Mauricio Macri en Madrid, España. Febrero 23, 2017. Alter Photos/SIPA USA/PA Images. Todos los derechos reservados.

Después del triunfo de Trump y en vísperas de las elecciones en Francia donde la extrema derecha encabeza todas las encuestas, no parece caber duda acerca del rumbo que está tomando el planeta. Pero el futuro que nos tienen preparado las nuevas derechas no solo está en marcha en Estados Unidos, en Rusia o en Polonia. Así como, en los comienzos de la era neoliberal, la dictadura de Pinochet en Chile era el campo de experimentación de la ‘doctrina del choque’, hoy en día países del Sur global como Argentina son los laboratorios donde se pone a prueba el programa de los Trump y Le Pen. A pesar del drástico recorte que llevó los presupuestos de ciencia, tecnología y educación en Argentina a un nuevo mínimo histórico (reduciendo en un 60 por ciento las becas para jóvenes investigadorxs), en el laboratorio de la neoderecha florecen nuevos saberes productores de ‘hechos alternativos’. Al cumplirse otro aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 –fecha dolorosa que el gobierno de Mauricio Macri quiso desacoplar del Día Nacional de la Memoria– es hora de hacer un balance de los experimentos de la nueva derecha, que tienen como blanco la posibilidad de una democracia igualitaria y participativa.

Xenofobia aplicada

Cuando, en enero de 2017, el presidente Macri firmó el decreto que facilita la expulsión de inmigrantes, se lo leyó como acto mimético del decreto similar firmado por Donald Trump pocos días antes. El gesto es el mismo: criminalizar la inmigración, racializar el delito asociándolo, según las palabras de la Ministra del Interior, Patricia Bullrich, a redes narco transnacionales encarnadas en inmigrantes pobres de Perú o Bolivia. Sin embargo, en Argentina la criminalización sistemática de migrantes había empezado antes del efecto Trump: en el 2016, en agudo contraste con la legislación migratoria previa, se abrió un centro de detención para inmigrantes, donde se puede encarcelar a cualquier extranjero que cometa la más mínima infracción. Se trata, claramente, de situar al inmigrante en el núcleo del problema de la seguridad, y hacer de su figura la clave para abrir clivajes en la sociedad y reforzar la presencia policial en las calles de las ciudades. Lejos estamos de aquella consigna que decía "la patria es el otro": ahora, "la patria es el odio", poniendo raza y racismo como eje de las políticas públicas.

El ataque a los derechos de los inmigrantes forma parte de una escalada contra las políticas de derechos humanos. Recientemente, el titular de Aduanas, Juan J. Gómez Centurión, agrandó la lista de funcionarios negacionistas que cuestionan el plan sistemático de desaparición de la dictadura, como también el número de desaparecidos. Estos ataques a los derechos humanos, acompañados por el vaciamiento institucional y presupuestario de las políticas de derechos humanos y la postulación de un abogado defensor de represores como representante ante la CIDH, no reflejan solamente adhesiones al pasado dictatorial. Funcionan también como un permiso político para acentuar divisiones interiores de la sociedad –raciales, de clase, de género, de estatus migratorio, etc.– sobre las cuales se proyecta la amenaza  de la inseguridad; y, consecuentemente, como carta blanca para el poder de vigilancia y represión policial. Liquidar los derechos humanos para gobernar a través de la inseguridad: en ello Argentina —como otros países latinoamericanos— aparece como laboratorio de un modelo que ahora se expande hacia EEUU y Europa.

Alquimia comunicacional

Además de funcionarios negacionistas como Gómez Centurión, el gabinete de Macri luce a un arcoiris de personajes del mundo de las finanzas. El Secretario Técnico y Legal de la Presidencia dividía hasta hace poco su tiempo con altos cargos en las aerolíneas de la familia Macri, beneficiadas por la privatización de rutas estatales desde el cambio de gobierno; el Ministerio de Energía pasó al accionista multimillonario y ex-CEO de Shell Argentina, quien enseguida inició una verdadera cruzada contra los precios ‘distorsionados’, con subas de luz y gas de hasta el 2000 por ciento. ‘Tener acciones no es necesariamente un conflicto de intereses,’ opina la Jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Tampoco lo es, al parecer, el indulto decretado a impuestos evadidos a través de paraísos fiscales (incluyendo al abanico de empresas fantasma de la familia presidencial) ni la condonación de deudas con el Estado que el grupo Macri había incurrido por la privatización del correo y que representarían pérdidas de hasta 70 mil millones de pesos en fondos públicos. Con más de un millón y medio de nuevos pobres en solo un año, según estimaciones de la Universidad Católica Argentina, ninguno de esos cheques en blanco podría haberse firmado sin la cultivación diaria del odio contra chivos expiatorios. Contra toda evidencia, el gobierno ha instalado como tema electoral principal a la ‘delincuencia juvenil’ y la necesidad de bajar la edad penal. En realidad, siguen aumentando los casos de ‘gatillo fácil’ y de ‘detenciones por averiguación de identidad’, eufemismo para la intimidación policial de pobres y mestizos, como los jóvenes militantes de la revista villera ‘Garganta Poderosa’ sometidos a torturas y simulacros de fusilamiento. Un ensamble tóxico de jueces mesiánicos, denunciadores seriales en los medios hegemónicos, agentes de los servicios secretos y trolls encargados de difundir rumores en Facebook y Twitter, está socavando las bases de convivencia democrática y convirtiendo en triste caricatura la independencia judicial. Cualquier nuevo escándalo gubernamental es inmediatamente tapado por una causa abierta a figuras de la oposición por este o aquel juez solícito: al estallar el escándalo de los Panamá Papers, un fiscal lector del realismo mágico mandó triturar el desierto patagónico por un ejército de excavadoras, en busca del ‘oro K’.

Toxicología

La propensión del gobierno a criminalizar a la oposición y la protesta social, acompaña y consolida el modelo neo-extractivista. Continuando con las políticas de expansión de la minería de los gobiernos anteriores, se han sucedido las medidas que incentivan y facilitan aún más la extracción intensiva de recursos naturales y el modelo de agronegocios, exacerbando problemas ambientales y de salud y avanzando por sobre los reclamos de los pueblos indígenas y comunidades locales. El decreto presidencial de quita a las retenciones a la industria minera de principios de 2016 busca ahora ser profundizado en un Acuerdo Federal Minero que selle la apertura irrestricta de uno de los sectores más redituables de la economía argentina. Como en los Estados Unidos de Trump, el avance de este modelo de despojo, hace caso omiso de las violaciones a las protecciones ambientales como la Ley de Glaciares e incrementa las tensiones en torno a la lucha por la tierra, desoyendo los legítimos reclamos de las comunidades locales e indígenas. En estas líneas podemos entender y conectar las resistencias de las comunidades locales y los episodios de violentas represiones a lo largo y ancho del país: desde el pueblo Guaraní en Salta, pasando por la comunidad de Jáchal en San Juan, las protestas de pueblos fumigados en Córdoba y el Chaco hasta el pueblo Mapuche Cushamen en la Patagonia. El recrudecimiento del modelo de explotación de recursos naturales, continúa hipotecando el futuro del país, violentando los derechos de los más vulnerables.

Jurisprudencia creativa

Quienes osan organizar movimientos de resistencia se convierten en blanco de un feroz disciplinamiento social que va desde la represión policial directa hasta el secuestro y la tortura psicológica perpetrada por una justicia cómplice de los poderosos. Recientemente, el 8 de marzo, en Buenos Aires, decenas de mujeres fueron brutalmente reprimidas y detenidas después de participar en la multitudinaria huelga de mujeres y marcha contra la violencia de género NiUnaMenos, que tuvo alcance global. El accionar policial, arbitrario y violento, dejó en claro que se trataba de una acción de amedrentamiento para disciplinar a mujeres auto-organizadas. Aún más grave es el caso de Milagro Sala, cooperativista y diputada indígena jujeña, detenida arbitrariamente desde hace más de un año por el gobierno provincial aliado de Macri, pese a los reclamos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Parlamento de Mercosur, entre otros, merced a maniobras judiciales que ni se preocupan por disimular su abierta parcialidad. Sometidos a una campaña difamatoria feroz en los medios hegemónicos que los trata de asociar con el narcotráfico y expuestos a maltratos físicos y psicológicos en las cárceles, Milagro Sala y otros activistas de las comunidades kolla, guaraní y mapuche, están poniendo en riesgo sus vidas, no solo en defensa de sus pueblos sino también de una democracia en agonía. Tal y como lxs activistas del Dakota Pipeline en EE UU o lxs integrantes del colectivo artístico-político Pussy Riot en Rusia, también en Argentina las cooperativas indígenas como Túpac Amaru o los colectivos de mujeres y personas trans como NiUnaMenos, se vuelven inadmisibles, precisamente por llevar adelante formas de auto-organización de amplio alcance colectivo.

No nos dejemos engañar por el lenguaje publicitario de cosmopolitismo y buena onda del macrismo y sus socios mediáticos: por más que cambie la música, la canción sigue siendo la misma. En los laboratorios latinoamericanos de la nueva derecha, en lugar del sombrero de Trump y de los bíceps de Putin, se visten trajes de CEO – sin corbata, para lucir más descontracturados. Pero las máscaras primermundistas ya apenas esconden el rostro del Señor de Ingenio, del encomendero y del latifundista, que subyace a ellas: el gobierno argentino actual está perpetrando el ataque más comprehensivo contra el pluralismo, la igualdad, la libertad, la participación social y la justicia desde el fin de la última dictadura. Como en toda otra parte en que la neoderecha llegó al poder, de Polonia a Paraguay y de Honduras a Hungría, se han iniciado medidas de represión concreta y sistemática, acompañadas de discursos de discriminación, exclusión y violencia, cuyo blanco principal es el propio pacto de convivencia democrática. Es que la democracia y los derechos civiles, para el capitalismo de rapiña que sostiene a las nuevas derechas, son el obstáculo principal a la acumulación ilimitada. No podemos consentir que avancen sus experimentos. Ni en Argentina ni en ninguna parte.