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El nexo familia-partido-estado en Nicaragua

Las recientes manifestaciones son expresión de un profundo rechazo del régimen de la familia Ortega. Pero a falta de una oposición política seria, está por ver cuál podría ser la alternativa. English

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el centro, abraza al dirigente venezolano Diosdado Cabello ante la mirada de la primera dama, Rosario Murillo, durante una celebración de la Revolución Sandinista en Managua, Julio 2013 (PA/Esteban Felix)

Este artículo forma parte de la serie "Desigualdad persistente: el controvertido legado de la marea rosa en América Latina" producida en alianza con el Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Sociología de la Freie Universität Berlin.

En 1979, un levantamiento popular liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó a la dictadura de la familia Somoza, respaldada por Estados Unidos, que había gobernado Nicaragua desde la década de 1930.

En 1984, los sandinistas y su candidato presidencial, Daniel Ortega, ganaron con claridad las primeras elecciones libres en décadas. Los sandinistas implementaron un importante programa de redistribución de las tierras y de ampliación de los servicios públicos de salud y educación.

Sin embargo, el impacto de estas medidas se vio socavado por el envite de una oposición armada ("la contra") organizada y promovida por Estados Unidos, el colapso de los precios internacionales de las materias primas a principios de los años ochenta y errores políticos del gobierno, como querer llevar a cabo un programa demasiado ambicioso de inversiones a gran escala.

En 1990, una población cansada de la guerra votó a favor de una amplia coalición encabezada por Violeta Chamorro, viuda de un distinguido periodista asesinado por orden de Somoza.

El gobierno de Chamorro intentó una política de reconciliación nacional, pero se vio obligado a adoptar medidas económicas excepcionalmente austeras para conseguir financiación del Fondo Monetario Internacional.

Tras la reanudación del crecimiento económico a mediados de la década de 1990, Arnoldo Alemán, un populista de derecha, ganó las elecciones de 1996 y fue posteriormente condenado a 10 años de cárcel por corrupción.

A Alemán le siguió en 2001 su antiguo vicepresidente, Enrique Bolaños, un líder empresarial antisandinista acérrimo.

Tras la derrota electoral de 1990, muchos militantes sandinistas abandonaron el partido en desacuerdo con el liderazgo de Ortega y la falta de democracia interna del partido. Algunos se integraron en una nueva formación política, el Movimiento para la Renovación Sandinista (MRS), mientras que otros se involucraron en proyectos de desarrollo local y en organizar un movimiento de mujeres independiente.

En 2006, sin embargo, los partidos liberal y conservador fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre un candidato conjunto a las elecciones presidenciales y esto le permitió a Ortega, que se había presentado a todas las elecciones desde los años 80, alzarse con la victoria con una minoría del voto popular.

A pesar de la prohibición constitucional que prohibía los mandatos consecutivos, la comisión electoral permitió a Ortega volver a postularse para la presidencia en 2011 y fue elegido para un nuevo mandato.

Desde que asumió la presidencia en 2007, Ortega ha gobernado en estrecha alianza con los grupos empresariales de Nicaragua.

Posteriormente, la Asamblea Nacional dominada por los sandinistas aprobó un cambio de la constitución anulando la prohibición de mandatos consecutivos, de modo que en 2016 Ortega volvió a presentarse, esta vez con su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia.

Poco antes de las elecciones, los principales candidatos de la oposición fueron inhabilitados, lo que allanó el terreno para una victoria segura de Ortega y Murillo.

Desde que asumió la presidencia en 2007, Ortega ha gobernado en estrecha alianza con los grupos empresariales de Nicaragua. El Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (COSEP), la principal organización empresarial cuya relación con el gobierno sandinista en la década de 1980 fue muy coinflictivas, ha mantenido relaciones muy estrechas con el actual gobierno.

La Cámara de Comercio Americana, que reúne a las principales compañías estadounidenses que operan en el país, ha trabajado también estrechamente con el gobierno, aunque tras unas elecciones internas muy disputadas a principios de 2018, el jefe de la filial nicaragüense de Cargill fue elegido presidente tras hacer campaña por un rumbo más independiente.

Las apariciones públicas de Ortega son escasas y se dice extraoficialmente que goza de poca salud. Murillo, que ya desempeñaba un papel importante coordinando los distintos ministerios, ha ido asumiendo un rol cada vez más preponderante en la gestión del día a día del gobierno.

Prácticamente todos los anuncios ministeriales los hace Murillo, la mayoría de ellos durante una transmisión de radio de mediodía, y los alcaldes de los municipios controlados por el FSLN deben asistir a reuniones periódicas con ella en Managua.

Fuerte crecimiento económico pero desigualdad creciente

Nicaragua, cuya población en 2017 era de 6.2 millones de habitantes, es el penúltimo país de América Latina en ingresos por cápita.

Su economía ha crecido mucho en los últimos años, aunque la producción disminuyó en 2009 a resultas de la recesión en Estados Unidos y otros mercados importantes.

Entre 2010 y 2017, el crecimiento económico anual medio fue de poco menos del 5%, el tercero más elevado en América Latina, por detrás de Panamá y la República Dominicana.

La economía sigue dependiendo de las exportaciones de materias primas y productos agrícolas - los más importantes: café, carne de vacuno, oro y azúcar.

Ha habido además un crecimiento significativo de la producción en las zonas de procesamiento de exportaciones a partir de la década de 1990, principalmente en cuanto a productos textiles y, más recientemente, sistemas eléctricos para automóviles producidos en México.

Sin embargo, todavía existe un sector muy importante de agricultura de subsistencia, particularmente en las áreas más montañosas del norte del país, y un sector comercial pujante en las ciudades, que emplea en gran parte mano de obra informal.

Los ingresos de exportación de Nicaragua aumentaron poderosamente hasta 2014, aunque desde entonces su crecimiento se ha desacelerado debido a la debilidad de los precios mundiales.

En 2017 las exportaciones ascendieron a 4.100 millones de dólares, pero las importaciones fueron considerablemente superiores: 6.600 millones de dólares. El déficit lo han cubierto en parte las remesas del exterior, que han aumentado considerablemente en los últimos años.

Debido a la situación del empleo en Nicaragua, muchas familias tienen al menos a un miembro desplazado por razones de trabajo al extranjero, principalmente a Estados Unidos o a la vecina Costa Rica. En 2017, las remesas de familiares ascendieron a 1.400 millones de dólares.

Nicaragua ha recibido también importantes inversiones extranjeras directas en los últimos años, atraídas por los bajos niveles de salarios y la seguridad relativa del país en comparación con la vecina Honduras y El Salvador.

La inversión directa neta ascendió a 816 millones de dólares en 2017, principalmente en manufacturas, telecomunicaciones, comercio y energía. Su procedencia en 2016 fue principalmente Panamá (22%), seguida de Estados Unidos (13%) y México (12%).

Hasta hace poco, Nicaragua se beneficiaba del suministro de petróleo venezolano, en condiciones muy favorables. El suministro se canalizaba a través de una empresa, Alba de Nicaragua SA, o Albanisa, cuya propiedad, en un 51%, es de la compañía petrolera estatal de Venezuela y el 49% de la nicaragüense Petronic.

Hasta hace poco, Nicaragua se beneficiaba del suministro de petróleo venezolano, en condiciones muy favorables.

Según los términos del acuerdo con Venezuela, Nicaragua debía pagar la mitad del coste del petróleo importado y la otra mitad correspondía a un crédito a largo plazo, a bajo interés, con el que Albanisa y una red de empresas subsidiarias disponían de fondos para invertir en una amplia gama de proyectos en Nicaragua.

Entre 2008 y 2014, se estima que Nicaragua obtuvo unos 3.500 millones de dólares por esta vía, aunque, sorprendentemente, esta importante fuente de financiamiento externo no quedaba registrada en las cuentas oficiales del gobierno.

Al irse deteriorando la situación económica en Venezuela, el suministro de petróleo fue disminuyendo hasta el punto que en 2017 Nicaragua dejó de recibirlo.

El proyecto de que Venezuela financiase la construcción de una gran refinería también ha quedado en nada. Nicaragua se ha visto obligada pues a comprar petróleo en el mercado internacional y, en consecuencia, se han recortado los gastos sociales.

Al mismo tiempo, debido a las fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional, Nicaragua ha empezado a incluir en sus cuentas oficiales el importe de su deuda con Venezuela.

En 2013, el parlamento nicaragüense otorgó al inversor chino Wang Jin una concesión de 100 años para construir y operar un canal interoceánico a través de Nicaragua. Se trataba de un megaproyecto que podría ofrecer servicio a naves de dimensiones incluso mayores que el Canal de Panamá y que se consideraba como un medio estratégico para acelerar el desarrollo económico del país.

La construcción de un nuevo canal pasó de ser la pieza central de los planes de desarrollo del gobierno a ni siquiera mencionarse en el discurso inaugural de Ortega al iniciar su nuevo mandato presidencial en 2017.

Este proyecto, cuyo coste estimado era de 50.000 millones de dólares, se topó con la oposición frontal de los defensores medioambientales y dio lugar a un importante movimiento de la población campesina afectada por las expropiaciones de tierras, cuyas manifestaciones fueron duramente reprimidas por la policía.

Las obras del canal se fueron retrasando en medio de rumores y noticias de que Wang Jin había sufrido cuantiosas pérdidas en bolsa coincidiendo con la caída del mercado bursátil chino en 2015-16.

El canal pasó de ser la pieza central de los planes de desarrollo del gobierno a ni siquiera mencionarse en el discurso inaugural de Ortega al iniciar su nuevo mandato presidencial en 2017. En estos momentos, parece poco probable que llegue a construirse algún día.

En los últimos años, se ha invertido en comunicaciones e infraestructuras. Esto se percibe especialmente observando el estado de muchas carreteras: las principales se están ampliando y repavimentando, mientras que la red de carreteras en áreas rurales está en ampliación constante.

Ha habido también una expansión notable del acceso a la electricidad, especialmente en las zonas rurales. Según cifras oficiales, la cobertura pasó de cerca del 70% de los hogares en 2010 al 94% en 2017.

La empresa de distribución eléctrica estatal, que se privatizó en 2000, fue vendida de nuevo en 2014 a una compañía que aunque registrada en España, se cree que está vinculada al gobierno.

El suministro de agua se ha mantenido en el sector público y también aquí se han llevado a cabo inversiones para ampliar su alcance. Pero mientras que en las áreas urbanas el 90% de los hogares tiene acceso a agua potable, el porcentaje es de poco más del 30% en las zonas rurales.

Existe también un programa de construcción de viviendas para personas de bajos ingresos, pero la construcción de viviendas ha disminuido desde 2015. Según la Asociación de Constructores de Viviendas, cerca de la mitad de las viviendas que se construyeron en 2017 iban destinadas a familias de bajos ingresos, pero totalizaban tan solo 2.500 unidades.

La inversión en espacios públicos, en cambio, ha conseguido que los ciudadanos dispongan de muchos parques y terrenos de juego y el acceso gratuito a Internet es ampliamente utilizado en muchas plazas de la ciudad.

El crecimiento económico sostenido ha conllevado un aumento del empleo. La tasa oficial de desempleo cayó a un mínimo de 3.5% para los hombres y 3.8% para las mujeres en 2017, pero se trata de una cifra un tanto engañosa, ya que aquellos que no están trabajando en la economía formal tienen pocas opciones fuera de la economía informal – y la economía informal emplea, incluso según cifras oficiales de 2017, el 42% de la fuerza de trabajo.

El número de personas empleadas e inscritas en el sistema de seguridad social ha aumentado, pasando de 534.881 en 2010 a 914.196 en 2017. La seguridad social proporciona a los trabajadores una pensión al jubilarse, pero la cobertura es muy desigual.

Mientras que alrededor del 75% de los trabajadores empleados en el suministro de electricidad y agua están asegurados, la cifra es de solo 45% en el caso de los trabajadores de la industria manufacturera y del 10% en la agricultura.

En cualquier caso, el sistema de financiación de la seguridad social es precario y, como ha advertido ya el FMI en repetidas ocasiones, se enfrentará a una crisis que supondrá una mayor demanda financiera para el gobierno en 2019.

La situación del empleo ha contribuido a que los campesinos pobres de las regiones centrales del país emigren hacia el Caribe en busca de tierras de cultivo.

Este proceso se ha visto agravado por el aumento de inversiones a gran escala en la agricultura industrial que ha provocado el desplazamiento de muchos pequeños agricultores.

Esta migración de agricultores ladinos ha llevado a enfrentamientos, algunos de los cuales han resultado en muertes, con miembros de grupos indígenas que, según la Constitución nicaragüense, tienen garantizados derechos exclusivos de cultivo en las regiones autónomas del Caribe.

Se estima que alrededor de un 20% de la población vive en el extranjero. Las remesas que envían a sus familias en Nicaragua son decisivas para mantener los niveles de vida en el país.

Las oportunidades de empleo limitadas son la razón por la que tantos nicaragüenses buscan trabajo en otros países. Muchos de ellos son trabajadores no calificados, pero también los trabajadores calificados, entre ellos los graduados universitarios, se ven obligados a emigrar.

Se estima que alrededor de un 20% de la población vive en el extranjero. Las remesas que envían a sus familias en Nicaragua son decisivas para mantener los niveles de vida en el país.

Al retomar el poder en 2007, el gobierno de Ortega lanzó un programa contra la pobreza titulado Hambre Cero. Este programa proporciona a los hogares más pobres ayuda agrícola básica y algo crucial: láminas de zinc que les permiten impermeabilizar el techo de sus chozas.

Sin embargo, al disminuir los recursos financieros procedentes de Venezuela, el programa se ha reducido proporcionalmente y los subsidios del precio de la electricidad para hogares de bajos ingresos y pensionistas, que también se financiaban con recursos venezolanos, quedarán eliminados entre 2018 y 2022.

Según encuestas independientes llevadas a cabo anualmente entre 2009 y 2015, la proporción de la población que vive en situación de pobreza ha disminuido, pasando del 44.7% al 39%, y también la que se encuentra en pobreza extrema, que ha pasado del 9.7% al 7.6%. La pobreza es más elevada en las áreas rurales, pero allí es también donde más ha disminuido.

Tras asumir de nuevo la presidencia en 2007, el gobierno de Ortega elevó significativamente el salario mínimo. Sin embargo, para la gran mayoría de los trabajadores, los aumentos salariales van a la zaga de la inflación y solo a partir de 2010 han empezado a subir los salarios reales.

Según cifras oficiales, entre 2010 y 2017 los salarios reales de los trabajadores con empleo formal aumentaron aproximadamente un 10%, o sea poco más de un 1% anual. En 2017, el salario medio se situaba alrededor de 340 dólares al mes.

En el sector financiero y en el minero era algo mayor, poco más de 500 dólares al mes, pero en el sector manufacturero el promedio era de solo 230 dólares, y el salario medio de los trabajadores agrícolas, apenas 130 dólares. Para el gobierno, los bajos costos salariales han supuesto una baza estratégica importante para atraer inversión extranjera.

Nicaragua cuenta también con una clase media comercial próspera y una clase alta muy rica. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), el 10% de la población en la cúspide de la pirámide de ingresos recibe alrededor del 33% de la renta nacional y, junto con el siguiente 10%, casi el 50% de dicha renta.

En este grupo están las tradicionales familias terratenientes, muchas de las cuales diversifican hoy sus activos en el sector del comercio y la industria, e incluye también a los que se han enriquecido más recientemente gracias al boom del comercio.

Según el informe de la CEPAL, mientras que la desigualdad en Nicaragua disminuyó levemente en el período de 2002 a 2008 - como en prácticamente toda América Latina -, Nicaragua fue el único país donde la desigualdad aumentó entre 2008 y 2014 (no se disponen de cifras más recientes).

Según un estudio de Oxfam publicado en 2016, en Nicaragua había 210 multimillonarios, cada uno con activos netos de más de 30 millones de dólares.

Se calcula que el empresario más rico de Nicaragua, Carlos Pellas, cuenta con una fortuna de 2.400 millones de dólares, una de las mayores de Centroamérica. Algunos líderes sandinistas también han acumulado riqueza más recientemente, aunque en menor escala.

¿El principio del fin?

El gobierno nicaragüense se enfrenta a una difícil perspectiva económica para 2018, con la amenaza de Estados Unidos de limitar su acceso a las instituciones financieras internacionales y la necesidad de adaptarse al fin del apoyo financiero de Venezuela.

Estos desafíos han provocado que tanto el Fondo Monetario Internacional como el banco central nicaragüense hayan reducido las proyecciones de crecimiento para 2018 y 2019. Luego, en el mes de abril de este año, Ortega se ha topado con el mayor desafío político desde que regresó a la presidencia en 2007.

El gobierno anunció una reducción de las pensiones de un 5% y un aumento de las cotizaciones de trabajadores y empresas para abordar el gran déficit del sistema de seguridad social.

Una manifestación de pensionistas en Managua para protestar contra el recorte de las pensiones recibió el apoyo de los estudiantes de las universidades públicas que fueron reprimidos por la policía antidisturbios y miembros de la organización juvenil sandinista.

Al cuarto día de protestas,  Daniel Ortega apareció en televisión flanqueado por su esposa y los jefes de la policía y el ejército y denunció manipulación de estudiantes inocentes por parte de opositores políticos.

Durante los siguientes tres días, la magnitud de los enfrentamientos callejeros, que se extendieron a otras ciudades, fue en aumento, causando la muerte de más de 40 personas y un número muy superior de personas heridas.

Al cuarto día, Daniel Ortega apareció en televisión flanqueado por su esposa y los jefes de la policía y el ejército y denunció lo que describió como manipulación de estudiantes inocentes por parte de opositores políticos con intenciones ulteriores.

Pero cometió el error de no condenar las muertes, lo que encendió nuevas protestas. En una segunda intervención televisada ese mismo día, Ortega anunció que la reforma de las pensiones quedaba cancelada y que el gobierno entablaría un diálogo con las organizaciones empresariales del país sobre cómo reformar el sistema de pensiones.

Pero las organizaciones empresariales, que hasta entonces habían mantenido una estrecha relación con el gobierno, manifestaron que no entrarían en negociaciones hasta que cesara la violencia policial contra los manifestantes y apoyaron el llamamiento a una gran manifestación pacífica para el día siguiente.

Insistieron también en que cualquier negociación debería incluir a todos los sectores de la sociedad nicaragüense.

El lunes 23 de abril, decenas de miles de personas participaron en una marcha pacífica en Managua y hubo grandes manifestaciones en muchas otras ciudades del país. Las autoridades no intervinieron y las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes.

Pero las demandas de los manifestantes ya iban más allá del tema de la reforma de las pensiones: se habían convertido en la expresión de un profundo rechazo hacia el régimen de la familia Ortega. Sin embargo, a falta de una oposición política digna de este nombre, quedaría por ver cuál podría ser la alternativa.

About the author

Trevor Evans ha trabajado durante muchos años en el Centro Regional de Investigación Económica y Social (CRIES) en Managua, Nicaragua, y ha sido profesor del Instituto de Economía Política Internacional en la Berlin School of Economics. Es miembro del comité coordinador de Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa. 

Trevor Evans has worked for many years in the Centro Regional de Investigación Económica y Social (CRIES) in Managua, Nicaragua, and has been a professor at the Institute of International Political Economy at the Berlin School of Economics. He is a member of the coordinating committee of European Economists for An Alternative Political Economy for Europe. 


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