Las fuerzas armadas ocupan el "Complejo del Alemán", en Rio de Janeiro, con ocasión de las elecciones municipales de 2008. Imagen: Wilson Dias/ABr, CC BY-3.0 BR

El presidente Michel Temer se reunió con políticos y miembros de su gabinete el pasado 19 de febrero para valorar el decreto ley que había firmado tres días antes por el que se autoriza al ejército a asumir el control de las operaciones de seguridad en Río de Janeiro.

Tras la reunión, Wellington Moreira Franco, asesor de confianza de Temer, dijo, en declaraciones a Associated Press, que esperaba que el modelo de despliegue militar federal pueda "reproducirse por todo Brasil".

Por su parte, Sergio Etchegoyen, miembro del gabinete encargado de asuntos militares y de seguridad, afirmó que "Río de Janeiro es un laboratorio".

Y en el transcurso de la reunión, el presidente de la cámara baja del Congreso, Rodrigo Maia, describió las intervenciones militares federales como un "arma" en la "guerra contra el crimen".

En los últimos años, se ha recurrido repetidas veces al ejército como refuerzo para acciones policiales en Río de Janeiro, pero con el decreto de Temer - sujeto a la aprobación del Congreso, que se espera para esta misma semana -, es la primera vez desde el fin de la dictadura militar en 1985 que el gobierno utiliza la disposición constitucional que permite que las fuerzas armadas federales puedan asumir el control de la policía.

Esta propuesta de toma de control federal ha sido recibida no sin cierta controversia por parte de la oposición, que opina que la medida es cuestionable desde un punto de vista legal y tiene motivación política.

Cabe añadir que el Jefe del Estado Mayor del ejército, el general Eduardo Villas Bôas, se pronunció recientemente en contra de utilizar al ejército para la lucha contra el crimen, argumentando que con ello se aumenta el riesgo de politización y corrupción de las tropas.

La intervención en Río de Janeiro formaría parte, al parecer, de una jugada de mayor envergadura  por parte de Temer con vistas a las próximas elecciones generales.

La intervención en Río de Janeiro formaría parte, al parecer, de una jugada de mayor envergadura  por parte de Temer con vistas a las elecciones generales previstas para octubre de este año. El día después de firmar el controvertido decreto, el presidente anunciaba la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que asumirá el control de la policía federal.

Mientras, en el estado de Ceará, al norte del país, el gobierno desplegaba fuerzas especiales como respuesta a la creciente ola de violencia y al reciente asesinato de dos miembros destacados del grupo criminal más poderoso del país, el Primer Comando de la Capital (PCC).

Los comentarios citados de altos cargos brasileños apuntan a un deseo de institucionalizar una estrategia de militarización poco prometedora a largo plazo, como ha venido demostrándose tanto en Brasil como en toda América Latina.

La descripción de Etchegoyen de Río como un "laboratorio" para operaciones de seguridad militarizadas es en este sentido reveladora, dado que la ciudad ha presenciado despliegues de las fuerzas armadas en múltiples ocasiones en los últimos años sin que se hayan logrado avances sostenibles en materia de seguridad. Las estrategias militarizadas contra la delincuencia implementadas por las autoridades civiles de la ciudad han resultado igualmente deslucidas.

Incluso elogiando la intervención del ejército, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, ha dicho que el objetivo en temas de seguridad debería ser abordar los factores socioeconómicos de la delincuencia. "Solo ganaremos la guerra de la seguridad pública con permisos de trabajo", ha afirmado.

Sin embargo, la intervención federal en Río y la creación del nuevo ministerio de seguridad plantean serias dudas de que vayan a dedicarse recursos suficientes para hacer frente a estos problemas.

La economía de Brasil lleva años luchando por salir del bache y los recortes presupuestarios han afectado tanto a los programas sociales como a las estructuras de seguridad a nivel federal y estatal. Es probable que la limitación de recursos continúe siendo una barrera para poder abordar cuestiones fundamentales como la pobreza y el desempleo, así como la formación inadecuada y la compensación insuficiente de las fuerzas policiales.

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Este artículo fue publicado previamente por Insight Crime. Lea el original aquí.