La historia de dictadores y caudillos aliados de Estados Unidos en el continente y en el mundo, ha sido la de servir como operadores de los objetivos estratégicos de su política exterior, pero también la de buscar la garantía de impunidad por los crímenes de lesa humanidad que han cometido en sus respectivos países.
Junto al economista Felipe Tascón, en 2015 escribimos un libro acerca de la relación de Uribe con la extrema derecha transnacional. En nuestra investigación se demostraba que él había cumplido en forma eficiente el papel de lugarteniente de la política estadounidense para América Latina a comienzos del siglo XXI; se analizaban sus vínculos con un sector del Partido Republicano en el estado de La Florida; sus esfuerzos para contextualizar las peores políticas de la Casa Blanca en materia de violación de derechos humanos como “la guerra contra el terrorismo” (por medio de la llamada “seguridad democrática”), la “guerra contra el narcotráfico” (a través del modelo del Plan Colombia); la exportación a otros países latinoamericanos de métodos que dieron lugar a crímenes de lesa humanidad como los “falsos positivos”, la inteligencia ilegal y el impulso de un modelo cívico-militar que se convirtió en terreno fértil del paramilitarismo y la parapolítica.
Esas políticas tuvieron la función de incentivar la persecución del movimiento social e indígena (Chile), militarizar la sociedad (México), auspiciar los “golpes blandos” contra gobiernos progresistas (Honduras y Paraguay), así como obstruir los procesos de integración en la región y promover el “libre comercio” desventajoso para las economías latinoamericanas. Así como, Chile fue en su momento el laboratorio del neoliberalismo, durante los dos gobiernos de Uribe, Colombia se convirtió en el laboratorio de las nuevas guerras que requería la extrema derecha transnacional para lograr la restauración conservadora que interrumpiera el ciclo progresista en la región[1].
