El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo, saludan a los simpatizantes durante un evento conmemorativo del 36º aniversario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. AP Foto / Esteban Felix.

Tras haber sido proclamado ganador de la elección presidencial celebrada el 6 de noviembre en Nicaragua, Daniel Ortega, el Comandante que durante la revolución sandinista derrocó a una dictadura dinástica de 50 años, ejercerá un tercer mandato consecutivo. Ortega designó a Rosario Murillo, primera dama y directora de la estrategia de comunicación gubernamental, como su compañera de candidatura, asegurando así la concentración del poder en manos de su familia. Durante los últimos diez años del gobierno de Ortega, la separación de poderes, el respeto de los derechos humanos y la libertad de prensa se han deteriorado de manera constante. Asistimos a una repetición preocupante de la historia.

El proceso electoral del 6 de noviembre se caracterizó por una abstención masiva, la ausencia de los principales partidos de oposición en la papeleta de voto y la prohibición de observadores internacionales independientes. Los preparativos para quebrantar la legitimidad de las elecciones empezaron cuando, en junio de este año, la Corte Suprema de Justicia destituyó a 16 diputados titulares y a 12 suplentes pertenecientes al principal partido opositor. La Corte destituyó al líder de la oposición, y designó en su lugar a otro congresista, considerado más 'cercano' al partido de gobierno.

En este contexto, los defensores y defensoras de derechos humanos están luchando para preservar el espacio de la sociedad civil y para llamar la atención de la comunidad internacional hacia el autoritarismo creciente del gobierno. La activista Francisca Ramírez vivió en carne propia la naturaleza represiva del régimen: fue intimidada y detenida arbitrariamente, y varios miembros de su familia fueron atacados violentamente en represalia por su activismo. Ramírez es una defensora de la tierra y del medio ambiente, y lidera un movimiento de la sociedad civil que se opone a la construcción del canal inter-oceánico, financiado por el Grupo HKND, originario de Hong Kong.

En la comunidad rural nicaragüense de La Fonseca, Nueva Guinea, de donde proviene Ramírez, el pueblo se ha levantado contra la amenaza de desalojo forzado y destitución que representa el canal. “En mi comunidad”, afirma Ramírez, “somos dos mil personas y estamos bien organizados”. Durante nuestra conversación, la defensora de derechos humanos me cuenta cómo fue acosada e intimidada por simpatizantes del partido de gobierno y autoridades locales, y cómo teme que estos grupos se sientan envalentonados por la reelección de Ortega. “El gobierno, la policía y el ejército […] todos dicen que somos criminales. Me acusan de ser traficante de drogas”, relata Ramírez.

La represión contra el movimiento por la defensa del medio ambiente y el derecho a la tierra, que se opone a la construcción del canal, se ha intensificado tras la implementación de reformas que concentran el poder en manos del Ejecutivo. Entre éstas, es clave la Ley 288, una reforma institucional de la Policía Nacional que numerosas organizaciones de derechos humanos condenaron por violar la separación de poderes. En efecto, la ley establece al Presidente como la máxima autoridad de la Policía Nacional y convierte la elección de varios altos cargos dentro de la institución en un acto discrecional. En el 2014, la reforma del Ejército modificó la Constitución para facilitar la militarización de la seguridad ciudadana, permitiendo que soldados participen en labores que competen a la Policía Nacional.

“En este país, los poderosos no tienen la verdad, la verdad la tiene el pueblo”, Francisca Ramírez

Además de la naturaleza represiva del gobierno, Ramírez está luchando contra la propaganda y los esfuerzos para desinformar a los ciudadanos. Este parece ser uno de los mayores problemas a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos y movilizar a sus compatriotas. “Durante mucho tiempo, el gobierno se ha dedicado a desinformar al pueblo: la gente no conoce sus derechos”, dice la líder campesina, “¡ellos creen que cada vez que marchamos en manifestación, somos nosotros los que estamos violando los derechos del gobierno!". Ramírez sabe que los medios de comunicación, una industria en la que la familia presidencial ha adquirido una gran cantidad de activos en los últimos cinco años, están en su contra. “Siempre hay un medio dispuesto a contradecir todo lo que digo”, declara la defensora.

Al otro lado del país, donde las plantaciones de café dominan las sierras desde hace siglos, Marellyn Somarriba, de la Red de las Mujeres del Norte, ratifica las afirmaciones de Ramírez. “Una de las estrategias del gobierno es promoverse”, dice Somarriba. “Toda la atención está enfocada en los programas [sociales] del gobierno”. Somarriba teme que la reelección traerá consigo más amenazas –y una mayor probabilidad de que éstas se materialicen— más acoso judicial, y una mayor disminución del espacio para la sociedad civil. “El hostigamiento y las campañas de desprestigio son cada vez más sofisticadas”, sostiene. La defensora de los derechos de las mujeres sabe que esta posibilidad es real, ya que otra organización feminista de la que es parte, Las Venancias, fue acusada falsamente en el año 2008 de malversación de fondos, lo que permitió que el Estado abriese una investigación invasiva y comprometiera su legitimidad.

Además del hostigamiento judicial, una serie de leyes restringen arbitrariamente el trabajo que desarrollan las organizaciones de derechos humanos. Somarriba cuenta que en el 2014, tras las regulaciones impuestas a la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), se limitaron considerablemente las acciones que podía tomar en el ámbito de su trabajo de derechos humanos. Inicialmente, la Ley 779 fue considerada un triunfo de las organizaciones feministas, pero luego fue reformada mediante un decreto presidencial que cercena la capacidad de los/as defensores/as para acompañar físicamente a supervientes de violencia de género cuando comparecen ante distintas instituciones gubernamentales en su búsqueda de justicia.

"Sin nuestra tierra, dejamos de existir, nuestra relación con la tierra es espiritual”, Lottie Cunningham

Lottie Cunningham Wren es defensora del derecho a la tierra y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Como fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y destacada abogada en materia de derechos humanos, Cunnigham ha sido una defensora efectiva de su pueblo. Importa destacar que ha contribuido como testigo experta en el caso Awas Tingni vs. Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una decisión fundamental a favor de los derechos de los pueblos indígenas en América sobre sus tierras ancestrales. El personal de CEJUDHCAN ha sido objeto de represalias debido a su activismo a favor de la demarcación y titulación de las tierras de los pueblos indígenas, entre ellos ataques, amenazas de muerte y llamadas telefónicas intimidatorias.

“La participación de los pueblos indígenas en el proceso electoral es prácticamente inexistente”, afirma Wren, “para ejercer nuestros derechos como ciudadanos, debemos enfrentar obstáculos de manera constante”. Wren busca fortalecer su movimiento a través de la construcción de alianzas a nivel nacional con otros defensores y defensoras, consolidando los mecanismos de monitoreo existentes para darle seguimiento a las violaciones de derechos humanos y combatir el aislamiento de defensores y defensoras indígenas en la costa Atlántica. "En tanto que pueblos indígenas, nos enfrentamos a muchos problemas y obstáculos en un sistema que no permite el diálogo, lo que constituye una razón más para que continuemos la lucha por la justicia social y para abrir los espacios [para la sociedad civil]", continúa Wren.

Al preguntar qué necesitan para perseverar en su lucha, las tres defensoras -que provienen de distintos contextos socioeconómicos, operan en áreas geográficas completamente diferentes y trabajan en la promoción de distintos derechos- todas expresan el mismo imperativo: espacio. El espacio para la sociedad civil, para ejercer el derecho a expresar sus preocupaciones en foros públicos, para incidir por el cambio, para manifestarse de manera pacífica en las calles de sus ciudades y para crear organizaciones que representen los intereses de sus comunidades. Tal como lo describe Somarriba, los espacios de coordinación entre organizaciones sociales civiles no partidarias y el Estado se están desvaneciendo rápidamente.

Los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua denuncian la ausencia o condena insuficiente de parte de la comunidad internacional respecto a la represión que enfrentan y el deterioro del Estado de derecho en el país. Somarriba describe un sentimiento de abandono cuando, a pesar de los numerosos acontecimientos preocupantes, los expertos internacionales han hechos pocas visitas al país para reunirse con los defensores para arrojar luz sobre la situación de los derechos humanos. A las preocupaciones de Somarriba se suma el hecho de que el gobierno haya creado cada vez más obstáculos para que las organizaciones internacionales de derechos humanos puedan ingresar al país para monitorear, documentar y visibilizar la situación, cuando hay varios activistas deportados en el curso de este año.

Este año, Nicaragua celebra –en una atmósfera agridulce— el 37 aniversario de la revolución que derrocó la dictadura de Somoza. Esta celebración anual conmemora la lucha de una generación y constituye un tributo a quienes murieron durante el conflicto. En el norte del país, sin embargo, la amenaza de un conflicto armado sigue latente. Durante siglos, esta área montañosa ha sido el escondite ideal para numerosos grupos rebeldes. Después de la revolución, abrigó a integrantes de la Contra, un grupo armado financiado por el gobierno de los EE.UU. que se opuso al gobierno sandinista, llevó a cabo actos de sabotaje y perpetró atrocidades contra la población civil. Somarriba relata que una de sus mayores preocupaciones es que, al mismo tiempo que se fortalece el control del régimen actual, grupos armados de oposición puedan resurgir. La defensora apunta a actos de sabotaje y escaramuzas con el ejército y la policía que han dejado varios muertos en pequeños pueblos del norte del país. Los cadáveres son presentados como trofeos de la guerra contra el crimen organizado, pero Somarriba denuncia estas tácticas como una forma de negar la existencia de oposición armada al gobierno.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos nicaragüenses están luchando por preservar el espacio de la sociedad civil donde la igualdad y la dignidad humana se valoran por encima de la personalización del poder y el clientelismo. El país se encuentra en un momento decisivo, en el que puede convertirse indefinidamente en un régimen de partido único. El interrogante es si esta vez la comunidad internacional está lista para apoyar a quienes utilizan medios pacíficos para combatir el autoritarismo y garantizar el respeto de los derechos humanos.