Valeria, una chica de 17 años que hace skate con sus amigas en el malecón de Veracruz, en la costa sureste de México, se entusiasma con los cambios legales que despenalizaron el aborto en su estado.

“Estoy completamente de acuerdo. Todas las mujeres deben tener el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo, y no ir a la cárcel por ello”, me dice, y explica que ella también vio de primera mano cómo la criminalización puede amenazar la salud y la vida de las mujeres y las niñas.

Una de sus amigas interrumpió su embarazo antes de que fuera legal hacerlo, dice. "Era muy arriesgado porque no se usaban los métodos adecuados [...] Ella sufrió mucho debido a que no tenía el dinero para ir a un hospital".

En Estados Unidos, las mujeres enfrentan nuevas amenazas al derecho al aborto en el ámbito estatal, pero al sur de la frontera, en México, el segundo país latinoamericano más poblado con 128 millones de personas, están conquistando este derecho, estado por estado.

Mujeres jóvenes y adolescentes como Valeria protagonizan las protestas callejeras por el derecho al aborto en toda la región.

En México, Isabel Fulda, subdirectora del grupo de derechos sexuales y reproductivos GIRE, cree que el crecimiento del activismo callejero ha sido una gran fuerza motriz de este cambio, junto con el diálogo político y la presión sobre los legisladores.

“No hay una fórmula” única para el avance de este derecho reproductivo, dice Fulda, pero "el apoyo que ha habido a la marea verde [el movimiento popular por la legalización del aborto], que de alguna manera se crea en Argentina y se traslada a toda Latinoamérica [...] ha sido importantísimo".

Durante los últimos cinco años, agrega Fulda, nuevos “grupos, redes de apoyo y la marea verde” han emergido en México, con “mujeres que se movilizan y se manifiestan en lugares que nunca han visto una manifestación proaborto”.

Junto a ese activismo de calle, ella menciona la “negociación política para construir consenso en el Congreso” como otro factor de las reformas a favor del aborto legal. “Necesitas platicar con los legisladores y las autoridades para aclarar dudas y proveer apoyo técnico”, explica Fulda.

Una lucha estado a estado

En julio, Veracruz se convirtió en el cuarto estado de México en legalizar el aborto, luego de años de protestas de grupos de mujeres y colectivos feministas.

El estado de Hidalgo también legalizó el aborto este año, siguiendo los pasos de Oaxaca (2019) y Ciudad de México (2007). Un quinto estado, Baja California en la frontera con EEUU, hizo lo propio en octubre.

Ahora, las mujeres y adolescentes de estas zonas tienen acceso a abortos farmacólogicos sin condiciones y hasta las 12 semanas de embarazo. Sin embargo, esto tiene un impacto limitado: solo 23% de la población de México vive en estos estados.

Los últimos fallos de la Suprema Corte de México – que reconocen los derechos reproductivos de las personas embarazadas, invalidan una ley federal que permitía al personal médico negarse a realizar abortos por “objeción de conciencia”, y declaran inconstitucional la penalización del aborto – también han abierto nuevas vías para el cambio.

Pero lo que sucede en el ámbito estatal sigue siendo crucial. Si bien la política de salud pública es jurisdicción del gobierno federal, la ley penal es en gran medida una materia de los estados. Las activistas creen que tendrán que seguir luchando, estado por estado, para garantizar que se implementen estas sentencias de la Suprema Corte.

Para cambiar las vidas de mujeres y niñas en la práctica, cada uno de los 32 estados de México tendrá que promulgar leyes locales que den efectivo cumplimiento al fallo de la Suprema Corte.

Además, los tribunales estatales deberían revisar los casos de mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto. Y los órganos legislativos de 27 estados también deberían comenzar a reformar sus códigos penales para legalizar la interrupción del embarazo.

La mayoría de estos códigos penales ya establecen al menos una circunstancia para autorizar abortos, como violación, riesgos para la salud de la mujer, malformaciones fetales graves, inseminación artificial sin consentimiento o incluso penurias económicas.

Pero los obstáculos para acceder a un aborto legal incluyen las interpretaciones conservadoras de las leyes y el permiso al personal médico de negarse a practicar estos procedimientos por motivos morales. Se estima que políticos de derecha, profesionales médicos conservadores y grupos católicos de línea dura seguirán intentando limitar el derecho al aborto.

Cambio desde la calle

Patty Villanueva es un rostro familiar en las manifestaciones por los derechos de las mujeres en Veracruz, la ciudad portuaria del estado del mismo nombre, donde vive y administra una pequeña tienda.

Ella es una de las muchas mujeres cuyo apoyo a la legalización del aborto está influenciado por la experiencia personal: en su caso, la de ayudar a una sobrina de 13 años que tuvo un embarazo no deseado. Le suministró misoprostol (la píldora más utilizada para interrumpir un embarazo con medicamentos), pero hubo complicaciones, y ambas corrieron riesgos legales cuando tuvieron que ir al hospital en busca de ayuda.

Una investigación del Instituto Guttmacher estima que más de la mitad de los embarazos no planificados en México terminan en aborto (legal o no), y 38 de cada 1.000 mujeres interrumpirán un embarazo en algún momento.

Pero aproximadamente 80% de la población se identifica como católica, y el aborto sigue siendo un asunto controvertido, a pesar de los acontecimientos de los últimos años. La médica y activista feminista Ana Irene Muro Lagunes, quien también vive en Veracruz, afirma: “La iglesia católica es misógina [y eso] tiene mucho que ver con los problemas que enfrentamos”.

Que el cambio se materialice requiere mayor acceso a la información, no solo a los servicios, sostiene Muro Lagunes. Esto significa ayudar a que corra voz en las comunidades y entre los proveedores de atención médica y otros empleados del gobierno sobre la nueva ley que legaliza el aborto en Veracruz.

“Las mujeres tienen que acudir al hospital con una copia de la legislación en sus manos y exigir que se respeten sus derechos”, dice Muro Lagunes, porque no puede confiarse en que el personal de salud esté al tanto de la ley por sí mismo, o que la respalde.

En algunos estados, como Campeche, en el Golfo de México y no lejos de Veracruz, las activistas ven oportunidades de progreso a partir de las elecciones que este año pusieron fin al mandato de dirigentes derechistas.

“Durante 60 años tuvimos el mismo partido [de centroderecha] en el poder a nivel estatal”, dice Isabel Rodríguez, de la Red de Mujeres y Hombres y defensora de los derechos sexuales y reproductivos en Campeche. Ahora “tenemos este nuevo congreso por tres años y lo vamos a aprovechar”, agrega.

Pero se requiere más coordinación, presión, recursos – y tiempo – para garantizar que todas las mujeres y niñas de México tengan derecho a decidir qué sucede con sus propios cuerpos, coinciden Muro Lagunes y otras defensoras de los derechos reproductivos.

"Va lento, pero ahí va", dice, y agrega: "Hay un movimiento mundial de mujeres" que exige aborto legal para todas, "y somos una pequeña parte de este movimiento".

*Traducción de Dánae Vílchez