Protesta comunitaria contra la construcción de una represa en Ituango, Colombia. Septiembre de 2018. Foto: Flickr/350.org CC BY-NC-SA 2.0. Algunos derechos reservados.

Isabel Cristina Zuleta es una activista por los derechos humanos de Antioquia, al norte de Colombia, donde trabaja para Ríos Vivos Movimiento de Afectados por Represas. De acuerdo con la ONG Global Witness, solo en el año 2017 han sido asesinados 27 activistas.

Zuleta lleva desde 2010 oponiéndose a la construcción de la represa hidroeléctrica de Hidroituango en el río Cauca, el segundo más importante de Colombia. Ríos Vivos trata de concienciar sobre los problemas que la represa puede causar – y que incluyen el daño medioambiental, los desalojos forzosos y el empobrecimiento de los residentes de la zona cuyo sustento depende del río—.

Debido a su activismo, Zuleta se ha enfrentado a amenazas, acoso, intentos de hacerla desaparecer, cargos criminales y también violencia sexual. En 2013 declaró que fue secuestrada por agentes del llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios del gobierno, quienes tomaron fotografías de sus “partes íntimas” cuando la tenían detenida.

Según un informe de 2018 del Fondo de Acción Urgente de América Latina, Sudamérica y el Caribe (FAUL-AL), red de defensa de los derechos humanos, cuando Zuleta denunció esos maltratos se le dijo que “eso no es lo importante” y en cambio fue acusada de promover ataques contra la compañía constructora de la represa.

“Creo que los defensores del territorio y del medio ambiente nos enfrentamos a los intereses capitalistas, y esto significa que nuestro trabajo conlleva mayores niveles de riesgo" afirma Zuleta

El pasado agosto Zuleta declaró a 50.50 que los activistas han recibido en los últimos  tiempos innumerables amenazas: personas que se les dirigen para amonestarles por protestar o que amenazan con matarles, que les persiguen por las calles y les amenazan de muerte por SMS, llamadas telefónicas y Twitter. Al mes siguiente de estas declaraciones, dos familiares de activistas de su organización fueron asesinados.

“Creo que los defensores del territorio y del medio ambiente nos enfrentamos a los intereses capitalistas, y esto significa que nuestro trabajo conlleva mayores niveles de riesgo”, afirmó Zuleta a 50.50 vía mensaje de voz de Whatsapp. Sin embargo “sin esta tierra no tenemos posibilidad alguna de vida”, añadió. “No podemos negociar nuestras vidas”.

En noviembre siete hombres fueron hallados culpables del asesinato de Berta Isabel Cáceres, una activista indígena de Honduras que llevaba mucho tiempo luchando por bloquear la construcción de una represa en el río Gualcarque, considerado sagrado por los Lenca.

Demostración solidaria para Berta Cáceres, Honduras 2016. Foto: Flickr/Daniel Cima/CIDH. CC BY 2.0. Algunos derechos reservados.

La Corte Suprema dictaminó que el asesinato de Cáceres fue ordenado por ejecutivos de la compañía Desarrollos Energéticos S.A., que está detrás del proyecto de represa de Agua Zarca, debido a que se habían dado retrasos y pérdidas económicas derivadas de las protestas lideradas por la activista.

Cáceres tenía 44 años cuando fue disparada mortalmente, el 2 de marzo de 2016, tras haber recibido amenazas de muerte durante años. Su asesinato conmocionó al mundo y llamó ampliamente la atención internacional sobre las dificultades en las que se ven los defensores de los derechos humanos y medioambientales en América Latina.

Aunque la mayoría de los muertos registrados eran hombres, Global Witness destacó que las mujeres activistas también “afrontaron amenazas debidas a su género, incluyendo violencia sexual”.

De acuerdo a Global Witness, al menos 207 activistas por el territorio y por los derechos medioambientales fueron asesinados en 2017 en todo el mundo – un 60 % en Latinoamérica—. En esta región está también el país con más muertes registradas: Brasil, donde fueron asesinadas 57 personas, el 80 % de ellas por su defensa de la selva amazónica.

Aunque la mayoría de los muertos registrados eran hombres, la ONG destacó que las mujeres activistas también “afrontaron amenazas debidas a su género, incluyendo violencia sexual”.

En un informe se lee “estaban a menudo sometidas a campañas de desprestigio, amenazas a sus hijos e intentos de minar su credibilidad – en ocasiones desde su propia comunidad, en donde la cultura machista evita que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo”.

La red de FAU también monitoriza la situación de las mujeres defensoras de la región y les proporciona apoyo logístico y económico. En 2018 publicaron otro informe que subrayaba la continuada impunidad con la que actúan los violentos.

También llamaron la atención hacia las vulnerabilidades específicas y a los diferentes tipos de violencia que las mujeres activistas deben afrontar – como la criminalización, las amenazas, el acoso, los ataques y los feminicidios (asesinatos de mujeres y niñas por razones de género).

Uno de los casos que cubren en su informe es el de Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), organización de la sociedad civil.

Cunningham trabaja con más de 100 comunidades indígenas que han sufrido ataques, asesinatos, secuestros, quemas de cultivos y desalojos forzosos. La denuncia de estas violaciones de los derechos humanos le ha costado continuadas amenazas de muerte.

Uno de los mensajes que recibió decía “en nuestro país existe basura como esa gente que dedica su vida a esparcir basura… contra el gobierno… me pone enfermo esa basura de gente y tengo que defender a mi bendita Nicaragua contra esa basura y hacerlo será un honor”.

También fue seguida por la calle y se le advirtió de que había “rumores” de que iba a ser asesinada.

Otro de los casos que cubrió el informe del FAU fue el de Macarena “La Negra” Valdés, de Chile. En agosto de 2016 uno de sus hijos la encontró colgada de una viga en su propia casa. Ella también había estado recibiendo amenazas durante meses.

Valdés hizo campaña contra la construcción de otra central hidroeléctrica a manos de la compañía austro-chilena Global Chile Energías Renovables, en Paso Tranguil, donde era miembro y líder de la comunidad mapuche.

Quien fuera su pareja, Rubén Collío, dijo a 50.50 que el asesinato de Valdés fue “un intento claro de deslegitimizar nuestra lucha y hacer que reaccionemos con violencia” y añadió “es muy duro ignorar este instinto básico y luchar contra ellos con sus propias leyes”.

Collío insistió en que Valdés no había dado muestras de estar deprimida pero las autoridades aseguraron que su muerte fue un suicidio. Dijo que la familia había solicitado una segunda autopsia – y que esta mostró que su cuerpo había sido colocado de tal manera que simulara esa forma de morir—.

Rubén Collío todavía lucha por que se haga justicia. Dos años después de la muerte de Valdés los fiscales del estado no han reconocido como válida la segunda autopsia; Collío y la comunidad mapuche continúan buscando pruebas que demuestren que fue asesinada.

A nivel regional el FAU está apelando a la resolución 68/181 de las Naciones Unidas, aprobada por la asamblea general en diciembre de 2013 y que pone la atención en que la protección de las mujeres que defienden los derechos humanos sea puesta en funcionamiento y respetada.

De acuerdo al FAU los casos de violencia deben quedar mejor documentados. Hace un llamamiento a que nuevos observadores se centren en estos casos –y que se realicen más investigaciones, independientes y a fondo, sobre las amenazas contra las mujeres que defienden el territorio y los derechos humanos—. 

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