Un uniforme verde oliva o un camuflaje de un azul intenso, beige y gris en el medio de una carretera no es señal de seguridad. Todo lo contrario. Es en las alcabalas de militares y policías donde el matraqueo, como se le llama coloquialmente, está garantizado, y que se ha convertido en una especie de impuesto o peaje al margen de la ley.
El número de estos puestos «de control» sembrados en las extensas y descuidadas carreteras de Venezuela ha crecido desde marzo de 2020 con el estado de alarma decretado por el gobernante Nicolás Maduro debido al coronavirus, en el que ha impuesto una cuarentena y aplicado restricciones en la movilización entre estados.
«En estos meses de pandemia ha habido una multiplicación de esos controles, y todo el país está lleno de historias de cómo extorsionan», asegura Manuel Gómez, director general de Acción Campesina, una organización, fundada en 1976, que presta servicios a las organizaciones e instituciones del sector rural y, especialmente, del pequeño productor. «Y el gobierno de Nicolás Maduro, por omisión, permite el matraqueo».
