Los últimos meses han sido vitales en la lucha contra quienes atentan contra los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica. En Honduras, David Castillo, presidente de una empresa de represas hidroeléctricas y ex funcionario de inteligencia del ejército hondureño, fue declarado culpable de ser coautor del asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres hace más de cinco años.
Pero, en Brasil, hubo nuevos reveses en la investigación del asesinato de la concejala negra de Río de Janeiro Marielle Franco. Los recientes cambios en la dirección del caso demuestran que sigue atascado, tres años y medio después del asesinato de Franco y de su chófer, Anderson Gomes.
Ambos casos son un duro recordatorio de la amenaza a la que se enfrentan los defensores de los derechos en la región y de los frágiles mecanismos de protección de los que disponen. Los activistas siguen siendo objeto de ataques -un reciente informe de Global Witness afirmaba que en América Latina se produjeron tres cuartas partes de los asesinatos de defensores del medio ambiente en 2020- y la justicia y la rendición de cuentas están muy retrasadas.
