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Las protestas de los sioux y la protección de los derechos humanos en Estados Unidos

Las protestas contra el oleoducto DAPL en Dakota del Norte han demostrado lo difíciles que son de defender los derechos humanos y el medio ambiente en Estados Unidos. English

Un hombre se ata a una retroexcavadora para impedir la construcción del oleoducto Dakota Access cerca de la reserva india de Standing Rock. Dakota del Norte. Fotografía: Desiree Kane/Wikimedia Commons. Algunos derechos reservados.

Era difícil distinguir, en el flujo incesante de peatones que se iban aglomerando, un martes reciente, en la estación Grand Central de Nueva York, entre manifestantes, espectadores, turistas y viajeros. Sin embargo, en cuestión de minutos, cualquier ambigüedad quedó disipada al grito de Mic check! por parte del que a todas luces era el organizador de la manifestación. Agarrados de la mano, un grupo de 30 personas le respondió con un sonoro "¡micrófono comprobado!”, dando así inicio al tercer día consecutivo de protesta en Nueva York en solidaridad con los que se oponen a la construcción del Dakota Access Pipeline en Dakota del Norte (DAPL).

Mientras que las manifestaciones contra el DAPL en Nueva York y a lo ancho y largo de Estados Unidos han atraído la atención de grupos afines, los medios de comunicación nacionales, la policía y los funcionarios gubernamentales, el epicentro del movimiento y el lugar en el que se ha producido la represión más violenta por parte de las fuerzas de seguridad se halla a miles de kilómetros de distancia, en las llanuras de la reserva sioux de Standing Rock, en Dakota del Norte. La frecuencia e intensidad de las protestas y su represión violenta son un duro recordatorio del fracaso del gobierno de los Estados Unidos por no haber sido capaz de crear un organismo independiente que preste apoyo imparcial y oportuno a las comunidades que son objeto de violaciones de los derechos humanos.

La diversidad de las estrategias de resistencia cívica utilizadas por la comunidad sioux, así como su largo compromiso con la causa, contrasta con las recientes informaciones sobre las protestas. Los miembros de la tribu sioux de Standing Rock llevan oponiéndose a la construcción del oleoducto, que debería trasladar diariamente cientos de miles de barriles de crudo desde Dakota del Norte hasta Illinois, desde 2014. Los sioux, una tribu de más de 10.000 miembros cuyas tierras se extienden por Dakota del Norte y Dakota del Sur, mantienen que el oleoducto tendría consecuencias ambientales y culturales catastróficas para su comunidad, contaminando las fuentes de agua potable y arrasando tierras sagradas y cementerios.

En los últimos meses, a medida que ha ido avanzando la construcción del oleoducto, los líderes del movimiento han complementado las querellas presentadas, que permanecen estancadas en los tribunales federales, con una serie de estrategias de protesta no violenta. Más de 200 tribus nativas americanas y miles de simpatizantes no nativos se han unido a las protestas tanto de forma permanente como puntual, en concentraciones y campamentos. Sin embargo, en un aparente intento de impedir el impulso creciente del movimiento y desanimar a que otros se unieran a él en solidaridad, las autoridades han adoptado una postura cada vez más hostil y represiva hacia las protestas.

De manera creciente desde septiembre, las empresas de seguridad empleadas por Energy Access Partners, la constructora del oleoducto, y las policiales locales y estatales han hecho un uso sistemático de fuerza excesiva y de tácticas de arresto arbitrario e intimidación para subvertir los derechos de expresión y de reunión pacífica – constitucional e internacionalmente reconocidos. Durante el último mes, más de 400 manifestantes han sido arrestados, muchos de ellos con cargos sumamente cuestionables, como participar en revuelta y conspirar para poner en peligro por fuego y explosión. En varias ocasiones, la policía ha recurrido sin motivo a la violencia para dispersar y silenciar las manifestaciones. Con frecuencia harto preocupante, ha atacado a los manifestantes usando balas de goma, spays de pimienta y perros de ataque.

Los intentos de los funcionarios locales por justificar este uso gratuito y excesivo de la fuerza como respuesta legítima ante un entorno beligerante son tan engañosos como inexactos. Los manifestantes se han mantenido por lo general pacíficos, participando en formas no violentas de disidencia pública: sentadas, marchas y ocupaciones. Además, las autoridades han tomado medidas sistemáticas y absolutamente antidemocráticas para silenciar la información independiente sobre las protestas.

A mediados de septiembre, periodistas de investigación de Democracy Now!, un programa diario de noticias de televisión, llegaron a Standing Rock para cubrir las protestas. Tomaron imágenes de guardias de seguridad privados atacando brutalmente a manifestantes y estas imágenes consiguieron más de 13 millones de vistas en Facebook y fueron luego emitidas por las principales cadenas de noticias de televisión. Días después, la Oficina de Investigación Criminal de Dakota del Norte emitía una orden de arresto contra Amy Goodman, presentadora del programa, acusada de participar en una revuelta. Aunque un juez de Dakota del Norte archivó el caso posteriormente, la persecución dirigida a periodistas independientes por informar sobre malas prácticas profesionales de los cuerpos de policía constituye una escalada alarmante y calculada de la campaña de las autoridades para reprimir el legítimo movimiento de protesta contra el DAPL.

En el clima político actual, en el que el crecimiento del empleo en las zonas rurales y suburbanas ha asumido primacía retórica, parece cada vez más remota la perspectiva de un acuerdo que refleje las necesidades ambientales, económicas y culturales de la comunidad sioux de Standing Rock. La semana pasada, pese a haber anunciado previamente que el gobierno federal consideraría una ruta alternativa para el oleoducto, el presidente Obama indicó que la construcción se reanudaría pronto – aunque, posteriormente, y probablemente como reacción a la presencia de centenares de reservistas en Standing Rock, el ejército denegó su permiso para la continuación de la construcción del oleoducto. Pero el presidente electo Trump, que niega la existencia del cambio climático y ha propuesto ampliar los proyectos de infraestructura de energía de combustibles fósiles en los primeros 100 días de su mandato, es poco probable que adopte un enfoque más acomodaticio que el de su predecesor.

La falta de liderazgo por parte del Ejecutivo en esta cuestión, unida al exceso de discrecionalidad de las fuerzas de seguridad locales y privadas en el uso impune de fuerza indiscriminada contra manifestantes pacíficos, plantea cuestiones importantes acerca del fracaso del gobierno de los Estados Unidos en desarrollar una estrategia nacional eficaz para controlar y documentar los abusos en materia de derechos humanos por parte del estado y las empresas privadas.

Desde Dakota del Norte hasta Flint, Michigan, y la estación Grand Central, hay personas, familias y comunidades afectadas negativamente por la desigualdad económica y ambiental que se ven obligadas a salir a la calle para hacer oír su voz. Si Estados Unidos se compromete a atender estas quejas, debería desarrollar una política interestatal coherente para monitorear e informar sobre la violación de los derechos humanos en todas sus variedades.

Concretamente, Estados Unidos debe proponerse seriamente establecer, en concordancia con su compromiso constitucional por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, una institución nacional que permita defender el ejercicio de los derechos sin tener que recurrir a largos y costosos procesos legales. Una Institución Nacional de Derechos Humanos (NHRI) independiente, con el mandato de recibir e investigar rápidamente las denuncias de derechos humanos, haría mucho por atender las quejas de exceso de funciones por parte el gobierno que se producen a diario. Estados Unidos sigue siendo un caso aparte entre los casi 150 países de todo el mundo que han tomado medidas para establecer y apoyar el desarrollo de NHRIs. La creación de un órgano nacional imparcial de derechos humanos con oficinas locales para rastrear y atender las denuncias de abusos contra los derechos humanos constituiría un baluarte esencial contra los intentos de silenciar las voces disidentes y facilitaría un acceso rápido a soluciones eficaces.

About the author

Tor Hodenfield is a Policy and Advocacy Officer at CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation where he specializes in advocacy at the UN Human Rights Council. Prior to joining CIVICUS, Tor was an advisor for a human rights monitoring group in the Horn of Africa.


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