerto al sector privado para que no se utilice dinero público. 

AMLO prestará juramento hasta diciembre de este mismo año, pero, si bien ha pasado sólo un mes del periodo de transición, ya está mostrando señales de avance. Poco después de su victoria, comunicó su plan para combatir la corrupción, el cual incluye la cancelación de los fideicomisos y otros mecanismos usados para ocultar fondos públicos.

Javier Jimenéz Espriú, quien asumirá el puesto de Secretario de Comunicaciones y Transportes en la nueva administración, ya está realizando consultas públicas con las comunidades afectadas por el aeropuerto, y ha empezado a examinar las finanzas del proyecto. Incluso ha prometido la revisión completa de todos los contratos. Más recientemente, el gobierno anunció la suspensión de cuatro licitaciones para contratos relacionados con el aeropuerto en espera del resultado del análisis del equipo de AMLO.

¡Esperemos que todo esto no sea un mero espectáculo!En términos de casos específicos de irregularidades relacionadas con el aeropuerto, debe promover investigaciones penales cuando sean apropiadas, y cancelar todos los contratos ilegítimos. 

About the author
Laura Dowley is a British human rights lawyer living and working in Mexico. She currently works on campaigns and strategic engagement with the  Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER). Previously, she represented refugees and asylum seekers in southern Mexico. 

Laura Dowley es una abogada británica en derechos humanos que radica y trabaja en México. Actualmente, trabaja en campañas y vinculación estratégica con el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Anteriormente, representaba a refugiados y solicitantes de asilo en el sur de México.


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