Según el Global Abortion Database de la Organización Mundial de la Salud, el acceso al aborto en la región es restringido y cada país tiene sus propias condiciones y vetos que, al final, terminan quitándole a las mujeres la posibilidad de decidir libremente sobre su cuerpo y su futuro.

Por eso, el video de cientos de mujeres congregadas en la plaza del Congreso de Argentina con pañuelos verdes ondeando y celebrando al oír la votación final sobre el proyecto de ley que busca dar acceso libre a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación, ha sido tendencia en redes sociales y generó una nueva ola de ilusión entre miles de mujeres latinoamericanas que sueñan con que el aborto seguro sea un derecho.

El proyecto recibió 131 votos a favor y 117 en contra, después de un debate que duró 20 horas. En las semanas siguientes, deberá ser sometido a votación en el Senado para su aprobación definitiva.

Hoy la ley argentina permite el aborto cuando el embarazo supone un riesgo grave para la salud de la madre o en casos de violación. En la región, Bolivia y Colombia son los países donde la posibilidad de abortar es legal en más casos: si no es segura la viabilidad del feto, en casos de violación, incesto, y si existe alguna amenaza para la vida o la salud física y mental de la mujer.

En otros países como Uruguay y Cuba, la ley de acceso abierto presume que la mujer puede decidir bajo su criterio. En el caso de Chile, el aborto se despenalizó hace solo tres años y se centra en la inviabilidad del feto, o en si es una amenaza para la vida de la mujer. En Costa Rica solo se autoriza si hay peligro para la salud física de la mujer.

En otros contextos más extremos, como Guatemala y Paraguay, las mujeres pueden abortar si demuestran que su vida corre peligro. Así, la diferencia está en quién reside la carga de la prueba. Es decir, el debate real se centra sobre si la mujer puede decidir siempre si desea abortar, o si debe probar que su caso se adecúa a alguna de las causas contempladas por la legislación de cada país.

El problema de este panorama es que autoriza a personas e instituciones que no son mujeres embarazadas para que certifiquen si esas condiciones se cumplen o no. El resultado es que miles de mujeres deciden buscar lugares donde les practiquen un aborto clandestino que, en la mayoría de los casos, no cumple con las normas sanitarias para hacer estos procedimientos, lo que pone en riesgo no solo su salud, sino también su vida. Igualmente están los casos de las mujeres que deciden practicarse estos abortos clandestinos sin supervisión médica alguna, sino en sus casas, con medicinas o elementos que podrían causarles la muerte.

Según The Lancet, en un estudio global y regional sobre clasificaciones del aborto según su grado de seguridad, hay cerca de 60 millones de abortos al año en el mundo. Asimismo, asegura que la proporción de abortos que pueden considerarse seguros para la mujer varía según países debido al grado de restricción que rige el procedimiento en cada uno.

Lo cierto es que no pueden pasar desapercibidos casos como el de El Salvador donde hay 22 mujeres encarceladas, condenadas o con procesos abiertos por abortar. Frente a este caso, las Naciones Unidas afirmó que el Código Penal de El Salvador afecta "desproporcionadamente a las mujeres pobres". Lo anterior es clave; según un artículo del International Planned Parenthood Federation (IPPF por sus siglas en inglés), millones de mujeres carecen de acceso a los servicios de salud reproductiva, lo que hace que muchas tengan poco o ningún poder para decidir si se embarazan. El resultado es que, cada año, cerca de 19 millones de mujeres se someten a abortos inseguros en una región en la que cerca del 13% de todas las muertes maternas son causadas por abortos clandestinos.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre 2010 y 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos, que representan 45% del total de abortos. La práctica totalidad de abortos peligrosos, el 97%, se produjo en países en desarrollo de África, Asia y América Latina. La organización también ha hecho énfasis en que en los países donde el aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo uno de cada cuatro abortos es seguro.

Por el contrario, en los países donde el aborto es legal de forma más amplia, casi nueve de cada diez abortos se realiza de manera segura. La realidad es que restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos, solo pone en peligro a las mujeres más vulnerables.

Así, la pelea sobre si legalizar o no el aborto pasa a un plano de derechos. Los Derechos Sexuales y Reproductivos, DSR, contemplan acceso a información, educación, anticoncepción y servicios médicos oportunos. Como sucede para el resto de Derechos Humanos, los DSR deben ser integrales. Asimismo, frente a los argumentos morales sobre si un gobierno debe o no asumir un acto de una persona, un Estado de Derecho debe garantizar la salud y vida de sus ciudadanas, así como a subsanar desigualdades sociales.

Frente a quienes afirman que los abortos son los culpables de las muertes de las mujeres, es importante aclarar que un aborto, como cualquier procedimiento médico, genera una reacción en cada cuerpo. El Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud de la OMS, no registra el "síndrome pos aborto" como una enfermedad. Este término, que se usa para atacar la legalización del aborto, fue acuñado a inicios de los años noventa, con base en un estudio hecho en Estados Unidos que, con un sesgo claro, encuestaba a mujeres que afirmaban haber tenido experiencias de aborto negativas. Lo cierto es que lo que hace que las mujeres mueran no es el aborto, sino los abortos hechos en condiciones ilegales y sin salubridad o seguridad.

En Argentina, cada año se estima que se practican más de 300.000 abortos. Y mientras que las mujeres con acceso a salud pueden costear abortos seguros, las mujeres más pobres lo hacen inseguramente. Tanto, que de esas 300.000 cerca de 40.000 son hospitalizadas por complicaciones durante los procedimientos.

En este debate un referente es Uruguay, donde, desde 2013, las mujeres pueden abortar durante las primeras 12 semanas de embarazo. El avance es evidente, ya que antes de la ley se calculaba que habían cerca de 30.000 abortos clandestinos cada año y hoy, siete años después, esa cifra bajó a 10.000, y solo una mujer ha fallecido por complicaciones quirúrgicas durante una interrupción legal del embarazo.

Con el voto a favor en la Cámara de Representantes, Argentina da un paso enorme hacia la despenalización del aborto y se vuelve un faro para el resto de países que todavía mantienen restricciones en Latinoamérica. El cambio desde 2018, cuando se rechazó la misma ley, no ha sido gratuito. El aborto es un tema de discusión pública que, gracias a la constante protesta social y los grupos feministas del continente, ha avanzado como tema de derechos humanos de las mujeres a pasos agigantados.

Ahora solo falta esperar a ver si el Senado argentino aprueba del todo una ley que podría salvar miles de vidas. Mientras tanto, los colectivos que defienden los derechos de las mujeres seguirán cantando la misma consigna, hasta que los gobernantes dejen de hacer oídos sordos a lo obvio: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.